La paz desde las regiones y la ley de paz total

El viernes 21 de octubre se instaló en el municipio de San Pablo en el Sur del departamento de Bolívar, una iniciativa constituida por procesos sociales y campesinos del Magdalena Medio, a fin de proteger a las comunidades de las acciones violentas de todos los actores armados que hacen presencia en el territorio y garantizar el respeto integral a los derechos humanos. Esta iniciativa la definieron como Mesa Humanitaria del Magdalena Medio, con la presencia de la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Congreso de la República.

El encuentro fue representativo de la región, hubo delegaciones del Sur de Bolívar, Antioquia, Santander y Sur del Cesar. Las vocerías de las comunidades manifestaron la realidad territorial, preocupaciones, iniciativas y compromisos para impulsar los diálogos dirigidos a la construcción de la paz total.

La instalación de la Mesa Humanitaria se realizó en un municipio simbólico en la historia de la confrontación armada del Magdalena Medio. San Pablo fue tomado por la insurgencia armada por primera vez el 7 de enero de 1972 por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) bajo el mando directo de Fabio Vásquez Castaño, fundador de esta organización armada. En 1989 la cabecera municipal es nuevamente tomada por la guerrilla, esta vez por las FARC-EP. En el municipio han hecho presencia todos los actores que han operado en la región del Magdalena Medio. Desde 1999 los paramilitares agrupados en el Bloque Central Bolívar de las AUC tuvieron una activa presencia hasta su desmovilización.

Los objetivos de la Mesa Humanitaria, además de proteger a las comunidades con acciones humanitarias en el marco del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, es lograr la paz en el Magdalena Medio, en el marco de la paz total que promueve el Gobierno nacional en toda la nación. Parte de las expectativas se movieron en torno a las normativas que permitan promover el diálogo para sellar los pactos de paz, la ley que los regule y defina la ruta para cada estructura armada.

Los avances de los trámites en el Congreso para aprobar la iniciativa legislativa del Gobierno nacional de Ley de Paz Total alientan a los diversos procesos que se suman a las iniciativas de paz del presidente Petro. Es un anhelo de las ciudadanías que habitan los territorios víctimas de todas las violencias que históricamente han azotado al país.

El Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el punto 2. “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, expresa claramente que: “Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz”.

Esta definición del acuerdo fue reafirmada por el ministro del Interior Alfonso Prada esta semana, en su reconocimiento al Congreso por la aprobación, el miércoles de esta semana que termina, a la modificación y prorroga de la Ley 418, es decir, la Ley de Paz Total, dejando claro que es “el inicio hacia la profundización de la democracia”, subrayando, además, que “es el inicio para pasar la página, definitivamente, del baño de sangre en que todavía estamos sumidos”. Y para mayor claridad a las organizaciones y procesos que se movilizan por la paz en las regiones, como la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio, el ministro señala que “con esta ley iniciaremos la definición de las regiones de paz”.

La aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley de Paz Total, que es lo que se ha conocido como la Ley de Orden Público ajustada a los requerimientos para el desarrollo de la política de paz del presidente Petro, le permite movilizar sus esfuerzos para dialogar y cerrar acuerdos de paz con los diversos factores de violencia que actúan en el territorio nacional, permite fortalecer el diálogo con el ELN como organización con reconocimiento político, también establecer diálogos y acuerdos tanto con las estructuras que pertenecían a las extintas FARC-EP y no firmaron el Acuerdo Final de Paz, como con las que se organizaron con quienes firmaron el Acuerdo y, por las razones de los entrampamientos del Estado, regresaron a las armas.

También autoriza al Gobierno a adelantar los procesos necesarios para dialogar y cerrar acuerdos de desmovilización con estructuras criminales, o sucesoras del paramilitarismo. Pero además, como ley, compromete a los gobiernos que lleguen después del actual presidente a sostener negociaciones y cumplir lo que se acuerde con las organizaciones armadas. Un punto importante es el servicio social para la paz que rescató la Cámara de Representantes.

Solo falta, para entrar en vigencia, el proceso de conciliación y la sanción presidencial. En esas condiciones las comunidades y sus organizaciones, en los territorios afectados por el conflicto, tienen la posibilidad de seguir estructurando estrategias de diálogo y paz para institucionalizar el diálogo que se mantiene con los actores armados en las regiones para concretar en pactos de paz estables y definitivos con el respaldo y direccionamiento del Gobierno nacional. En estas condiciones, la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio fortalecerá la dinámica que la moviliza.

Fuente: La paz desde las regiones y la ley de paz total (prensarural.org)