La separación de poderes es un imperativo para garantizar la democracia
MAGISTRADO
DR. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MAGISTRADA
DRA. GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO.
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MAGISTRADA
DRA. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CONSEJO DE ESTADO
MAGISTRADO
DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)
MAGISTRADO
DR. ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
CORTE CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO
DR. JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA
COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Honorables magistrados,
El pasado 6 de mayo los ciudadanos y ciudadanas fuimos sorprendidos con el comunicado conjunto de los presidentes de las Altas Cortes alineados con el presidente Iván Duque, en el que se aseguró que “las altas cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno nacional, en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”.
Si bien es comprensible que desde el gobierno nacional se haga un llamado a la institucionalidad con el fin de abordar la grave crisis que vive el país, resulta altamente preocupante el contenido del comunicado, en mayor medida cuando aún el gobierno nacional no ha promovido ni logrado acercamiento o cualquier acción efectiva para avanzar en un gran diálogo social y político que ayude a orientar posibles salidas no violentas ni represivas, así como tampoco se han escuchado por su parte pronunciamientos de solidaridad hacia quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Un gobierno democrático por definición le apuesta a soluciones no militarizadas de las crisis sociales y -en situaciones como las que ahora vive el país- tiene el deber de expresar solidaridad por las pérdidas que padecen los ciudadanos que demandan en las calles transformaciones estructurales, así como también tiene el deber del llamado al diálogo entre todos los sectores que expresan su descontento.
Cuando ello no ocurre, lo que sí se puede avizorar son riesgos a la garantía de protección de los derechos humanos y a la garantía de preservación del Estado social y democrático de Derecho. En estas condiciones, el diálogo a puerta cerrada con determinados sectores de la institucionalidad, más que tranquilizar, incrementa la preocupación de la sociedad y de los otros actores de la institucionalidad no convocados o que difieren de las posturas del gobierno. Esto conduce a grietas (como en efecto ya sucedió) que pueden agravar la crisis, aumentar la polarización y fracturar la democracia.
La separación de poderes de las ramas del poder público es un pilar fundamental del Estado de Derecho, garantiza el funcionamiento armónico del Estado, la complementariedad en el cumplimiento de sus fines y el equilibrio necesario para evitar la concentración del poder.
Así mismo, la separación de poderes es una garantía para que los ciudadanos y las ciudadanas no nos veamos sometidos ante un Estado autoritario, que desconozca las reglas jurídico-políticas acordadas por todos en las constituciones. En la medida que se concentra el poder se ponen en riesgo los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos, las ciudadanas y los colectivos.
Como ya se evidenció y se ha manifestado por los distintos sectores convocantes del Paro nacional, las demandas que se están presentando en la protesta social colombiana van más allá de un rechazo a una insensata reforma tributaria. Se trata de demandas legítimas relacionadas con asuntos de competencia directa del Gobierno nacional (como el aumento de la pobreza, el precario acceso a educación y a la salud de calidad, generación de ingresos, los derechos de las víctimas del conflicto armado, los asesinatos de líderes, lideresas y desmovilizados, entre otros) que se engloban en derechos de garantía constitucional, cuya desatención -si bien es histórica- se ha agravado profundamente por las políticas de este gobierno.
Por otra parte, tras la firma de un Acuerdo de paz, a partir del cual se generó una normativa e institucionalidad dirigida a su cumplimiento, el gobierno de Iván Duque, tal como lo anunció, le ha dado la espalda, abandonando o limitando muchos de sus instrumentos de garantía que hubieran podido contribuir para avanzar hacia la justicia social.
Las graves violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes exigen que las ramas del poder público estén dispuestas a su garantía desde el ejercicio imparcial de funciones. Preocupa que la rama judicial pierda su sentido misional al manifestar públicamente sesgos que advierten condenas en un solo sentido. Que las altas cortes tomen partido, respaldando al poder ejecutivo, y desconozcan la numerosa lista de víctimas de la represión policiva y militar a la protesta social (manifestantes heridos, asesinados, desaparecidos, denuncias de actos sexuales abusivos contra las manifestantes detenidas, entre otros), pone en riesgo la democracia en Colombia y la necesaria imparcialidad de los magistrados cuando tengan que tomar decisiones acerca de estos hechos, muchos de los cuales deberían devenir en exhaustivas investigaciones de carácter penal, civil y administrativo, en juicios y condenas, como así ya lo ha expresado en un comunicado público la CIDH.
Por fortuna hay magistrados que ya han hecho público su desacuerdo, expresando de manera fundada y con respaldo democrático sus motivos. Estamos convencidos de que fortalecer la rama judicial y las Cortes debe ser un imperativo en Colombia para que ejerzan sus funciones constitucionales con independencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, las organizaciones sociales de la región Caribe manifestamos un enérgico rechazo al comunicado conjunto emitido por las altas cortes como respaldo al gobierno de Iván Duque y exigimos que la rama judicial recuerde su importantísima misión constitucional. Le solicitamos a los presidentes de las altas Cortes reconsiderar esta posición y le aclaren a la ciudadanía y a la comunidad internacional si la independencia de la justicia en Colombia se encuentra menoscabada.
Atentamente,
Movimiento Amplio de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar
Asociación de campesinos y campesinas de la Finca la Europa
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL Colombia)
Asociación Campesina de la Serranía del Perijá – ASOPERIJÁ
Fundación Colectivo Sentipensante Alfredo
Correa De Andreis
Centro Integral de Formacion y Fortalecimiento Espiritual y Cultural del Pueblo Wiwa.
Comité Cívico por la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas de Curumaní – COCIDEATECU
Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María
Central Unitaria de Trabajadores – CUT – Bolívar.
Corporación Caribe Afirmativo
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), Atlántico.
Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, ANDESCOL Atlántico.
Asociación de Radiodifusión Comunitaria
Vokaribe
Unión Sindical Obrera – USO – Cartagena
Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 – Premio Nacional de Paz 2003-
Asociación de campesinas y campesinos del San Jorge
Corporación Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar –
CMDHTC
Asociación de Mujeres Víctimas de la Zona Carbonífera del Cesar (AMUVIC).
Círculo de Mujeres María Zabala de Montería Centro de Memoria del Conflicto, Cesar.
Raizal Women Cultural Foundation for Development and Community Integration –
RAWOFD, San Andrés Islas.
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeña y de la Diaspora- Colombia
Corporación CEAC Fundación Calidad Humana ONG
Red de Mujeres del Caribe (RMC) Juventud Rebelde, Bolívar
Asociación de Víctimas Prosperar de Chimichagua
Asociación La Paz Diversa y Afirmativa – ASOPAZDI
Asociación Chimichagua Diversa (ACHD) Red de Mujeres Afrocaribes (REMA).
Fundación Cultural Afrodescendiente de Becerril (MACULELE)
Corporación Feminista Caribeñxs. Montería, Córdoba
Mujeres Víctimas Emprendedoras – MUVICEM Fundación Sueños de Luna y Río (Gamarra)
Asociación Prodesarrollo de Familias de Cartagena – APRODEFA
Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayuu (MFNMW)
Consejo Comunitario de Comunidades Negras y Afrocolombianas de Plato “Manuel Mane
Arrieta Iriarte”
Comisión Etnico campesina de seguimiento a la reparación colectiva De Montes de María y
el Magdalena – CECMMA
Asociación de Campesinos de Buenos Aires – ASOCAB
Organización Social de Mujeres Étnicas Afrodescendientes (ORÍGENES), Cesar.
Asociación Afrocolombiana Benkos Biohó (BENKOS)
Fundación de Mujeres Pie Firme del Sur de Bolívar
Asociación de Afrodesendientes Río Grande de la Magdalena (AAFRIGAMAG). Plato,
Magdalena.
Asociación Sembrando Semillas de Paz, Sembrandopaz
Ruta Pacífica de Mujeres – Regional Bolívar Red de mujeres contra la Violencia, Atlántico
Consejo Comunitario de Comunidades Negras
Rincón Guapo Loverán (Pueblo Viejo).
Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades del Cesar – MTCC
Juntos Ahora Agenda Popular
Red de Mujeres de San Pablo Fundación Teknos, Barranquilla.
Centro de Memoria del conflicto y Museo
comunitario de San Jacinto, Bolívar
Asociación Departamental de Amas de Casa Rurales de Sucre (AMARS)
Colectivo Ceiba de la Memoria – CDM Asociación de Mujeres Negras Ubuntu (Plato)
Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena Y Bolívar
Organización de población desplazada – Mesa
de Interlocución- OPD-MIC
Asociación de Campesinos Víctimas del Conflicto Armado de Aguas Blancas y Maríangola (ASOGUMAR).
Fundación Mujeres Desplazadas Cabeza de Hogar Víctimas de la Violencia Rural y Urbana
– MUDEVIZA. San Pablo, Bolívar.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Fundación Franciscana Santo Tomás Moro Sucre
Asociación de Productores Agroforestales de Santo Domingo de Mesa – ASOPAGRO
Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar – ASOCAMTICE
Asociación de Campesinos Retornados de Ovejas -ASOCARES
Colectivo de Abogados del Caribe – ABOKAR
Fundación Lazos de Dignidad – FLD Comité de Promoción y Acción Jurídica Popular
Asociación Colombia Profunda – ACP Un Paso Diverso y Social (PDS)
Colectivo Popular CaribeNato (CPC) Red Integral de Organizaciones Gremiales
Activas del Municipio de El Paso (RIOGAP)
Asociación Guacoche Diversa – AGD Colectivo Tijeras de Colores – CTC
Mesa Regional Campesina del Perijá – MRCP Fundación Matronas
Fundación Semillas Verdes, Santa Marta Fundación Vincularte de Puerto Colombia
Fundación Tejiendo Cultura Caribe, Ciénaga Asociación Víctimas de Chengue
RENACE, Cartagena. Movimiento de Mujeres Negras y Barriales,
Cartagena
Movimiento de Artistas en Resistencia del Caribe – MAR
Marchantes de los Montes de María
Fundación CORDOBERXIA
REKATAMA valor, Santa Marta
UNTU Raíces
Colectivo Comunitario y Popular CONTEXTOS
Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guacochito “Arcilla, Cardón y Tuna’
Corporación Mucá del Valle de Upar
Asociación SantaRita para la Educación y Promoción “FUNSAREP”, Cartagena.
Corporación Cultural ARRABALES, Cartagena.
Colectivo 8Mbaq
Fundación CEDESOCIAL, Barranquilla
Corporación Desarrollo Solidario – CDS
Con copia a:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer – CEDAW
Organización de los Estados Americanos – OEA
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur – IPPDH
Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales – CLACSO
Embajadas: Canadá, Noruega, Suecia, Francia, Uruguay, México, España, Suiza.
Federación Nacional de Personerías de Colombia
Congresistas: Senador Iván Cepeda Castro, Senador Armando Benedetti Villaneda, Representante Inti
Asprilla Reyes, Representante María José Pizarro Rodríguez, Senador Alexander López Maya,
Representante León Fredy Muñoz Lopera, Representante Jorge Enrique Benedetti Martelo,
Representante Juan Carlos Losada Vargas, Representante Ángela María Robledo Gómez
Cartagena de Indias, 14 de mayo de 2021.