La paradoja de Garzón
Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones
ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e
intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado por delitos de prevaricación
por los procesos que instruye por desaparición de personas durante la guerra
civil y el franquismo.
Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno
terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus
acusadores que también se podrían achacar al ahora acusado, y solidaridades
y palabras de apoyo para con éste que, desde nuestro humilde punto de vista,
deberían ser matizadas.
En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los
tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente
cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la
acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las
víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez
Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y
consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado
denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la
justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de
justicia.
Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervención
inaceptable de la Justicia en el libre debate político es imputable también
al propio Sr. Garzón. Paradójicamente, es ahora víctima de una politización
de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó. Su apelación a la
ambigüedad de las acusaciones que ahora se vierten contra él, la «patente
desviación de los hechos objeto de esta causa» que denuncia en su recurso, o
la instrucción «sesgada» de que se considera víctima, «que sólo cabe
explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide
analizar con objetividad los hechos que contempla» no es sino su propia
medicina, esa que se ve obligado a probar él mismo. Y que ahora denuncia por
amarga.
Pero es que, además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias
organizaciones, con el apelativo de «defensor de derechos humanos» sin
repasar su currículum al respecto.
No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la
herencia más envene- nada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia
Nacional, sustituta del TOP -Tribunal de Orden Público-. Más aún, sabiendo
perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los
regímenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue
oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la
Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin.
No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de
comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso
defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión
directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación
pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su
pre- ocupación al respecto.
No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al
frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas
acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio
de impunidad en el que se producen brutales torturas. Organismos como el
Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el
Comité contra la Tortura -CAT- o diferente Relatores Contra la Tortura del
sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta
modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.
No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor
de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante
las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad.
Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue
considerado por el CPT «detallado y coherente» y que reprochaba al Juzgado
nº 5 que no adoptó medidas «repetidamente recomendadas por el CPT» para
evitarlas. Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los
detenidos en Catalunya en la llamada «Operación Garzón» durante los Juegos
Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de
tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para
cumplir con las exigencias de los tratados internacionales».
Conocemos, pues, la actitud de Garzón en el ámbito internacional, así como
la conocemos en el doméstico. Sabemos de su interés por aparecer como el
juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin
parangón, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia
Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus
quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el
ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un
ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser
testimoniales.
Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la
misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora
con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer
investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo
franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de
los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
contra el sentido común.
Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este
juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido,
mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia.
(*) Junto a Jorge del Cura, firman este artículo Ramom Lôpez-Suevos
Fernándes y Elvira Souto (Esculca-Observatório para a Defensa dos Direitos e
Liberdades), Ramón Piqué (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous
(Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l’Abolició de
la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y
Lorea Bilbao (TAT-Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y
Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández
(Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa -Araba),
Carlos Hernández (Salhaketa -Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universidad de
Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universidad Autónoma de
Barcelona-UAB), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández
(abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo,
Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos).