La reversión del acuerdo agrario

El senador Uribe considera que el acuerdo agrario negociado con las Farc pasó la línea roja según la cual no se podía negociar el modelo de desarrollo económico y social del país, y por lo tanto eso le “genera una ilegitimidad insubsanable”.

Ese modelo existente que Uribe no quiere tocar ha concentrado la tierra en pocas manos, hasta llegar a un índice Gini de 0,92, probablemente el más alto del mundo, y, como resultado, ha asegurado la perpetuación de la pobreza de dos tercios del campesinado que carece de tierras para trabajar. Es un modelo donde 60% de la pequeña posesión es informal, la tierra está mal usada, y la pobreza estructural es la ausencia de bienes públicos básicos, que además expulsa la población a la periferia de colonización. Y el senador Uribe cree que ese modelo de desarrollo no se puede reformar en un acuerdo para sellar la paz con la última guerrilla campesina del continente.

En el acuerdo las dos partes aceptan la gran explotación empresarial al lado de la economía campesina, buscan la generalización de la propiedad privada a los campesinos con la formalización de siete millones de hectáreas, la distribución de tres millones y la dotación de bienes públicos para la dignidad humana en programas de desarrollo con enfoque territorial. El acuerdo agrario es un gran programa de desarrollo rural para los cien territorios diferenciados por la geografía, que han estado segregados de Colombia, para integrar al país y cerrar la brecha de bienestar con la población urbana.

La otra gran preocupación de Uribe es proteger la propiedad honorable, como si desde hace mucho tiempo no se hubieran divorciado la propiedad y la honorabilidad, como ocurrió en la compra de tierras por narcos en la mitad de los municipios y el despojo violento de los señores de la guerra. La preocupación mayor en este punto es el recurso que tiene el Estado para clarificar si la propiedad es privada o baldía y para recuperar los baldíos indebidamente apropiados, pues más de la mitad de las grandes propiedades, mayores de 500 hectáreas, que poseen un 54% del área total, derivan sus títulos, si se escarba en la cadena de transacciones, de una sentencia de pertenencia de un baldío imprescriptible, es decir, han sido apropiadas ilegalmente y su título puede ser disputado por el Estado y la propiedad revertida para alimentar el fondo de tierras.

Es obvio que ningún gobierno cometería la imprudencia de poner en tela de juicio los derechos de propiedad de la mayoría, pero el recurso estatal de proteger la destinación social de los baldíos es crucial cuando se han despojado en conflicto con ocupantes campesinos que tenían mejor derecho, cuando se los ha apropiado para capturar rentas de la tierra sin cumplir la función social y ambiental, y cuando la apropiación ha afectado las reservas ambientales como ciénagas y playones, rondas de los ríos, páramos y sabanas comunales.

Da vergüenza que el país siga discutiendo si los campesinos tienen alma, si sus derechos se deben respetar o ignorar, si la tierra debe seguir secuestrada en pocas manos y si esos rentistas que viven a expensas de los demás no deben pagar más impuesto predial. Son debates políticos superados en el mundo civilizado, que aquí promueven los últimos defensores del feudalismo agrario y los ofrecen como aportes constructivos para un tratado de paz. Tradición, familia y propiedad, lemas viejos de la nueva derecha colombiana en auge, que prefiere el exterminio y sus daños colaterales a la paz negociada, para conservar los privilegios de los señores de la tierra.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/reversion-del-acuerdo-agrario