Las cárceles como escenarios de formación

La abogada penalista y defensora de derechos humanos Gloria Silva Tovar, en entrevista con Colombia Informa, explicó cómo los diplomados de derechos humanos que se están dictando en las cárceles La Picota, Palogordo y el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta -Cocuc- son experiencias de formación para que los presos comprendan temas como la política criminal, los derechos humanos, las leyes, entre otros.

Colombia Informa: ¿De qué se trata la experiencia de los diplomados en las cárceles?

Gloria Silva: Los diplomados, o más bien las cátedras sobre derechos humanos desde diferentes perspectivas con la población privada de la libertad, surgen de la necesidad de generar escenarios de formación, para generar mayor capacidad en la población reclusa a la hora de entender y defender sus derechos en el contexto en el que se encuentran.

Por otro lado, también se trata de generar una mayor vinculación de la academia con esta población que ha sido una población históricamente excluida y, teniendo en cuenta todas las limitaciones que existen al interior de la institucionalidad, llevar a cabo verdaderos programas amplios que ayuden a ocupar y a generar mayor capacidad de reflexión, de análisis para las personas privadas de la libertad. Pensamos que es un avance muy importante para ayudar a concretar todo el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos, también de las universidades por esta población excluida y bastante estigmatizada a nivel nacional. Creemos que los diplomados son una experiencia que apenas inicia, por lo menos de nuestra parte como defensores de derechos humanos.

Estos diplomados son de dos tipos, uno tiene que ver con un análisis de la situación en general de la crisis carcelaria pero por otro lado también es necesario generar una reflexión sobre lo que es el delito, los distintos tipos de criminalidad, el respeto a los derechos de las víctimas, y en el actual contexto nacional mirar como juega todo esto en lo carcelario, creemos que la población reclusa debe generar este tipo de análisis y reflexiones con miras a aportar a la construcción de la política criminal que respete tanto los derechos del procesado como de las víctimas.

C.I.: ¿En qué cárceles se realizó o se está realizando este proceso?

G.S.: La primera experiencia fue exitosa y se realizó en la cárcel de La Picota, en Alta Seguridad, fue una población reclusa diversa quiero decir que habían presos comunes, miembros del paramilitarismo, miembros de las insurgencias, población LGBTI, lo que permitió una gran riqueza en los análisis y en los debates que se llevaron siempre con mucha altura. En general fue una buena experiencia de integración al interior de la misma población reclusa que permitió entender, desde una misma línea, las distintas problemáticas que se generan en la población reclusa. Lamentablemente no se pudo realizar con la totalidad de funcionarios deseable porque creemos que es importante también ampliar esos espacios de formación a la guardia penitenciaria y al personal administrativo.

C.I.: ¿En ese espacio participaron reclusos y funcionarios?

G.S.: Pero del área administrativa que lamentablemente no pudieron seguir todas las clases por sus horarios. Se hizo un esfuerzo para que ellos conocieran los contenidos del diplomado y aportar, de una forma diferente, al espacio. Algo similar se está realizando ahora en Palogordo y es distinto al diplomado que iniciaría en Cúcuta, porque allí el punto fuerte será la perspectiva del derecho de la justicia desde las víctimas y desde la población que se encuentra privada de la libertad que se entiende ha incumplido la ley.

C.I.: ¿Cuál sería la diferencia entre este diplomado y el que inicia?

G.S.: El primero buscaba un análisis de la política criminal en Colombia desde todas sus incidencias en el ámbito carcelario, de lo que se llama el tratamiento penitenciario y el respeto de derechos en el encierro como tal, a la vez que la política criminal primaria, es decir, toda la criminalización o lo que se penaliza por parte de Estado, cuáles son los objetivos. Se trataba de analizar lo que se ha planteado, incluso por la Corte Constitucional y por el Consejo de Política Criminal, en el desarrollo de la política criminal en Colombia en los últimos años, que realmente es la que ha desatado toda esta crisis. Esto va más allá del tratamiento como tal en las cárceles (que para nada es resocializador sino más bien retributivo) sino también de la forma como se viene generando una política desorganizada, punitivista, populista, etc.

Ese fue el análisis y el gran aporte que se hizo en este diplomado, que tiene que ver con la construcción de algunos elementos que se incorporaron al proyecto de ley que busca generar un avance inicial en el desarrollo de una política criminal más garantista al derecho de la libertad.

El diplomado de Cúcuta tiene por objeto desarrollar más el derecho a la justicia desde los distintos tipos de criminalidad que existen en Colombia, porque no toda la criminalidad tiene la misma connotación. Con eso nos preguntamos si la justicia es actualmente igual o impunidad es igual a no cárcel y, si no es así, cómo jugarían los derechos de las víctimas en contraste con los derechos de los procesados o de las personas que han sido privadas de la libertad.

C.I.: ¿Cuál ha sido la respuesta de los participantes a estos diplomados o cátedras?

G.S.: Muy buena. La experiencia, que no solamente ha enriquecido a la población reclusa sino pues a las mismas organizaciones de derechos humanos y a la academia, nos permitió entender cuáles son los intereses y las perspectivas de la población reclusa. Ellos y ellas empiezan a entender, e incluso a teorizar, su cotidianidad y esto ha generado procesos muy interesantes al interior de las cárceles. También es importante resaltar que aquí ha habido mucha voluntad no solo de la academia y de los docentes sino que debemos reconocer que ha habido un interés del INPEC para que esto se pueda llevar a cabo.

Esto es realmente algo nuevo. No había sido posible desmontar la prevención de las organizaciones de Derechos Humanos y este escenario nos dio la posibilidad de generar una mayor coordinación. No obstante, esto no ha implicado para nada que las organizaciones dejen de denunciar las irregularidades, ni que se ceda en la exigencia de derechos al interior de las cárceles. Al contrario, nos ha permitido ingresar de una manera distinta, conocer una realidad carcelaria de una forma más profunda y esto ayuda a construir, más allá de la denuncia, bases para la proposición de políticas alternativas en materia de derechos humanos.

Y por supuesto, en este punto podemos hablar de la importancia que puede la academia que se desarrolla de una manera mucho más participativa y más aterrizada a la realidad de las personas privadas de la libertad. Así como hubo una población diversa en el tipo de delitos que habían cometido, también hubo distintos niveles académicos; eso nos encontramos, que existe un aporte igualmente valioso de profesionales, como de campesinos que no alcanzaban a tener un nivel básico primario de educación formal. Fue posible, a medida que desarrollaba el programa de la cátedra, generar participación de unos y otros en igualdad de condiciones.

C.I.: ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes para este proceso?

G.S.: Hay varias. Las más importantes tienen que ver con las grandes limitaciones que existen en los contextos de encierro. Si bien son entendibles, a veces se sobreponen al desarrollo de este tipo de programas. Por ejemplo, en algunas ocasiones no se permitía las salidas de las personas a los patios para llegar a la cátedra. En general fueron dificultades solventadas en medio del diálogo y la participación con las mismas autoridades penitenciarias.

C.I.: ¿Existen tensiones en medio de estas charlas, bien sea con el INPEC o por los mismos controles internos de las cárceles?

G.S.: Francamente en el desarrollo de las discusiones se dieron, por supuesto, posturas distintas pero siempre fueron discusiones respetuosas. Parte de la función del docente, más si se considera que estas cátedras están desarrolladas con la Universidad Pedagógica, era generar una pedagogía distinta y formar a la gente en algunos elementos básicos para cumplir las metas en términos del contenido al interior de sus propios espacios carcelarios. Fue tan amplia la primera experiencia que habían caciques, población LGBTI, paramilitares, insurgentes, población recluída por delitos comunes; incluso un militar. No obstante, las tensiones nunca llegaron al punto del fracaso o a generar dificultades que pusieran en jaque el desarrollo de los contenidos o del programa.

C.I.: ¿En las las cátedras participan estudiantes de la Universidad Pedagógica?

G.S.: No, no estaba previsto de esa manera. Logramos que, como parte del apoyo logístico o en algunos aspectos del desarrollo del programa, se fueron vinculando otras personas como estudiantes y demás, pero no necesariamente de la Universidad Pedagógica sino personas que vienen sensibilizándose en la defensa de los derechos humanos que apoyaron el desarrollo del programa.

Fuente: http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/09/entrevista-por-colombia-informa-gloria.html

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