LIBERADOS Padre RICARDO CANTALAPIEDRA y 13 campesinos del municipio de Uribe, departamento del META
Por decisión de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se ordenó la LIBERTAD INMEDIATA del P. RICARDO CANTALAPIEDRA y 13 pobladores de Uribe (Meta), quienes se encontraban privados de su libertad injustamente, sindicados del delito de Rebelión, por orden de la Fiscalía Octava Especializada de Villavicencio.
El 21 de octubre, se hace pública la orden de LIBERTAD INMEDIATA, decisión tomada por esta Fiscalía al resolver el recurso de apelación presentado por varios abogados de la defensa y la Procuraduría.
La decisión logró corregir la injusta y arbitraria privación de la libertad del Sacerdote RICARDO LORENZO CANTALAPIEDRA, ALEXANDER MÉNDEZ, HERNANDO RODRÍGUEZ TORRIJOS, LEONEL MENDOZA LANCHEROS, WILSON RÍOS GUEVARA, JAIRO TAPIERO, PEDRO PABLO JIMÉNEZ SEGURA, JAIME AVILEZ HERRERA, LUIS JAIRO CORRALES, JHON FREDY ROJAS, IVÁN CASANOVA, GUILLERMO CAÑAVERAL Y CÉSAR TORRES HERRERA, pobladores de Uribe – Meta, acusados falsamente por dos reinsertados y denunciados algunos por personas con marcados intereses personales opuestos a los de los procesados.
Declaraciones falases que fueron objeto de plena credibilidad por parte de la Fiscal Octava Especializada de Villavicencio, quien inicialmente conoció el proceso, pero que hoy son consideradas insuficientes para proferirse medida de aseguramiento, lo que en otras palabras significa, que la segunda instancia (Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia) considera que no se reúnen ni siquiera dos indicios graves de responsabilidad penal en contra de estas personas.
El P. RICARDO CANTALAPIEDRA, igual que los demás pobladores de Uribe – Meta, se suman a las numerosas víctimas de la política de “seguridad democrática” implementada por el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que para el caso del departamento del Meta está enmarcada en el desarrollo del llamado Plan Patriota.
Política de “Seguridad” que ha privado de derechos y garantías fundamentales a la libertad, a la expresión y hasta del pensamiento a la población civil. Todos ellos, continuarán envueltos en una tramoya judicial que como es costumbre hace uso de la mentira en boca de supuestos reinsertados, útiles al propósito de mostrar a la opinión pública resultados en la “guerra contra el terrorismo”.
El P. RICARDO CANTALAPIEDRA, Párroco de la Uribe, estuvo privado de la libertad en una casa de su congregación salesiana. Falsamente sindicado de ser miembro de la guerrilla de las FARC EP como informante, colaborador y testaferro. Una misma acusación a otros pobladores más que estuvieron detenidos arbitrariamente en Villavicencio. Ellos llevados a la cárcel en desarrollo de la aplicación de la política de seguridad, un mismo informante, falso testigo, falso acusador.
El Caso del Padre RICARDO LORENZO CANTALAPIEDRA y de los demás pobladores de Uribe, municipio del Departamento del Meta es una expresión más de las judicializaciones masivas. Sin embargo, representa un avance en su situación el otorgamiento de la libertad por parte de la segunda instancia y es una evidencia más del fracaso de dicha política gubernamental, asumida en el criterio de la gran mayoría de funcionarios judiciales que desdicen de su independencia, para adoptar una posición parcializada e injusta.
Llegaron muchas cartas de iglesias cristianas, de comunidades cristianas, de grupos de derechos humanos, cartas de solidaridad y de exigencia al debido proceso y libertad inmediata del P. RICARDO CANTALAPIEDRA y los demás detenidos. La solidaridad sigue siendo necesaria y urgente ante tantos casos de INJUSTA PRISION por el sólo hecho de habitar en zonas de conflicto
Gracias por sus comunicaciones dirigidas a la Fiscalía, Procuraduría, Vicepresidencia de la República. Gracias por la solidaridad y las constancias dejados al Estado colombiano por la detención ilegal y arbitraria en el municipio de Uribe (Meta) por efectos de las políticas de seguridad.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ