La muerte inocente por paramilitares
“Un clamor se ha oído, mucho llanto y lamento: esa madre que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen”. Mateo 2, 16-18
RESUMEN
El pasado 27 de noviembre en horas de la madrugada tres paramilitares asesinaron a un bebe que se encontraba con sus padres en un hospedaje en el municipio de Río Sucio, los “civiles” armados de la estrategia paramilitar acusaron a su padre, habitante del Cacarica, WILBER GASPAR de ser guerrillero. WILBER se encontraba con su mujer a quién intentaron forzar violentamente, cuando este miembro del Consejo Comunitario del Cacarica defendió a su mujer, los paramilitares intentaron ahorcarlo y golpearon a su bebe hasta que este murió. Posteriormente WILBER fue llevado con custodia de autoridades a una instalación oficial, argumentando que lo hacían para protegerlo.
Mientras tanto, los victimarios continuaron moviéndose por el casco urbano sin que se conociera alguna actuación efectiva de detención de los responsables de los múltiples delitos. Días atrás, estos mismos paramilitares participaron en las reuniones que se vienen desarrollando con habitantes de la región del Bajo Atrato para conformar Cooperativas de Seguridad y Cooperativas Agroindustriales en sustitución de las estructuras paramilitares que se desmovilizarán. Simultáneamente se conoció el anunció de la creación de una nueva estructura paramilitar “Héroes del Atrato” que tendría el propósito de incentivar a marchadas forzadas el control poblacional y territorial para los proyectos agroindustriales de palma, de banano, de madera.
Días después, en desarrollo de las operaciones cívico militares, denominadas de Impacto Rápido, en Bocas de El Limón en la Cuenca del Cacarica, el funcionario del Ministerio del Interior, del Programa de Comunidades en Riesgo, GERMAN SANCHEZ, descalificó la postura de los habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó, que se negaron a recibir la ayuda humanitaria con presencia militar y como condicionamiento para la respuesta a las medidas provisionales y se puso en tela de duda la honestidad de las ONG que acompañan en el Cacarica.
Mientras la postura del Gobierno Nacional continúa siendo cuestionante frente a la propuesta de Zonas Humanitarias y las Zonas de Reserva de la Biodiversidad, continúa una actitud tolerante en el Cacarica con el desarrollo ilegal de proyectos agroindustriales de banano primitivo o “baby” por parte de la empresa Multifruit en caseríos que han sido de absoluto control paramilitar donde se implemento una contrarreforma agraria entre 1.997 y el 2005 y en los que ahora se desarrolla una estrategia de control social y territorial. En desarrollo de las prácticas de privatización territorial se ha realizado una serie de reuniones en Necoclí, la última de ellas, al parecer el domingo 18 de diciembre, en el marco de actividades del Plan Colombia en el que se estás definiendo propuestas dentro del Territorio Colectivo del Cacarica que no consultan las propuestas de las comunidades. Mientras tanto se intensificó la compra ilegal de tierras en Barranquilla, y en Bogotá.
SOLICITUD
A las organizaciones de Estados Unidos de iglesias y derechos humanos
Solicitar al Gobierno de su país, a los organismos de control internos, además del condicionamiento de derechos humanos, un control y condicionamiento urgente al apoyo al programa de protección en Comunidades en Riesgo, seriamente cuestionado por este tipo de intervención y la veeduría a la ayuda de los Estados Unidos dirigida en la región del Bajo Atrato la que podría estar siendo utilizada para afianzar la impunidad, el desconocimiento de los derechos de las víctimas y la contrarreforma agraria.
Ver adjunto hechos en detalle y líneas de interpretación
Bogotá, D.C Diciembre 28 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
HECHOS EN DETALLE
* Domingo 27 de noviembre, a la 1:00 a.m. irrumpieron al Hospedaje Casablanca del municipio de Riosucio, tres “civiles” armados de la estrategia militar encubierta, quiénes ingresaron a la habitación de WILMER GASPÁR y su esposa BARTOLA ROLDAN y su niña de 31 días de nacida, habitantes del Cacarica, que se encontraban allí en espera de una atención médica.
Los paramilitares intentaron acceder carnalmente por la fuerza a ALBERTINA, ante las reacciones de la mujer y de su marido WILMER, a este lo acusaron de guerrillero. WILMER grito solicitando ayuda y forcejeo con los victimarios, quiénes por la ubicación de la bebe en la cama, la golpearon y segundos después el campesino fue sometido por los tres hombres y ahorcado con su propia camisa.
Ante el bullicio, la reacción del resto de los ocupantes del hospedaje no se hizo esperar, logrando que la policía hiciera su aparición minutos después, mientras los paramilitares salieron en pasmosa tranquilidad y se ubicaron en una tienda de bebidas. Entre tanto, WILMER fue llevado por las unidades policiales en medio de la presencia de los victimarios, afirmando: “no los llevamos por su seguridad”. La policía posteriormente informó a la Fiscalía de lo sucedido para que se le recepcionara una declaración.
En horas de la mañana WILMER y su esposa regresaron al Cacarica.
* Sábado 10 de diciembre durante el día se produjeron cuatro aterrizajes de helicópteros desembarcando alimentos y medicinas en el caserío de Bocas de El Limón.
* Domingo 11 de diciembre, a las 9:30 a.m. aproximadamente en un helicóptero militar del que desembarcaron entre otras personas GERMAN SANCHEZ, funcionario del Ministerio del Interior, del Programa de Comunidades en Riesgo financiado con cooperación de la ayuda de los Estados Unidos y la funcionaria de la cancillería JANETH LOZANO.
El funcionario del Ministerio del Interior buscó en el lugar a uno de los integrantes de CAVIDA, entre ellos a MARCO VELASQUEZ, a quién abordó expresando que era importante que la jornada de impacto pudiera acceder a las Zonas Humanitarias Nueva Vida” y “Nueva Esperanza en Dios”. El líder afrodescendiente expresó que esos no eran los procedimientos, la aceptación de la ayuda con presencia militar no genera protección y va contra lo que se está afirmando desde las Zonas Humanitarias y los involucra en el conflicto armado, “tenemos muchas necesidades, es deber del Estado responder, pero la manera como se hace pone en riesgo a la población”(…) ninguna definición en CAVIDA la asumo yo solo, pero es claro desde el Proyecto de Vida, que nosotros no aceptamos ese proceder”
El funcionario del programa de Comunidades en riesgo expresó: “propongo una reunión el 15 o 16 de enero para elaborar una agenda para todo el año” agregó que, “la decisión de terminar la Comisión Mixta de Verificación se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH” (…) El gobierno no puede parcializarse en los conflictos, afirma que ha habido mucha inversión, muchos euros por cada familia pero no se ve
El afrodescendiente expresó, “es claro que no hay imparcialidad del gobierno, que ellos de tiempo atrás tienen una postura de respaldo a lo que es conveniente a la política de seguridad”, y en relación con los proyectos agregó, que si se refería a los productivos y de de vivienda y la canalización las interventorías eran las que se quedaban con el dinero. El funcionario de las Comunidades en Riesgo expresó: “es igual que las ONG, entra mucha plata para las comunidades y se queda en las ONG que ejecutan”
MARCO VELASQUEZ expresó: si hubiera llegado plata para ellos y no se hubiera ejecutado bien ellos lo sabrían. De CAVIDA y de Justicia y Paz, se dicen muchas cosas, que son mentiras. Si usted tiene dudas actúe, investigue, verifique sí es verdad o mentira, lo que nosotros decimos y lo que dice de nosotros y de CAVIDA. Y espero que todo esto quede por escrito, y que usted promueva esas investigaciones y dejen tantas falsas acusaciones
GERMAN SANCHEZ se refirió a las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó expresando: allá se veían las caras de tristeza y hambre, la gente se veía que querían recibir la ayuda y que los coordinadores no los dejaban”. El afrodescendiente expresó: “nosotros somos comunidades hermanas, estamos en lo mismo, ni en el Jiguamiandó ni en Cacarica Cavida vamos a recibir nada con esos procedimientos y esa militarización. Nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, pero así no se hacen las cosas. Tenemos Proyecto de Vida, tenemos principios de vida, estamos en las Zonas Humanitarias Nosotros la empezamos en el 2001, fue la primera en Colombia y así se fueron creando nuevas y más, y por eso sentimos lo mismo, nosotros sabemos de la guerra, usted viene y se va”
GERMAN SANCHEZ, cambiando la actitud expresó que se iba a realizar un Seminario o sobre Zonas Humanitarias, agregando creo que sería bueno que a ustedes los inviten a hablar, eso está dando resultados a la población. El afrodescendiente expresó:.“no sabemos qué es, pero nadie ha consultado sobre ese seminario, eso es de espaldas a nosotros y es un nuevo desconocimiento.
* Martes 20 de diciembre, delegados del Gobierno Nacional adscritos en el programa del Plan Colombia, en horas de la mañana manifestaron que se encuentran desarrollando una serie de reuniones en el municipio de Necoclí en lo que están participando delegados de las comunidades del Bajo Atrato para la implementación de diversos proyectos.
Ese mismo día, los afrodescendientes del Cacarica conocieron que la empresa, al parecer de nombre Multifruit, es la que se encuentra implementando el proyecto agroindustrial de primitivo, o “baby”. Este proyecto se desarrolla en La Balsa, San José La Balsa, por pobladores foráneos de la región, sin que los Consejos Comunitarios del Cacarica hayan sido consultados o se conozca la existencia de alguna autorización real para que este proyecto de más de 1000 hectáreas de siembra se implemente, al lado de ganadería extensiva. En la actualidad se encuentra sembradas 100 hectáreas del primer plan de siembra, y se expresa que se encuentran por operar 33 asociaciones campesinas empresariales dentro del Territorio Colectivo del Cacarica.
La siembra coincide con los lugares de deforestación de la empresa maderas del Darién, filial de Pizano S.A, y en los que hasta hace menos de un año y medio operó con uniformes, vestidos de camuflado una base paramilitar que ahora se transformó en esquemas de seguridad paramilitar que combina armas cortas y largas pero vestidos de civil. Caseríos del Territorio Colectivo del cual los paramilitares desplazaron hace menos de dos años a las comunidades que allí habitaron entregando las propiedades a otros pobladores venidos de Córdoba y Urabá
* Miércoles 28 de diciembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de una inusitada compra de mejoras familiares ilegales en la comunidad de Barranquillita, Territorio Colectivo del Cacarica, sin que se surtan los trámites que contempla la ley 70. Igualmente se rumora que la misma situación se presenta en el caserío de Bogotá.
LINEAS DE INTERPRETACION
En silencio, sin asombro, parte de la costumbre es la muerte violenta. Muerte de una bebe de 31 días de nacida, a manos de tres paramilitares que actúan en el Bajo Atrato en medio de la complacencia institucional civil, policial y militar. Nada escandaliza, por eso la reedición de nuevas formas paramilitares están a la orden del día a través de cooperativas de seguridad promocionadas por las estructuras paramilitares que se piensan desmovilizar o a través de nuevas estructuras armadas no institucionalizadas a través de las cuales se desarrollará una nueva fase de violencia selectiva y de presión familiar para imponer el desarraigo o modelos de desarrollo agroindustrial disfrazados como mecanismo de paz –pacificación- y de reconciliación. Eso significa la dualidad que se proyecta a través de la desmovilización con nuevas estructuras legales de seguridad y la nueva estrategia ilegal los “Héroes del Atrato”.
No deja de causar entonces extrañeza, el cinismo con que se abordan los problemas estructurales del conflicto armado y las prácticas que pretenden humanizar las condiciones en que habitan los afrodescendientes. La atención humanitaria se convierte en un mecanismo de refrendación de la legalidad, ocultando los abusos, negando la memoria. Bajo la pretensión del consentimiento de la población se niegan las causas reales de lo que sucede, de lo que ha sucedido y de lo que sucederá.
A cambio de una acción integral sobre los factores de riesgo que se acuñan en la misma institucionalidad que ha inspirado las estructuras paramilitares y o que convive con la siembra de coca y con el desarrollo ilegal de proyectos agroindustriales como el banano, la palma, la ganadería extensiva en caseríos dentro del Territorio Colectivo, pero sobre los que existe un absoluto control paramilitar, los programas, y las acciones gubernamentales cuestionan a las comunidades, deslegitiman la función de las organizaciones acompañantes. La absoluta inversión de los principios, de los valores y de los deberes de los funcionarios sustenta acciones humanitarias, en realidad el humanitarismo, bajo el cual se pretende sustituir el deber de garantías para que los pueblos afrodescendientes sean quiénes definan su modo de habitar, de vivir, de sembrar en el Territorio. Los pueblos afrodescendientes son sujetos de derecho no sujetos de mendicancia, son sujetos de libertad no de nuevas formas de dominación militar, territorial y económica.
Muchas de las siembras ilegales que desconocen los derechos de los afrodescendientes, las existentes y las que se proyectan se realizan con recursos del Plan Colombia. Estos a su vez se proyectaran como el mecanismo de reconciliación entre las víctimas y los victimarios, sin importar un proceso auténtico de verdad, de justicia y de reparación y el desarme estructural del paramilitarismo. No hay paz, hay una apariencia bajo la cual se oculta el crimen, se legaliza la ilegalidad, y se financia a través de impuestos pagos por ciudadanos de los Estados Unidos, por lo que hoy se requiere una mirada vigilante, que evite la repetición de nuevos crímenes, la institucionalización de la impunidad, la destrucción de vidas humanas con imposición de medidas de fuerza cuando las estructuras criminales se burlan de las víctimas, y se recrean las nuevas formas de colonización. En el bajo Atrato el Estado de Hecho es una realidad. Allá no hay Derecho.
Solo fuerza, solo corrupción, solo impunidad, solo silencio. Solo progreso teñido de sangre, de olvido y destrucción ambiental. Ahí solos, sitiados, marginales los afrodescendientes de las Zonas Humanitarias afirman su derecho a la vida y al Territorio. Ahí solos, ante la imposición, se niegan a mercantilizar su vida su territorio, a negociar en escenarios humanitarios, la construcción que realizan desde el 2001 y desde la cual algunos buscan usufructuar reconocimientos y prestigios. Ahí juntos entre ellos y con unos pocos acompañantes afirman sus planes, sus iniciativas y propuestas. Ellas y ellos hablan, denuncian, se asombran ante la barbarie disfrazada con nuevos nombres y palabras.
Bogotá, D.C 28 de diciembre de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ