La simulación de la Seguridad y la Paz
Anotaciones al supuesto crimen de Carlos Castaño, a las exhumaciones en San Onofre, y los Decretos para hacer el quite a la Corte Constitucional Ley 975.
La simulación de la justicia, la simulación de la participación, la simulación de la seguridad muestran lo artificioso de las políticas de seguridad y de la paz.
En menos de 15 días, en una eficacia inusual del aparato de justicia, que no se ha observado ni en los crímenes que son parte del ritual institucional de ¨exhaustivas investigaciones¨, se ha exhumando un resto, se le ha identificado, se ha reconstruido el modos operandi, se ha identificado a 6 personas responsables de la ejecución ¨posible¨ de CARLOS CASTAÑO, comandante máximo militar de la estrategia paramilitar. Actuación judicial que contrasta con la inacción frente a 8000 crímenes de desaparición Forzada, de acuerdo con los datos de ASFADDES, y la ausencia de actuaciones eficaces en la investigación, en la implementación del sistema de búsqueda de personas Desaparecidas y de la identificación en Derecho, previa exhumación y la sanción de los responsables. Eficacia que no se ha logrado observar sino parcialmente, después de 21 años de las 11 desapariciones de los familiares de la cafetería del Palacio de Justicia, donde un militar que ha sido vinculado, desde ya ha expresado que no hubo desaparición alguna por parte de las fuerzas militares el 5 y 6 de noviembre de 1.985, y que hay todo un montaje para enlodar su buen nombre.
La reciente identificación de 13 restos de crímenes cometidos por la estrategia paramilitar en Sucre e inhumados ilegalmente en fosas comunes y las exhumaciones de 21 restos en San Miguel Putumayo, de más de 2500 que según el Fiscal General de la Nación, han sido hallados son parte de la eficacia simbólica del aparato judicial. Si bien los familiares de las víctimas en el caso de Sucre, que recibieron sus cadáveres en la instalaciones militares que fueron cómplices de estos Crímenes, son importantes para los familiares de las víctimas, las investigaciones continúan desviando la responsabilidad estatal, negando de facto la reingeniería paramilitar en este departamento del Norte de Colombia. Allí las estructuras paramilitares continúan operando como poder político, poder económico, y cuerpo mafioso del procesamiento y distribución de la coca, bajo el mando de RODRIGO TOVAR, conocido como ¨Jorge 40´, que extiende su poder en el departamento del Atlántico, en donde es responsable de decenas de crímenes cometidos en Barranquilla con la actitud cómplice de la 2da Brigada del ejército. La reciente entrega de este mando paramilitar, con abrazos y festín de parlamentarios, acatando el llamado presidencial, de hace dos semanas, de recluirse en los centros de La Ceja, para simular el freno al cinismo en la ¨desmovilización¨, muestra no solo la familiaridad entre la clase política de la región y la estrategia paramilitar. Deja nuevamente a la luz la identidad en un proyecto común de Estado que los ha unido y en el que ahora quienes sirvieron como ejército quieren ser parte activa en el escenario político y en los negocios con intereses en el mercado global. En este contexto de nada de justicia, de nada de paz integral la entrega de los restos son parte de una eficacia simbólica ante la dimensión integral de la criminalidad de tipo paramilitar.
En la búsqueda de salidas a algunas, de las pocas encrucijadas, que produjo el fallo de la Corte Constitucional frente a las demandas de la Ley de Impunidad 975 y su Decreto Reglamentario, el gobierno Nacional, como lo hizo con la ley 70 de Comunidades Negras a través de una serie de Decretos, que se multiplicaron en un mes de 1 a 3, pretende dar respuesta a los oscuras pretensiones de la institucionalización paramilitar. A través de la simulación de la participación democrática los Decretos fueron colgados en la página web de la Presidencia de la República, para ¨sustentar¨ que hubo discusión pública y que el gobierno es transparente.
Detrás se observa la intencionalidad precisa de disminuir el máximo de las penas irrisorias de máximo 8 años a 3 años por crímenes de Lesa Humanidad y las condiciones en que se paguen, asumiendo casa fincas y casa agrícolas como centros penitenciarios. Igualmente y con la pretensión en la fase paraestatal en que nos encontramos de ser reconocidos como sediciosos ‘delicuentes políticos con los propósitos de blindarse de la extradición, aunque todos sabemos que son traficantes de drogas gran parte de ellos, y abrir los caminos para acceder a cargos de elección popular, pues ya no les basta proteger políticos y ser interpretados por otros sino ellos mismo hablar por si mismos, pues son el Estado en construcción.
Por eso no sorprende que los Decretos criminalicen a las víctimas, indicando que, quiénes no contribuyan con sus denuncias y testimonios en el procedimiento que contempla la ley 975, no solamente no tendrán otra oportunidad sino que pueden ser procesados por obstaculizar a la justicia con penas de hasta 18 años. Es la eficacia simbólica de la justicia que convierte a las víctimas en responsables de la impunidad, que elude sus responsabilidades frente a la criminalidad, criminalizando la sociedad.
Al lado de estas pretensiones se encuentra la consideración con la pobreza y la miseria en que han vivido los paramilitares. Los Decretos pretenden protegen los bienes, las tierras y Territorios, apropiados ilegalmente en desarrollo de una estrategia criminal que ha usado del testaferrato y que ha vinculado sus bienes ilegales a la siembra extensiva de palma, de caucho, de banano y de ganadería extensiva.
Tanta simulación no es posible de ser consentida sin la configuración de mitos o pro hombres como CARLOS CASTAÑO, dibujados así en un artículo del periódico El Mundo de España, o por las expresiones del ejecutivo que son parte de la costumbre, quien al conocerse en detalles ¨la posible¨ manera como se produjo el crimen del comandante paramilitar que operó gracias a la estrategia criminal de Brigadas de Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre, Meta, y que sustento parte de sus actuaciones en sus propias fuentes del tráfico de drogas, y los sectores empresariales y rurales, hizo un llamado ¨para defender la vida¨.
Actitud de indignación del Presidente contrastante con el silencio que ha guardado ante millares de crímenes cometidos en su mandato por parte de las mismas fuerzas militares –ejecuciones extrajudiciales- o lo más de 3000 crímenes cometidos en desarrollo de la ¨desmovilización paramilitar¨, por no recordar nuevamente la manera como en su reciente campaña estigmatizó a la oposición política o como señaló a los defensores de derechos humanos o como ha referido de modo permanente y sistemático a las comunidades que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.
La simulación de la justicia, la simulación de la participación, la simulación de la seguridad muestran lo artificioso de las políticas de seguridad y de la paz, constatan el desarrollo de dispositivos de un ESTADO DE HECHO EN PARA ESTADO para el MERCADO GLOBAL. Nada de Justicia, todo mentira, todo de destrucción.