“Lo que pasa en Buenaventura es un escándalo para Colombia”: José Miguel Vivanco

El hombre llegó a las once y media de la mañana a La Playita de Buenaventura, ese barrio de puentes y casas de palafito que parecen flotar sobre la marea. Fue el pasado lunes. Detrás de él, decenas de policías y soldados de Infantería de Marina. En la calle Puente de los Nayeros, donde la comunidad instaló una puerta para cerrarle el paso a los violentos y declaró ese sitio como una ‘zona humanitaria’, al visitante lo recibieron con el estruendo de una chirimía. Los pescadores y las mujeres salieron a las calles para darle la bienvenida; mientras los niños se le lanzaron y lo tomaron de las manos.

Algunos, que no sabían quién era ese señor de acento extraño, miraban asombrados. Otros, sin embargo, tenían claro que ese visitante: José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), es un aliado en su lucha contra la violencia y el olvido.

Y es que, aunque el país ya conocía de la crítica situación del Puerto, el informe que publicó esta ONG hace dos meses -que revela cifras aterradoras de desplazamientos, desapariciones, desmembramientos- hizo que el mundo se enterara de que en Colombia existe un puerto sumergido en el miedo. Porque, para este chileno, hoy en el continente es difícil encontrar una situación más grave que la de Buenaventura.

Al día siguiente de su visita al Puerto, Vivanco estuvo en la Universidad Javeriana de Cali, donde le confesó a El País que le sorprendió ver que en el puerto más importante del pacífico colombiano “hay familias que viven sobre la basura”.

Usted estuvo el lunes en Buenaventura, recorrió las calles, habló con la gente, ¿percibió ese miedo que hay en el Puerto por la crisis de violencia?
Mire, yo logré apreciar una sensación de inseguridad muy fuerte y solo algo de alivio temporal por la atención que ha tenido Buenaventura en los últimos meses y por la presencia de la Infantería de Marina y de la Policía, que ha hecho sentir a los habitantes menos abandonados; pero es claro que las mafias que operan en Buenaventura, que son los ‘Urabeños’ y la ‘Empresa’, siguen actuando del mismo modo, siguen cobrando ‘vacunas’ a todos, incluso a los que sobreviven en condiciones casi indignas y tienen que contribuir con esas extorsiones o sino se arriesgan a ser asesinados.

El día de la visita me entregaron información muy sólida de casos de desapariciones, reclutamiento de menores, amenazas, desmembramientos y abusos contra las mujeres que han ocurrido después de la llamada militarización.

Entonces, ¿la militarización ha fracasado?
Pues los habitantes sostenían, y con toda razón, que la presencia de estos soldados y policías en sitios neurálgicos de Buenaventura logra un apoyo más bien psicológico; pero en esto hay que ser muy cuidadosos porque no se puede menospreciar el incremento de Fuerza Pública, pues esa es una medida válida; pero tampoco podemos creer que esto resuelve el problema.

¿Y usted cree que hoy el Gobierno pretende solucionar la crisis de Buenaventura solo con la presencia militar?, algo que ha sido muy criticado por varios sectores del Puerto…
El Gobierno ha hecho una gran cantidad de anuncios. El presidente Santos ha visitado Buenaventura y ha designado a un consejero presidencial para que se ocupe del tema. Estos anuncios son importantes, pero lo único que ha ocurrido hasta ahora y que es verificable, es la presencia militar y el refuerzo policial; porque los otros anuncios se produjeron solo al día siguiente de la entrega del informe sobre la situación de Buenaventura: el trabajo se presentó el 20 de marzo y el 21 se anunció la militarización…

Como quien dice, solo hasta que un organismo internacional lanzó una alerta sobre la crítica situación de Buenaventura, el Gobierno tomó medidas de peso…
Hay muchas personas que han venido trabajando desde hace años; sin embargo, gracias al informe que hicimos, y a la recepción que tuvimos a nivel nacional e internacional, las luces hoy están sobre Buenaventura, algo que es una oportunidad histórica para la comunidad, y nosotros somos de alguna manera responsables de generar esa atención.

Nuestro interés no es estigmatizar Buenaventura, sino informar y verificar si ha habido un impacto real de los anuncios que se han hecho.

Pero hablando solo de la reacción del Estado, ¿no cree que ha habido negligencia para atender una crisis tan grave?
Yo creo que más que negligencia, aquí ha habido durante décadas, y no solo en Buenaventura sino en toda la Costa Pacífica, un abandono del Estado. Aquí no hay presencia y esta es una situación límite porque el deber de las instituciones propias de una democracia social de derecho es nunca dejar a la población expuesta a la violencia y al dominio del más fuerte; pero hoy vemos que esto ocurre en zonas urbanas como Buenaventura y no entendemos cómo es posible que en este punto donde se mueve tanta riqueza, la gente viva en condiciones propias de otras regiones del mundo, como Haití y las mismas comunidades de África.

El informe de HRW hace un diagnóstico de Buenaventura, que evidencia que allí convergen todos los males: pobreza extrema, desapariciones, desplazamientos, desmembramientos. ¿Eso que ocurre en el Puerto es lo más atroz que usted ha visto en las Américas?
En otras regiones del hemisferio hay condiciones de mucha marginalidad, pero el problema que representa Buenaventura es que hoy día el nivel de inseguridad, el control por parte de las mafias, el número de desapariciones, el desplazamiento, las prácticas de desmembramientos -que siguen ocurriendo y que generan terror en la población-, lo convierten en uno de los puntos más críticos en materia de Derechos Humanos. Y, por el modus operandi de estas mafias, yo me atrevería a decir que es difícil encontrar en esta región una situación de mayor vulnerabilidad que la de este puerto.

Usted esperaba reunirse con el Alcalde durante su visita, pero él no acudió al encuentro, ¿no está muy molesto por ese desplante?
Le solicitamos una reunión al Alcalde porque para nosotros es importante tener una relación directa con las autoridades locales. Las responsabilidades del Alcalde en todo esto no son menores, son centrales, porque creo que él tiene la llave para apoyar a las comunidades que están más expuestas a los abusos en Buenaventura y me sorprende que haya sido una oportunidad perdida para nosotros.

Cuando estábamos visitando el barrio La Playita, me llamaron de la Alcaldía y hablé con un funcionario que me dijo que el Alcalde me estaba esperando; entonces tuvimos que interrumpir y concluir todo rápidamente para salir hacia la Alcaldía. Pero al llegar allí, nos informaron que él estaba enfermo y no podía reunirse conmigo.

¿Y a usted eso no le sonó como una excusa para evadirlo?
No lo sé, me imagino que estaba aquejado de alguna situación de salud, más o menos agobiante. Esa fue la versión que él me dio y quisiera creerle.

Se lo pregunto porque al día siguiente el Alcalde ya no estaba enfermo y, de hecho, desde temprano asistió a reuniones y salió en los medios…
Por eso, espero que haya otra oportunidad. Nosotros hablamos solo con algunos de sus asesores, pero todo fue en términos genéricos, de planes y programas a futuro; cuando lo que a nosotros más nos importa son las medidas concretas y los resultados que se puedan visualizar.

El Alcalde tampoco le ha cumplido varias citas a la comunidad, por ejemplo, no participó en el plantón que hicieron los comerciantes en febrero contra la extorsión porque no le pareció “necesario”…
Yo creo que la movilización social ha sido central para llamar la atención nacional sobre un problema que merece una atención inmediata. Y me parece un error que el Alcalde no haya estado de acuerdo, pues, al contrario, él debería estar orgulloso de que las comunidades se hayan movilizado. Es más, él no solo debería acompañar ese proceso, sino liderarlo.

Usted sí se reunió con el obispo del Puerto, monseñor Héctor Epalza, quien para muchos es el verdadero Alcalde, ¿a qué acuerdos llegaron?
Para nosotros el obispo es una persona de una integridad moral y una credibilidad en las comunidades que no tiene otro líder en Buenaventura; él ha tenido la valentía de enfrentarse al demonio, porque eso digamos que es lo que ocurre en Buenaventura, y ha llenado un vacío importante. Acordamos buscar maneras de apoyar el trabajo de la Iglesia en Buenaventura porque él ha sido una voz central.

Usted ya conocía de la crisis de violencia que se vive en Buenaventura, pero ¿qué lo sorprendió en su visita?
Lo que me pareció tremendamente impactante fue la extrema pobreza en la que viven familias que están hacinadas en condiciones que no son dignas: viven sobre la basura y los desagües. Eso no es pobreza, es miseria. Es un escándalo para Colombia.

Usted dijo que en Estados Unidos hay una gran preocupación por la situación del Puerto, ¿eso qué implicaciones tiene?
Lo que ocurre es que la ley que regula la relación bilateral en el ámbito de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, que es lo que queda del Plan Colombia, dice que Colombia asume la obligación de proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Y ocurre que en Buenaventura más del 80 % de la población es afrodescendiente y el Estado no está garantizando unas medidas de protección básicas. Entonces, los congresistas norteamericanos nos han dicho: “cómo es eso que hay comunidades afro que están expuestas a este tipo de atrocidades que ustedes cuentan”, y me preguntan qué está haciendo el gobierno colombiano ante esta situación porque eso podría afectar la relación entre Washington y Bogotá.

Si ya es claro que el país no está protegiendo a las comunidades afro, ¿eso quiere decir que es inminente que EE. UU. reduzca su apoyo al Plan Colombia?
No lo sé, pero lo que yo conozco es que la preocupación arrancó. De hecho, el 9 de marzo estuvimos en el Congreso de Estados Unidos, informando sobre esto y espero que los senadores pregunten a las autoridades colombianas en qué consisten las medidas que se están tomando para aliviar la situación de Buenaventura.

Además, tendré una reunión con el Embajador de EE. UU. en Colombia y con el fiscal Montealegre, a quien le dimos acceso incluso privado a nuestro informe antes de lanzarlo. Él estuvo impactado y dijo que iba a destinar los recursos necesarios. Pues bien, nosotros fuimos a la Fiscalía y la situación aún no ha cambiado en estos dos meses.

Pero es que no solo han tenido dos meses para tomar medidas, pues el Fiscal desde hace tiempo conocía las recomendaciones urgentes de HRW y, aún así, no hizo nada. ¿Eso no le parece muy grave?
Ellos dicen que ya se aprobó el presupuesto, pero hasta ahora solo hay un fiscal en Buenaventura, que tiene 954 causas activas por desapariciones y desplazamiento y unas dos mil de hace dos décadas. Obviamente destinar a un fiscal con una carga tan enorme hace imposible la tarea, porque ni siquiera Superman podría lograrlo. Dicen que en un mes llegarán tres fiscales, o sea que ya serían cuatro.

Entonces, además de todo este retraso, hay que esperar otro mes para que lleguen apenas tres fiscales que siguen siendo insuficientes…
Sí, tengo mis dudas de que sean suficientes, pero obviamente cuatro es mejor que uno. Ahora, lo importante es que eso se concrete y se implemente en un mes.

Proceso de paz

“Apoyamos este proceso porque consideramos que allí hay una oportunidad histórica. Sin embargo, para que haya un proceso de paz genuino y no solo de papel, se requiere que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean objeto de un proceso judicial creíble y las víctimas puedan ejercer su derecho a la justicia”.

“Creo que se pueden aplicar rebajas de penas, como las que hubo en la negociación con los paramilitares, pero no puede haber suspensión de penas, y en eso tenemos una diferencia con el Fiscal General, quien ha dicho que él cree que con medidas alternativas los responsables de crímenes de lesa humanidad pueden pagarle a la justicia”.

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