La reforma tributaria y el Acuerdo de La Habana
La relación entre la reforma tributaria y los acuerdos de La Habana existe, pero no es explícita. ¿Cuál es entonces? Que se necesitaba aprobar el plebiscito para después asumir el alto costo político de gravar a la población con un aumento del IVA (del 16 al 19 por ciento) y la creación de un monotributo que grava a la economía popular.
Una extraña relación
¿Que tienen que ver los acuerdos de La Habana con la reforma tributaria? El tema no se menciona en el Acuerdo Final y tampoco aparece como parte de la revisión que piden los partidarios del No. Pero los “opinadores” de los mercados de capitales señalaron que era preciso esperar a que ganara el Sí para proponer la reforma. Esta espera fue en vano y al final el gobierno tuvo que presentar el proyecto en medio de la renegociación de los acuerdos.
Sergio Clavijo, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), dijo al respecto que “el momento político es muy delicado, agravado con el No en el plebiscito y la desaceleración económica. Si hubiéremos puesto a correr un modelo del peor momento es este. Es tardío, es insuficiente, pero no hacerlo y no aprobarlo solo nos podrá conducir a un descalabro”.
Las firmas calificadoras de riesgos opinaron igual, como se anunció en la asamblea de la ANIF durante la semana siguiente al triunfo del No. Según El Universal de Cartagena, allí se dijo que “en el mismo sentido que Moody’s, Standard & Poor’s se mostró preocupada por las repercusiones del resultado del plebiscito, pero fue mucho más específica que la calificadora anterior. En palabras de los analistas de S&P, el principal problema del No en el plebiscito es que se pone en tela de juicio la capacidad de llevar a cabo el tan esperado ajuste fiscal (la reforma tributaria estructural)”.
La relación entre la reforma tributaria y los acuerdos de La Habana existe, pero no es explícita. ¿Cuál es entonces? Que se necesitaba aprobar el plebiscito para después asumir el alto costo político de gravar a la población con un aumento del IVA (del 16 al 19 por ciento) y la creación de un monotributo que grava a la economía popular.
¿Quién paga la quiebra?
Pero así como la negociación política del conflicto armado es una necesidad para Colombia, la reforma tributaria lo es desde el punto de vista económico, debido al deterioro de los ingresos públicos que se venía presentando desde antes de la crisis de los precios del petróleo (como lo señaló Jorge Iván González en Razón Pública). La discusión no se refiere a la necesidad de hacer el ajuste económico y fiscal, sino a quién deba pagar los platos rotos.
Es claro que las clases altas se beneficiarán con la reforma tributaria propuesta por el gobierno, y que las que pagarán son las clases medias y populares. La clase alta se beneficia porque:
- Se reduce la tarifa de impuesto de renta a las empresas,
- Se elimina el impuesto a la riqueza (lo cual compensa la creación del impuesto a dividendos) y
- Se deja sin gravar el impuesto de remesa de utilidades al exterior.
Por su parte la clase media se ve perjudicada por la reducción de las exenciones, y las clases populares se ven afectadas por el aumento del IVA y el monotributo.
El efecto negativo del IVA sobre la capacidad de consumo de la población se entiende sin mayores explicaciones. En cuanto al monotributo, en la exposición de motivos de la reforma se reconoce que en los países donde este existe está ligado a la seguridad social, porque si a los sectores informales se les exige pagar impuestos, estos deben tener también acceso a los derechos sociales. La tributación es un contrato social.
En la exposición de motivos también se afirma que el monotributo tiene como objetivo “promover el sistema de seguridad social”, pero lo único que el gobierno ofrece en concreto a los informales son los Beneficios Económicos Periódicos (BEP). Según la escala de ingresos del pequeño negocio, este impuesto tomaría cinco, diez o quince mil pesos mensuales aproximadamente para aportar a los BEP.
Pero los demás beneficios son muy vagos:
- Se habla de riesgos laborales que se financiarían con el monotributo pero no se dice cuánto irá para ellos;
- Se menciona la cobertura de riesgos de invalidez y muerte pero no se identifica una fuente de financiación; y
- Se habla de las Cajas de Compensación Familiar, pero se estipula que tendrían que cotizar sobre dos salarios mínimos, además del monotributo.
Lo de los BEP resulta ridículo (por no decir una vergüenza). Por ejemplo un hombre que cotice 20 años sin interrupción sobre cinco mil pesos recibiría siete mil pesos mensuales de pensión cuando cumpla 62 años. ¿Esta persona va a cotizar durante 20 años ininterrumpidos para recibir siete mil pesos mensuales? Y si es mujer recibiría menos porque conseguiría el beneficio antes y su esperanza de vida es mayor. Si cotiza sobre quince mil pesos recibirá el triple, que es una cantidad menor de la que hoy obtienen los beneficiarios del Programa de adulto mayor: esta suma ni siquiera cubriría el costo del transporte para reclamar el beneficio.
El gobierno no está promoviendo la seguridad social de los trabajadores informales con este monotributo. Este impuesto es una carga sobre los sectores populares sin que estos adquieran derechos sociales – a lo cual hay que sumar por supuesto el aumento del IVA y la reducción de los descuentos tributarios para la clase media-.
A lo largo de su exposición de motivos el gobierno repite que la tasa de impuesto a la renta sobre sociedades y personas naturales es de las más altas del mundo (porque puede ir hasta el 40 por ciento con el impuesto CREE y la sobretasa). Sin embargo, según Orlando Villabona, debido a las gabelas del sistema tributario colombiano “el 10 % de mayores ingresos tuvo una tasa efectiva de impuestos del 17,7% y frente a los ingresos de solo el 1,7 %, de acuerdo con cifras de la DIAN en 2013. Sin embargo, los megarricos (0,01 % de la población) tienen una tasa marginal de impuestos que tiende a cero”.
El culpable equivocado
Se quiere echar el agua sucia de la crisis fiscal a la clase media y baja, a la cual se le pide que se apriete el cinturón y al mismo tiempo exprese su apoyo a las negociaciones de paz. También se le dice que:
- El problema es que el sector informal no paga impuestos, por lo que ahora debe pagar el monotributo;
- La carga fiscal es baja, de manera la gente debe pagar más IVA;
- El gasto social que recibe la gente es el responsable de la crisis.
Sobre este último punto la exposición de motivos dice que las “cinco razones que impiden reducir el gasto” son:
- La prioridad que la Constitución le da al gasto social,
- Las transferencias para educación, salud, saneamiento básico y agua potable (sistema general de participaciones),
- Las pensiones,
- Garantizar el poder adquisitivo de los salarios del sector público frente a la inflación, y
- La inversión social.
Y a renglón seguido dice el proyecto de reforma tributaria que la situación se agrava porque “se deben garantizar los recursos dirigidos a la asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno (…) y los subsidios energéticos de los estratos 1, 2 y 3. Lo anterior sin tener en cuenta los recursos que financian la educación básica, primaria, secundaria y universitaria, la cobertura universal en salud y aquellos con los que se protege la asistencia a la primera infancia”.
La realidad es exactamente lo contrario: la responsable de la crisis fiscal es la clase alta, no la clase media y baja. En efecto:
- Los ricos pagan menos del 18 por ciento de impuesto a la renta efectivo,
- No se pagan impuestos sobre las voluminosas remesas de utilidades que se remiten al exterior,
- Los grupos económicos se chupan una porción importante de lo que los trabajadores cotizan para pensiones,
- Los concesionarios de las 4G sueñan con los peajes que van a cobrar a la gente para recuperar y acrecentar su inversión,
- Muchos ricos tienen su plata escondida en paraísos fiscales y
- Los terratenientes no pagan impuestos.
Y esta lista se puede alargar.
Sería bueno hacer un balance serio sobre quiénes se benefician y quiénes se perjudican con la actual estructura tributaria y con la asignación del gasto público en Colombia. No se puede seguir insistiendo alegremente en que la culpa es del pueblo porque recibe mucho gasto social, ni se puede estigmatizar la economía informal porque no tributa (y no recibe derechos sociales).
Sin embargo, se dice que los verdaderos perjudicados son los inversionistas extranjeros que durante la última década obtuvieron una renta financiera de alrededor del 4 por ciento del PIB y no tributan por ello. Y se agrega que ahora es necesario mejorar sus condiciones tributarias para que aumenten sus inversiones en Colombia y así puedan sacar una tajada más grande.
César Giraldo, Docente de la Universidad Nacional de Colombia.
Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9829-la-reforma-tributaria-y-el-acuerdo-de-la-habana.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Vamos+hacia+un+acuerdo+nuevo+con+las+FARC&utm_campaign=20161031_m135216655_Vamos+hacia+un+acuerdo+nuevo+con+las+FARC&utm_term=C_C3_A9sar+Giraldo