Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales
Por NICHOLAS CASEY
El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales.
A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente, dijeron los oficiales.
Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
Los militares implementaron una estrategia similar para derrotar a los grupos rebeldes y paramilitares de Colombia a mediados de la década de los 2000, antes de que se firmara un acuerdo de paz histórico que finalizó con décadas de conflicto.
Pero esas tácticas causaron la indignación nacional cuando se supo que los soldados, con el objetivo de cumplir sus cuotas, cometieron asesinatos generalizados y desapariciones de civiles.
Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país, según las órdenes revisadas por The New York Times y tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas.
Las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares. El ejército de Colombia sigue siendo investigado por la serie de asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de 2000, conocidos como “falsos positivos”.
Los soldados mataban a campesinos y afirmaban que eran guerrilleros, a veces incluso vistiéndolos con uniforme y plantando armas cerca de sus cuerpos. Las tácticas surgieron de los superiores que exigían un mayor número de cuerpos, de acuerdo con los fiscales.
En largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos.
En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar.
Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000.
“Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, dijo uno de los oficiales, quienes hablaron con la condición de mantener su anonimato por temor a las represalias de sus superiores.
El mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército de Colombia, reconoció haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes.
Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales.
“La amenaza criminal se incrementó”, dijo. “Si seguimos al ritmo que veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos”.
Aun así, el general cuestionó cómo los oficiales han interpretado sus instrucciones.
“La orden que hay es de ser operacionalmente efectivos”, dijo. “Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere superar el 10. Otros dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”.
También reconoció que las órdenes instruyen a los comandantes para que realicen operaciones cuando todavía no están seguros de sus objetivos.
Sin embargo, el general Martínez argumentó que las instrucciones solo se referían a la planificación de las misiones, no a su ejecución.
“El respeto absoluto a los derechos humanos es lo más importante”, dijo. “Todo lo que hagamos tiene que estar en el marco de la ley”.
Pero la orden misma dice: “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja suficiente margen de error como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables, dijeron dos oficiales.
Las nuevas órdenes indican un aumento en las campañas militares contra la guerrilla y los grupos paramilitares en Colombia, un país que hace apenas dos años logró firmar un acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero de la nación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La paz ha sido difícil de alcanzar. Muchos excombatientes han regresado a la lucha armada, mientras que otros grupos criminales y paramilitares han ampliado su control sobre diversas regiones del país.
El Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde que no ha firmado ningún un acuerdo de paz, ejecutó un atentado con un coche bomba en Bogotá en enero.
Colombia también está bajo la presión del gobierno de Donald Trump para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico, una estrategia que ha tenido pocos progresos a pesar de los 10.000 millones de dólares de ayuda estadounidense que recibe el gobierno colombiano.
Para responder a las exigencias de Washington, el presidente Iván Duque, un líder conservador que hizo campaña contra el acuerdo de paz porque creía que era demasiado blando con los rebeldes, remplazó a los principales comandantes del ejército en diciembre pasado.
El gobierno de Duque nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia, según documentos publicados por Human Rights Watch, una organización de derechos humanos. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada.
Martínez dice que no participó en ninguno de los homicidios y que no está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.
Los homicidios ilegales conocidos como “falsos positivos” son un capítulo particularmente polémico en la historia reciente de Colombia. De 2002 a 2008, un estimado de cinco mil civiles o guerrilleros fueron asesinados fuera de combate, según las Naciones.
Fuente e imagen: https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/?smid=wa-share-es