La Paz un proceso hacia la democratización plena del país
“La paz como un proyecto político de país incluyente, en el que la clase política y dirigente asuma compromisos de mediano plazo para disminuir y terminar la exclusión es la paz verdadera. La paz es la sociedad y el proyecto de país realizado en el que no se mate con balas, ni con hambre, ni con mentiras ni con la ley, ese país, requiere generosidad de quiénes han usufructuado el poder, y no es el acuerdo con las guerrillas, es con los millones de ciudadanos, que no tienen satisfecho sus derechos”
Quiero agradecer la invitación de más de 20 organizaciones sindicales y de organizaciones de la sociedad civil Noruega, a Fokus Carolina Maira Johansen para participar en el espacio de diálogo Juntos por la Paz de Colombia.
Debido a dificultades de los últimos días en el trabajo que desarrollamos no me es posible asistir a mí, ni a ningún delegado de Colombianas y Colombianos por la Paz, por lo que ofrezco mis disculpas, y deseando que el espacio de diálogo y de encuentro entre ciudadanos de diversas latitudes logré ser acogido y escuchado y resonado en los escenarios de diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y el que estamos seguras se dará con ELN.
Tratando de suplir nuestra ausencia enviamos estas nota, fruto de un trabajo colectivo para su escucha y discusión.
¿Cómo construir un escenario para que la paz sea duradera?
Es tal vez, la pregunta clave que se suscita luego de escuchar y de conocer las experiencias de Sudáfrica, de Irlanda y las más cercana a nosotros de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero al mismo tiempo, al observar y escuchar a las víctimas de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay y Paraguay.
Indudablemente el reconocimiento explícito del acuerdo de un marco para la solución del conflicto, aceptado y reconocido el pasado 27 de agosto por el propio Presidente Santos, significa una esperanza para la solución de unos factores del conflicto, que no significa en sí mismo la paz, de llegarse a unos acuerdos, si no parte de un proceso de más largo vuelo.
En medio de esta esperanza para los colombianos y para la paz de la humanidad venimos experimentando una serie de decisiones políticas y de situaciones en medio de la continuidad del conflicto armado que nos hacen necesario recordar el análisis del expresidente Belisario Betancur al empeñarse en un proceso de paz.
Él se refería en la década de los 80 a los factores objetivos y subjetivos de la violencia. Muchos analistas y sectores de poder coincidieron en reconocer que el alzamiento armado obedecía a factores estructurales de injusticia social y de exclusión política, así como, a factores ideológicos que han alimentando una comprensión de la realidad que ha legitimado y justificado la acción armada como acción política.
Hoy, más de 20 años después la mayoría de sectores de poder parten de la tesis de que este proceso hacia la solución del conflicto parte de una derrota estratégica de la guerrilla y de una disposición del ejecutivo de reconocer la existencia de un conflicto, la existencia de unas víctimas del mismo para quiénes se elaboró una ley de víctimas y de restitución. Sin ser expertos en el tema militar teniendo en cuenta lo que la gente vive en la mayoría de las zonas rurales del país, es que la guerrilla, sobrevive, existe actuando y que muchas de sus actuaciones como guerra de guerrillas son silenciadas y que las mismas han causado efectos sobre sectores importantes de la economía. También, lamentablemente con saldos en vidas humanas en sus propias filas, en las de su enemigo militar y en los civiles. Esto nos lleva a plantear que por lo menos no hay una derrota que indique que a corto o mediano plazo la derrota militar pueda ocurrir. Pues, si bien existe una asimetría en el conflicto armado colombiano, no hay una derrota militar no existe tampoco un empate militar, pero los efectos en esa asimetría, aunque cuenta con la más alta tecnología continúa afectando a civiles inermes.
Si bien compartimos la tesis de que las guerrillas no lograrán la toma del poder por las armas, tampoco podemos afirmar que las guerrillas serán derrotadas en el corto y mediano plazo. Así que lo militar debe ser impensable para ambas partes, porque en cualquiera de los casos, los costos humanos, sociales, ambientales serían ahondar los que ya son altísimos. De qué sirve argüir que las guerrillas, las FARC y el ELN, se han reacomodado, que parte de sus estrategias de lucha se han proyectado sobre actores económicos generando la sensación de la inviabilidad, en determinadas regiones, de una inversión extranjera segura o de continuar anunciando el fin del fin de las guerrillas por la vía militar. Esas expresiones alimentaran una mentalidad expresada en la cultura que todo conflicto se resuelve con la fuerza, aún a costa del derecho, de los derechos humanos, del derecho humanitario, una cultura de que con la fuerza todo se consigue. Si el diálogo pretende aportar a una solución estructural la mentalidad del enemigo, la del enemigo interno debe excluirse desde ya.
En las actuales condiciones del conflicto armado en lo militar, prolongar el lenguaje de la guerra significa éticamente algo inconcebible pues se continúa enconando la imposibilidad de reconocernos entre diferentes pero en un mismo país, donde todos debemos y podemos ser, existir; se continúa haciendo inviable un proyecto de región y de integración donde los problemas acuciantes de la humanidad como la crisis del alimentaria, la crisis ambiental podamos enfrentarla. En Colombia sólo es posible construir la paz, la reconciliación, la justicia y la convivencia, incorporando el país a la integración y la seguridad en la región, si es transitado ese camino de un cambio de lenguaje que vaya siempre más allá de las amenazas del mantenimiento de la tesis de la derrota militar.
Partiendo de suyo que la guerra es una expresión de la condición humana que indica la incapacidad de lo razonable y de lo humanamente posible para resolver las pretensiones en el ejercicio o en la aspiración del poder, hoy todas las manifestaciones de guerra debe menguarse y aclimatarse. Siempre ha válido y hoy más que nunca lo creemos vale la pena apostar por la humanización del conflicto, y de eso vanamente nos enorgullecemos, con la exigencia de liberación de personas privadas en poder de las FARC, las que ha tenido un efecto importante en la construcción de un espacio de diálogo para concluir o intentar cerrar una expresión del conflicto. Por eso, este proceso que se dará inicio en Oslo en las próximas horas y el que insistimos se iniciará con el ELN debe iniciarse con el cambio de prácticas lingüísticas que alivianen, que empiecen a contraponerse a un discurso guerrerista de más de 48 años.
Somos conscientes, sin embargo, que no ha existido posibilidad de un cese al fuego bilateral. Lo cual lamentamos, pues se iniciarán conversaciones en un ambiente de hostilidades militares, en un escenario de confrontaciones armadas y violaciones al derecho humanitario. Por ello, valorando las declaraciones de voluntad de las guerrillas, nos preocupa que se continúen presentando graves infracciones a ese derecho, que deben ser asumidas y clarificadas por aquellas, teniendo las víctimas los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, pues se trata de transgresiones de los límites de las reglas aplicables a los conflictos armados y también de los valores humanistas del derecho a la rebelión. Por las razones propias de un Estado de Derecho, también seguimos creyendo que es posible esperar más gestos explícitos, públicos y claros del Gobierno en inmediatas respuestas humanitarias a los civiles que habitan en zonas de conflicto armado, así como de respeto y atención a las personas privadas de la libertad en razón de su pertenencia a los grupos alzados en armas.
Por eso, sin el ánimo de entorpecer sino por el contrario de hacer creíble a quienes padecen el conflicto armado de manera directa como civiles, hemos invitado a un Acuerdo Especial como lo contempla el derecho humanitario y que dimos a conocer hace menos de 15 días.
Creemos que un Acuerdo Especial será además un mecanismo para ganar en confianza entre las partes que se encuentran en el campo de batalla y para poder dar respuesta a demandas de las víctimas que reclaman saber de sus seres queridos los cautivos por las guerrillas de las FARC y del ELN, pero también de los desaparecidos forzados.
Por eso para que la paz como un proceso duradero, estable y sustentable debe pasar más allá de las dinámicas militares, así no haya sido consignada explícitamente en el Acuerdo Marco, por la problemática social y económica, en la que la sociedad tiene un papel protagónico para expresar sus propuestas que son viables y realistas, junto por supuesto a las garantías del ejercicio político para el movimiento armado que transita a la política pero también para todos los ciudadanos.
Algunos pensaran que estamos planteando que la paz por la que abogamos se pacta por decretos en lo económico y lo social en la mesa de negociación. Lo que planteamos de fondo es que la paz no es la reinserción de las guerrillas, que la paz es un nuevo proyecto de país. Creemos que si es posible hoy comprender que el problema del conflicto no son los guerrilleros o las guerrillas. Ellos son síntomas de problemas de fondo no resueltos en lo económico, lo social y lo ambiental que puede saldarse, como déficit de democracia en esos ámbitos, como en el político con la redefinición de la redistribución del PIB, la redefinición de los acuerdos comerciales para que sean democráticos y equitativos, y esto no es más que voluntad del poder político. Si la paz es duradera como un proceso, ese proceso puede empezar ya, con un proyecto de país que redefina con lo que existe en las finanzas públicas y los apoyos internacionales como los derechos de la totalidad, y no solo de un grupo, pueden satisfacerse en un mediano plazo, en una década, por ejemplo. El derecho a la salud, a la educación, al techo, a un ambienta sano, al agua.
Las garantías política son sustanciales para la deliberación en los campos institucionales existentes u otros nacientes reformados de los existentes, que eviten la repetición del genocidio político, que modifiquen la mentalidad que inspira el actuar de muchas estructuras militares y policiales, que abdique de lógicas paramilitares. En este campo, las verdades sobre la responsabilidad del Estado en más del 75% de atentados o afecciones a la vida e integridad deben esclarecerse y reconocerse, de llevarse a una sanción penal coherente en debido proceso, tanto como el 25% de atentados o afecciones a la vida por partes de las guerrillas, si tomamos las bases de datos existentes de diversas organizaciones de derechos humanos, como Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Banco de Datos del CINEP, Comisión Colombiana de Juristas. Se requiere investigación judicial, plena y eficaz. Otra cuestión es como se resolverán las sentencias o se definirán las sanciones. Pero todas las víctimas necesitan respuestas concretas, eficaces. Por ejemplo, donde están los más de 18 mil desaparecidos forzados en Colombia. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia, desaparecidos desde noviembre de 1985? Hay sentencias importantes y dónde están los seres queridos de esas 11 familias. No es justo que después de más de 25 años, el Estado diga ¿Dónde están? Para dar digna sepultura o para encontrarlos en algún lugar de Colombia. Y así sucesivamente. Muy bien una ley de restitución de tierras, pero con qué garantías, si con el más absoluto descaro continúan las operaciones paramilitares, o empresariales beneficiarios de estas sin que la gente pueda habitar con tranquilidad en su tierra.
Las decisiones sobre la justicia no pueden hacerse al margen del diálogo con las víctimas y con la sociedad. Es una discusión que va más allá de las conversaciones gobierno y guerrillas e incluso del propio parlamento.
La impunidad Per se no cimienta la paz duradera.
Los derechos de las víctimas no son incompatibles con la paz. Ni la ausencia de investigación penal resuelve el problema de la impunidad.
Las garantías políticas no pueden concebirse solo como permitir hacer política como curules en un parlamento. Se trata de brindar garantías para todos, y no solo para el movimiento armado, se trata de garantías para la libertad de expresión, y que hacemos con una ley llamada Lleras, que limita las posibilidades de expresión por medios virtuales o como garantizar que las empresas informativas en televisión, en prensa, en radio que no pertenecen a oligopolios puedan existir, y como se facilita que otros medios nuevos puedan surgir, mantenerse en radio, televisión y prensa para construir cultura democrática y ciudadana. Eso son garantías. Qué se hace con las serias limitaciones de la ley de seguridad ciudadana, que criminaliza la protesta social? ¿Qué hacer?
Como lo escribió muy acertadamente Carlos Alberto Ruiz, integrante de Colombianas por la Paz en un reciente artículo: “En consecuencia, la paz puede no sólo resultar muy barata, sino ser suscrita como pactos que al final no se cumplen, obteniendo los parabienes y la relegitimación una clase política y empresarial que puede así proseguir con ligeras variaciones en las dos dinámicas concomitantes: el control económico y el control político“. Es la experiencia que debe ser reconocida para entender el momento actual.
Por eso, si la paz es un proceso la clase política y empresarial, como lo han empezado a reconocer algunos empresarios, significa la justicia social y ambiental, y esta no se decreta, se construye en un proceso de país incluyente, democrático profundamente. Si no se enfrentan desde ya esa injusticia estructural, en un proceso por lo menos de una década, que implica redistribución de los recursos públicos y si el sector empresarial no asume costos, aquella causas de donde se nutre el alzamiento armado como es la desigual del planeta en medio de una gran riqueza explorada u explotada o en lotes de engorde o en agronegocios, no siempre legales o no siempre legalmente justos, la paz no será posible.
Por eso, no deja de doler, la ausencia de sinderesis, de generosidad cuando hace menos de dos semanas, el parlamento negó la posibilidad de que la salud para los colombianos fuera reconocido como derecho o se ha ido construyendo una reforma tributaria que bajo diversas figuras concede mayores beneficios a los sectores empresariales y grava con mayores impuestos a los colombianos, de los sectores medios e incrementa las imposibilidades a las clases bajas, y que al mismo tiempo, se vaya minimizando el derecho humanitario bajo la tesis del derecho operacional en el fuero militar como si en el fondo lo que se quisiera es continuar la guerra y asegurar en la continuidad de ese conflicto la legalización de los desafueros y la impunidad que le es concomitante. ¿Así será posible la paz?
La paz como un proceso, no un proceso de paz, la paz como un proyecto político de país incluyente, en el que la clase política y dirigente asuma compromisos de mediano plazo para disminuir y terminar la exclusión es la paz verdadera. La paz es la sociedad y el proyecto de país realizado en el que no se mate con balas, ni con hambre, ni con mentiras ni con la ley, ese país, requiere generosidad de quiénes han usufructuado el poder, y no es el acuerdo con las guerrillas, es con los millones de ciudadanos, que no tienen satisfecho su derecho al techo, a la educación, a la salud, a la vida de los ecosistemas y la riqueza biológica del país, a la recreación, a una pensión, a la alimentación, para que la paz sea cierta y verdadera, los habitantes rurales y urbanos deben ser reconocidos en sus derecho, y esto no es solo un titulo de propiedad, es la posibilidad de habitar con calidad de vida para ellos y desde ellos para los demás.
Hoy tenemos la posibilidad, a diferencia de los años 50 con sus casi 350 mil muertos en las que se aseguró mayor acumulación de tierras y la repartición del poder político de los partidos liberal y conservador en el “Frente Nacional”, con su impunidad subyacente; a diferencia de los 80 cuando la guerra sucia se desató contra el movimiento social, popular, sindical, religioso, y político de oposición en medio de un inicio de implementación de privatización dinámicas que se incentivaron con la Constitución de 1991, que si bien posibilitó la participación con la desmovilización de algunos grupos guerrilleros; a diferencia de los 90 hasta hoy donde se desataron las manos para el desarrollo de estrategias de despojo del alma, de los sueños, de las posibilidades de una amplia democracia con el pleno empleo paramilitar que derivo en la parapolítica, la paraeconomía con la mercantilización y mercenarización de la vidas y los territorios, pasando por una tergiversación de los derechos de las víctimas en la desmovilización de algunas generaciones paramilitares y la renovación en otras que aún existen, hoy por eso, tenemos en la posibilidad de una acuerdos transparente y coherentes con los derechos de las víctimas y de la sociedad, de cimentar la paz como un proceso de justicia en la democracia social, en la democracia económica, en la democracia ambiental… solo así será la paz estable, duradera y sin posibilidad de repetición.
Piedad Córdoba Ruíz
Vocera de Colombianas y Colombianos por la Paz
Bogotá, D.C. lunes 15 de octubre de 2012