Líderes sociales: víctimas de una transición violenta

Los meses en los que se desarrollaron dos intensas campañas electorales que derivaron en un gran giro político en el país, pues la Presidencia de la Política pasó de un gobierno de derecha a uno de izquierda y en el Congreso de la República también se consolidaron mayorías afines al nuevo Ejecutivo, coincidencialmente resultaron ser los más violentos desde que el Programa Somos Defensores tiene registros.

Así lo documentó esa organización no gubernamental que desde 2002 monitorea toda clase de agresiones que sufren los activistas sociales a causa de su labor, en su informe Al filo de la oscuridad, que publica este viernes.

Dicho título no fue elegido al azar, pues se inspira en el nombre de la película policiaca del cineasta Martin Campell, protagonizada por Mel Gibson en 2010, que gira en torno a un asesinato y a los entramados de poder y de intereses que lo rodean. Este documento no sólo registra las historias de las lideresas y los líderes sociales que fueron asesinados durante el primer semestre del año, sino que también hace un análisis de la situación en los que ocurrieron.

Además de tener presentes las campañas políticas y las elecciones realizadas para el Congreso de la República y definir algunos candidatos presidenciales (13 de marzo) y las dos vueltas para elegir a los nuevos ocupantes de la Casa de Nariño (29 de mayo y 19 junio), Somos Defensores alude a la violencia que padecieron los líderes sociales al deterioro en materia de seguridad en diferentes departamentos del país, al fortalecimiento de grupos armados ilegales y a la falta de control territorial por parte del Estado.

Lo anterior se vio reflejado en los paros armados que adelantaron la guerrilla del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), en los que durante varios días sometieron a su voluntad a los habitantes de 189 municipios del país. La investigación también acude a las alertas del Comité Internacional de la Cruz Roja, que enciende las alarmas por la existencia de “seis conflictos armados latentes”, debido a los enfrentamientos entre el Eln, las Agc, disidencias de las Farc y las fuerzas de seguridad del Estado.

“Durante el primer semestre del 2022 las consecuencias humanitarias producidas por estos 6 conflictos armados latentes se intensificaron. Algunos datos que ilustran esta situación son: 29.729 personas víctimas de desplazamientos masivos, de los cuales el 43% afectaron a personas en Nariño; 19.210 personas afectadas por situaciones de confinamiento, de los cuales el 57% se produjeron en el Chocó; 377 afectaciones por artefactos explosivos, de las cuales 199 corresponden a población civil, siendo el Cauca la región con mayor impacto y 61 casos de desaparición forzada, de los cuales 15 eran menores de edad”, reseña el informe.

Asimismo, como otra causa de la violencia desbordada que padecen los defensores de derechos humanos está la falta de respuesta efectiva a las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT).

Con motivo de los comicios de este año, el SAT emitió la Alerta Electoral 004 de 2022, en la que identificó 84 municipios en riesgo extremo y 20 en riesgo alto. A pesar de esas advertencias, Somos Defensores lamenta que el 90 por ciento de los asesinatos de líderes sociales ocurrieron en municipios que figuraban dentro ese informe.

Un último factor para entender los asesinatos de personas defensores de derechos humanos es la baja implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque Márquez (2018-2022): “Esta situación se ha agravado cada año ante la ausencia de medidas para frenar la violencia y la omisión de los diferentes mecanismos planteados en el Acuerdo de Paz, lo que explica el alto nivel de agresiones a personas defensoras”.

Radiografía de la violencia

Lejos quedaron los 41 asesinatos de líderes sociales ocurridos en el primer semestre de 2021: los primeros seis meses del año en curso rompieron todos los registros con 99 casos. De acuerdo con Somos Defensores, febrero y marzo, con 19 casos cada uno, fueron los meses en los que se registró el mayor número homicidios; seguidos por abril y mayo, cada uno con 18; y enero con 15 y junio con 10.

En cuanto a patrones en la manera como fueron cometidos los asesinatos, el informe señala que el 88 por ciento fue con armas de fuego y que la mayoría ocurrieron en las viviendas de las personas defensoras o a sus alrededores, en sus lugares de trabajo o zonas de tránsito usual. Lo anterior “denota que los hechos no son fortuitos, son premeditados y existen seguimientos previos al hecho para determinar cómo y cuándo se cometerá el crimen”.

Igualmente, señala que “esa forma de cometer los asesinatos lleva a que, en muchas ocasiones, haya afectaciones a otras personas cercanas (heridas o asesinatos); en el semestre, en 23 casos se presentó esta situación”.

Otro dato relevante es que de los 99 casos confirmados durante el primer semestre, nueve estuvieron precedidos por desaparición forzada: “Las personas fueron sacadas por la fuerza de sus viviendas o desaparecieron en medio de sus actividades cotidianas y luego sus cuerpos fueron encontrados sin vida”. Y en 69 de ellos se desconoce quiénes son los presuntos responsables.

En cuanto a distribución territorial, los departamentos con más asesinatos fueron Cauca (con 11); Antioquia (10); Putumayo (10); Arauca, Nariño y Valle del Cauca (9); y Bolívar y Caquetá (6). Del total de víctimas, 10 eran mujeres.

Por otro lado, además de asesinatos, Somos Defensores documentó otro tipo de agresiones contra los líderes sociales. En total fueron 439 contra 419 personas, lo cual indica que algunas personas víctima de más de un tipo de agresión en un mismo hecho.

Además de presentar este informe de análisis, el Programa Somos Defensores también publicó este viernes su informe trimestral de agresiones ocurridas entre julio y septiembre del año en curso. Lamentablemente, en este corto periodo de tiempo continúa la tendencia al alza de asesinatos de líderes y lideresas sociales, pues en el tercer trimestre de 2021 fueron asesinados 28 y en el de este año 46.

Del total de casos registrados en el último trimestre, 24 ocurrieron a partir del 7 agosto, fecha en la que Gustavo Petro y Francia Márquez asumieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, respectivamente. A pesar de que el nuevo gobierno nacional puso en marcha un plan de choque para frenar esa violencia, aún queda mucho por hacer para que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus labores con garantías.

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