Líderes desprotegidos y comunidades indefensas
Resumen
Desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un histórico acuerdo de paz, que llevó a la desmovilización del que entonces era el principal grupo armado del país. El acuerdo incluyó iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos. Asimismo, ese año, la Fiscalía General de la Nación decidió priorizar las investigaciones sobre este tipo de asesinatos ocurridos a partir de comienzos de 2016.
Sin embargo, los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejaron las FARC y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.
La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos —por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos— los ha convertido en blanco de ataques. Otros han sido asesinados durante ataques de carácter más general perpetrados por los grupos armados contra la población civil. Los asesinatos han dejado al descubierto las dinámicas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de Colombia, donde la presencia de autoridades judiciales y la policía frecuentemente es escasa. Esta ausencia de instituciones del Estado ha dejado a innumerables comunidades indefensas.
Entre abril de 2020 y enero de 2021, Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos de Colombia para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y para examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia. Entrevistamos, entre otros, a autoridades judiciales, fiscales, funcionarios gubernamentales, funcionarios de derechos humanos, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos y policías.
Este informe documenta asesinatos de defensores de derechos humanos en seis de las zonas del país más afectadas por estos crímenes: Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca. El informe explica las dinámicas de violencia y los contextos que influyen en los asesinatos de defensores de derechos humanos en estas subregiones.
El informe también analiza cada una de las políticas del gobierno para prevenir y abordar los asesinatos de defensores de derechos humanos, así como las falencias en su implementación.