Las víctimas colombianas piden a los candidatos presidenciales postura sobre escuchas
Más de 120 organizaciones y personas víctimas de
escuchas y seguimientos ilegales por parte de la central de inteligencia de
Colombia solicitaron hoy a los candidatos a la Presidencia del país que
rechacen de manera pública estas “acciones de terrorismo de Estado, propias
de las peores dictaduras” “El próximo presidente debe asumir un compromiso
ante la sociedad: que nunca más se repitan estas acciones de terrorismo de
Estado, propias de las peores dictaduras”, según una proclama firmada por
128 víctimas de dichas prácticas.
*Bogotá, 10 jun (EFE).
El documento “Recuperar el Estado de derecho” fue entregado a la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) en Bogotá y, de manera simultánea en Washington,
al Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos. En la capital
colombiana lo recibió el magistrado Jaime Arrubla, presidente interino de la
CSJ, cuyos letrados fueron también espiados, aun en sesiones a puerta
cerrada, por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende
del Ejecutivo. “Los magistrados (…) agradecemos este gesto de la sociedad
civil, que respalda la independencia de los jueces colombianos”, declaró
Arrubla a las afueras de la sede del alto tribunal. La CSJ es blanco
frecuente de recriminaciones por parte del presidente del país, Álvaro
Uribe, que rechaza que el DAS sea responsable, como institución, de las
prácticas irregulares.
El presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas, dijo a periodistas que la visita de
las víctimas a la CSJ fue también un gesto de solidaridad con los operadores
judiciales.”Vinimos (…) a expresar toda nuestra solidaridad con la Corte
Suprema de Justicia y con la Rama Judicial, su independencia y su autonomía
frente a los ataques sistemáticos que han venido produciéndose por parte de
altos funcionarios públicos, incluido el presidente de la República”,
declaró Rojas. El titular de Codhes dijo que él, su organización no
gubernamental (ONG) y las personas y entidades que suscribieron la proclama
tienen como característica principal que han sido objeto de seguimientos
ilegales, interceptación de sus comunicaciones e, incluso, de
“procedimientos de sabotaje y terrorismo”.”Esto lo consideramos un grave
atentado contra el Estado de derecho”, agregó Rojas, y apuntó que “aquí se
han violado todas las normas y se ha impuesto una suerte de arbitrariedad
desde el Estado”.
En la proclama, el colectivo de víctimas observó que las investigaciones
muestran que las prácticas ilegales del DAS, incluso en el exterior y que
comprenden hasta “sabotaje y actos de terrorismo”, datan de años. “Estas
acciones de ‘inteligencia ofensiva’ o ‘pasiva’ se hicieron sin orden
judicial y estaban orientadas a vigilar, neutralizar o impedir la labor de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional”,
añade el documento.
Entre los objetivos también estaban “organismos internacionales como la
Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento
Europeo, embajadas, opositores políticos, periodistas, activistas de paz,
sindicalistas y defensores de derechos humanos”. Hubo casos en los que “los
agentes de seguridad del Estado siguieron, intimidaron y amenazaron niños y
niñas, hijos de los denominados ‘blancos’ de las operaciones de inteligencia
y contrainteligencia”, prosigue la proclama, y puntualiza que todo sugiere
“una alta responsabilidad política del actual Gobierno”. En este contexto,
el colectivo pide un pronunciamiento contra estas prácticas por parte de
quienes aspiran a la sucesión de Uribe en la segunda vuelta electoral del
próximo día 20. Son el oficialista Juan Manuel Santos, del Partido Social de
Unidad Nacional (Partido de la U, de derecha), el más votado en la comicios
del pasado 30 de mayo, y el independiente Antanas Mockus, del Partido Verde.
*Proclama en favor del Estado de Derecho*