Las cicatrices que dejó bombardeo del Ejército en tierra embera
“No pueden tomar agua del río Jiguamiandó porque está envenenada por el plomo de las bombas y las balas del Ejército”, reza la orden del gobernador de la comunidad embera Alto Guayabal, en el Urabá, límites entre Antioquia y Chocó.
EL TIEMPO acompañó a una misión humanitaria al territorio indígena que el Ejército atacó por error.
Todo después del bombardeo de la madrugada del 30 de enero pasado, en el cual resultaron dos indígenas heridos, uno de gravedad, en una operación militar de la Séptima División del Ejército contra la guerrilla y que terminó en una “desafortunada casualidad”, como la califica el general Hernán Giraldo, comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa (Antioquia).
Frente al hecho, el viernes pasado EL TIEMPO acompañó hasta el sitio a una misión humanitaria para verificar las consecuencias del error militar y las condiciones de los habitantes del resguardo Urada-Jiguamiandó.
La comisión la conformaron autoridades indígenas regionales y nacionales, delegados de las agencias de la ONU para los Derechos Humanos y para los refugiados (Acnur), Defensoría del Pueblo, las ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Después de dos horas en carro por una trocha olvidada, cuatro horas de camino a través de la espesa selva y de cruzar varias cañadas, en un recodo del río Jiguamiandó se apreciaban los vestigios del bombardeo.
Comunidad atemorizada
Mientras algunos alguaciles de la Guardia Indígena se apresuraron a recoger pedazos de plomo y de las coberturas de las bombas, se veían los rastros de las ráfagas en los tallos y otros árboles caídos por el efecto de las explosiones.
Tras cruzar el río, había dos huecos producidos por las bombas sobre un cultivo de maíz y “primitivo”, como llaman los embera a un pequeño banano dulce. A 50 metros se veía un tambo destechado, objetivo del operativo militar.
En ese lugar, a las 3:30 a.m. de ese sábado, Marta Ligia Bailarín preparaba la comida para José Nérito Pubiano, quien salía en comisión para el Carmen del Darién, antes de que las ráfagas los alcanzaran. Allí además dormían un niño de 8 años, otro de apenas 20 días de nacido, hijos de Bailarín, y su sobrina Celina Majoré, de 17, quien huyó y dio aviso en la comunidad. “Cuando quedó herido José, salté al suelo y salí corriendo con el recién nacido y el niño. Casi nos alcanza una de esas cosas que caían del cielo y explotaban, contó Celina a través de su padre, pues ella no habla español.
Por primera vez esta embera volvió al lugar tras el bombardeo a contar a la comisión lo ocurrido. En sus pocas palabras revela el temor que aún tiene y que comparte la comunidad de Alto Guayabal.
Esta comunidad retornó hace dos años luego de abandonar sus ranchos, cultivos y animales en el 2000, según cuentan los líderes, estaban en riesgo por los ametrallamientos cerca de sus viviendas en medio de los intensos combates entre Ejército y guerrilla y por la desaparición de tres de los suyos.
Minutos después del bombardeo, del 30 de enero las Fuerzas Militares recogieron en helicóptero a los dos heridos para recibir atención médica. Hasta ayer seguían hospitalizados en Medellín y aún está por verse si Rubiano no quedará parapléjico por el disparo que recibió cerca de la columna.
En la mañana del mismo sábado un centenar de indígenas visitaron el lugar del bombardeo y reclamaron a los militares presentes por la incursión dentro de su resguardo y el ataque a una vivienda indígena. Según un GPS (Global Position System) llevado por la comisión, este tambo está a 1,3 kilómetros en línea recta desde el asentamiento indígena de 330 habitantes.
Reconocen responsabilidad
“Aceptamos nuestra responsabilidad en el hecho como se lo explicamos a la comunidad. Pero eso no es una vivienda sino un reservorio a donde la noche anterior fueron los indígenas a recolectar comida y se quedaron a dormir, con tan mala suerte de que teníamos la información de la llegada a ese sitio de terroristas del frente 34 de las Farc”, explicó el general Giraldo.
Agregó el alto oficial que es el primer caso que se presenta en 18 meses de operaciones en la zona y que se reunirán en los próximos días con las autoridades indígenas para conciliar, “porque no podemos suspender las operaciones, pero queremos reducir las molestias que les causamos”.
Es materia de investigación el número de bombas lanzadas y si el bombardeo fue dentro del resguardo como alegan las autoridades indígenas. EL TIEMPO trató de precisar esos aspectos con el general Alberto Noriega, comandante de la unidad de la Fuerza Aérea que realizó el operativo, pero éste no se refirió al tema.
“Lo que hay disponible en cartografías es dónde están los asentamientos, pero no los límites de los resguardos. En este caso medimos el riesgo de comunidades cercanas y era bajo, pues era en una zona selvática donde no tenemos registro de viviendas”, explicó.
Ambos oficiales informaron que un juez penal militar ya abrió la investigación, que están en curso procesos disciplinarios y administrativos y que el Ministerio de Defensa evaluará para reparar “los daños colaterales”.
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) informó que ya prepara una denuncia penal contra los responsables y militares del operativo, así como una demanda contra el Estado para que haya una pronta reparación a los afectados.
Para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el incidente es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y anunció que buscarán que el proceso penal se adelante por la justicia ordinaria.
Mientras tanto, el gobernador de Alto Guayabal, Luis Cuñampa, solo tiene una cosa clara: “Este es nuestro territorio, no queremos ni gorogoros (soldados), ni neademas (guerrilleros,) ni mochitas (paramilitares) en el resguardo. No nos vamos a ir otra vez, si toca morir, morimos aquí”.
JUAN FERNANDO ROJAS
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
ENVIADO ESPECIAL AL ALTO GUAYABAL (CHOCÓ)