Las exigencias de Leyner Palacios al presidente Iván Duque
Bogotá, 8 de enero de 2020
Doctor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Respetuoso saludo
En respuesta a la invitación que usted me ha dirigido para dialogar directamente, y también a participar en la reunión de la “Comisión Nacional de Garantías de Seguridad” sobre la situación de Bojayá, le manifiesto lo siguiente:
1. Agradezco esta invitación, la cual he aceptado y por ello he venido en mi condición de líder comunitario, en particular como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico – CIVP, la cual está conformada por organizaciones étnico-territoriales de afrocolombianos e indígenas de los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Por tanto, no vengo a hablar únicamente de mi situación personal y familiar por la amenazas de muerte que recibimos de los paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC”, sino de la crisis humanitaria que padece Chocó y todo el litoral Pacífico.
2. El pasado 17 de noviembre de 2019, con ocasión del sepelio colectivo de las víctimas de Bojayá, una vez se logró la identificación de sus restos mortales, le enviamos una carta, la cual se anexa, en la que le expresamos que los hechos lamentables de los años 2004 se estaban repitiendo en nuestra región. Allí manifestamos lo siguiente:
“Ya han transcurrido 15 años y esta misma situación se repite, con la variante de que, gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC- EP han salido del territorio, pero ante la falta de implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil. De la misma manera, el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos.
Lo anterior, señor Presidente, se fundamenta en los siguientes hechos:
1. La Defensoría del Pueblo en el periodo de su gobierno, ha emitido dos Alertas Tempranas y cinco Informes de Consumación de Riesgos, dirigidos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), visibilizando la situación de Bojayá.2. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha documentado e informado sobre hechos violatorios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra de la población étnica, específicamente en el municipio de Bojayá.
3. Las organizaciones afros, indígenas y la Diócesis de Quibdó durante el periodo de su gobierno, han emitido diferentes comunicados y denuncias a la opinión pública, sobre la grave crisis humanitaria que viven los pobladores del municipio de Bojayá (ver anexo Informe sobre la grave crisis humanitaria, social, económica y ambiental en el departamento del Chocó en la página web:choco.org).’
Desafortunadamente el pasado 31 de diciembre, como también lo denunciamos oportunamente, se presentó la toma paramilitar de más de 300 hombres armados a la comunidad de Pogue y otras comunidades vecinas del río Bojayá, con este hecho se acrecentó el horror dado que en algunas comunidades, meses anteriores, este grupo armado ha agredido física y sexualmente a mujeres, entre otras acciones.
Los firmantes de dicha carta aún estamos esperando su respuesta.
3. La actuación de los grupos paramilitares de las AGC se realiza en connivencia con la Fuerza Pública asentada en el río Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico, esto contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de intervención la legalidad.
4. El copamiento del territorio por parte de la guerrilla del ELN se ha ampliado generando zozobra y riesgo eminente en nuestras comunidades por sus acciones de guerra como la creciente instalación de minas antipersona.
5. La situación de crisis humanitaria de Bojayá se extiende a todo el Pacífico donde se padece los desplazamientos forzados, las amenazas a comunidades enteras y líderes sociales hasta llegar en continuas ocasiones a la muerte de varios de ellos, como se documenta en los anexos que se presentan.
6. Es preocupante que ante esta inseguridad la explicación exclusiva por parte de funcionarios del Gobierno Nacional sea la del narcotráfico, pues es sabido que históricamente este conflicto en la región además del narcotráfico ha estado asociado a la implantación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura. Por ello, la solución a esta inestabilidad humanitaria, social y económica requiere partir de la autonomía sobre el uso y control del territorio por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos de la región.
Respuestas esperadas:
a) Es un consenso de todo el movimiento de las organizaciones sociales y éticoterritoriales de la región del Pacífico y de sus acompañantes como la Iglesia Católica de la región, que esta situación de inseguridad e inestabilidad social solo se puede resolver de fondo si se avanza en la consolidación del Proceso de Paz. Lo cual implica, señor Presidente, que todo lo pactado en el Acuerdo de Paz se implemente de manera completa en la región: la Reforma Rural Integral, empezando por los PDET, el fortalecimiento de la participación política de las comunidades a través de las Circunscripciones Electorales Especiales, la reforma política, las garantías de protección integral a los reincorporados y comunidades, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la persecución efectiva de la cadena del narcotráfico.
Las comunidades estamos prestas a participar de manera efectiva en esta implementación según lo definido en el Capítulo Étnico del mismo Acuerdo de Paz.
b) El otro componente para restablecer la seguridad y normalidad en la región es retomar la resolución del conflicto armado mediante la vía negociada, en consecuencia, es necesario que se abran caminos concretos de diálogo con la guerrilla del ELN, expresado en la reapertura de la Mesa de Negociación, en condiciones que sean viables y con gestos bilaterales que creen la confianza necesaria en toda negociación.
c) Es perentorio, como lo expresé recientemente en mi columna de opinión, que se genere condiciones normativas para que se retome el acogimiento colectivo a la justicia por parte de las AGC. Además de poner en marcha acciones concretas de desmantelamiento de esas estructuras que, como ya se ha dicho, actúan en connivencia con miembros de la Fuerza Pública.
d) De manera particular, para el futuro de una sociedad en paz, se requiere desvincular a los niños y niñas del conflicto, de tal manera que se acabe el reclutamiento de menores por parte de las fuerzas irregulares y la manipulación de los niños y niñas por sectores de la fuerza pública.
e) Se requiere hacer una investigación exhaustiva a las diferentes expresiones de la Fuerza Pública para identificar los patrones de connivencia con el paramilitarismo y que se actúe en consecuencia con la ley. Solicitamos que esta tarea sea adelantada por la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
f) Para precisar las medidas de seguridad y protección de las comunidades de la región del Pacífico solicitamos que de manera urgente se haga una misión a los centros de Turnaco, Guapi, Buenaventura, Istmina, Quibdó, Apartadó, Riosucio, Bojayá y Bahía Solano liderada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que además la integren el Gobierno Nacional, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, Comunidad Internacional y Organizaciones ÉtnicoTerritoriales y Sociales, para identificar las acciones específicas y el seguimiento de compromisos acordados, como por ejemplo, las medidas de protección colectiva pactadas con los líderes de Buenaventura y de Chocó.
Finalmente, señor Presidente, las comunidades pedimos respeto a nuestros testimonios, pues ante la actual crisis de Bojayá, el Ejército Nacional y otros funcionarios del Gobierno Nacional han estado desmintiendo y minimizando la palabra de quienes vemos y padecemos la presencia, en número, zonas y agresiones de los actores armados en la región. Con lo cual se evade responsabilidad por parte del Estado y se pone en mayor riesgo a la población civil, se genera daño a la legitimidad del mismo Estado por la pérdida de la confianza entre éste y las comunidades que quedan en condición de vulnerabilidad.
Señor Presidente, espero que sobre cada uno de estos puntos se pueda realizar nuestra conversación.
Atentamente,
Leyner Palacios Asprilla
Líder social de Bojayá
Secretario Ejecutivo Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-ClVP
Anexos:
• Carta abierta la Presidente de la República sobre el inminente riesgo de una nueva masacre en el municipio de Bojayá, con fecha del 17 de noviembre de 2019.
• Comunicado de la CIVP “Ya se había denunciado: otra vez Bojayá se encuentra entre fuegos”, con fecha de 2 de enero de 2020.
• Comunicado de la CIVP “Rechazamos amenaza de muerte a Leyner Palacios”, con fecha de 3 de enero de 2020.
• Comunicado CIVP y CRP sobre amenazas a lideresas de Buenaventura, con fecha de 12 de junio de 2019.
• Documento de Asocoetnar “Contexto sobre la situación de algunos líderes en el pacífico Nariñense” con fecha de 7 de enero de 2020.
• Documento Cococauca “Situación humanitaria en la Costa Pacífica del Cauca”, con fecha de 30 de julio de 2019.
• Documento de Veeduría de Derechos Humanos Paro Cívico de Buenaventura “Acción urgente por amenaza e intimidación a lideresas sociales de Buenaventura” con fecha del 11 de junio de 2019.
• Acción urgente del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, con fecha de 26 de julio de
2019.
• Comunicado “Ni una gota más de sangre en Bojayá” con fecha de 5 de enero de 2020. Comunicado de los Obispos del Pacífico y Suroccidente de Colombia “Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo”con fecha del 28 de noviembre de 2019.
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Imagen: La FM.