La toma ‘para’ al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder
Debido a la corrupción de los últimos años, esta entidad podría ser intervenida por el Gobierno.
“Se habla de un periodo oscuro en el que a más de un subgerente del Incoder se le podía identificar con un jefe ‘para'”.
La frase es del actual director del Incoder, Juan Manuel Ospina, y con ella da una idea de lo que ocurrió en los últimos años en esa entidad, encargada de manejar la titulación de predios en Colombia y permeada por la corrupción a tal nivel que se podría convertir en el tercer ente intervenido por el gobierno Santos.
Según el equipo de Ospina, hay evidencia de que 222.000 hectáreas -un área dos veces más grande que Bogotá- fueron arrebatadas por ‘paras’ a desplazados. El asalto agrario se extiende, por ahora, a Bolívar, Chocó, Magdalena, Antioquia y Cesar, y salpica a funcionarios de todo nivel.
El emisario de Castaño
Investigaciones de ELTIEMPO.COM establecieron que la maniobra se inició -entre 1997 y el 2003- con el burdo robo de resoluciones, arracadas de los libros de registro de la entidad, que fueron reemplazadas por documentos falsos en los que se aumentaba el número de hectáreas adjudicadas y se las entregaban a testaferros de paramilitares.
Después, Ricardo Zapata, reconocido lugarteniente del ‘para’ Vicente Castaño, apareció en el Incoder con algunas de esas resoluciones para ‘legalizarlas’. Sus visitas se iniciaron en el 2007 y estuvieron precedidas por gestiones de políticos y lobbystas.
“Zapata llegó con Óscar Bustamante, político conservador de Antioquia, y los llevó Óscar Iván Palacio, el mismo que acompañó al ‘para’ ‘Job’ a la Casa de Nariño”, dice un alto ex funcionario y lo apoyan varios testigos.
Bustamante, quien visita a Zapata en la cárcel La Picota, no respondió mensajes.
Y aunque Óscar Iván Palacio admite conocer a Bustamante y haber ayudado a Zapata a impulsar proyectos productivos (cuando éste ya estaba desmovilizado) niega haberlos llevado al Incoder.
Pero ellos no son los únicos mencionados en este caso. También figura el notario de San Jacinto (Bolívar) Alberto Vásquez, quien en el 2000 dio fe de que el predio adjudicado al campesino Lino Antonio Díaz, pasó de tener 18 hectáreas a 5.927 por el supuesto desvío de un río.
Lo curioso es que testigos aseguran que el cuerpo de Díaz apareció flotando en el río Sucio, en 1995, y que así no pudo ir hasta San Jacinto.
“No soy un investigador judicial, todo estaba bien en la forma. Además, en la época del Superintendente Manuel Cuello Baute me investigaron y no hallaron nada”, dice el notario en su defensa.
En similar situación está el notario de Chigorodó (Antioquia) Ramsés Escobar: “Yo parto de la buena fe de los clientes. En esos casos no advertí irregularidad”, dice.
Lo concreto es que el predio de Lino Díaz fue adquirido por la firma Urapalma, que obtuvo créditos del BanAgrario (con incentivos) y de Finagro por más de 4.500 millones.
El asesor del ex ministro
En esa firma figura como socio Jairo Brugés, quien fungió como asesor de un ex ministro de Agricultura y de un presidente de Finagro.
“Esas tierras las compramos legalmente, por eso demandamos al Incoder. Hasta ahora, los jueces nos han dado la razón y el crédito de Finagro me lo dieron un año y medio después de haber salido de esa entidad”, dice Brugés, quien acaba de ser vinculado penalmente al proceso por el despojo de tierras a comunidades afro en el Chocó.
Por ese caso (el del Chocó) y por otros de diferente tipo, el Incoder investiga a 53 funcionarios y en tres años ha destituido a 26. Entre ellos, a Carlos Reyes, ex director en César, acusado de apoyar a Hugues Rodríguez -lugarteniente de ‘Jorge 40’- en el desplazamiento de campesinos y en la titulación a testaferros. A Reyes, la Procuraduría lo sancionó en primera instancia, pero un juez del Cesar lo absolvió.
Parte de esta información ya está en manos del presidente Santos quien deberá decidir si hay mérito o no para intervenir a la entidad.
Registradora será destituida
No amparó predios de desplazados en Carmen de Bolívar
Mañana, Jorge Enrique Vélez, el superintendente de Notariado, destituirá fulminantemente a la registradora de Carmen de Bolívar, Ana Regina Güete y la inhabilitará 15 años para ejercer cargos públicos. La decisión se basa en evidencia que indica que Güete omitió amparar predios de desplazados que debían ser congelados comercialmente y permitió la venta de otros, protegidos por una medida especial. Además, no inscribió una medida cautelar contra un predio de su padre. Se le endilga desde prevaricato hasta falsedad en documento. La oficina de Güete registró varias ventas masivas en Montes de María.
Denuncian robo de registros en M. de María
Paralelo al expediente ‘para’, el Incoder denunció la pérdida de resoluciones de adjudicación de parcelas en los Montes de María (entre Sucre y Bolívar). La denuncia -remitida hace algunos meses a la Fiscalía- coincide con testimonios dados a EL TIEMPO según los cuales los papeles se usaron para presionar las ventas. “Les decían a los campesinos que si no vendía, los rompían y se quedaban sin parcelas”. Los mismos testimonios señalan que los registros fueron sacados de la oficina de Cartagena por el hijo de un intermediario que trabaja para uno de los empresarios que más predios ha comprado. Este diario omite sus nombres hasta que avance la investigación. Sin embargo, el comprador mencionado admitió que el tramitador conseguía los titulos en Cartagena cuando los campesinos no los tenían en su poder. No obstante, fue enfático en manifestar que no hubo ningún tipo de presión de su parte y que desconocía si los papeles eran originales. También denunció que a los Montes de María llegaron dos abogados ofreciéndoles a los campesinos recuperar tierras. El Incoder ya envió expertos para establecer si hubo o no presiones.
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