La violencia sociopolítica, una realidad colombiana abordaje desde la psicología jurídica

La violencia es más antigua que las leyes y es eso justamente lo que ha dado pie a la necesidad de la creación de las leyes como acuerdos necesarios en la sociedad para intentar vivir en armonía, sin embargo, cuando se habla de violencia en general estamos refiriéndonos a múltiples formas, entre estas podemos resaltar la violencia de género, la violencia familiar, la violencia infantil, la violencia en las calles, entre otras menciones que se podrían hacer, no obstante, y en aras de ir delimitando la temática que se quiere exponer, se hará referencia a un tipo de violencia que se denominará VIOLENCIA POLÍTICA.

Hada Luz García Méndez

“Nací para vivir. Me niego a esta pequeña muerte. Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven.

Que importan sus nuevos nombres!”

JR

Al referirse a la violencia política se hará desde la perspectiva asumida desde diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia y que basan su trabajo en el apoyo y acompañamiento a víctimas de dicha violencia. Por ejemplo, el Banco de Datos del CINEP en la Revista Noche y Niebla No. 39 de 2009, define la Violencia Política como

aquella ejercida como medio de lucha Político – Social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado” (pág. 6).

La Corporación AVRE en el Módulo Salud Mental y Derechos Humanos del Proceso de Formación de Terapeutas Populares y Multiplicadores en acciones psicosociales en un contexto de violencia sociopolítica, según Camilo (2002), habla de la Violencia Sociopolitica como una “relación de fuerza entre dos o más partes en la que una parte pretende mediante el daño lograr un propósito y esta acción tiene un efecto en la persona y en quienes la rodean” (pág. 14). El Grupo de Trabajo Pro Reparación Integral en el material pedagógico Voces de Memoria y Dignidad, en el módulo Aspectos psicosiciales de la reparación integral, Gómez (2006) habla de la Violencia Sociopolítica la Violencia Sociopolítica como “aquella que tiene la intencionalidad de producir daño mediante la fuerza, para afectar las capacidades individuales y colectivas de la construcción de alternativas democráticas” (pág. 16)

Tomando aportes de las anteriores definiciones se asumirá la Violencia Sociopolítica como un tipo de violencia premeditada, organizada y sistemática que tiene unos objetivos claros ya sean políticos, económicos, sociales para dominar a través del terror a un grupo de personas organizadas o no que por su rol en la sociedad no les es útil (a quienes ejercen dicha violencia) para el modelo de sociedad que pretenden.

Una de las estrategias más usadas en la Violencia Sociopolítica es el terror como mecanismo de guerra para doblegar la voluntad de las personas, siendo el miedo la emoción que impera ante la constante violación de los derechos humanos y el irrespeto por la vida.

En cuanto a la Violencia Sociopolítica en Colombia se puede dar cuenta de más de medio siglo de dicha violencia la cual ha afectado a individuos, familias, comunidades y en general a la sociedad. La precariedad del Estado en relación con la administración de justicia ha hecho que se recurra en muchas oportunidades a la justicia por la propia mano generando así un círculo de violencia que sumado a las causas estructurales de ésta hacen caótica la convivencia en sociedad. En este sentido se encuentran historias de vida marcadas por una carrera delictiva como consecuencia de múltiples factores incluyendo desde las influencias que pueda tener la genética hasta lo que se aprende inmerso dentro de una cultura. Lo anterior no pretende generalizar las situaciones, ni las respuestas de las personas en el sentido que lo menciona Garrido en donde lo individual y lo interpersonal juegan un papel importante en la disminución de los factores de riesgo. (Garrido, 2006)

Muchas víctimas a quienes se les han violado sus derechos en más de una ocasión y aún causándoles daños importantes en sus vidas, han tomado una vía distinta a la de la justicia por la propia mano, entendiendo que ésta no es la salida ni la respuesta a la violación de sus derechos, por lo cual se han organizado, han denunciando e iniciado un camino de búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

A modo de ejemplo de estas expresiones está el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE[1], quienes desde sus propias vivencias y reflexiones plantea que

la permanente y sistemática violación de Derechos Humanos en Colombia se da a partir de las indefiniciones por parte del Estado colombiano en la aplicación de las políticas y medidas adoptadas en los aspectos políticos, sociales y económicos como parte de la defensa de los intereses de clase de burguesía, empresarios, terratenientes y sectores dominantes que han utilizado la violencia como instrumento para perpetuarse en el poder como parte de una política de TERRORISMO DE ESTADO propiciando así la inequidad, la exclusión, la marginalidad y la injusticia social (pág. 10-11)

y aún reconociendo esta dinámica no se desencadena más violaciones como respuesta a la venganza como forma de justicia.

La psicología jurídica tiene un reto en comprender bien cuáles son esos factores individuales que tienen una fuerza importante en la no repetición de las cadenas de violencia, puesto que al comprenderse desde el derecho la carrera delictiva como un indicador para la valoración de la clasificación penitenciaria y de la reincidencia de las personas (Garrido, 000), fácilmente se puede caer en generalizaciones que pueden redundar en la señalización y estigmatización de las mismas víctimas por parte de la sociedad, lo cual le hace estar directamente en una situación de vulnerabilidad (Cabanellas, 1979), por un lado por la violación de la que ha sido víctima pero sobre todo de acuerdo a la idea que se pretende exponer, por la “etiqueta” de víctima, viéndosele entonces y prejuzgándosele como una muy posible persona victimaria. Por otro lado las organizaciones encargadas de orientarlas, responderles por sus peticiones y derechos, terminan ignorándolas, agrediéndolas, maltratándolas, generándose así lo que Soria plantea como la victimización secundaria (Soria 2006), sin mencionar la realidad donde la misma persona en tiempos diferentes por el mismo o diferente actor y es revictimizada. (Desai, Arias, Thompson & Basile, 2002)

Los daños que la violencia ha generado han sido incalculables no solo a nivel individual, familiar y comunitario sino a la sociedad en su conjunto, lesionando la conciencia humana, transgrediendo los límites de lo posible. Muchos de estos delitos se llaman crímenes de lesa humanidad, que según lo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se denomina a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada o cualesquiera actos inhumano que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. (Becerra. C y Oyaga. F)

Uno de los casos de violencia sociopolítica y de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, ha sido el genocidio contra el Partido Unión Patriótica – UP para la década de 1985 a 1996, sin contar actualmente que sobrevivientes de la UP siguen siendo blancos de asesinatos, persecuciones y amenazas. (Cepeda, 2006). Este movimiento político nace en 1985 como resultado de los acuerdos de Paz entre el gobierno y el grupo insurgente de las FARC – EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo). Se pretendía que a este movimiento se sumaran todas las personas sin importar su credo, partido político, ocupación en general su rol, o como el Antropólogo Yesid Campos lo menciona, “comunistas, socialistas, liberales, conservadores, grupos religiosos, ecologistas, independientes, gente del arte y la cultura y todos aquellos interesados en el objetivo de luchar por reformas políticas, económicas y sociales que garanticen una paz democrática” (pág. 15)

Se ha mencionado como genocidio a lo que pasó con la UP, entendiendo como genocidio el destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político como es mencionado en nuestro Código Penal, no obstante, en el proceso de la búsqueda de resarcimiento de los derechos de las víctimas, la Corporación Reiniciar[2] y la Comisión Colombiana de Jurista – CCJ, en representación de las víctimas colocaron la demanda al Estado colombiano por el caso de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y ésta lo admitió en el año 1997 (Antífona, 2005) aunque no se reconoció bajo la figura de genocidio sino como exterminio sistemático puesto que la CIDH se rige por la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual proviene de la Convención Internacional de Genocidio y en ésta no se reconoce el genocidio para grupos políticos.

En el marco del genocidio de la UP aproximadamente se han generado más de 5000 víctimas (Gómez, 2007) en donde se han manifestado diversas expresiones de violencia como las amenazas, los hostigamientos, el desplazamiento, los asesinatos, las desapariciones, las torturas, las detenciones arbitrarias, el señalamiento, entre otras.

Si lo anteriormente expuesto es solo uno de los casos de violencia sociopolítica que se han presentado en Colombia y ha estado delimitado en una década específica, qué podemos dimensionar de las afirmaciones que se hacen de una guerra en Colombia?

Hace dos décadas en nuestro país no se hablaba del impacto psicológico que en las víctimas tienen los hechos violentos y la guerra, menos aún se hablaba del impacto psicosocial y de la necesidad de realizar plantes y proyectos tendientes a realizar planes y proyectos tendientes a recuperar el daño producido. (Castaño, Jaramillo y Summerfield,1998).

Ante el escenario de la Violencia Socipolítica son muchas las disciplinas y las ciencias las que se han preocupado, cuestionado y aportado desde diferentes puntos de vista como la Filosofía, la Antropología, las Ciencias Políticas, la Economía, la Medicina, el Trabajo Social, el Derecho y entre otras tantas la Psicología.

Retomando esta última, la Psicología como ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos se ha ido especializando en saberes para desde allí aportar no solamente en la explicación del comportamiento humano sino las implicaciones que éste tiene en el contexto en que los seres humanos se desenvuelven. Esa especialización no se va dando por generación espontánea sino por las necesidades que se van evidenciando en la realidad de los seres humanos y por la relación que se establece con otras disciplinas y ciencias como la medicina, la antropología, la política, la economía y el derecho. “En cada una de estas intersecciones se genera un intricado acervo de conocimientos, fruto del afrontamiento de los problemas específicos que allí se debaten, a la intersección entre el conocimiento psicológico y el jurídico se denomina Psicología Jurídica PJ”. (Tapias, 2008).

Para hablar de la PJ se han hecho múltiples denominaciones como la Psicología Judicial, Forense, Criminológica, entre otras, sin embargo al hacer referencia a la Psicología Jurídica se entenderá por esta como la que “comprende el estudio, asesoramiento e intervención eficaz, constructiva y prosocial, sobre el comportamiento humano y las normas legales e instituciones que lo regulan” (Tapias, 2008). Ángela Tapias hace una afirmación muy importante a la forma como debemos comprender la Psicología Jurídica al plantear que ésta es un área de conocimiento que como todas las demás desea construir un cúmulo de principios y procedimientos propios y de viable aplicación, pero ajustando la solución a un específico contexto socio – cultural.

En nuestro caso colombiano la Psicología Jurídica debe tener claro el contexto de violencia política del país en donde no solamente no se ha hecho justicia en un altísimo porcentaje de casos y por lo tanto podemos hablar del mantenimiento de la impunidad, sino que hay una sistemática violación a los derechos humanos.

En el caso de la Violencia Sociopolítica, y teniendo en cuenta la realidad expuesta del genocidio de la Unión Patriótica, la PJ tiene grandes retos en cuanto cada uno de los tipos de formas de violencia tienen sus particularidades en los efectos en las víctimas, como en lo vinculantes que son estos crímenes con el Estado puesto que es quien debe proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Esta mención de la responsabilidad del Estado en las diversas expresiones de la violencia es importante hacerla al referirnos a los retos de la PJ ya que las implicaciones y los impactos en las víctimas son diferentes por lo tanto la soluciones deben corresponder a estas. Sin pretender desarrollar ampliamente este tema, no se deja pasar por alto que la afirmación se hace por las constantes quejas de las víctimas cuando van a denunciar y refieren que su victimario es el Estado no solamente no se les cree fácilmente sino que son objeto de revictimización siendo amenazadas, perseguidas y en el peor de los casos también asesinadas.

La Psicología Jurídica tiene varios campos de acción como asesorar, peritar, evaluar, prevenir, intervenir y capacitar y cada uno de estos se pueden desarrollar de acuerdo al ámbito en que desee como profesional aportar a la sociedad. En el caso del trabajo con víctimas de la Violencia Sociopolítica es importante mencionar que como profesionales debemos adoptar una postura ética en nuestro quehacer partiendo por un lado que el trabajo se desarrolla con seres humanos dignos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de desventaja frente al sistema político, económico y social, una desventaja que les significa dobles esfuerzos para poder demostrar su situación, para acceder a sus derechos, para poder reincorporarse socialmente y más cuando se trata del tema del desplazamiento. Por otro lado y teniendo en cuenta la dignidad de las personas el quehacer de un profesional en PJ no debe estar marcado por la lástima o el pesar sino basado en principios como el respeto y la solidaridad. Y finalmente dentro de las ideas que se pretenden plasmar en cuanto a la posición ética del profesional en PJ, éste partir de un deseo de construcción de sociedad justa, lo cual implica apostarle a los procesos de búsqueda de justicia, no una justicia de papel sino real.

En cuanto a la posibilidad de que la Psicología Jurídica pueda asesorar, es claro que dicha asesoría no solo seria válida para las víctimas y las organizaciones que las acompañan sino también para los victimarios y para las organizaciones encargadas de impartir justicia. El que existan escritos los derechos en la Constitución Política y otros derechos en leyes no significan que las personas los conozcan y mucho menos que conozcan las rutas de cómo acceder a éstos. También es importante el papel que se pueda cumplir en las organizaciones gubernamentales encargadas de recepcionar las denuncias de las víctimas para que cada vez más comprendan los procesos por los cuáles éstas están pasando y así ir sensibilizando y generando conciencia de humanidad que rompa con la victimización secundaria.

La asesoría también podría estar dirigida a lograr que las víctimas puedan soñar, trascender lo que está escrito en la Ley para crear nuevas formas de organización y de proceder que las dignifiquen, teniendo en cuenta que la base fundamental de los derechos humanos es la dignidad y al violarse éstos es justamente la dignidad la que seguramente se encuentre atropellada, pisoteada.

Una persona profesional en Psicología Jurídica debe no solo comprender el contexto social, político y económico en que se desenvuelve su país sino también conocer de las distintas violaciones y luchas que se han emprendido en otros países que puedan alumbrar la experiencia de Colombia y conocer a nivel nacional cuáles son las diferentes expresiones, manifestaciones y asociaciones de las víctimas de tal forma que se pueda ofrecer una gama de posibilidades de participación de las víctimas con otras comprendiendo la importancia de estos espacios puesto que una de las consecuencias de la Violencia Sociopolítica es la ruptura de la confianza, en ese sentido, es importante encontrar espacios que le garanticen y permitan ir reconstruyendo dichos lazos necesarios para poder vivir en sociedad.

Teniendo en cuenta la cercanía que hay entre la Psicología Jurídica y el Derecho, una de las acciones que debe tener la Psicología Jurídica es la asesoría a los legisladores a partir de las investigaciones existentes en la psicología. Dicha asesoría debería estar orientada para lograr la comprensión de los procesos que rigen a los seres humanos para a partir de esto poder construir leyes legítimas. (Garrido 2006)

La situación de todas las víctimas no es la misma puesto que varía de acuerdo a sus antecedentes individuales, familiares, comunitarios, de acuerdo a la situación que lo convirtió en víctima y las características de dicha situación así como de las oportunidades y redes de apoyo con las que haya contado, en este sentido evaluar los daños que se han generado en las personas que han sido victimizadas (a nivel individual, familiar y comunitario), es de un valor altísimo en importancia en cuanto esto orientará la forma de atención que se necesita de acuerdo al diagnóstico que se haga, esta acción puede garantizar en el ámbito de la prevención de agravamiento de la situación de la o las personas o comunidades. No obstante la prevención no se circunscribe exclusivamente a la posterioridad de los hechos sino justamente pensada desde antes de que venga, que se genere dichos hechos violentos, no obstante la prevención de esta situación está relacionada también con otros niveles más amplios relacionados con la necesidad de una verdadera voluntad política de cambio.

Aunque el rol del profesional en PJ no es el que cumple uno de la Psicología Clínica, es claro que en muchas oportunidades se necesitará de la acción de intervención puesto que muchas víctimas reexperimentan la situación traumática con la narrativa, con el testimonio que dan al narrar los hechos y para esto la intervención en crisis es una de las acciones necesarias para apoyar. Otra forma de intervenir que se mezcla con una de las acciones de la PJ, la capacitación, es la posibilidad de construir metodologías más concretas diferentes a una simple asesoría, que permitan a las víctimas comprender ampliamente sus derechos, las formas y rutas de acceder a estos, comprender las dinámicas del contexto colombiano para de esta forma darle sentido a su experiencia. Las capacitaciones que un profesional en PJ puede hacer en el marco del trabajo con las víctimas pueden ser a partir de reuniones en los propios espacios organizativos que ellas tengan, talleres, diplomados, entre otras posibilidades. Fácilmente la persona que esté leyendo estas líneas puede conocer varios espacios donde las víctimas se capacitan en sus derechos y reconocer que mucho de esto ya se está desarrollando sin la presencia de los profesionales en PJ y por supuesto que es cierto, no obstante, la PJ puede aportar en lograr develar las dinámicas psicológicas que se ponen en juego en el marco de un contexto de Violencia Sociopolítica, esto es desde la comprensión de la guerra como de la comprensión de los procesos psicológicos por los que se atraviesa a nivel individual, familiar, comunitariamente, además que hay un factor a tener en cuenta que el de la guerra psicológica en donde se introducen nuevas formas de control social y político utilizando estrategias y mecanismos complementarios a guerra armada de tal forma que permitan el control del control político y territorial. Girón (2005) plantea que “el objetivo de la guerra psicológica no es otro que construir, formar o modelar la opinión pública a través del lenguaje constituido por contenidos ideológicos, imágenes y asociaciones simbólicas, utilizadas con una intencionalidad, una orientación y un sentido preciso” (pág. 199)

El camino que han avanzado las víctimas del conflicto y Violencia Sociopolitica del país es bastante largo y en muchas oportunidades sin el apoyo de quienes supuestamente se mueven en el campo del conocimiento, los “profesionales”. Aquí continúan grandes de los retos de los profesiones, uno de ellos es empezar a acercarse a las víctimas, reconocer sus largos años de camino y a partir de allí las necesidades ellas mismas identifican para empezar a conjuntamente construir y no partiendo de una postura de omnipotencia aunque se tengan las mejores intensiones.

Por último se expondrá otro campo de acción de la PJ el cual es la del peritaje psicológico. Garrido (2006) citando a Font (1975) menciona que “son peritos todas aquellas personas especialmente cualificadas en razón de su técnica, su ciencia, o sus conocimientos del arte, o en otras palabras, de su cultura en materias que no son conocidas con precisión, por el común de las gentes” (p.1). En este caso, un peritaje psicológico sería el proceso que realiza un profesional en psicología para evaluar a una persona (víctima o victimario) en el marco de un proceso judicial, el resultado de este proceso es un informe pericial el cual no tiene ningún valor vinculante a menos que el juez que lleva el caso lo decida. En este sentido se puede evidenciar la necesidad de la experticia en el caso, de la rigurosidad y del uso de metodologías acordes a la PJ y no con metodologías tradicionales por ejemplo desde la psicología clínica. Este campo de acción de la PJ en el trabajo con las víctimas, podríamos mencionar que es un trabajo pensado a favor de la verdad y la justicia y por lo tanto para las víctimas puesto que si se logra que haya justicia, entonces se demostrará que hubo una persona o personas a quienes se les fueron vulnerados algunos de sus derechos. No está demás mencionar la necesidad de un trabajo serio, riguroso y honesto por parte del perito o de la perito.

Todo lo expuesto anteriormente es desde la perspectiva de un quehacer en búsqueda de la construcción de una sociedad justa, sin embargo muchas de las acciones pueden quedar vacías si no hay una voluntad real de quienes ostentan el poder en el país de hacer verdaderos cambios. Esto no pretende ser una posición derrotista y simplista que niegue el papel del resto de actores sociales ya que desde el mismo logro de los derechos humanos, el reconocimiento de las víctimagras de crímenes de Estado, entre otros, ha sido una lucha constante que ha demandado enormes esfuerzos, pero lo que se pretende plantear es que esto no es posible fácilmente si no hay esa voluntad política, como lo menciona el CINEP (1989), una profunda reforma de las instituciones que modernice al Estado y lo convierta en una entidad relativamente neutral en los conflictos sociales y realmente diste de los poderes privados de los partidos políticos y de los gremios empresariales. En este sentido, el Estado debe emprender una seria reforma de la justicia y mejorar sustancialmente sus mecanismos de control sobre sus funcionarios civiles y militares, castigando ejemplarmente cualquier abuso o violación contra los derechos humanos (pág. 12).

Foto:EFE

REFERENCIAS

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Soria. M y Sáiz. D. (2006). Psicología Criminal. España: Pearson Educación, S.A

Tapias, A y Gutiérrez, C. 2008. Psicología Jurídica Perspectiva Latinoamericana. Bogotá).

[1] El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado nace en el año 2005 y está conformado por más de 200 organizaciones que acompañan a víctimas y de organizaciones de familiares de víctimas. El objetivo fundamental es reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado sea por su acción u omisión, en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública o fuerzas paraestatales o paramilitares que actuaron bajo el auspicio, respaldo y connivencia del Estado colombiano

[2] Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, REINICIAR