La miopía del Director de la Unidad de Víctimas

Reconstruir un país tras varias décadas de conflicto armado interno es una titánica labor que debería encomendarse a gente calificada, con experiencia, estudiada y respetuosa de la gente, de las comunidades, de las organizaciones. Pero, lamentablemente, quienes ostentan el poder político en Colombia tienen otros planes, y así es muy difícil construir un futuro mejor.

Decepcionante fue la elección del Fiscal General de la Nación. Mucho deberían explicar los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre cómo fueron los acuerdos políticos para que Néstor Humberto Martínez alcanzara los votos necesarios para ser nombrado en ese cargo, pese a tener múltiples conflictos de intereses en procesos donde aparecen comprometidas compañías multinacionales.

Peor aún fue lo ocurrido en la Cámara de Representantes con la escogencia del nuevo Defensor del Pueblo. El de menos experiencia, pero el más conectado políticamente, tendrá que pagar con puestos burocráticos esos 146 votos (de 154 posibles) que lo llevaron a ser ahora la máxima cabeza de esa agencia del Ministerio Público. Sigue retrocediendo la Defensoría y eso a los políticos no les importa, el caso es tener un espacio para colocar sus fichas y satisfacer sus apetitos burocráticos.

Y así, uno se puede ir por todas las instancias gubernamentales y es lo mismo, funcionarios nombrados por influencias políticas sin tener en cuenta sus hojas de vida. Eso es lo de menos, lo que importa es el partido que representa, la persona que lo respalda y los intereses particulares con los que llega. La función social es un chiste. La democracia colombiana, como muchas otras en el mundo, se comporta como la mafia: quien tenga mejor padrino, más lejos llega.

Justamente en uno de esos recorridos me encontré en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) un caso que sorprende por lo absurdo y que expresa esa práctica de nombramientos que tanto distingue a quienes llegan al poder con compromisos políticos. La miopía del Director de esta dependencia, Alan Jara, es preocupante.

Este jueves fue presentado ante los funcionarios de la Unidad el nuevo Director de Gestión Interinstitucional. Al parecer se posesionaría el próximo miércoles. Se trata de Juan Carlos Cubides Mejía, quien es tratado en Villavicencio, Meta, como una “joven promesa del Partido Liberal”.

El Formato Único de Hoja de Vida que debe llenar todo empleado de gobierno es confuso en la información que contiene con respecto a sus estudios. Inicialmente dice que acabó sus estudios de secundaria en diciembre de 2012, pero también consignó que terminó estudios de Derecho en septiembre de 2010; de especialización en abril de 2012; y de maestría en Derecho en febrero de 2016. A todas luces parece un error de esos que se cometen cuando se hacen las cosas a la ligera.

No obstante, lo más preocupante es su nula trayectoria profesional en temas de víctimas, sobre todo para el cargo que asumió. De acuerdo con el Decreto 4802 del 20 de diciembre de 2011, “por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, la Dirección de Gestión Interinstitucional es el tercer cargo en importancia de la UARIV, después del de la Dirección General y de la Subdirección General; tiene bajo su control las subdirecciones de Coordinación Técnica del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas; de Coordinación Nación-Territorio; y de Participación.

Tal estructura fue ratificada por la Resolución 00185 del 17 de marzo de 2015, a través de la cual se actualizó el Manual de Funciones de la Unidad. En este documento se estableció que la Dirección de Gestión Interinstitucional tiene como propósito “adoptar, fijar, dirigir, adelantar, mantener, velar y perfeccionar las políticas, programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas para la coordinación con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), nación territorio, y la participación de las víctimas para garantizar el goce efectivo de sus derechos de acuerdo con la normativa vigente, los lineamientos dados por la Dirección general y los acuerdos interinstitucionales”.

Para cumplir con ese propósito, se diseñaron 21 funciones, entre las que se destacan “fijar, dirigir y perfeccionar las acciones tendientes para coordinar las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas”; “establecer y perfeccionar la metodología con las entidades competentes para el seguimiento a la priorización y ejecución presupuestal del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a la Víctimas en el nivel nacional y territorial de acuerdo con la normativa vigente y la metodología de coordinación definida”; y “ejercer la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de las Víctimas de acuerdo con los compromisos adquiridos para tal fin”.

Así mismo, la Resolución 00185 fijó los requisitos de experiencia para este cargo. En caso de que el postulante haya cursado estudios de Maestría debe acreditar “64 meses de experiencia profesional relacionada”.

En ese sentido Cubides Mejía no cumple ese requisito ni tiene la experiencia para desempeñar el cargo. De acuerdo con la información que consignó en el Formato Único de Hoja de Vida, su experiencia laboral se reduce a 24 días de trabajo indeterminado en una agencia de cooperación alemana y a 49 meses como prestador de servicios en el área jurídica de la firma Mejía Cubides S en C., una empresa familiar propietaria de la cadena de ópticas Dr. Mejía con sedes en los departamentos del Meta, Guaviare y Casanare.

En una Unidad clave para el posconflicto como la Uariv, y con presupuesto de los ciudadanos, es inaceptable que se utilicen sus cargos de nivel directivo para impulsar a la “joven promesa del Partido Liberal” en el Meta. Es un nombramiento absurdo que debilita la institución y ofende a las víctimas.

* Periodista, director de VerdadAbierta.com – En Twitter: jdrestrepoe