La ONU alerta sobre los asesinatos de líderes campesinos en Colombia
La última víctima ha sido Iván Darío Restrepo, de 44 años y padre de tres hijos, que reclamaba las tierras que le arrebataron en 2009 en las cercanías de Medellín. Varios pistoleros vestidos de policías entraron en su casa y le dispararon a bocajarro, un momento después de que los escoltas que le había asignado el Ministerio del Interior, dejaron su tarea al anochecer.
Unos días antes, Ever Antonio Cordero, presidente de la Mesa Municipal de desplazados de Valencia (Córdoba) fue ultimado el pasado día 9 de Mayo cuando se disponía a trasladarse a Bogotá para participar en la manifestación de apoyo a las conversaciones de paz con la guerrilla.
A fines de marzo apareció flotando en las aguas del río Sinú un cadáver que, a pesar de ser enterrado como “NN”, fue identificado días después como Ermes Vidal, de 60 años, líder de las víctimas del paramilitarismo en la provincia de Córdoba y que sufrió el asesinato de su padre y su hermano… Así ha sucedido con 65 líderes campesinos desde 1980, si bien la secuencia de estas acciones criminales se ha intensificado en las últimas semanas, cuando el Gobierno Santos ha desarrollado un programa de atención a las víctimas y restitución de tierras.
Sin embargo, los líderes de los movimientos campesinos denuncian la impunidad respecto a los permanentes atentados: la justicia colombiana apenas ha juzgado a uno de los 65 crímenes perpetrados contra personas que participan en procesos de restitución de tierras. En este sentido se han dirigido al propio Presidente Santos, varios congresistas de Estados Unidos, en sintonía con varios pronunciamientos de Naciones Unidas.
En los últimos 20 años han sido despojadas más de 7 millones de hectáreas con la consecuencia de centenares de miles de familias desplazadas hacia las grandes ciudades, con un destino de marginación y miseria. Estas tierras, destinadas a la creación de latifundios, a la minería ilegal o a la creación de cultivos intensivos apoyados por gobiernos anteriores, como la palma africana, han entrado en un proceso de devolución con el Gobierno Santos . Sin embargo, según ha manifestado a Público, el delegado de la ONU en Colombia, Todd Howland, el Estado colombiano no ha puesto suficientes medios en la seguridad de los campesinos, que a la vuelta a sus tierras, se encuentran con la amenaza y la acción del paramilitarismo al servicio de los terratenientes.
Según Carmen Palencia, directora de Tierra y Paz, que integra a los líderes de restitución de tierras, los “victimarios” son “quienes se niegan a entregar tierras que se están reclamando, empresarios, comerciantes y ganaderos, que están financiando los grupos paramilitares para que asesinen y amenacen”. Lo más común es que se encargue de estos asesinatos a sicarios. En la región de Antioquia (capital Medellín), según la líder campesina: “hasta hace poco, a los dirigentes de la restitución de tierras no los asesinaban a tiros sino que simplemente los torturaban, los mataban a golpes y luego los hacían aparecer como muertos en accidentes de tránsito”.
Sentencia por la masacre de Segovia
Precisamente sobre una de las masacres más importantes en la zona de Antioquia, la que se perpetró en Segovia en 1988 y en la que murieron 43 personas a manos de paramilitares con la complicidad del Ejército, la Corte Suprema de Justicia sentenció ayer al expresidente del Parlamento y uno de los caciques más importantes de la región, César Pérez García, a 30 años de prisión, por considerar probado que fue el “determinador” de la acción paramilitar realizada en la tarde del 11 de noviembre, para dar un escarmiento a la Unión Patriótica (izquierda) que le había arrebatado su cazicazgo en las últimas elecciones.
Sicarios, bajo el mando de Vladimir, entraron en varios vehículos al centro del pueblo y lista en mano fueron sacando a las víctimas de sus casas para dejar luego sus cuerpos sin vida en el parque central. El ahora condenado era entonces presidente del Parlamento y recuperó, tras el exterminio de la Unión Patriótica, su dominio sobre la zona, rica en minería de oro.
Causas como la ahora sentenciada, están saliendo a la luz estos días en Colombia, con informes periodísticos como los que han salido a la luz sobre el gobernador de la Guajira y otros prebostes políticos regionales y que han originado graves amenazas y atentados contra periodistas y analistas. Decenas de ellos están recibiendo una protección especial que, en la práctica, les impide seguir realizando su trabajo y protegiendo a sus fuentes.