La “venganza criminal” (III)
Hubo una investigación en la Fiscalía General de la Nación sobre las finanzas de Carlos Castaño. La investigación se cerró cuando Luis Camilo Osorio ocupaba el más alto cargo de esta institución.
En esta serie de columnas he propuesto la tesis de que en Colombia hubo un golpe de Estado: un proceso gradual de toma ilegal e irregular de las instituciones. Los civiles que participaron en el golpe fueron empresarios (nacionales y extranjeros), terratenientes y narcotraficantes. Ellos crearon y fomentaron la existencia de los paramilitares: su brazo armado ilegal; mientras que los agentes del Estado, que ejecutaron una suerte de “autogolpe”, fueron altos funcionarios de las tres ramas del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), así como oficiales de las Fueras Armadas y de la Policía Nacional.
Existe una investigación abierta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio (2001 – 2005). La Comisión definirá si la justicia colombiana puede acusar a Osorio de haber apoyado al paramilitarismo desde la Fiscalía General de la Nación. Si estas denuncias no prosperan en Colombia, podrían llevarse a la Corte Penal Internacional.
El miércoles 23 de enero entrevisté a un ex agente del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía, que fue víctima de cinco atentados contra su vida. Me solicitó que protegiera su identidad, pero autorizó que usara toda la información que reveló durante una entrevista de hora y media. No puedo publicar el audio de la entrevista porque teme que el análisis de voz delate su identidad. El texto completo, sin embargo, está transcrito. En esta entrega presentaré algunos apartes.
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Medellín, mediante interceptaciones telefónicas, capturó en 1999 a Jacinto Alberto Soto Toro, jefe de finanzas de Carlos Castaño y de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el operativo incautaron información sobre quiénes financiaron a las AUC: “Nosotros estuvimos trabajando y había conexiones a nivel nacional con empresas grandes, bancos, ganaderos de nombre, y entre esos, por allá, estaba el señor Luis Camilo Osorio, que en ese entonces estaba como, yo no me acuerdo qué era pero en ese momento tenía una relación con la universidad de Montería”, afirma el ex agente.
Fue a partir de esta investigación que se pudo realizar, por ejemplo, el allanamiento a Fonpazcor, centro de operaciones de Salvatore Mancuso, el jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
“El proceso llega a Bogotá. El proceso empieza a coger auge. Nosotros solicitamos unos allanamientos a Montería. Donde estaban las sedes principales de financiamiento y manejo de dinero. Eran en todo el país, pero de allí era que controlaban todo. Ahí fue cuando nosotros le allanamos la casa [a Salvatore Mancuso] y un compañero de nosotros por accidente mató al escolta de él, que era sobrino”.
El proceso tenía alrededor de 1.200 cuadernos y más de 3.000 anexos.
“Estábamos conociendo toda la estructura del paramilitarismo a través de ese proceso. Estábamos manejándolo a nivel de inteligencia, dedicados tiempo completo tan sólo a ese proceso. El doctor Alfonso Gómez Méndez termina el mandato y viene el doctor Luis Camilo Osorio. Cuando el doctor Luis Camilo Osorio se da cuenta de ese proceso lo manda para Medellín. Me acuerdo que hizo un súper despliegue operativo para custodiar el proceso, supuestamente porque la competencia del proceso era en Medellín. La fiscal [en Medellín] lo precluye en menos de treinta días. No me acuerdo el nombre de la fiscal, pero yo creo que en treinta días no habría tenido tiempo ni para leer el proceso. Ese proceso queda callado”.El jefe de esta investigación fue asesinado en Medellín, cerca del cementerio de San Pedro, por paramilitares. Dos camionetas lo cercaron cuando él iba rumbo a su casa. Lo acribillaron con ráfagas de fusil. Aún así, siguió la investigación.
“Este proceso iba a ser más grande que el proceso 8.000”, dijo el ex agente.
El lunes 28 de enero llamé al doctor Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal General de la Nación (1997 – 2001), para corroborar la existencia de la investigación de la que me había hablado mi fuente.
“Sí, eso es correcto”, dijo el doctor Gómez Méndez. “Esa investigación existió y mi sucesor [Luis Camilo Osorio] la acabó”.
¿Por qué se detuvo una investigación que prometía develar los financiadores del paramilitarismo con pruebas contundentes?
El abogado penalista Jaime Granados Peña me envió ayer una solicitud de rectificación por información que publiqué en mi columna anterior (“La venganza criminal II”, 21 de enero del 2013). Le daré respuesta en la siguiente entrega de esta serie, junto con más información.
Twitter: @santiagovillach
http://www.elespectador.com/opinion/columna-400172-venganza-criminal-iii