“La tierra fue botín de guerra”: Raúl Hasbún
Para traspasar las propiedades arrebatadas, las AUC contaban con la ayuda de notarios y registradores, que avalaban las transacciones con documentos falsos.
La tierra fue un botín de guerra que le arrebataron a aquellos campesinos que supuestamente eran guerrilleros o sus auxiliadores, reconoció el empresario bananero y ex jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, en audiencia de versión libre ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz realizada en Medellín durante los días 25, 26 y 27 de enero pasados.
Según Hasbún Mendoza, ex jefe del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en zonas rurales y urbanas de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, en el Urabá antioqueño, los predios arrebatados se convertían en activos de la organización paramilitar y, en algunas ocasiones, se les entregaban a algunos comandantes y combatientes como premio a sus acciones militares.
De acuerdo con lo relatado por este ex jefe paramilitar, quien se desmovilizó con el Bloque Bananero el 25 de noviembre de 2004, el procedimiento de traspaso de bienes implicaba la falsificación de firmas y documentos para repartir lo que él llamó “botín de guerra”. En este tipo de procesos contaron con la participación de notarios y registradores que, según él, “ayudaron a falsificar los documentos”. Pese al claro señalamiento, Hasbún Mendoza no reveló los nombres de estos funcionarios.
Ese “botín de guerra” se refleja en las cifras de reclamación de tierras que registra la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia. Hasta el momento, se tienen 2.410 solicitudes de reclamación, de las cuales 1.564 corresponden a casos de despojo en el Urabá antioqueño. Según datos a 31 de diciembre de 2010, 125 reclamaciones corresponden a predios ubicados en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó, zona de operación de alias ‘Pedro Bonito’ y su frente paramilitar.
El proceso de reclamación ha sido un camino tortuoso para los campesinos despojados de sus predios. El acoso más relevante se vive en Urabá, donde han sido asesinados ocho labriegos entre los años 2008 y 2010. Todos ellos estaban demandando ante los tribunales la restitución de sus bienes. Además, los integrantes de la asociación de víctimas de esa subregión de Antioquia que acompaña el proceso han sido objeto de amenazas, robo de información y persecuciones de sus voceros.
Hasbún Mendoza también hizo referencia a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual fue considerada “objetivo militar”, pues consideraban que su postura neutral era un sofisma de distracción para apoyar a las guerrillas. Una de las estrategias de acoso esbozadas por el ex jefe paramilitar tenía que ver con los cultivos de los pobladores: les hurtaban las cosechas que se cultivaban en San José de Apartado. Lo hacían cuando los campesinos bajaban al pueblo a vender sus productos. Aprovechaban ese momento para quitárselas. Los paramilitares consideraban que todo eso provenía de cultivos de las guerrillas.
Los pobladores del corregimiento de San José de Apartadó se constituyeron en comunidad de paz el 23 de marzo de 1997 para hacerle frente al conflicto armado que vivía la región y mantenerse neutral ante los grupos armados legales e ilegales. Tal decisión ha sido objeto de críticas constantes por parte de algunas autoridades nacionales y regionales, y además, les ha significado persecuciones que han concluido en masacres y asesinatos selectivos.
El ex jefe del Frente Arlex Hurtado admitió en su versión libre que en el Urabá antioqueño el Ejército y las AUC “tenían muy buenas relaciones”, especialmente en el corregimiento San José de Apartado y sus alrededores, área donde, según él, realizaron operaciones conjuntas en varias ocasiones.
El pasado 11 de enero, alias ‘Pedro Bonito’ fue condenado a 20 años de prisión tras demostrársele que tuvo participación en los homicidios de Alirio Alzate y Pedro Mosquera, perpetrados el 16 de diciembre de 1996 en el municipio de Carepa, cuando se desplazaban en un bus hacia su lugar de trabajo. Ambos eran trabajadores en las plantaciones de banano de la región y militantes de la Unión Patriótica.
Tras reconocer el despojo de tierras como “botín de guerra”, los acosos constantes contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la connivencia con el Ejército, Hasbún Mendoza hizo referencias a tres temas más durante la audiencia: cómo fue el proceso de reclutamiento de ex guerrilleros, quién inició el paramilitarismo en el Urabá antiqueño, y el papel del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, en las AUC, y la financiación de las cooperativas de seguridad y vigilancia privadas, conocidas como Convivir.
En cuanto al proceso de reclutamiento de ex guerrilleros, el ex paramilitar explicó que aprovechaban el abandono en el que quedaban ellos una vez eran utilizados por el Ejército por varias semanas para sacarles información del grupo insurgente al que pertenecieron. “Cuando el desmovilizado no tenía nada más que aportar lo dejaban solo y sin empleo. En ese momento aprovechábamos las AUC y le brindábamos trabajo. Así terminaban en el Bloque Bananero”.
Al contextualizar la presencia de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, hizo alusión a la década del ochenta y aclaró que antes de que llegaran los hermanos Castaño al Urabá antioqueño ya había un empresario dedicado a combatir la guerrilla. Se trataba de Mario Zuluaga Espinal, quien fue la persona que facilitó la llegada de los paramilitares del Magdalena Medio, comandados por Fidel Castaño, para perpetrar las masacres de La Negra, La Hondura y Punta Coquito, ocurridas a finales de los ochenta en zona rural del municipio de Turbo.
“Él recolectada dinero e información con el fin de acabar con la guerrilla en la zona de Urabá. A los paramilitares del Magdalena Medio les entregaba listas de nombres de supuestos guerrilleros que trabajaban en las fincas bananeras para que los mataran”, precisó Hasbún Mendoza.
De acuerdo con informes policiales, Zuluaga Espinal, conocido con el alias de ‘Francisco Javier’ fue capturado el 9 de mayo de 2009 en la población de Anserma, departamento de Caldas, por agentes adscritos a la Policía Caldas. Sobre él pesa una condena de 30 años de prisión por los delitos de homicidio con fines terroristas y terrorismo, tras ser considerado el responsable de varias masacres cometidas en 1988 contra varios campesinos que hacían parte de Sindicato de Trabajadores Agrarios (Sintragro).
Sobre José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, quien viene siendo procesado por las interceptaciones ilegales realizadas desde esa dependencia de seguridad, el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba y el homicidio del humorista Jaime Garzón, el ex paramilitar dijo que lo conoció en 1996 por medio de Carlos Castaño Gil y que lo contrató en diversas ocasiones lo contrató para que le dictara algunas charlas a los empresarios bananeros sobre el tema de la guerra política en Colombia.
En ese momento, según su versión, Narváez era asesor de militares en esa época y compartía la información con Castaño Gil, vocero político de las AUC, y con el propio Hasbún Mendoza. Aseveró, además, que les dio información sobre cuáles universidades en el país supuestamente tenían presencia guerrillera y escuchó de otros comandantes paramilitares que este ex funcionario del DAS, hoy detenido, había entregado un listado que contenía el nombre de varios profesores de la Universidad de Córdoba “para que los mataran por ser guerrilleros”.
Todas estas revelaciones hechas ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz deberán ser constatada para determinar si es cierto o no lo que ha dicho Hasbún Mendoza, quien está preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y establecer qué tanta verdad está diciendo sobre su participación en grupos paramilitares.