Las Perversas Judicializaciones

Dos escritos en el diario El Espectador, reflejan los lastres, las secuelas, las consecuencias de decisiones fiscales dentro de la etapa de investigación de los procesos judiciales.

No sólo se trata de operaciones de detención masiva, arbitrarias, aparentemente apegadas a la ley, a la Constitución, también de procesos de investigación sin detención masiva que convierten al denunciado penalmente en sujeto de estigmatización social, en perseguido.
La ley mata, la normatividad y los códigos se hacen instrumento de la erosión del Estado de Derecho, sus procedimientos , sus modos de recolección de pruebas, la sustentación en testigos falsos, sumidos en necesidades monetarias, en ambiciones de poder, todo vale, bajo el pretexto de persecución a las guerrillas.

El ente investigador se ha ido convirtiendo renovadamente en aparato de la injusticia, del control social criminalizado o distinto, lo que controvierte en Derecho, en objeción de conciencia, las causas de la guerra.
Las valoraciones investigativas han convertido a los victimarios de estructuras militares encubiertas en víctimas, por eso hoy se expían sus faltas mediáticamente, como hombres sin tacha y de profunda rectitud moral.
Las valoraciones investigativas han convertido las actuaciones humanitarias en favor de la vida en el conflicto armado en delito.
Las valoraciones investigativas han ido convirtiendo las actuaciones de defensa de los derechos humanos en delito.
Las valoraciones investigativas han ido perdiendo con mayor evidencia de los intereses de la Fuerza.

Aquí una mirada reciente al proceso de Monseñor JOSE LUIS SERNA y de las redadas del 2003, a pocas horas por tierra de Bogotá.

Bogotá, Diciembre 07 de 2003

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Tomado de www.elespectador.com 7 de diciembre de 2003
Buena hora de monseñor José Luis Serna
Por Juan David Laverde Palma

Nunca en la historia del país se había registrado el
hecho de que un alto jerarca de la Iglesia Católica
fuera vinculado formalmente a una investigación penal.
Esa suerte le correspondió al obispo emérito de la Diócesis de Líbano-Honda, monseñor José Luis Serna Alzate.

Durante más de seis meses, la fiscal 13 de Ibagué, Luz
Myriam García Arango, trató de recoger las pruebas
suficientes para poner tras las rejas al alto prelado
por su presunta participación en el delito de rebelión.
En otras palabras, por la aparente connivencia del
religioso con guerrilleros del frente Bolcheviques del
Líbano del Eln.
La judicialización de monseñor Serna Alzate, sin duda, tuvo en ascuas a la cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Así, por ejemplo, El Espectador pudo establecer que incluso hubo un proyecto de providencia en el que se imponía medida de aseguramiento en contra del mencionado obispo. Como era de esperarse, esa idea inicial de la fiscal García Arango fue recibida con sorpresa por el mismo fiscal Luis Camilo Osorio y su grupo de más cercanos colaboradores.
Por eso Osorio Isaza comisionó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que hiciera equipo con la fiscal García Arango y de esa forma, entre los dos hicieran un estudio más a fondo del expediente seguido contra el alto prelado. Eso sí, en ningún momento se debía influenciar en la decisión final de la fiscal 13 de Ibagué. Dentro del juicioso análisis se evaluó, por ejemplo, un fallo que años atrás la Fiscalía había proferido en favor de monseñor Luis Madrid Merlano, a la sazón obispo de la Diócesis de Tibú (Norte de Santander) y quien había sido señalado por el general Agustín Ardila Uribe, como colaborador de la guerrilla.
El martes por la noche, dos días después de que monseñor Serna Alzate le dijera a El Espectador que no confiaba en la justicia colombiana debido a las aparentes múltiples irregularidades en su proceso, la Fiscalía se pronunció en el polémico caso: se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra del sexagenario religioso. Esto es, que después de seis meses de investigación no había las pruebas suficientes para llevar a prisión a monseñor Serna Alzate, quien es considerado como el primer comisionado de paz que tuvo el país. Eran los tiempos del gobierno de Belisario Betancur.

Los reinsertados

En una escueta providencia de tan sólo 10 folios
conocida por El Espectador, la fiscal García Arango
resolvió la encrucijada en que se encontraba el
religioso. Contra él, en concreto, existían los
testimonios de Alejandro Martínez Vanegas, Nidia Soraya
García, Wilder Malagón Sierra, José Alexánder Daza y
Juan de Jesús Salazar, quienes aseguraron que monseñor
Serna Alzate era uno de los hombres de confianza del
comandante Jerónimo, del Eln y que su labor dentro de
la organización era la de coordinar los secuestros y los
pagos por las liberaciones.
A estas declaraciones se sumó también la del subintendente de la Policía, Carlos Eladio Ladino, quien le manifestó a la Fiscalía que el alto prelado tenía un hermano guerrillero y que por esta razón monseñor Serna Alzate tenía contactos directos con ese grupo subversivo.
Sin embargo, las constantes contradicciones de los desmovilizados en sus declaraciones fueron minando su credibilidad en el polémico expediente. Asimismo, algunas anomalías denunciadas por el mismo religioso el domingo anterior en este semanario, dejaron sin piso las pruebas hasta ahora recaudadas por el ente investigador. Y aunque el alto prelado continúa vinculado a la investigación, todo apunta a que la Fiscalía archivará el expediente, a falta de unas pocas pruebas por practicar. De esta manera, todo parece aclararse para uno de los religiosos que más ha trabajado por la paz en el país en las últimas décadas.

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

No nos traten como guerrilleros

Por Enrique Rivas G. / Enviado Especial

La gente se despertó con los fuertes golpes que sobre
las puertas de sus casas daban los uniformados. Les
pedían salir para requisar las habitaciones. Luego, uno
a uno se los fueron llevando hasta la plaza del pueblo.
De ahí salieron custodiados con la brisa mañanera que
golpeaba las verdes palmas que adornan la calle
principal. Y no regresaron.
Ese día, el 15 de junio pasado, 59 de los 2.500 habitantes de Quipile Cundinamarca, terminaron en los calabozos de la Dijín en Bogotá. Veinte días después, nueve campesinos de la vereda La Arabia corrieron la misma suerte. Hoy, casi todos están libres.
El caso de este municipio no es el único. El 2 de noviembre pasado 128 personas sindicadas de rebelión, quedaron libres en Sincelejo. Ellos fueron detenidos tras la ofensiva de las autoridades para golpear las estructuras de la guerrilla en todo el país. Según un informe del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre octubre de 2002 y octubre de 2003, más de 5.000 personas han sido detenidas en redadas.
El mismo día de las capturas en Quipile, Miguel Ángel Mora dejó a su familia y su pequeño almacén de víveres porque un desmovilizado lo señaló a él y a otros 67 habitantes. El informante, un supuesto ex miliciano de las FARC, dijo que eran auxiliadores de guerrilla. Casi seis meses después, el proceso contra ellos se desplomó. Miguel salió de la penitenciaría de La Picota el 2 de octubre. Félix Hernández, su vecino, el 7. Los otros 53 habitantes estuvieron presos cuatro meses.
Quedaron libres “porque nada teníamos que ver con la
guerrilla”.
El jueves pasado, a pocos días de que el resto de los
capturados “hombres y dos mujeres”
posiblemente salgan libres, los dos vecinos se reunieron con otros
pobladores para recordar aquella madrugada en la que un
fiscal y unos 1.000 miembros de la Policía, agentes de
la Dijín y el CTI, llegaron al pueblo. El convoy
irrumpió en las calles poco antes de las 4 a.m. con el
objetivo de desarticular la supuesta red de apoyo al
frente 42 de las Farc.

La historia de Miguel y Félix es casi igual a la del resto de los detenidos. Como no tenían nada que temer, salieron caminando resignados hasta la plaza donde los reunieron con más de 130 personas. Los que no estaban en la lista que llevaban las autoridades, fueron marcados con un sello y luego quedaron libres.
Ángela Galindo no borra de su cabeza el susto cuando escuchó los golpes en la puerta.
Nos había despertado el ruido de los carros. Al momento escuchamos la voz:
¡Abran la puerta! En seguida, mi mamá Sara preguntó
quién era.
“Somos de la Dijín de la Policía y venimos a
hacer una requisa”, le contestaron. Entraron y luego
pidieron los documentos.
Los agentes ingresaron a las habitaciones de la casa. No
encontraron nada que pudiera vincular a la familia con
actividades subversivas.
Sin embargo, Eduardo Galindo, el jefe del hogar, debió acompañarlos hasta la plaza
donde le estaban verificando las identidades a decenas
de habitantes del municipio. Galindo, de 53 años, es uno
de los 13 detenidos que saldría la próxima semana. Se da
como un hecho que la mayoría de los 68 investigados
serán desvinculados de la investigación.
A pocas cuadras de donde sacaron a don Eduardo, vive José Torres, el carnicero del pueblo, quien estuvo detenido 87 días en La Picota. Según el desertor, era el
jefe de comunicaciones de la guerrilla y quien
“lavó $70 millones de El Negro Antonio, uno de los comandantes
del frente 42 de las Farc. José se ríe irónicamente de
la sindicación.
“Yo ni siquiera he tenido celular. El
expendio de carnes y la casa que tengo es la herencia de
mi papá Timoleón. Él tenía esto hace más de 50 años”.

El drama de las esposas

La tragedia no ha sido sólo de las personas que
detuvieron. Lo es también para las esposas que quedaron
sosteniendo sus casas. Carolina Subieta, la ludotecaria
del municipio, no olvida que los agentes llegaron a
preguntar por su esposo Libardo Castillo y lo llevaron a
la plaza. Al rato, le avisaron que lo habían detenido.
Salió a averiguar y también la capturaron. La
funcionaria, que hoy está libre, fue sindicada de ser la
jefe de finanzas de El Campesino, otro de los mandos
regionales de las Farc.
A la situación de Carolina se suman la de Martha Muñoz,
Cecilia Galindo y Magnolia Anzola, quienes han tenido
que recurrir a rifas para pagar entre $4 y $7 millones
para que los abogados asistan a sus esposos. Mientras
tanto, Miguel y Félix, al igual que el resto de los
habitantes, sólo piden una cosa:”Que no nos traten como
guerrilleros”.

Las más grandes redadas de 2003
13 de enero: 100 personas en Medellín.
11 de marzo: 39 personas en Acevedo (Huila)
9 de mayo: En San Juan de Arama (Meta) fueron detenidas
74 personas.
19 de mayo: 70 personas en Florencia y Puerto Rico
(Caquetá), sindicadas de rebelión.
15 de junio: En el municipio de Quipile (Cundinamarca)
fueron detenidas 68 personas, entre las que había
mujeres embarazadas.
6 de julio: La policía detiene a 30 personas en Villa
Nueva y Santa Catalina (Bolívar).
27 de julio: En Dagua (Valle), 42 personas detenidas por
rebelión.
29 de julio: 40 personas en Baraya (Huila).
17 de agosto de 2003: Capturadas 128 personas en Chalán,
Colosó y Ovejas (Sucre).
21 de agosto: Las autoridades capturan a 27 personas en
Saravena.
24 de agosto: 74 personas en Cajamarca, Cañón de Anaime,
La Línea e Ibagué (Tolima).
7 de septiembre: En Cartagena del Chairá (Caquetá)
fueron detenidas 120 personas.
19 de septiembre: 56 personas son apresadas por las
autoridades, sindicadas de rebelión en Sasaima
(Cundinamarca).
22 de septiembre: Detenidas 100 personas en Saravena
(Arauca), incluidos algunos menores de edad.
25 de septiembre: Capturadas 138 personas, entre estudiantes y trabajadores de la Universidad Distrital.
28 de septiembre: Detenido medio centenar de personas en
Viotá (Cundinamarca).
29 de septiembre: 39 personas sindicadas de rebelión en
la Sierra Nevada de Santa Marta.
21 de octubre: Detenidas 38 personas en Arauca, entre
ellas el alcalde de ese municipio, el presidente de la
Asamblea, un sacerdote, entre otros altos funcionarios.