La rebelión de las ruanas

Boyacá ha sido durante los últimos años uno de los departamentos más pacíficos y tranquilos del país. Sus paisajes y fértiles campos han hecho de esta tierra una de las grandes despensas de papa, leche, hortalizas y frutas. Por eso el país hoy no sale de la sorpresa de ver cómo los miles y miles de campesinos que viven en este jardín de Colombia decidieron dejar sus parcelas para tomarse las vías desde el lunes para pedirle al gobierno, a las buenas y a las malas, que los ayude a salir de la crisis en que se encuentran.

Y así se lo hicieron saber en los últimos días con las múltiples protestas, muchas de las cuales terminaron en desórdenes y disturbios que afectaron durante la semana la movilidad de miles de colombianos, especialmente del centro y del sur. Uno de los puntos más críticos estuvo en Boyacá.

En Ventaquemada, Pedro Farfán, un campesino que cultiva papa, trata de explicar por qué los paperos están inconformes y berracos. Este hombre rollizo, de piel curtida por el sol, tiene más de 300 cargas de papa sembradas en este municipio, uno de los mayores productores de Boyacá.

“Estamos quebrados y el gobierno nos abandonó. Mire; arreglar el terreno, sembrar, recoger, empacar y dejar lista una carga de papa (dos bultos de 50 kilos) para que la recoja un camión me valen 65.000 pesos. Pero desde hace unos cuatro meses, la situación se puso dura, porque la carga se bajó a unos 20.000 pesos. Eso no alcanza pa’ nada y dígame: ¿cómo voy a pagar los 140 millones de pesos en créditos que hice para sembrar?”.

Otros campesinos, que también están apostados en la vía, se unen. “Con lo que nos pagan no sacamos ni la plata de los abonos y los fungicidas, que equivalen casi al 40 por ciento de los costos de producción. Mientras que los TLC nos están quebrando no han servido para disminuir el precio de esos insumos. ¿Cómo se explica que un paquete de papa congelada traída desde Holanda vale menos en El Éxito que una cultivada y procesada en Boyacá, que está a 100 kilómetros de Bogotá?”, pregunta Carlos Rodríguez, un reconocido papero de la vereda Montoya, en Ventaquemada, quien permanece junto a otros 20 campesinos y jornaleros al lado de la autopista.

La tranquilidad de la fría tarde se rompe cuando de pronto tres camionetas cargadas de miembros del Esmad pasan escoltando una caravana de camiones y tractomulas que trata de romper el bloqueo. De repente, campesinos con los rostros cubiertos salen de un cerro y dejan caer una lluvia de piedras sobre los carros que los obliga a parar más adelante. Es la misma escena que se ha visto en Tierranegra o Samacá.

A los bajos precios del producto y a los altos costos de los insumos se han sumado, según Luis Alejandro Perea, secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, otros factores que difícilmente convergían al tiempo: revaluación del peso, alto costo de la gasolina y de los fletes, e importación masiva del producto procesado. Esto sin contar las cientos de toneladas que están ingresando al país de contrabando de Ecuador. “Hay crisis. No es un invento y se ve a diario en el deterioro de la calidad de vida de los campesinos”.

Esa situación que hay en Boyacá es la misma que tiene del cuello a todos los papicultores de Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Santanderes y, por supuesto, Nariño. Pero, si la papa está tan barata, ¿por qué se quejan de los altos precios del producto los consumidores en Bogotá o Medellín? Antes de que un kilo llegue hasta la mesa en la capital pasa por una cadena de hasta ocho intermediarios que encarecen el producto y distorsionan el mercado.

Por eso el bulto que en Ventaquemada o Tierranegra compran a 10.000 o 12.000 pesos, se vende en Tunja o Villapinzón a 23.000 pesos; en Paloquemao o Corabastos a unos 28.000 y de ahí a los restaurantes y tiendas a precios que varían según el cliente y el ‘marrano’: entre 32.000 y 45.000 pesos.

Y si se vende libra a libra, en un gran almacén de cadena, una tienda de barrio o un hipermercado de frutas y verduras le pueden sacar hasta 200.000 pesos al mismo bulto de papa sabanera o pastusa que Pedro Farfán o Carlos Rodríguez, paperos de Ventaquemada, se demoraron varios meses en cultivar, en cuidar y en el que pusieron a la suerte de la naturaleza y del mercado el poco patrimonio que tienen.

El presidente de la junta directiva de Fedepapa, Alejandro Estévez, dijo que las grandes ganancias se están quedando en la larga cadena de comercialización. Por eso cree que el gobierno está en mora de retomar las medidas que se discutieron en marzo pasado relacionadas con la creación de un fondo parafiscal para el sector, destinar recursos para fomentar el consumo que viene de capa caída –hace unos años el consumo per cápita era de 75 kilos y hoy es de 60 kilos–, establecer unos márgenes de ganancias para las multinacionales y los intermediarios en el precio de los fertilizantes e insecticidas, fijar parámetros más estrictos para las importaciones de papa congelada –están entrando 20.000 toneladas– y controlar más el contrabando.

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, dijo que el gobierno siempre ha estado dispuesto a negociar y generar políticas para mejorar la productividad y eficiencia, y dijo que el jueves se reunió con la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y todos los gremios para coger todos los recursos y reorientar algunos sectores.

Sin embargo, dijo que la crisis actual del café es de precios internacionales y revaluación del peso; de la papa es por un problema de sobreproducción, que junto al excesivo uso de fertilizantes y productos químicos, entre otros, llevaron a una caída de los precios que no soportan las inversiones. Y frente a la leche, reconoció que las importaciones masivas deben revisarse.

Se corta la leche

Precisamente la misma crisis que afrontan los paperos y agricultores la están padeciendo los pequeños lecheros. Carlos Jiménez, un menudo campesino cubierto con una ruana gris, que salió todos los días a la autopista para evitar que transitaran camiones y buses de transporte público, le dijo a SEMANA que “desde hace varios meses la leche está muy barata. Nos están comprando el litro a 400 pesos, cuando la compran y pasa el camión, y eso no alcanza para nada. El queso tampoco lo compran porque es más barato y mejor el que están trayendo de Estados Unidos. Las lecheras y los TLC inundaron el año pasado el mercado y ahora nos tienen jodidos”, dice.

Y tiene razón. Según el Dane, el país pasó de importar 9.727 toneladas de leche y productos lácteos en 2006 a 33.728 toneladas el año pasado.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, coincide en que es necesario trabajar más en las cadenas productivas. Recordó que mientras hace unos años el 70 por ciento del valor del litro de leche pasteurizado iba para los productores y el 30 por ciento para los industriales, hoy ocurre todo lo contrario.

El senador del Polo Jorge Robledo es claro en reconocer que esta crisis antes se demoró mucho en explotar. “A los campesinos de Boyacá y de tierra fría los sacó Bavaria del cultivo del trigo y la cebada. Muchos se refugiaron en la leche y en la papa, cebolla y hortalizas, pero hoy tampoco son competitivos porque hay una verdad irrefutable: no hay agro sin subsidios ni protección del Estado. Por eso, el gobierno tiene que definir si quiere campesinos o mineros. Lo que hemos pedido es que el gobierno haga lo mismo que hacen Estados Unidos, Europa o Japón para proteger a sus agricultores”.

Esas son algunas de las respuestas que los campesinos se quedaron esperando toda la semana. El lunes en la noche, con el comienzo de la jornada de protesta, el presidente Juan Manuel Santos salió a decir que el paro no había sido de la magnitud que se esperaba y prácticamente delegó en la Policía y el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, la solución al paro.

Pero el viernes, era de una dimensión que pocos se imaginaban que iba a llegar. El jueves y viernes varias ciudades y zonas de Boyacá estaban fuera de control y había más de 15 vías bloqueadas en todo el país. Lo que empezó como una protesta campesina se convirtió en una rebelión que llevó al cierre de escuelas, colegios, entidades públicas y del comercio en muchas zonas, especialmente en Boyacá. Hasta la Iglesia terció en la pelea.

Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja, recriminó al primer mandatario por haber catalogado las protestas como un “paro pobre”, y lo invitó a que “se acerque a este paro, a que lo vea con otros ojos, a que en lugar de haber enardecido lo ánimos con sus palabras, ahora dé una voz de esperanza para que se llegue a un diálogo”.

Frente a estas dudas, el ministro de Agricultura le dijo a esta revista que el futuro del agro y de los campesinos no está en discusión.

“Es y será un sector importante para el gobierno y para el país por la generación de empleo, por el número de familias que dependen de ella y porque el mundo está dependiendo de mayores cantidades de alimentos, y ahí es donde hay grandes oportunidades. Vamos a proteger al agro y a los campesinos. Otra cosa es que el gobierno sea enfático en decir que se sentará en las mesas de trabajo siempre y cuando se suspendan los bloqueos, las alteraciones al orden público y los actos vandálicos como los que se están registrando en Boyacá”.

Para él un ejemplo de la buena voluntad del gobierno son los acuerdos que lograron el viernes con los manifestantes en el departamento de Nariño, quienes se comprometieron a levantar los bloqueos para sentarse a negociar.

Sin duda este gobierno no creó la crisis del agro. Y más allá de que las partes se sienten y lleguen a un acuerdo, quedó en claro que el gobierno debe acordar y anunciar un gran plan para el agro, pues a punta de subsidios no se van a resolver los problemas estructurales que hoy tienen a millones de campesinos con el agua hasta el cuello.