Las violencias silenciadas

Desde 1988, cerca de 5 mil personas fueron asesinadas por los escuadrones de la muerte en Colombia.

“Aquí de vez en cuando a alguien le roban algo. Entonces nosotros llamamos a los vecinos y a la gallada, y nos ponemos a discutir. ‘Bueno, pues, hay que cazar a esa rata.’ Nos ponemos de acuerdo en la hora y el día. Siempre de noche, cuando no haya nadie. Y entonces sacamos las capuchas y comenzamos a limpiar.”

Es uno de los testimonios del informe “Limpieza social. Una violencia mal nombrada”, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. El documento señala que desde 1988 al menos 4.928 personas han sido asesinadas o desaparecidas por escuadrones de la muerte en los barrios populares de las principales ciudades. “Aunque nosotros decimos que es exterminio social, no limpieza. Llamarlo limpieza, sería, de algún modo, legitimar ese hecho tan perverso”, apunta Carlos Mario Perea, autor de la investigación. Las víctimas son en su mayoría indigentes, prostitutas, homosexuales y jóvenes cuyo delito ha sido fumar marihuana o realizar algún pequeño hurto. “Gamines” o gente de mal vivir, como rezan los panfletos amenazantes que aparecen día sí día también en las calles de las comunas.

El informe señala diferentes victimarios. Las bandas y “combos” de delincuentes que se reparten el dominio de los vecindarios más humildes. Los actores armados, sobre todo los paramilitares y, ahora, las bandas criminales (“bacrim”) herederas de sus prácticas. También los cuerpos estatales de seguridad y, por último, los propios vecinos y comerciantes del barrio.

“Suele ser común la combinación de actores. Es decir, los vecinos deciden que se debe de-saparecer a un grupo de muchachos que se mantiene fumando marihuana, por ejemplo, y la policía ejecuta”, asegura Perea. O se arma una operación conjunta de escuadrones de vecinos y la policía.

La causa de esta violencia va más allá del conflicto que golpea a Colombia desde hace décadas. “No es un motivo político sino social. Regular la convivencia. Introducir un orden en los barrios populares. Tampoco se meten en la vida privada: en si un hombre le pega a su mujer. La vida privada no es el resorte de esta práctica, sino el espacio público y local”, explica el autor del informe.

Entonces, ¿cómo explicar la participación de actores armados en estas operaciones de exterminio? “Se trata de demostrar el dominio sobre el territorio”, afirma Luis Guillermo Guerrero, director general del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que ha apoyado la investigación. “Ellos te están diciendo ‘la calle es mía’. Y es tan mía que mira lo que hago. Eso crea un ambiente de terror y miedo que es efectivo. Lo han hecho los paras y también la guerrilla.”

Las operaciones de exterminio han quedado opacadas, según el reporte, por los años de guerra, masacres y asesinatos. “Hay mucha literatura sobre la violencia, pero en ella la ciudad ha quedado ausente porque no ha sido el escenario de la guerra”, asegura Perea.

El autor del informe reprocha al gobierno que “no está haciendo absolutamente nada” para resolver el problema. Según el investigador, es necesario que el Estado se pronuncie sobre esta violencia y se cree una política pública con medidas de protección especial para la población afectada. Una de ellas: tipificar el delito de exterminio social en el Código Penal. Ahora eso no ocurre.

“Y se necesita pedagogía –concluye Perea–. Esta violencia pone sobre la mesa un problema ético que está por encima de la paz. Y es que en esta violencia social no participan esas grandes esferas que han financiado a los paramilitares, sino la gente humilde, de los barrios. Es un problema ético muy profundo.”

OTRAS MUERTES SILENCIADAS.

El 6 de abril el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, alertó públicamente que las estadísticas indicaban que en lo que va del año un defensor de los derechos humanos era asesinado cada semana en el país.

“Ha sido un gesto significativo. Por primera vez el gobierno ha sacado su propia cifra, dada la gravedad de la situación”, sostiene Carlos Guevara, portavoz de Somos Defensores.

Según los datos de esta plataforma de asociaciones, en 2015 se produjeron 682 agresiones contra activistas, 63 de ellas culminadas en asesinato. El primer trimestre de este año ha registrado 113 agresiones, de las que 19 han sido homicidios.
En el contexto de los actuales diálogos de paz con las Farc han disminuido los atentados, las amenazas y también las detenciones. “Pero se mantienen los homicidios de defensores de derechos humanos, que fueron los primeros en ponerse la camiseta por la paz y por la salida negociada al conflicto. Son ellos los que comenzaron a trabajar la paz en las regiones y a hacer las primeras pedagogías por la paz. Y por eso también comenzaron a estigmatizarlos, perseguirlos y matarlos”, dice Guevara.

Como en muchos otros conflictos, en el colombiano la violencia ha mutado. Ya no hay grandes masacres, ni grandes operaciones militares. Pero sí existe una violencia cada vez más focalizada, especialmente la que llega de los grupos herederos de los antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“La recta final de los acuerdos de paz ha propiciado un reacomodo territorial. La expectativa de que las Farc se desmovilicen, y también que no estén respondiendo, hace que estos grupos estén posicionándose y copando territorios y zonas disputadas donde hay rutas de tráfico de cocaína y plantaciones de coca. Y también proyectos ilegales de minería, sobre todo oro”, explica Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La ocupación de nuevos espacios por estos grupos conlleva también inevitables choques con las comunidades que allí habitan, que se resisten a ser desplazadas y a que se expolien sus territorios. Choques que se traducen en asesinatos, principalmente de líderes ambientalistas que luchan contra la extracción ilegal de recursos y contra las violaciones de los derechos humanos.

Según el informe “Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia”, del Cinep, los principales responsables de las violaciones en 2015 fueron los grupos paramilitares, con 1.064 atentados, seguidos por la policía, con 572, el Ejército, con 292, y la fuerza pública, con 24. La gravedad de las cifras ha llevado al Ejecutivo, tal y como reconoce Guevara, de Somos Defensores, a tomar cartas en el asunto. “El gobierno se asustó y se dio cuenta de que el riesgo existe. Y ese riesgo puede poner a tambalear el proceso de paz”, dice.

Entre las medidas adoptadas está la creación de equipos de alto nivel integrados por la fiscalía y la policía. “Y en esos equipos también han contando con nosotros. Por primera vez se han dado cuenta de que los datos que comprobamos no son especulación de la sociedad civil”.

NEOPARAMILITARES.

El aumento de los asesinatos, las amenazas constantes en zonas de extracción minera y episodios como el paro armado decretado el pasado mes por el Clan Úsuga o Urabeños, una de las bandas criminales surgidas tras la desmovilización de las Auc, han llevado a muchos medios y analistas a hablar de un fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia.

Según Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep, estaríamos hablando de un “neoparamilitarismo”. Guerrero asegura que la desmovilización de las Auc llevada a cabo bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubiera requerido un trabajo “mucho más profundo” del que se hizo. “Se produjo una evolución del paramilitarismo hacia otro tipo de expresiones más confusas. Se les fue de las manos, como un Frankenstein”, asegura. Esas “expresiones confusas” son las llamadas “bacrim” (véase Brecha, 15-IV-16), grupos delincuenciales cuyo primer objetivo no es ya político, como lo fue el de las Auc, sino el enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico, la extorsión y la extracción de recursos naturales, entre otros.

Continúan teniendo vínculos con poderes políticos pero éstos no son de ámbito nacional por lo general, sino regional. Y no dependen de ellos para su existencia.

Carlos Guevara no cree que estos nuevos grupos sean ahora especialmente más fuertes que hace unos años. “Sólo que están enseñando los dientes para hacer notar su fuerza durante el proceso de paz, ocupar nuevos territorios o buscar una negociación que les permita tener cierta impunidad.” Guerrero, del Cinep, piensa que el gobierno debería ocupar “el lugar donde estos tipos ya se están atrincherando. Es un espacio importante, con mucho dinero fruto de la minería ilegal, plantaciones de coca y producción de droga”.

Fuente: http://www.desdeabajo.info/colombia/item/29530-desde-1988-cerca-de-5-mil-personas-fueron-asesinadas-por-los-escuadrones-de-la-muerte-en-colombia.html