Lo que oculta la oda de Duque a los empresarios de la palma de aceite

Cuando en 2013 se conoció la sentencia del Juzgado adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín contra dos de los dueños de Urapalma S.A. las denuncias que las comunidades llevaban haciendo por más de una década cobraron sentido. Luis Fernando Zea Medina y Héctor Duque Echeverry fueron condenados por concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Un año después, otro juzgado de Medellín condenaba a diversas personas físicas y a empresas palmeras como Palmas de Curvaradó S.A, Palmura S.A., Palmas de Bajirá S.A., Inversiones Agropalma & Cia Ltda, y Palmadó Ltda. por la misma alianza con los paramilitares para usurpar tierras y extender los cultivos de Palma de Aceite por el Bajo Atrato.

Desde entonces, se han sucedido las condenas por este tipo de alianzas de la empresa palmera con grupos armados, por atentar contra los derechos humanos de pobladores y trabajadores, y por detrimento patrimonial causado a diferentes entidades. Nada de eso ha figurado en el más que positivo balance que ha hecho este pasado 2 de julio Iván Duque, presidente de la República, de las últimas dos décadas del sector durante la apertura de las sesiones estatutarias del #CongresoPalmero2021. Para Duque, hay que reconocer “el aporte de este sector a la transformación del país, destacamos que la palma llegó para quedarse en muchas regiones afectadas por cultivos ilícitos, y se convirtió en una alternativa eficaz para apoyar a antiguas familias cocaleras”. Casi esos 20 años, son los que ha transcurrido desde que llegara al poder Álvaro Uribe Vélez (2002) y este periodo, efectivamente, coincide con el sorprendente crecimiento de la agroindustria de la palma de aceite, con el desarrollo del paramilitarismo en todo el país, y con las denuncias nacionales e internacionales por abusos de todo tipo. Si en 1998, Colombia registraba 150 mil hectáreas de monocultivos de Palma, en 2004 ya eran 250 mil Ha, en 2008, 350 mil Ha, y en 2012, rondaba las 450 mil hectáreas. Hoy, son 590 mil hectáreas que producen en 161 municipios de 21 departamentos, aunque el mapa de la palma sigue coincidiendo sospechosamente con las zonas del conflicto donde las fuerzas paramilitares han tenido más implantación (Bolívar, Cesar, Casanare, Magdalena, Nariño, Santander, Meta, Chocó, Antioquia…). Aunque, para ser fieles a la cronología, el apoyo oficial al sector palmero comenzó antes, con el gobierno de Andrés Pastrana, que nombró como ministro de Agricultura a Carlos Murgas Guerrero (1998 y 1999), quien era accionista mayoritario del Grupo Oleoflores, una de las más grandes empresas productoras de aceite de palma del país.

Duque completó su arenga triunfal sobre la denominada como palmicultura encargando a su ministro de Agricultura para que entregara vía streaming un reconocimiento a Jens Mesa Dishington, el todo poderoso presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) desde 1998, una federación que ya ha puesto dos altos cargos en el Ejecutivo (el cuñado de Mesa, Antonio Guerra de La Espriella, fue viceministro de Agricultura en 1998, y Rubén Darío Lizarralde, ex gerente de Indupalma y miembro de la junta directiva de Fedepalma, fue ministro de Agricultura con el Gobierno Santos) y un Jeans Mesa cuya esposa, María del Rosario Guerra, fue ministra de Comunicaciones y directora de Colciencas con Uribe.

Las omisiones

Duque olvidó varias cosas en su discurso. Además de las sentencias contra diversas empresas del sector por su relación con el paramilitarismo, el robo de tierras y la violación de derechos humanos, tampoco nombró el presidente las generosas condiciones que ha generado el Gobierno para favorecer a Fedepalma –imponiendo, por ejemplo, porcentajes obligatorios de biocombustible en el diesel-, ni la desprotección de los trabajadores (75.000 empleados directos según los propietarios de las plantaciones), ni las operaciones opacas del sector (como la extrañísima solicitud de disolución de Indupalma cuando el sector saca pecho de no haber sufrido retroceso alguno durante la crisis económica asociada a la pandemia del Covid-19)…

Duque aseguró que la palma está siendo la mejor alternativa para las “antiguas familias cocaleras”, pero no habló de los efectos perversos de los monocultivos en la agricultura tradicional, como denunciaba el diario español El Salto al referirse al impacto de la palma de aceite en Montes de María, donde “los agroquímicos y las plagas que trajo consigo el monocultivo relegaron a un lugar marginal los cultivos de ñame, yuca y maíz, así como los huertos de verduras y hortalizas, el pescado otrora abundante e incluso los árboles frutales”.

Ya en 2006, el investigador Fidel Mingorance, en uno de los informes más completos sobre la relación de los cultivos de palma aceitera y la violación de los derechos humanos, señalaba el patrón de acumulación por desposesión violenta asociado a la llegada de las corporaciones palmeras a los territorios: la incursión armada con sus delitos y violaciones asociadas; la apropiación ilegal y violenta de las tierras como resultado del anterior accionar; el desplazamiento forzoso de propietarios y/o población ocupante de las tierras apropiadas, y la plantación de palma en las tierras conquistadas.

Recientemente, la publicación Mongabay Latam investigó la expansión de la palma aceitera en cuatro países de Latinoamérica, donde Colombia es la principal productora de palma aceitera, y encontró preocupantes patrones: “Corrupción estatal, mafias criminales, amenazas a líderes y pérdida de acceso a fuentes de agua. El denominador común de las historias es que este cultivo está acorralando a pueblos indígenas y afro que se resisten a dejar sus territorios. Cercados por la palma: plantaciones invaden territorios ancestrales aborda lo que está pasando en Colombia, Ecuador, Honduras y Perú”.

El “aporte del sector palmicultor a la transformación de Colombia en las últimas dos décadas” que destacaba esta semana el presidente Duque es innegable, pero quizá no tenga el carácter positivo que a él le conviene vender al país y al exterior.