La Plutocracia gobierna el campo
Una nueva evidencia de como el Gobierno favorece negocios privados e implementa una política agrícola contraria a la democracia y a los derechos del sector rural, de las personas desplazadas es el caso de Carimagua conocido a través del diario El Tiempo el domingo pasado.
El predio Carimagua, de una extensión de 17 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, fue asignada, de acuerdo con fuentes de prensa citando a la Procuraduría General de la Nación, a 800 familias desplazadas. La propiedad ha estado a punto de pasar a manos de empresas del sector palmicultor e inversionista, con la decisión del Ministerio de Agricultura de entregárselo en concesión por 50 años. Las justificaciones apresuradas presentadas por el Ministro Arias, una vez que el negocio” estaba a punto de definirse, apuntan todas hacia un único propósito: hacer del campo un sector empresarial rentable.
El ministro Arias explicó el cambio de asignación a favor de los empresarios, porque dicho predio “no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados” y que “las tierras de Carimagua requieren de una gran inversión pues son muy ácidas para ser cultivadas por campesinos”. Adicionalmente, la concesión a los empresarios “generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados” y se convertirá “en un pulmón de desarrollo que genere más de 1.500 empleos de gente de la región, de desplazados” El Tiempo 11 de febrero de 2008.
La primera afirmación, la supuesta mala condición del predio, fue controvertida por la Procuraduría General de la Nación e ingenieros agrónomos, basándose en un estudio de la Fundación Nacional para Estudios Políticos, Económicos y Sociales ,Fundes. Dicho estudio había avalado la factibilidad de la adjudicación del terreno a familias desplazadas por la existencia de “infraestructura básica: vías internas en buen estado, puesto de salud, equipo básico de maquinaria, el bajo costo de la tierra, la baja densidad de población y por estar incluida en una de las 14 áreas de desarrollo rural seleccionadas por el Gobierno nacional, comprendida en el eje Puerto Gaitán-Carimagua” El Tiempo, 10 de febrero de 2008. Incluso, expertos que conocen el predio expresaron a la radio, que las familias desplazadas allí podrían convertir estas áreas en un proyecto de ecoturismo por la belleza y la riqueza en biodiversidad y de aseguramiento alimentario.
Es claro que la política pública no contempla a las víctimas del desplazamiento como sujetos de derecho. Y tampoco comprende desde una mirada humanitaria la atención en materia de tierra, de salud, de educación a los desplazados. Es la misma mirada productivista y guerrerista con que se aborda el conflicto social y armado y la situación de los secuestrados y o retenidos.
La segunda argumentación del ministro Arias no hace sino reafirma la decisión de la política agraria uribista, desastrosa para los campesinos beneficiosa para los empresarios, ya ampliamente conocida, apoyo crediticio e inversión para las empresas más no para los desplazados o los habitantes tradicionales del campo mestizos, afrocolombianos e indígenas. La mirada economicista, productivista se impone sobre una comprensión integral de respuesta a los derechos de los desplazados, de fortalecimiento técnico en modelos de calidad de vida para los campesinos y el bien de la humanidad desde otra lógica. La obsesión por el mercado de los “necro combustibles” derivados de la palma africana, la reforestación mercantil y el caucho como productos de control social, sustenta la priorización del sentido del uso de la propiedad. En este caso las empresas palmeras, Palmasol, sería una de las beneficiarias de créditos y subsidios la política de Agro Ingreso Seguro,AIS, en esta perspectiva de concentrar el crédito en manos de grandes empresas.
De acuerdo con el Senador Robledo en ocasión del debate sobre la ley de agrocombustibles, del 5 de diciembre pasado: “Según Finagro, el 46% de los créditos de AIS está concentrado en créditos de más de 500 millones de pesos. La asignación en créditos de menos de un millón de pesos está previsto para el 0,07%; el 33% de los créditos está en créditos de más de 1.500 millones de pesos”.
Esta política de concentración del crédito va de la mano con la concentración de propiedad agraria, conseguida a sangre y fuego durante las últimas décadas. Millones de familias campesinas están sin tierras y desplazadas por el accionar conjunto de los militares, paramilitares, terratenientes, ganaderos y empresas que les arrebataron sus territorios. Organismos del Estado han indicado que entre 4 y 7 millones de hectáreas han sido apropiadas por el paramilitarismo en los últimos 15 años. Un reciente informe de la Controlaría General de la Nación indica, según Caracol Radio, que se trata de cerca de 2.9 millones de hectáreas, agregando que el gobierno no ha acatado debidamente la orden impartida por la Corte Constitucional y no ha entregado de manera oportuna los predios.
htpp://www.caracol.com.co/noticias/548760.asp.
Respecto a la concentración de la tierra, y la tendencia a sus acumulación en pocas manos, en 2003, de acuerdo con el investigador Darío Fajardo tomando fuentes oficiales “el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica en un estudio denominado zonificación de los conflictos por el uso de la tierra en Colombia son: el 97 % de los propietarios tiene el 24% de la tierra, mientras el 0.4% de los propietarios tienen el 61% de la tierra” http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=326.
A estas ciudadanas y ciudadanos, campesinos, afrodescendientes, indígenas desplazados el Gobierno los ha atendido diferencialmente. Si comparten el espíritu de la seguridad “democrática” y el Estado Comunitario reciben apoyo, por el contrario, si afirman su identidad como población civil, cuestionan las violaciones de derechos humanos y la impunidad, demuestran la ocupación de buena fe y se niegan a agronegocios oídos sordos y negación de derechos a la vida digna, la autonomía alimentaria, el territorio.
En el esquema de sociedad proyectado como Estado Comunitario que pretende consolidar el Gobierno, el papel del campesinado, del desplazado, del afrodescendiente es el de mano de obra barata, de preferencia dócil y callada, o vinculada a la reconciliación con estructuras empresariales beneficiarias de la violencia paramilitar o de las políticas públicas de agronegocios.
¿Para que entregar tierras a desplazados cuando pueden trabajar en las plantaciones de grandes empresarios? Para favorecer el poder de los ricos.
Y ¿quién está detrás de estos negocios, cuidados y privilegiados por el Ministro de Agricultura, el propio Presidente que vino a defender la decisión y el Director de Acción Social Luís Alfonso Hoyos Aristizábal, supuestamente encargado de coordinar la atención a la población desplazada? ¿Quienes son las firmas Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y Esfinanzas? ¿qué aspiraban a administrar la finca Carimagua? ¿Cuánto aportaron a la campaña de Luis Hoyos en Caldas? Cuánto aportaron a la campaña de Uribe?
Palmasol S.A. es una de las numerosas empresas del sector palmero que financió la campaña del Presidente Uribe en 2006. ¿No será que esta generosidad se paga luego con favores?
La empresa Palmera Santana se había beneficiado ya en el pasado de los favores de autoridades locales. Según la Procuraduría General de la Nación, La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía, autorizó la concesión de aguas del predio rural ” La Arboleda ” a la firma Palmeras Santana Ltda., sin que existiera una petición de la firma titular de la concesión en la que manifestara su intención de traspasarla. Así mismo, precisó que los miembros de la Corporación no le comunicaron esta situación a la firma titular Soceagro S.A., desconociendo con ello sus derechos, como poseedores materiales del inmueble ” La Arboleda ” y el derecho al debido proceso. PGN, comunicado de prensa publicado en http://pgn-ms-10.procuraduria.gov.co/html/noticias_2006/noticias_061.htm.
Mario Escobar, uno de los socios de Sapuga S.A., es amigo de Luís Alfonso Hoyos Aristizábal, forma parte de la junta directiva de Acción Social y financió las campañas políticas de Hoyos. Aunque el director de Acción Social se apresuró a afirmar que Escobar “no tiene interés en participar del suspendido proceso de adjudicación para explotar los terrenos”, tantas coincidencias no dejan de sorprender http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=548514.
La política del gobierno de favorecer intereses privados ha llevado en este caso a desconocer los derechos de familias campesinas sin tierra o desplazadas, y en otros casos, los derechos ancestrales de los dueños originarios del territorio, comunidades afrodescendientes, como es el caso de las empresas palmicultoras y de extensión ganadera en el Curvaradó y Jiguamiandó. En este caso, como en otros conocidos del Valle del Cauca, se combinaron capitales privados con lavado de activo del narcotráfico. O en el caso del Cacarica donde la empresa Ci Multifruits Ltda.
En apariencia desistió de una Alianza Estratégica en la que se encontraba involucrada la “Casa” del Comandante paramilitar el “Aleman”, allí en el perímetro de La Balsa se fomenta un nuevo negocio que vulnera los derechos de los afrocolombianos a través de nuevas empresas bananeras beneficiarias del paramilitarismo, involucrando en el negocio repobladores y reinsertados, que no son habitantes del Territorio Colectivo.
En todos los casos la lógica institucional, expresada en el presidente y sus ministros, se usan las mismas palabras de un supuesto “desarrollo” y “progreso”, criterios de ganancia y de rentabilidad, que no son las mismas lógicas de las víctimas, a quiénes se les concibe como incapaces o sujetos de caridad.
La reciente salida de crear una comisión de especialistas para dar su opinión sobre las razones esgrimidas por el Ministro Arias y respaldas por Uribe son un mecanismo para sortear el escándalo. Su composición excluye a los desplazados y pretende es dar un concepto sobre las razones del Estado, ocultando los verdaderos dilemas y contradicciones. ¿Los desplazados son o no sujetos de derecho?
¿La política pública puede reconocer, apoyar otros modos de producción, de relación con la tierra que no sean los involucrados en la agroindustria de la palma, el caucho y la reforestación para la exportación? Por qué las facilidades de recursos en el campo son para los agronegocios? ¿Será acaso la salida la que plantea Fedepalma, ¿quién propende por la buena imagen del sector palmero, al indicar que todo debe reversarse y Carimagua debe continuar siendo una propiedad para la experimentación ambiental?. Y entonces ¿en qué quedan los derechos de los desplazados? ¿Se prioriza la buena imagen de la palma o los derechos de los desplazados?
¿O que no pensar de lo que sucede con el sector de los trabajadores palmeros. Hoy en Puerto Wilches completan tres días de protestas con un cese de actividades, denunciando las condiciones indignas laborales, la destrucción ambiental que se han producido con este agro negocio? Cfr. La tercerización: otro mecanismo de explotación del neoliberalismo
Muchos Carimaguas existen, los que se desconocen y han caído en el olvido por la fuerza de la impunidad y de la invisibilización, lo sin rostro del desplazamiento. La política pública se muestra como la expresión plutocrática. Ha sido la presión que se suscitó por la divulgación del artículo de El Tiempo el que permitió el escándalo, que salpica a Uribe, a Arias, a Hoyos. No hay que olvidar, que todo ocurre en momentos de que se habla la segunda reelección, en las que hay otros en lista para suceder a Uribe, y que son afectos a esa casa editorial. Los últimos beneficiarios en realidad han sido los desplazados, parcialmente se ha echado atrás la decisión, pero un nuevo ardid se está diseñando. “Business are business”, ¡¡¡ no derechos ¡¡¡.
Adjuntos
Espacio de Trabajadoras y es de derechos humanos de Barranca. Paro Civico en Puerto Wilches 14 de febrero de 2008
El Tiempo, Tierras destinadas a víctimas del conflicto serán dadas a particulares por MinAgricultura e Incoder, 10 de febrero de 2008
‘Sacarle más recursos a Carimagua dará más recursos a desplazados’:
Minagricultura
http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=548514.Director de Acción Social admite relación con socio de una empresa que aspiraba explotar Carimagua
http://www.caracol.com.co/noticias/548760.asp/seccionactualidad
La tercerización: otro mecanismo de explotación del neoliberalismo
PARO CÍVICO EN PUERTO WILCHES
Anoche 13 de febrero en una asamblea obrero popular los habitantes de Puerto Wilches, Santander, aprobaron un Paro Cívico en el Municipio exigiendo mejores condiciones laborales para los trabajadores(as) de la industria de la palma, que se hizo efectivo hoy jueves 14 de febrero a las cuatro de la mañana.
Este movimiento cívico se da en un municipio cuyos humedales y bosques fueron reemplazados por miles de hectáreas de palma de plantación con destino a la producción de biodiesel, luego de que grandes hacendados se hicieron con la propiedad de la tierra. Las organizaciones sociales y sindicales de la región han señalado que la palmificación pone en riesgo la seguridad alimentaria, pues cultivado en grandes áreas empobrece los suelos y es incompatible con otro tipo de vegetación. Un costo alto pagan los pobladores con estos cultivos que dejan muy poca riqueza para su municipio.
El levantamiento surge cuando la calidad vida de los trabajadores es paupérrima por cuenta de la escasa seguridad industrial. En el año 2007 un trabajador murió, al parecer por químicos de uso agrícola que son manipulados sin una protección adecuada. Las condiciones laborales se establecen con cooperativas de trabajo asociado que subcontratan y sirven de intermediarias ante los grandes empresarios. La figura de la “mercerización” es el instrumento creado por el Estado para favorecer a los empleadores pues les permite eludir sus responsabilidades negando la seguridad social y prestacional de los trabajadores.
El fin último de la tercerización es reemplazar el contrato laboral que realmente existe y negar el derecho a la ASOCIACION, NEGOCIACION COLECTIVA Y EL DRECHO A LA HUELGA, violando con esto la libertad sindical, derecho consagrado en los tratados de la OIT y ratificado por el Estado Colombiano.
EL LEVANTAMIENTO POPULAR.
Después de 15 días de paro laboral por parte de los trabajadores subcontratados, la población de Puerto Wilches, el día de ayer, en asamblea popular decidió salir a PARO CIVICO, como respaldo a los trabajadores cooperados. Cabe señalar que durante estos días, otros trabajadores de las diferentes empresas que hacen presencia en este municipio han venido sumándose a la justa protesta, congregando a cerca de mil trabajadores(as).
A tan solo unas horas de haber estado hablando una comisión sindical de los estados Unidos, con el presidente de la república, exigiéndole al gobierno colombiano el respeto pleno a nuestros derechos sindicales; en el pequeño municipio de puerto Wilches al lado derecho de la margen del rio grande de la magdalena, se evidenciaba una vez más la verdadera realidad que vive el movimiento sindical en Colombia y que se arreciaría más en caso de firmarse el T.L.C.
Esta antorcha que hoy se enciende en el vecino municipio, ya la encendieron los habitantes de El Centro, corregimiento de Barrancabermeja, quienes después de ocho días de paro cívico con paro de producción de petróleo, obligaron al consorcio “Cira Infantas” a mejorar las condiciones salariales y laborales de más de seiscientos trabajadores, que bajo la figura de la tercerización venían siendo super-explotados..
Los (as) trabajadores (as) de la industria de la palma y los pobladores (as) de Puerto Wilches hoy le hacen un llamado al Estado colombiano para que asuman su responsabilidad en cuanto a protección laboral y mejoras salariales de los trabajadores (as) que son en últimas quienes le generan su riqueza.
Al Ministerio de la Protección y la seguridad Social, para que haga el acompañamiento pertinente e invite y sirva de mediador, tomando como referencia los lineamientos de la OIT, para que las partes lleguen a un acuerdo.
A la Defensoría del pueblo para que garantice el respeto de los derechos laborales y el derecho a la vida de los trabajadores y pobladores(as) del municipio.
A las organizaciones sociales y sindicales, y a la comunidad internacional para que acompañe y sea veedora del proceso que hoy libran las comunidades.
Espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos
Barrancabermeja – Magdalena Medio
Febrero 14 de 2008
Febrero 10 de 2008
Tierras destinadas a víctimas del conflicto serán dadas a particulares por MinAgricultura e Incoder
Foto: Hernando Herrera / EL TIEMPO
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‘Sacarle más recursos a Carimagua dará más recursos a desplazados’: Minagricultura
Para impedir que tierra de desplazados llegue a manos privadas, Procuraduría interpondrá recursos
Esta es la hacienda Carimagua, un lote de 17.000 hectáreas provisto de aljibes de agua potable, vías y hasta una pista de aterrizaje.
El predio, en Puerto Gaitán (Meta), tiene 17 mil hectáreas y se debía asignar a 80 familias. Pero en 10 días, y por 50 años, pasará a manos de empresas del sector palmicultor e inversionista.
De hecho, representantes de cuatro firmas -Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y Esfinanzas- inspeccionaron hace un mes el terreno (que tiene pista de aterrizaje, aljibes para provisión de agua, decenas de casas, luz, vías internas y potreros con molinos de viento) que en 2004 el gobierno Uribe prometió destinar a su programa de reasentamiento de desplazados por la violencia.
A pesar de que existe un acuerdo (el 005 de septiembre del 2004) en el que quedó establecido que el inmueble sería entregado a familias víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera, algunos de esos empresarios volvieron a Bogotá haciendo planes y cuentas para sembrar allí palma, caucho y madera, e incluso para proponerle al Gobierno que les venda el terreno, conocido como Carimagua.
Es más, hay empresas de Malasia interesadas en el negocio.
El sorpresivo cambio de inquilinos del magnífico predio se debe a que, hace siete meses el Incoder decidió entregarlo a privados.
De nada sirvió que ese mismo instituto firmara un contrato con la Fundación de Estudios Económicos Políticos y Sociales (Fundes) para desarrollar en Carimagua el programa de reubicación de desplazados, campesinos y desmovilizados.
Tampoco sirvió que la Gobernación del Meta -cuyo departamento es uno de los más afectados por el desplazamiento, según cifras del propio Gobierno- realizara un estudio y una preselección de familias para que les fuera entregado el terreno.
Movimiento relámpago
El 6 de julio del 20007, el Incoder firmó un acuerdo para cambiarle la destinación al inmueble y, cuatro días más tarde, se expidió la respectiva resolución que, además, le permitió echar a andar una licitación para ceder la tierra hasta el año 2057.
El proceso de adjudicación se inició en diciembre, se cierra este lunes y se adjudica el 21 de febrero próximo.
Ese trámite relámpago de cambio de destinación y de adjudicación contrasta con el de la frustrada entrega a las familias de desplazados, el cual se demoró más tres años sin que diera frutos.
La laxitud del trámite es tan evidente que un mes antes de que el Incoder decidiera cambiarle la destinación al predio, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) -que cedió Carimagua gratuitamente en el 2004- manifestó su extrañeza por el hecho de que, pasados tres años, el Incoder ni siquiera hubiera enviado a un funcionario para tomar posesión del bien.
En la misma comunicación, Corpoica advierte el riesgo de que un grupo de desplazados se tome el predio, debido, precisamente, al descuido del Incoder.
Efectivamente, poco después de esa carta, Carimagua fue ocupado por varias familias que ahora tendrán que ser expulsadas para darles paso a los privados.
Incluso, en su momento, el Incoder le solicito al alcalde de Puerto Gaitán que tomara las medidas policivas del caso para sacar a los invasores a quienes califica de “personas no determinadas”.
¿Puede el Incoder cambiar la destinación de un predio cedido única y específicamente para el programa de reforma agraria para desplazados?
¿Puede un grupo de privados entrar a ocupar Carimagua a pesar de que la Constitución es clara al otorgarle un trato preferencial a los desplazados víctimas de la violencia, debido a su circunstancia de debilidad, vulnerabilidad e indefensión?
La tesis de Minagricultura
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, asegura que sí, pues la tesis de su cartera y la del Incoder es que ese predio no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados.
En cambio -dice Árias- en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados.
La polémica sobre este predio se produce en momentos en que la Corte Constitucional le volvió a recordar al gobierno Uribe que si bien ha mejorado en su política para los desplazados, sigue incumpliendo en temas tan neurálgicos como el de la entrega de
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El ministro Andrés Felipe Arias le explicó a EL TIEMPO las razones por la cuales -según el Gobierno- Carimagua debe ir a manos de privados.
¿Por qué no les han entregado esas hectáreas a los desplazados, como se acordó hace 3 años?
El predio está muy alejado de cualquier casco urbano, sin servicios públicos ni infraestructura que les permita desarrollar proyectos productivos.
Pero tiene vías, agua y luz…
Lo que estamos buscando es el desarrollo de infraestructura en la zona, volverla un polo de desarrollo, generando más de 1.500 empleos para gente de la región.
¿Y a cambio de qué?
Hicimos una convocatoria pública, abierta y el próximo 21 de febrero le entregaremos el predio a quien esté dispuesto a pagar más.
Deberán pagar mínimo 250 millones de pesos anuales al Estado, así los cultivos de palma, caucho y reforestación aún no produzcan. Y en el año 10, la suma aumenta a 2 mil millones anuales, ajustados al IPC.
Pero Carimagua tiene destinación específica…
Sacarle recursos a ese predio genera más recursos que entregárselo a desplazados.
¿No cree que el espíritu del Incoder no es el de generar recursos, sino el de solucionar el problema de los desplazados oportunamente?
Es que esa plata la reinvertiremos en desplazados. Además, allí solo caben unas 80 familias y con darle 11 hectáreas a una familia no se hace nada. Además, recuerde que no son 17 mil hectáreas pues 6 mil son de reserva forestal.
Y jurídicamente, ¿es legal cambiarle el destino aun predio para desplazados?
Eso está cuestionado, vamos a ver que pasa. Estamos dando un debate jurídico con el Ministerio Público. Y aunque su concepto no es vinculante, lo tendremos en cuenta.
¿Cuándo sabremos el resultado?