Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles

¿Cómo fue el operativo?

Este momento fue reconstruido con cerca de 30 testimonios recogidos por los periodistas de El Espectador, Vorágine y la revista Cambio que visitamos la zona, cinco días después de los hechos. Las personas aseguran que en la vereda había presencia de al menos cuatro hombres de los Comandos de la Frontera armados y vestidos de civil. También coinciden en que los miembros del Ejército llegaron a pie desde la montaña y se presentaron con gritos: “No somos Fuerza Pública, somos guerrilla”. La comunidad nos entregó un video que coincide con estos relatos y en el que se ve a dos hombres vestidos de buzo y gorra negra, acostados boca abajo mientras disparaban.

Los relatos de los testigos sobre cómo llegó el Ejército a la zona coinciden en que la incursión habría comenzado entre las 7:00 y las 7:30 a.m. Los primeros disparos se alcanzaron a escuchar en la cocina -el lugar más próximo a la montaña- y donde había ocho adultos y tres niños, entre esos un bebé de un año a quien su madre tomó para intentar refugiarse en los baños que estaban en la parte de afuera del lugar.

La gente dice que los cercaron por ese lado. Señalan que los hombres armados llegaron gritando: “Al suelo, no somos Fuerza Pública” y por eso presumieron que eran del frente Carolina Ramírez de las disidencias. Cuenta que los obligaron a entrar de nuevo a la casa y a permanecer acurrucados y con la cabeza agachada. “Primero nos encerraron y pusieron un alambre grueso en la chapa para que no pudiéramos abrir la puerta. Uno de los hombres armados se quedó custodiándonos fuera de la casa y nos decía que no miráramos hacia arriba, que no los miráramos a la cara, pero alcanzamos a ver que algunos de ellos estaban barbados y venían con trajes y gorras negras, como la guerrilla”, relata.

Otra mujer quien fue testigo del operativo y que señala que a esa hora estaba regresando a su casa junto a su esposo, relata que cuando comenzaron los disparos alcanzaron a entrar a una de las habitaciones para resguardarse. Su casa está diagonal a la cocina y al polideportivo. Desde la ventana principal se puede tener casi una panorámica completa de toda la vereda. “Nosotros sabíamos que ahí había gente armada tomando, pero pensamos que se habían emborrachado y habían hecho unos tiros al aire, pero cuando escuchamos las ráfagas nos dimos cuenta de que no eran ellos, que los disparos venían de afuera de la vereda y nos metimos con una vecina, mi cuñado, mi hijo y dos niños más debajo del colchón”, detalla.

En una zona como Putumayo, donde los grupos armados ilegales ejercen el control sobre la vida personal, social y económica de los habitantes, una actividad como esta no habría escapado a su control. Esta situación explicaría la presencia de algunos hombres armados en ese momento del operativo, en medio de la población civil.

Mientras tanto, entre gritos y disparos, la mujer afirma que se asomó por las rendijas de la casa de madera y reconoció a dos de las víctimas mortales: el gobernador indígena Pablo Panduro y, al fondo, al presidente de la junta, Divier Hernández. Ambos tirados en el suelo con heridas de gravedad. El gobernador, sobre la cancha y el presidente detrás de una palma frente a ese polideportivo. “El gobernador gritaba que por favor lo ayudaran, que le salvaran la vida. Él duró como media hora agonizando, pero nadie pudo hacer nada porque estaban disparando por todo lado y ya los hombres de negro habían rodeado la vereda”, aprieta los ojos y suspira.

Dice que sonaban ráfagas, pero que todavía le costaba dimensionar la gravedad del ataque que, según los testigos, habría durado entre una hora y hora y media. Un hombre de 48 años, perteneciente a la vereda El Hacha y que presenció los hechos, afirma que siempre pensó que se trataba de una toma guerrillera. Cuando cesaron los disparos, un helicóptero militar aterrizó justo atrás de la cancha de fútbol. “Nosotros pensamos bueno, llegó el Ejército, se va a armar ahora sí un enfrentamiento duro, pero al menos nos van a ayudar a salir de esta toma guerrillera”, aseguró el hombre.

En ese momento, junto a varias personas, se asomaron por las ventanas y vieron a los militares vestidos con camuflado hablar de forma muy cercana con quienes habían hecho la incursión armada negando ser de la Fuerza Pública. “Algunos de los que estaban vestidos de negro se subieron al helicóptero, pero otros se fueron hacia donde había más selva, como para cambiarse la ropa y ahí ponerse los camuflados, en todo caso los vimos salir con ropa distinta con la que llegaron y ahí nos dimos cuenta de que no eran ninguna guerrilla como ellos dijeron, sino que nos habían engañado y era el mismo Ejército”, comenta.

No hay certeza de cuánto tiempo permanecieron algunos pobladores encerrados en las viviendas. Pudieron ser tres horas o más, pero coinciden en que pasado el mediodía les dieron la orden de salir a todos de las viviendas y los obligaron a reunirse en el polideportivo. Dicen que los sentaron dándole la espalda a la vereda, viendo solo hacia las montañas y el río. “Nos dijeron que nadie podía moverse de ahí. Estábamos bajo el sol y con niños pequeños con hambre como hasta las 4 o 5 de la tarde”, cuenta una de las mujeres que había presenciado el ataque armado desde la cocina.

Una fotografía que está en poder de las autoridades y que conocimos, correspondería a ese momento. Se muestra a toda la población sentada en sillas sobre el polideportivo, tal como lo dicen en los testimonios. En ella se puede observar la presencia de varios menores de edad. De fondo, casi llegando a la orilla del río, se puede ver a dos uniformados armados. “Cuando queríamos ir al baño, por ejemplo, los militares nos decían que teníamos que ir de a dos personas y cogidos de la mano mientras un militar esperaba afuera”, dice la mujer de 31 años.

El abogado Antonio Varón Mejía, profesor de la Universidad del Rosario y experto en Derecho Internacional Humanitario, explicó que, aunque los hechos son confusos, en un operativo como estos en los que aplican los protocolos de DIH se debe preponderar el principio de humanidad sobre el principio de necesidad militar. “Por más importante que pueda hacer ser una operación militar, si pone en riesgo la vida integridad física e incluso la integridad psíquica de una población -porque acá hay unos temas de estrés postraumático- uno podría decir que esa no fue una operación que ponderó lo humanitario y que pudo haber sido aplazada”. El también abogado y docente de esa misma universidad Mauricio Jaramillo aseguró que, “en caso de confirmarse judicialmente que habría al menos tres víctimas civiles asesinadas en el operativo, estaríamos frente a una masacre”.

Los seis periodistas que reporteamos este caso pudimos acceder a un video que muestra a la población de la vereda reclamando fuertemente a un hombre vestido de negro, que acompañaba a los militares, por la tragedia que acababa de ocurrir. En una primera parte del video se escucha a varias personas asegurando que habían cometido “falsos positivos” en la vereda. “No tenemos armas los civiles, ¿por qué nos hacen esto? Lo más berraco es que les pusieron armas. El señor al que ustedes le pusieron un fusil es un gobernador acreditado por la alcaldía. Él era una persona desarmada”.

Otro de los reclamos de las familias en ese video es que el Ejército no les habría permitido ver e identificar los cadáveres en la vereda antes de trasladarlos y que temen que los cuerpos de sus seres queridos hayan sido manipulados. En ese video se observa a una mujer tendida en el piso suplicando que le permitan ver el cuerpo de su ser querido. El hombre vestido de negro le responde: “¿Mamita, no vio que estaban en unas bolsas blancas? (…) Se la muestro en fotos”.

Pudimos determinar que los nombres de las once víctimas fatales son: Pablo Panduro Coquinche (48 años); Divier Hernández Rojas (35 años); Ana María Sarrias Barrera (24 años); Brayan Santiago Pama Pianda (16 años); Rubén Darío Peña Scarpetta (21 años); Óscar Oliva Yela (40 años); Luis Alfonso Guerrero Martínez (32 años); Enuar Ojeda Sánchez (23 años); José Antonio Peña Otaya (40 años); Alexander Peña Muñoz (30 años) y Jhon Jairo Silva Mutumbajoy (34 años). Este último era firmante de Paz y según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación había hecho su proceso de dejación de armas y retorno a la vida civil en el ETCR de La Montañita (Caquetá). La comunidad también identifica a tres personas heridas en medio del operativo que serían Willington Galindez, Vanessa Rivadeneira Reyes (menor de edad) y Nohora Andrade.

Las inconsistencias del operativo

Aunque el Ministerio de Defensa aseguró en una rueda de prensa que el operativo se había realizado en conjunto con la Fiscalía, el ente investigador nos confirmó que reportó conocimiento de los hechos hasta las 14:20 p.m., siete horas después de los combates. Según los testigos, durante ese tiempo el Ejército habría sido la única autoridad que hizo presencia en el lugar. El gran interrogante que la Fiscalía tendrá que resolver es: ¿qué pasó, durante todo ese tiempo, con los cuerpos de las víctimas mortales?

Otra de las evidencias que están en poder de la Fiscalía y a la que tuvimos acceso es una serie de tres fotografías que probarían que el cuerpo de Brayan Santiago Pama, el menor de 16 años muerto en el operativo, habría sido arrastrado del lugar donde cayó. Además, demostraría que le habrían puesto un fusil sobre el cuerpo después de muerto, según el análisis de un médico forense que consultamos sobre este material.

En la primera de las tres imágenes se ve el cuerpo del niño sobre el suelo, sin armas. Vestía una camiseta y una pantaloneta negra y encima un jean. En la segunda fotografía se ve el mismo cuerpo vestido igual, pero ubicado sobre una lancha militar. A su lado derecho se alcanza a ver otro cadáver con un chaleco portaproveedores. En la tercera imagen los dos cuerpos vuelven a aparecer en la lancha, pero esta vez con dos fusiles sobre sus cuerpos que no estaban en las imágenes anteriores. Ninguna de las fotos serán publicadas por respeto a los familiares, pero reproducimos esta ilustración fidedigna que realizó y nos proporcionó el medio Vorágine.

Ilustración fidedigna de las tres fotografías en poder de la Fiscalía que probarían que al cuerpo de Brayan Pama (izquierda) le habrían puesto un fusil sobre su cuerpo después de su muerte. El cadáver ubicado a la derecha no ha sido identificado. ILUSTRACIÓN: Angie Pik, Vorágine.

Foto: Angie Pik, ilustradora de Vorágine

El forense que analizó las fotografías originales nos explicó que la posición de las armas en la última fotografía es inusual. “Los dos cuerpos fueron subidos a la lancha posteriormente a su asesinato. Al lado derecho se ven huellas de arrastre y tierra en los pliegues de la camisa. Él pudo haber caído de frente, lo arrastraron y luego le dieron la vuelta (…) Eso demuestra que lo arrastraron de la parte inferior del brazo derecho, cuando todavía estaba vivo. Los cuerpos fueron subidos a la lancha posteriormente a su asesinato. Las fotos son de recién muerto, por el brillo de sus ojos. (Tomadas) en menos de dos horas”.

Y agrega: “Las armas fueron puestas posterior a la muerte. Los hallazgos preliminares sobre las fotos de los cuerpos indican que existió manipulación y alteración del sitio con fines de escenificar es decir, se muestra algo que en realidad no ha ocurrido, para desviar la investigación de forma deliberada”.

Otro gran interrogante que queda por resolver es la cadena de custodia que tuvieron los cuerpos cuando permanecieron en poder del Ejército. El tanatólogo de la funeraria que recibió y arregló los 11 cuerpos en el territorio también asevera que recibió un cuerpo vestido con uniforme camuflado y que, por lo menos, otro cadáver llegó “envuelto en cortinas rojas”. Esta afirmación coincide con varios testimonios recopilados que aseguran que el Ejército le pidió a la comunidad llevar sábanas y cortinas para mover los cuerpos antes de trasladarlos. Una de las fuentes, de hecho, especifica que las cortinas rojas eran del prostíbulo que quedaba a la entrada de la vereda y que fueron arrancadas para movilizar los cuerpos.

El tanatólogo, que pidió no ser identificado, dijo que a la funeraria llegó una solicitud para recoger siete cadáveres en el Batallón de Artillería No. 27 Santana. “El 28 de marzo nos llaman para recoger siete cuerpos de Puerto Leguízamo, producto de un enfrentamiento entre las autoridades y las disidencias. Allá recibimos no siete sino 11 cuerpos y los dirigimos una parte a la funeraria de Puerto Asís y otra parte a la Fiscalía, pero hasta ese momento todos estaban sin identificar”. Señala que todos los cuerpos estaban envueltos en bolsas blancas y que luego fueron trasladados a la morgue del Parque Cementerio Normandía (Mocoa), hasta que Medicina Legal realizara las necropsias.

Fideligna Gaitán, la esposa del gobernador Panduro, explica que fue hasta el miércoles por la noche que en Mocoa a ella y a la familia de Brayan Santiago Pama les permitieron trasladar los cuerpos de ambas víctimas hasta Puerto Leguízamo. El resto de cadáveres habrían sido llevados a Puerto Asís entre el miércoles (31 de marzo) y jueves (1° de abril), donde finalmente sus familiares pudieron realizar las honras fúnebres, casi una semana después de los hechos.

Bazar para una placa-huella

Una pobladora de la vereda, a quien llamaremos Sonia*, era una de las encargadas de cocinar y servir la comida que se iba a vender en ese último día de bazar. Explica, por ejemplo, que en ese tipo de eventos cada poblador tiene un rol específico para cumplir con las actividades que se prometen. “Hay unos que se dedican a organizar los torneos de fútbol, las mujeres estamos en la cocina y también servimos los alimentos para vender. Todo por turnos, y quien no quería trabajar esos días debía pagar $100.000”, señala.

En la invitación al bazar, con fecha del 14 de marzo, el cabildo Alto Remanso especifica que, dentro de las actividades, habría torneo de fútbol femenino y masculino interveredal, peleas de gallos y un concurso de baile. De acuerdo con un habitante de la vereda Bajo Remanso, que asistió durante los tres días, este tipo de actividades se realizan con el fin de recaudar fondos para proyectos comunitarios. Este, en particular, tenía como objeto reunir dinero para la construcción de una placa-huella de unos dos kilómetros y medio que conectaría con las fincas de la montaña.

No era la primera vez que organizaban algo de tal dimensión. Los bazares se realizan dos o tres veces al año y se programan cada ocho días en veredas distintas: Lochanchipa, El Tablero, La Concepción, Loma Alta, Alto Remanso, Bajo Remanso, El Bayo, El Hacha, La Payita y La Paya son algunos de los centros poblados que siempre participan. Según la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) del corregimiento de Puerto Ospina, en este tipo de espacios se suelen reunir entre $10 y $25 millones, en el mejor de los fines de semana, y el dinero se emplea en suplir las necesidades de una comunidad río adentro cuya cabecera municipal más cercana está a más de tres horas en lancha rápida y a la que el Estado, cuando llega, es con medidas solo con enfoque de seguridad y policial, pero no de manera integral con servicios de salud, educación ni con ofertas laborales para la comunidad.

Otra cocinera, habitante de la zona, explica que para hacerse una idea de la cantidad de alimentos que prepararon, basta con saber que el sábado 26 de marzo -cuando arrancó el bazar- vendieron más de 200 platos con carne asada, sancocho de gallina, arroz, yuca y papa. El domingo, dice, compraron un novillo y medio para el asado y luego tuvieron que comprar 10 pollos más porque ya se habían terminado las 100 gallinas que compraron el primer día. En la tarde de ese domingo también compraron un marrano y 20 pollos más y volvieron a abastecerse para fritar empanadas, papas rellenas y asar arepas. “No dábamos abasto y preferimos comprar en cantidad porque se nos estaba acabando todo muy rápido”, asegura.

Comenzando el lunes, el día del “remate” del bazar, la comunidad dice que Divier Hernández, el presidente de la JAC, ya había recaudado $11 millones en efectivo únicamente por la venta de las comidas. Ese dinero se lo habrían llevado los militares en medio del operativo militar y, según las autoridades, también se habrían llevado cuatro fusiles 5.56 mm, un fusil AK 47, 1 pistola 9 mm, 16 proveedores para fusil 5.56 mm, dos proveedores para fusil 7.62 mm, un proveedor para pistola, una granada de mano IM 26, un radio 2 metros, una granada aturdidora, una mira para fusil mecánica y cinco chalecos portaproveedores.

Sin embargo, hay unas pertenencias que no aparecen y que la gente denuncia que se las robaron los militares. Un hombre asegura que, para vender en el bazar, habían comprado diez cajas de whisky Buchanans, cada una con 12 botellas. Hasta ese día, dicen, alcanzaron a vender dos cajas (24 botellas). “Las otras ocho cajas (96 botellas) el Estado se las llevó. Dice que también robaron a un vecino suyo, que recién había acabado de vender una finca y tenía $36 millones en una maleta. “El Ejército le dijo que con esa cantidad de plata que tenía se lo podían llevar preso, pero que le daban una segunda opción, que dejara el maletín en el suelo y se fuera caminando de frente sin mirar atrás”.

Mindefensa vs. Fiscalía

A pesar de la complejidad de este caso, la Fiscalía arribó hasta el lugar de los hechos para comenzar las pesquisas judiciales y la toma de testimonios cuatro días después del operativo, cuando la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo, conformada por más de 10 organizaciones de derechos humanos, y algunos medios de comunicación ya habíamos llegado al departamento: algunos viajamos desde Bogotá. Los periodistas que llegamos al lugar le preguntamos formalmente a la Fiscalía por qué llegaron tan tarde al lugar. El ente investigador nos respondió, a través de una carta, que “por asuntos de logística, traslados y condiciones climáticas, la comisión con personal destacado solo pudo llegar a la vereda el 1° de abril”.

Otra contradicción que gira entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía es alrededor de las cuatro supuestas personas capturadas en este operativo. Un comunicado del Ejército y varios altos mandos declararon ante el país que: “Los cuatro capturados, también presuntos integrantes de esa estructura, resultaron heridos en medio de los combates, y fueron atendidos oportunamente por soldados enfermeros de combate”. Sin embargo, el ente investigador desmintió que hubiera tenido personas en procesos judiciales por este caso. “La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”. Esa información la corroboramos con el abogado de tres de las cuatro personas heridas, que asegura que tengan algún tipo de medida de aseguramiento o investigación en curso.

Llegar hasta la vereda Alto Remanso desde Puerto Asís, el sábado 2 de abril, nos tomó casi cuatro horas en lancha rápida. Una hora antes de arribar a nuestro destino paramos en el corregimiento de Puerto Ospina, donde nos encontramos con un equipo de 10 personas de la Defensoría del Pueblo a quienes intentamos abordar para una entrevista, pero nos aseguraron que ya nos encontraríamos en la vereda. Nunca llegaron, al menos ese día. En el lugar tampoco se vio al personero municipal de Puerto Leguízamo, Jhon Edinson Hurtado Alzate. Nos comunicamos con él para saber qué tipo de acompañamiento estaban dando a las víctimas pero respondió que no daría declaraciones, aunque confirmó que la personería no había visitado la vereda y aseguró que lo harían el viernes 8 de abril, 10 días después de los hechos. Luego colgó el teléfono sin terminar la conversación.

En Alto Remanso el ambiente estaba tenso. La mayoría de testigos del ataque armado habían llegado en lanchas desde otras veredas y no habían regresado a ese lugar desde el día de los operativo, el 28 de marzo, cuando al menos unas 200 personas decidieron salir desplazadas de ese territorio por seguridad. Iban a ser las 11:00 a.m. y en el sitio había presencia de unidades militares en la vereda que, según la Fiscalía, estaban prestando la seguridad al personal del CTI que adelantaba la toma de testimonios a las víctimas en una caseta al aire libre a ojos y oídos del Ejército.

En algunas casas todavía había manchas de sangre y la Fiscalía ya había instalado 18 banderas rosadas para indicar la presencia de material probatorio. A pesar de eso, la Fiscalía no acordonó ningún lugar del Alto Remanso. Ni siquiera la caseta comunal, donde más se sintieron los disparos y cerca del lugar donde cayeron dos víctimas. Tampoco lo estaba el prostíbulo, en donde todavía había cobijas tiradas en el piso y algunos rastros de sangre. Los únicos que acordonaron, apenas una casa, fueron cuatro investigadores de la Agencia Nacional de Investigadores Privados, contratados por la Fundación Liderazgo y Paz.

Ante esto, la Fiscalía nos respondió que, al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con “un terreno de gran extensión de área para procesar. (…) Es importante entender que el abordaje de escenas del crimen abiertas, como la de este caso, tiene dificultades particulares, dado que no se puede perturbar la cotidianidad y comodidad de los habitantes. Un acordonamiento general de todos los caseríos hubiese exigido necesariamente desocupar todas las viviendas y desplazar a los moradores, causando un desarraigo temporal de la comunidad”. Desarraigo que los mismos habitantes ya habían vivido, ya que pudimos comprobar que al menos 200 personas dejaron sus viviendas, vidas y pertenencias abandonadas después del día del operativo. La Fundación Liderazo y Paz, que acompañó la misión, confirmó que en la vereda apenas habían quedado unas 20 personas después de ese día.

La desconfianza de la población era latente. Habían visto llegar a los investigadores de la Fiscalía en helicópteros militares y temían contar sus testimonios frente a ellos. Los militares paseaban por la vereda sin prudencia y al menos uno de ellos tenía una cámara de video integrada a su casco. (Ver foto). Ese día arribaron, en lanchas de la Armada, tres generales: el brigadier general Óscar Alexánder Tobar Soler, jefe del departamento jurídico integral del Ejército; la mayor general Paulina Leguizamón, subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y el general Juan Carlos Correa, comandante division de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército. La gente susurraba que se sentía intimidada.

Los habitantes temen por sus vidas por la estigmatización de la que están siendo víctimas. Uno de los sobrevivientes cuenta que, “no siendo suficiente con haber asesinado población civil, después de la masacre hemos sido víctimas de detenciones en otras veredas, nos preguntan por los grupos armados y hasta nos han quitado nuestros enseres sin razón alguna”. Mientras tanto, en Alto Remanso quedan escasas 20 personas que no se desplazaron por el miedo a perderlo todo. El día que retornaron para contar su historia llovía intermitente en la vereda. Al caer la tarde, el cabildo volvió a quedar casi desocupado.

Por Valentina Parada Lugo