La paz debe ir más allá del cese al fuego
La Ruta Social Común para la Paz presentó el 5 de octubre, en rueda de prensa, su plataforma de trabajo, que tiene la perspectiva de incidir en los puntos hoy día pactados en la agenda de negociación entre las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo) y el gobierno de Juan Manuel Santos, con la posible participación del ELN (Ejército de Liberación Nacional).
La propuesta primaria de la Ruta gira en torno a la participación concreta de los movimientos sociales y populares en la mesa de diálogo, que iniciará, si nada extraordinario ocurre, el próximo 14 de octubre en la ciudad de Oslo – Noruega.
Esta iniciativa de las organizaciones y procesos que confluyen en la Ruta, parte de una agenda de articulación para el posicionamiento de las diferentes propuestas del movimiento social y popular colombiano en torno a la paz. Con la determinación de avanzar en un proceso de diálogo, de discusión, de formulación de propuestas porque “es el pueblo y sus organizaciones sociales y populares los que han vivido los rigores del conflicto y de la guerra”, señalan los voceros durante la rueda de prensa.
La naturaleza de esta agenda esgrime la necesidad de congregar propuestas e iniciativas de los sectores sociales y populares, como se indico arriba, de acuerdo a una construcción colectiva con miras a la solución del conflicto armado colombiano. Por esta razón, organizaciones y procesos como COMOSOC (Coalición de Movimientos y organizaciones sociales de Colombia), La Minga Indígena de Resistencia, la Mesa Ecuménica por la paz, Movice (Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado), algunas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Planeta-Paz, Rede-Paz, La Ruta Pacífica de las Mujeres, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, entre otras, han elaborado una serie de propuestas y valoraciones, acuerdos y compromisos en procura de “la paz con justicia social”, bajo escenarios de debate político.
Los bombardeos indiscriminados, el desplazamiento forzado, la señalización y estigmatización al movimiento social y popular, las detenciones masivas arbitrarias, los montajes judiciales son partes de las razones que plantea la Ruta, que implican la participación de los movimientos sociales y populares en la resolución del conflicto colombiano, ya que pone en evidencia una “permanente y sistemática violación de los derechos humanos”.
La Ruta identificada como una construcción colectiva de los movimientos sociales y populares está expresada en 4 momentos: el encuentro de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por la tierra y la paz de Colombia; el congreso nacional de tierras, territorios y soberanía; la marcha por la paz de Caloto a Villa Rica y el encuentro nacional de unidad popular, junto a las iniciativas construidas en las dinámicas populares locales, regionales y departamentales que también se han venido sumando para el posicionamiento “de las luchas sociales en Colombia”. Estos escenarios representan los acumulados, según expresa la Ruta, de la movilización, desde la protesta social, que pone en marcha una agenda legislativa derechos fundamentales de los colombianos.
La Ruta apuesta a que en estos diálogos pueda hablarse y empiece a construirse una nueva nación que este en el marco de la paz con vida digna. Por tanto plantean que los sectores sociales, populares, democráticos, progresistas como parte de la sociedad civil tiene unas propuestas que van más allá del “silenciamiento de los fusiles” y de “resolver un problema militar”, ya que deben resolverse en torno a la paz los temas sociales y estructurales que afectan la vida de los colombianos. En consecuencia los sectores participantes de la ruta exigen al gobierno un escenario donde puedan plantearse las propuestas sociales encaminadas a la construcción de paz.
Otro de los puntos en que enfatiza la Ruta es la petición de un cese de hostilidades como una muestra a la población que la puesta en marcha de estas conversaciones va estar regida por un “clima de paz”. Lo cual, aclaran, debe estar habilitado desde los escenarios construidos por el gobierno y las Farc–EP y eventualmente el ELN.
Por otro lado, ponen de antemano, que la Ruta es un proceso que está en construcción y está abierto para construir la agenda social y la apuesta de paz, que va más allá de la coyuntura del diálogo y de la negociación y de los acuerdos que de allí salgan. Esto a razón, afirman los voceros, que la paz depende de una vida digna que resuelva los problemas estructurales.
Otro de los aspectos a resaltar, descrito por la vocería de la Ruta Pacífica de las Mujeres, es que sus objetivos centrales están encaminados a apoyar y acompañar el proceso de negociación, aportando a la agenda en el tema agrario, en el tema de víctimas y reparaciones, en el tema de narcotráfico, donde resaltan el hecho que las mujeres sufren las consecuencias de las políticas antinarcóticos y de las consecuencias de los cultivos de uso ilícito; y aportar a mejores condiciones políticas y sociales “para que el país transite hacia una paz estable y duradera con justicia social”.
También, se resaltó por parte de la vocería del MOVICE, la reivindicación de una participación efectiva de las víctimas, aquellas que no son de “cualquier tipo de criminalidad si no de las víctimas de crímenes de Estado”. Dando a entender, en este sentido, que existe un tipo especial de criminalidad que es aquella de origen estatal, y que debido a esto es necesario reivindicar “los sueños y esperanzas a favor de la lucha contra la impunidad por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”. Al final intervención inicial, declararon ante los medios, que en el transcurso de esta semana, se han presentado más de tres amenazas contra organizaciones sociales y de víctimas en varias regiones del país. La primera a organizaciones sociales y de derechos humanos en Atlántico, la segunda a la mesa amplia de víctimas del Carmen de Bolívar y la tercera contra la coordinación nacional de desplazados.
Y frente a estos hechos exige la Ruta garantías reales y efectivas por parte del gobierno nacional a las organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver con el cese de hostilidades de manera bilateral y el cese de hostilidades también de los denominados grupos de restitución de tierras, que vienen amenazando a las organizaciones que luchan por los derechos de la verdad, la justicia y la reparación integral. En el mismo sentido, definen que, el cese debe “evitar, si se quiere, la continuidad de una política de guerra, especialmente que se transforma en las zonas de consolidación y en las zonas de militarización y que principalmente afectan a la población civil.
La Ruta plantea en concreto que empezará a perfilar y a definir cómo va a ser la participación directa en el escenario de diálogo que está en marcha en estos momentos. Esto a consecuencia de que hasta el momento el gobierno dice que es un debate planteado entre gobierno e insurgencia y no existe un mecanismo pensado para el vínculo del movimiento social y popular. Aunque, afirman, que a partir de los espacios de la movilización, del debate abierto, de los foros, de los congresos, de las dinámicas presentes de las plataformas presentes han acordado trabajar en la búsqueda de la paz como construcción colectiva.
Frente a la convocatoria hecha por el gobierno del consejo nacional de paz, la Ruta opina que es importante que esta propuesta institucional se reactive y se amplíe y que deben tener en cuenta a las víctimas en este proceso. De igual manera, apuntan que esta propuesta la discutirán para saber de qué manera hacen la representación en este espacio. -El consejo nacional de paz fue una figura creada en 1998 para la participación civil en los diálogos entre el gobierno y la insurgencia durante las negociaciones en el Caguan-. La Ruta hace claridad en que se están disputando un escenario en estas negociaciones como Ruta Social Común para la Paz, por tanto ni el gobierno, ni el consejo, ni la insurgencia los representa, sino que se representan a sí mismos como sectores sociales y populares.
Respecto a lo concerniente con la participación del ELN en los diálogos de paz, la Ruta presente a los medios la carta transmitida por este grupo insurgente a la sociedad colombiana donde proponen se habilite este escenario. De igual manera reiteran que es importante su participación para que este proceso tenga mayor contenido y se haga de manera integral con toda la insurgencia en su conjunto.
La Ruta, de igual manera, plantea que debe existir un mayor nivel de incidencia vinculando dentro de la agenda, en las eventuales negociaciones con el gobierno y la insurgencia, temas como el cambio al modelo económico dentro de una agenda legislativa. Ya que “el gobierno viene aplicando una serie de medidas que van en contra de derechos y reivindicaciones conquistadas por el pueblo en años de lucha”. Recuerdan como lo anunciado por el gobierno acerca de la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma a la educación, la implementación del fuero militar -“que es la institucionalización de la impunidad”- son aspectos para discutir en la lógica de un proceso de paz con el fin de resolver y superar las causas estructurales que causaron la confrontación. Entonces, señalan, que la participación social y popular tiene que partir de “la movilización y la protesta en donde se impongan temas concretos que avancen fundamentalmente en la superación de los problemas políticos, sociales y económicos, de las transformaciones reales que conduzcan de manera efectiva a la paz con justicia social”
Finalmente, la Ruta invita a la participación de toda la sociedad civil a la semana de indignación que inició el día de ayer con las movilizaciones por un “Trabajo Decente” convocada por los algunos sindicatos del país junto a la movilización programada por la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil). Dentro de este marco, hoy (5/10/12), de las 2 a 8 de la tarde en la Universidad Distrital -Sede Tecnología- Ciudad Bolívar, se llevará a cabo el Conversatorio La Paz con Justicia Social, convocado por la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar.