La paz en tiempos electorales
Después de la accidentada, mediática y de cualquier forma exitosa última liberación de secuestrados, las Farc se dirigen nuevamente al grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz con la intención de reanudar el intercambio humanitario.
Aunque toda iniciativa que permita un acercamiento certero entre las Farc y el gobierno del presidente Uribe es encomiable, la misiva llega en un momento electoral y, como tal, tiene implicaciones políticas que van más allá del usual cálculo estratégico con que el grupo terrorista manipula la libertad de los secuestrados.
En la carta que publicó Anncol, las Farc utilizan un lenguaje de buena voluntad, de interés en el intercambio humanitario. Argumentan que no harán “del lugar del diálogo un obstáculo insalvable” y que la prioridad la tienen esos que con cinismo llaman “prisioneros” y que el mundo reconoce y queremos que se reconozcan como secuestrados. Exigen garantías para sus tres voceros autorizados —Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Fabián Ramírez—, proponen acordar protocolos conjuntamente y abogan por una veeduría ya no sólo del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, sino de la propia comunidad internacional. Adicionalmente, plantean acciones humanitarias complementarias, como lo son las tan anunciadas pruebas de supervivencia de 20 militares y policías y la entrega del cadáver del mayor Julián Ernesto Guevara, tres años después de su muerte. Por último, pretenden abrir un debate bastante cínico frente a las cifras reales de personas secuestradas por motivos de pura extorsión económica y alegan que en su poder los “retenidos” son apenas 9 y no 3.800 como lo sostiene el Gobierno y lo avalan -no 3.800 pero sí cuando menos más de 500 en las cifras más conservadoras- organizaciones independientes como País Libre.
Las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes tildan a las Farc de tramposas y dicen no creer en sus buenas intenciones. Otros les exigen que, para llegar a un verdadero acuerdo político, es preciso comenzar porque liberen a todos los secuestrados unilateralmente y de manera inmediata.
Es más, los principales detractores se han concentrado en algunos puntos de la carta que, como mínimo, son ambiguos. Frente a los 20 militares y policías de los que ofrecen dar pruebas de sobrevivencia, la presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), Marleny Orjuela, manifestó que según sus bancos de pruebas la suma real de plagiados es de 22. Y con respecto a la petición de entrega de los cuerpos de Iván Ríos y Raúl Reyes, hecha formalmente por las Farc en su comunicado y erróneamente interpretada en algunos medios de comunicación como condición para la entrega del cuerpo del mayor Guevara, el general Óscar Naranjo, director de la Policía, ha dicho que ya les fueron entregados a sus familiares.
Más allá de que las Farc, desde la ilegalidad y como cualquier otro candidato, tengan por objetivo afectar las elecciones presidenciales, lo cierto es que en un momento en que el diálogo escasea y la respuesta militar impera, el grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz debe recibir todo el apoyo y la solidaridad que requiere. Claro, sin caer en la ingenuidad ni permitiendo que su loable intervención se convierta en herramienta de uso político. Sin bajar la guardia, el Gobierno está en la obligación de atender e incentivar todas las posibilidades de diálogo que surjan de la sociedad civil. No hacerlo, también equivaldría a adoptar una posición de puro interés político. El reto es no permitir que, como en el pasado, sean las acciones o los anuncios de las Farc lo que incline las votaciones, pero sin cometer la torpeza de cerrarle la puerta a la paz.
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