“La militarización del Cauca traerá más muertos”: Guardia Indígena
El coordinador nacional de este movimiento indígena asegura que el gobierno no ha hecho lo suficiente para detener el asesinato de líderes que defienden sus territorios de los grupos armados ilegales.
Horas después de que fuera asesinada en una vereda del corregimiento Tacueyó, en Toribío (Cauca), la voz de la gobernadora indígena Nasa, Cristina Bautista, volvió a retumbar. En redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular un video grabado días antes de su muerte en el que la líder denunciaba el hostigamiento de grupos armados ilegales a sus comunidades. “Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos, también. Entonces hablamos”.
Sus palabras fueron una premonición. El martes 29 de octubre Bautista y cuatro integrantes de la guardia indígena fueron asesinados por hombres de la autodenominada columna Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Su muerte volvió a poner sobre la mesa un problema de vieja data que ha sido denunciado desde distintos sectores y que viene creciendo exponencialmente desde hace más de un año: el revivir de la guerra en el Cauca a través de ejércitos privados al mando del narcotráfico.
El aumento de los combates entre los múltiples grupos armados ilegales, la presencia de emisarios del Cartel de Sinaloa, el fortalecimiento de estructuras criminales y la lucha por el control de territorios ancestrales tienen en jaque a las comunidades indígenas que se niegan a ser parte de la confrontación armada y a permitir que sus territorios se conviertan en enclaves de economías ilícitas.
En ese escenario los Nasa tomaron la determinación de hacer ejercicios de control territorial y cerrar los pasos para evitar verse comprometidos en la confrontación armada. Un mandato que las autoridades tradicionales le encargaron a la Guardia Indígena, colectivo del que hacen parte hombres, mujeres y niños que, sin hacer uso de las armas, protegen y defienden los derechos de sus comunidades. Se trata, en últimas, no de una fuerza policial sino de un mecanismo humanitario y de resistencia pacífica con autonomía sobre el territorio.
Una labor que ha tenido casos emblemáticos como el juicio que en noviembre de 2014 le hizo la asamblea general de la justicia indígena a Carlos Iván Silva Yatacué, conocido como ‘Fercho’, un guerrillero de las Farc señalado de asesinar a dos indígenas que se negaron a montar unas vallas alusivas al entonces máximo comandante de esa guerrilla, llamado ‘Alfonso Cano’. Silva fue hallado culpable y condenado a 60 años de prisión. En el mismo juicio otros tres guerrilleros fueron condenados a 40 años y dos menores de edad recibieron como castigo 20 fuetazos. Fue la muestra de la autonomía indígena para la protección y defensa de sus territorios ancestrales.
La radiografía ya ha sido plenamente esbozada. Históricamente el departamento del Cauca ha sido una región con dos grandes problemas: abandono estatal y proliferación de economías ilegales. “Hay tres grandes mercados, cocaína, marihuana y el remanente de lo que queda de la coca que es el bazuco. Además, también hay un mercado importante de armas. Se empezó a pagar mucha coca con armas para rearmar las estructuras. Es un mercado que utiliza la misma ruta por donde va la droga”, explica Néstor Rosanía, director del Centro de Estudio de Seguridad y Paz al destacar que los principales grupos armados que hoy se disputan el norte del Cauca son las disidencias del frente sexto de las Farc y la columna Jacobo Arenas, reagrupados en las Columnas Móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez; el Eln; el Frente Libardo Mora Toro (Los Pelusos) y estructuras del Clan del Golfo.
Por eso es que el anuncio del presidente Iván Duque de integrar una fuerza de despliegue rápido con 2.500 militares para enfrentar los problemas de seguridad en el departamento, dejó más dudas que certezas entre la comunidad indígena que insiste en que el fenómeno no se combate solo con presencia de Fuerza Pública.
Para Rosanía, se trata de una medida que no solucionará el problema de fondo: “Lo que se ha visto históricamente es un efecto globo, es decir, ante las crisis de seguridad la respuesta del Estado ha sido siempre la militarización, y no solo en el Cauca. El problema es que las estructuras ilegales hacen un repliegue estratégico y como saben que se trata de una permanencia temporal de la Fuerza Pública, cuando se retiran esas fuerzas los grupos nuevamente llegan a los territorios que han controlado y eso se convierte en un circulo vicioso”.
Al panorama habría que sumarle los choques que en distintos momentos ha tenido la Fuerza Pública con las comunidades indígenas en el departamento y que se ven reflejados en la desconfianza que hay entre ambas partes. En entrevista con El Espectador Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, asegura incluso que la llegada de fuerzas militares aumenta el riesgo para las comunidades y que lo que se requiere es una atención integral por parte del Estado y que el Gobierno cumpla con los acuerdos pactados, pero muchos, aún incumplidos.
¿Cómo reciben la medida del gobierno de aumentar el pie de fuerza en el departamento?
Eso no soluciona la crisis porque lo que hay en el Cauca es un problema social, de garantías de derechos para las comunidades indígenas y en este caso, de facilitar que la guardia indígena tenga las herramientas para hacer su control. El presidente anunció más militarización y eso lo que hace es agudizar el problema. Acá la presencia del Ejército causa problemas porque no hay confianza y se han presentado varias situaciones de negligencia y de hechos violentos que implican al Ejército. Es una medida impositiva porque el Gobierno no ha dialogado con nosotros. Están desatando una guerra y con esto va a haber más muertos y se va a agudizar la crisis.
¿Por qué se agravaría la situación?
Nos van a poner en un riesgo, muy alto riesgo; porque desde la Fuerza Pública y el Gobierno insisten en que tenemos que coordinar con el Ejército. Uno acá hasta por hablar con un soldado lo pueden estar fusilando. Con eso justifican las masacres. Si solo por poner un puesto de control para defender nuestro territorio nos están matando, imagínese ahora si creen que autorizamos la entrada del Ejército por acá. Lo vemos con mucha preocupación y desasosiego, no nos queda más que movilizarnos.
¿Se ha recrudecido la violencia contra las comunidades indígenas?
Nosotros pensábamos que después de la negociación de paz con las Farc íbamos a descansar en nuestro ejercicio de acompañamiento a la comunidad ante las situaciones de riesgo por combates. Creíamos que las amenazas y el conflicto iban a disminuir, pero por el contrario, ahora hay más violencia y muerte de indígenas. En los años más duros del conflicto nunca vi que ofrecieran hasta 10 millones por las cabezas de los guardias y las autoridades. Nos siguen matando. En 1991 nos masacraron en Caloto, después en 2008 en la masacre del Naya y ahora con toda esta acumulación van por lo menos 45 guardias indígenas asesinados en el último año en todo el país. La mayoría, casi el 70 %, en el departamento del Cauca.
¿Qué explica esa ola de violencia contra los liderazgos indígenas?
En este momento en el departamento del Cauca operan grupos paramilitares al servicio del narcotráfico y de los carteles —llámese de Sinalosa o del que sea— que no quieren que la Guardia Indígena haga control territorial. Nosotros hacemos presencia en nuestros territorios como autoridades ancestrales legítimas. Por eso nos están asesinando, porque hemos incautado motos, narcóticos, carros. Le hemos quitado secuestrados a esa gente y hemos tratado de mantener el orden porque quieren controlar nuestro territorio.
¿Fue eso lo que pasó en Tacueyó?
Han dicho que lo que pasó fue en medio de una confrontación y que hubo un forcejeo porque la comunidad había retenido a gente del grupo ilegal. Eso no es cierto. Fue un ejercicio de control territorial que se hace a la entrada de la carretera. Nos avisaron que venía gente del grupo en un convoy y cuando la guardia intentó detener su avance comenzaron a disparar indiscriminadamente. Agredieron a la comunidad con disparos de arma de fusil, de punto 50 y de pistola. La masacre estaba anunciada. A los guardias prácticamente los fusilaron porque estaban desarmados e indefensos. A la gobernadora la rematan en el piso con una pistola.
¿Cómo funcionan esos puntos de control de territorial?
Hacen parte del ejercicio del plan de resistencia. Cuando se crea la Guardia Indígena nosotros creamos puntos de control que se encuentran en las entradas y salidas de los cascos urbanos y los corregimientos. El propósito es controlar el orden, cuando hay emergencias, robos o peleas o situaciones de riesgo con la entrada de personas extrañas al territorio. También controlamos salida y entrada de los ilegales. Hemos quemado cosas del narcotráfico y les hemos quitado armas.
¿Es decir que no es la primera vez que son víctimas de retaliaciones por parte de estas estructuras armadas?
Hace un año asesinaron al gobernador de Huellas, en Caloto, y recientemente a un guardia en Toribío. Es una guerra declarada y ellos ya lo habían anunciado. El gobierno ya sabía que estaban pagando por nuestra cabeza. Lo peor es que nos siguen amenazando, nos dicen que si montamos la guardia indígena y ponemos puestos de control nos van a seguir matando.
Si no es aumento de la Fuerza Pública, ¿cuál sería entonces la medida que debería tomarse para paliar la crisis en esta región del Cauca?
Necesitamos presencia institucional, presencia del Estado, pero no solo en la reacción militar. Acá hay un problema de hambre, de necesidades y de temas pendientes como la sustitución de cultivos ilícitos. El Gobierno tiene que llegar con toda su capacidad y debe además fortalecer el ejercicio de la guardia indígena y las estrategias de control y justicia en los territorios indígenas. No sé cuántos más tendremos que morir para que eso se cumpla.
¿Eso quiere decir que hay incumplimientos en el capítulo étnico respecto a la implementación del Acuerdo Final de Paz?
El capítulo étnico quedó en nada. Toribío es un municipio priorizado PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) al igual que todos los del norte del Cauca, pero eso se quedó solamente en el saludo a la bandera. Acá no se desarrolló ninguna política, ningún ejercicio claro sobre qué hacer. El gobierno es responsable porque ha sido negligente. Por eso nosotros seguimos denunciado que nos van a seguir matando si no hay un cambio efectivo de política. La gente tiene mucho miedo porque nosotros hemos vivido en carne propia la guerra y ahora la estamos sintiendo más. Esto va a empeorar y los grupos armados van a querer atacarnos. La gente está pensando en irse pero nosotros no queremos desplazamiento. Seguimos en riesgo de exterminio.
El próximo 16 de diciembre se cumplirán 28 años de la recordada masacre del Nilo, cometida por paramilitares, en connivencia con miembros de las fuerzas estatales, en la que fueron asesinados veinte indígenas que peleaban con terratenientes por la hacienda La Emperatriz. Esto sucedió en Caloto (Cauca) y en 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado tuvo participación en este crimen. En Tacueyó, a principios de 1986, también fue ejecutada una masacre por parte de la guerrilla Ricardo Franco, en la que murieron 164 personas, en su mayoría indígenas de la zona que fueron reclutados y luego acusados de ser informantes del Ejército.
En 2001 fueron los paramilitares del Bloque Calima. Más de veinte indígenas y afrodescendientes fueron masacrados en la región del Naya, mientras fueron acusados de ser aliados de la entonces guerrilla de las Farc. Ese año fue la masacre de San Pedro, en Santander de Quilichao, y en 2002, la de Gualanday, en Corinto.
Imagen: Pulzo