Las formalidades de Duque que se deshacen en la realidad
RÉPLICA DE LA OPOSICIÓN AL PRESIDENTE IVÁN DUQUE EN SU PRIMER AÑO DE GOBIERNO
20 julio de 2019.
Cordialísimo saludo a todas las colombianas y los colombianos:
Por decisión de las bancadas declaradas en oposición en el Congreso al gobierno del Presidente Iván Duque, me correspondió presentar nuestro balance a su primer año de gestión, análisis que empiezo señalando que los hechos, los tozudos hechos, confirmaron que tuvimos la razón cuando decidimos no votar por él para Presidente de la República ni hacer parte de las fuerzas políticas que respaldan a su administración. Habríamos traicionado a nuestros electores, a los colombianos y a nosotros mismos si, a cambio de alguna prebenda oficial, hubiéramos actuado de otra manera.
Porque nada de lo propuesto ni decidido por este gobierno permite concluir que habrá cambios de importancia en las lamentables condiciones de vida y de trabajo de las grandes mayorías nacionales, el fin primerísimo de toda administración que se precie de democrática. Estamos ante otro gobierno continuista en el exclusivo beneficio de los mismos con las mismas. Y dejo constancia de que lo que nos molesta no es que algunos les vaya bien, sino que a tantos les vaya mal.
No solo se han empeorado las cifras que miden el desempleo y la economía del rebusque, sino que deben deteriorarse aún más. Porque están prendidos en rojo todos los indicadores que miden el estado de la economía y por tanto de las condiciones sociales, tal y como lo han alertado hasta conocidos analistas que coinciden en no poco con las ideas del Presidente Duque, quienes sustentan sus análisis en los problemas de los déficits fiscal y de las cuentas externas, del estancamiento económico y las deudas de toda índole, de la baja de la confianza y el consumo y hasta de la insuficiencia estructural de la demanda externa. Y porque el llamado Plan de Desarrollo –en realidad de subdesarrollo– mantiene las causas de la crisis nacional.
Ahí siguieron iguales, como si todo fuera perfecto, las políticas que nos han puesto a importar 14 millones de toneladas de productos del agro y que tienen en el camino hacia su ruina a productos tan claves como el arroz, la leche y la panela. Se empeña además el presidente Duque en que el país importe los bienes industriales que estamos en capacidad de producir, como ocurre con las confecciones –clave en el empleo femenino–, en tanto insiste en sostener, aunque no lo puede demostrar, que será la minería la que saque el país adelante, equivocación que lleva a los peores proyectos mineros –como los del fracking– y agredir muy duro el medio ambiente. Y tampoco se les dan soluciones a los numerosos problemas de los transportadores.
Se equivocó también, y mucho, el presidente Duque con su reforma tributaria en favor de poquísimos y muy poderosos intereses y contra los sectores populares y la clase media. Fue tan garrafal el error, que esta puede ser la única reforma tributaria que no recaudó más sino menos recursos, disparate que llevó a Alberto Carrasquilla y a Iván Duque a usar el plan de subdesarrollo para reducirles los subsidios a los más pobres y elevarles los gravámenes, otra vez, a la clase media empleada y empresarial. Y falló también con la ley de las TIC –de las telecomunicaciones–, diseñada contra la libertad de expresión, la producción y el trabajo de los colombianos en este sector y el progreso de la cultura nacional, verdades que ponen su sitio las fábulas de la economía naranja.
Que no hagan demagogia entonces con crear más y mejores empleos y buenas condiciones para pensionarse como debe ser, y menos con reducir la desigualdad en Colombia, uno de los países del mundo con peores indicativos en este campo, mácula que tampoco conmueve al presidente Duque, porque ni la menciona y menos se propone modificarla.
Tampoco plantea este gobierno cambios de fondo a las pésimas políticas de salud y educación que vienen de atrás. Seguirán los colombianos enfermándose y muriéndose de males que la medicina sabe curar, al igual que continuarán la crisis de los hospitales públicos y las clínicas privadas y las pésimas condiciones laborales de los médicos y demás trabajadores de la salud. Y se mantendrá una política educativa que excluye a los hijos de los más pobres y condena a la clase media a reventarse para pagar una educación privada que suele ser cara y mala y no conduce a empleos de calidad, negándoles así a millones el principal mecanismo de ascenso social en una sociedad como la colombiana.
Nada hay tampoco en el Plan de subdesarrollo que enfrente con seriedad la corrupción que se enseñorea en el país, haciéndole daños mayúsculos de todo tipo. Es más: el presidente Duque le facilitó a su partido sabotear la consulta anticorrupción y, una vez cerca de doce millones de colombianos la respaldamos en las urnas, hizo el ademán de respaldarla, pero en realidad no puso el peso de su poder para hacer que las fuerzas políticas que lo eligieron la aprobaran en el Congreso. Ahí está como prueba la indignación nacional porque se mantienen los pagos exagerados a los congresistas y porque un puñado conserva el privilegio de no pagar en prisión las penas por sus delitos.
Constituye también un desatino del gobierno empecinarse en la orientación del ministerio de Defensa, dada la desconsideración, para decir lo menos, con la que se han tratado hechos de violencia que horrorizan a los colombianos y los graves problemas conocidos en la fuerza pública, a los que pretenden aplicarles el tapen-tapen.
Especialmente mal cayeron dos posiciones del presidente Duque, inspiradas en la destructora idea de que en política todo vale. El haber nombrado y atornillado en el ministerio de Hacienda a Alberto Carrasquilla, a pesar de que había pruebas de sobra para concluir que no era digno de ese cargo. Y haber ayudado a sostener –con el respaldo de todos los mismos con las mismas– a Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación, el peor que hayamos padecido los colombianos, según lo demostraron hasta la saciedad sus conductas en el caso Odebrecht. Su compadrazgo con Martínez, impide ser optimistas sobre la persona que el presidente Duque escogerá para reemplazarlo.
Se equivoca también en exceso el presidente Duque –en acuerdo con el senador Uribe y su partido– cuando se empecina en no cumplir, o hacerlo a medias y a regañadientes, las normas constitucionales y legales sobre el proceso de paz. Y más cuando maniobra para desacreditarlo por los actos de los pocos que no han cumplido, en vez juzgarlo por los actos de los muchos que sí lo han hecho y por el resultado demostrado hasta la saciedad de que sí se redujo en grande la violencia en el país. También les hace mucho daño a los colombianos usar el poder del Estado para desacreditar con argucias a la Justicia Especial de Paz y a la Corte Suprema de Justicia. Pésima la idea del presidente Duque y la de sus conmilitones políticos de convertir en política electoral de corto vuelo asuntos tan caros para Colombia.
E igual puede afirmarse de su política exterior, incluso hasta el punto de aceptar someterse al trato indigno que le ha dado el presidente de Estados Unidos. Y se equivoca también cuando exacerba al país con la fumigación con glifosato, cuyos efectos dañinos son reconocidos en todo el mundo, y más porque dice o insinúa que así se acabará con el flagelo del narcotráfico, cuando el pacto que él realizó con el gobierno norteamericano no se propone a acabar con los cultivos de coca y el narcotráfico sino reducirlos a las mitad entre ahora y el 2023, al fin de su gobierno, de manera que con toda certeza se mantendrá abastecido el gran negocio aquí y en el exterior y sus impactos negativos continuarán iguales.
Es errada también la idea del presidente Duque de irritar y dividir a los colombianos –así a sus amigos eso también les reporte unos cuantos votos en octubre– con el caso de Andrés Felipe Arias. Porque su retórica está montada sobre el descrédito de la justicia y la falacia de que no ha habido debido proceso, a pesar de que han decidido en contra del exministro la Fiscalía, la Corte Suprema, la Procuraduría –¡la de Alejandro Ordóñez!–, la Contraloría, el Consejo de Estado y la Justicia Norteamericana, que no le concedió el asilo que solicitó cuando se fugó, porque no le aceptó su teoría de que era un perseguido político. Y porque su pretensión sobre una segunda instancia para Arias es de notoria inconveniencia nacional, en razón de que si se aprueba llevaría al Congreso al colmo de su descrédito, una vez los colombianos descubran que se cambia la ley para concederles nuevos privilegios a los pocos que ya han disfrutado de otras grandes gabelas frente a la Justicia.
Por último, insistir en nuestro llamado a hacer de Colombia un país que cree más riqueza en todos los sectores y la distribuya mejor, que responda a los reclamos democráticos de empleo, ingreso, salud, educación y medio ambiente, que trate con toda consideración y respeto a las mujeres, a los indígenas y a los demás sectores discriminados y maltratados de tantas maneras en esta sociedad enferma y que enfrente a los corruptos de todas las condiciones sin vacilaciones ni acomodamientos.
Reiterar además la necesidad de que con especial dedicación y urgencia, entre todos, logremos que cesen los asesinatos de los líderes sociales, y de los colombianos de cualquier condición, porque nadie puede arrogarse como un derecho asesinar a alguien, la primera condición para construir la sociedad civilizada y democrática en la que hay que convertir a Colombia. Salgamos por tanto todos a marchar este 26 de julio –y cuando digo todos me refiero a todos– contra el asesinato como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos.
Colombianos: Cuenten con que así se persista en la agresiva y falaz campaña de la que somos víctimas por parte de algunos de nuestros contradictores, no renunciaremos a nuestras convicciones ni a luchar democráticamente en pos de hacerlas realidad. Porque estamos seguros de que son ellas las que conducirán a nuestra querida Colombia a ser la patria amable de todos quienes vivimos en este hermoso y riquísimo territorio.
Muchas gracias.
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