La memoria histórica de 25 años del robo de tierras
Las extradiciones de capos colombianos a Estados Unidos -tema que viene despertando duras críticas ante la posibilidad de que esta herramienta haya pasado de temido castigo a oportunidad para negociar penas bajas en otro país- acaban de ser incluidas por el Centro de Memoria Histórica en el listado de los mayores tropiezos de la política de restitución de tierras. (Lea también: ‘Hay lentitud del Estado en hacer viable la restitución de tierras’)
El grupo, encargado de investigar la verdad no judicial del conflicto en Colombia, subraya en su último informe que el despojo de tierras fue sistemático y estuvo liderado por una empresa criminal en la que se aliaron cinco grandes socios, entre ellos la mafia. El informe, llamado ‘Justicia y Paz: Tierras y territorios en las versiones de paramilitares’, cuestiona que los narcos consiguen hoy negociar sus penas a cambio de entrega de bienes e información “sin que se les requiera por sus crímenes de derechos humanos”.
Y recalca que si bien las versiones de los paramilitares son incipientes para desmantelar a todos los actores de esta empresa criminal, dejan ver que los también llamados ‘señores de la droga’, desmovilizados y no desmovilizados, llegaron a tener el control violento de regiones enteras, sin que en Colombia se tengan mayores detalles de sus confesiones. “En el norte del Valle hay municipios que son de una persona o dos (entre ellas menciona a Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, y a Diego Montoya), quienes se quedaron con las tierras de sus pobladores, a los cuales forzaron a desplazarse o a vender”, dice una declaración del desaparecido hombre de confianza de Carlos Castaño Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, citada por el informe.
El grupo recomienda una medida urgente: que de las investigaciones de Justicia y Paz hagan parte las condenas internacionales contra estos capos, de manera que la justicia colombiana conozca información clave sobre bienes, despojo, y alianzas con miembros legales e ilegales.
Sin embargo, este no es el único dardo que Memoria Histórica lanza contra las piezas sueltas del despojo. Según los investigadores, desde 1994, del proyecto expansionista de los paramilitares, en cabeza de la casa Castaño, también participaron agentes económicos, miembros de la Fuerza Pública y servidores públicos, entre ellos políticos. ¿El objetivo? “Refundar el Estado e imponer un nuevo orden social, cultural, económico y político a través de atesorar tierras y recursos naturales”.
“Unos se encargaban de la acción directa armada, de la cadena de terror en contra de la comunidad, las poblaciones y los líderes; otros concurrían desde el poder político y económico como socios, y otros brindaban apoyo militar e institucional. Pero, igualmente, están los cómplices invisibles que se aprovecharon y se aprovechan del circuito de esta violenta apropiación”, dice Memoria Histórica.
En tal sentido, el grupo enfatiza en que no es suficiente buscar solamente la verdad judicial de los miembros de esta alianza: “Urge extenderse a los bienes de estos agentes”, indica.
Para ello, les pide a las autoridades que en los procesos de extinción de dominio se persigan los bienes de ‘parapolíticos’ “que eran a su vez terratenientes, ganaderos o industriales”, y de servidores públicos, que colaboraron con las acciones criminales de las Autodefensas. (Siga este enlace para leer: Reportan otro reclamante de tierras desaparecido)
En uno de los apartes, el informe alerta por el riesgo de una “amnistía civil”, mediante la cual ‘parapolíticos’ siguen heredando su poder político en las regiones. “Debe existir un mecanismo para que no puedan acceder nuevamente a cargos públicos y heredar fortines a familiares”, dice el Centro.
Aunque en los fallos emitidos hasta ahora contra los jefes paramilitares en Justicia y Paz se insiste en la persecución de bienes de los condenados por concierto para delinquir, hasta el momento no existe en el Fondo para las Víctimas de la Violencia un solo inmueble que provenga de ‘parapolíticos’, de miembros de la Fuerza Pública o de empresarios.
Respecto de estos últimos, un primer avance en la justicia ordinaria contra la multinacional Chiquita Brands, por supuesto financiamiento a los grupos de Autodefensas, quedó empantanado por cuenta de una decisión de la Fiscalía, que cerró la investigación. Está pendiente un pronunciamiento en segunda instancia.
Y ante una tercera jurisdicción en el marco de la ley de víctimas y tierras, Memoria Histórica le hace un llamado temprano al Gobierno. Dice que no es suficiente con que se demuestre la buena fe de los compradores de la tierra; “debe demostrarse que están exentos de culpa”, recalca.
Este llamado recobra importancia ahora, cuando están a punto de emitirse los primeros fallos de restitución de tierras. Memoria Histórica insiste en la existencia de los llamados ejércitos antirrestitución y en su relación con la protección y seguridad de quienes se apropiaron de manera ilegal de las tierras.
El informe de 235 páginas asegura que “la persistencia de grupos armados ilegales que brindan protección a quienes se beneficiaron del éxodo forzado guarda estrecha relación con la creación de los autodenominados ejércitos antirrestitución y con el incremento de asesinatos y amenazas contra líderes y reclamantes, incluso en las regiones formalizadas para la aplicación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Nacional”.
El despojo de los enviados de Castaño
Los proyectos del ‘Alemán’
Freddy Rendón (el ‘Alemán’) y su hermano ‘JJ’ (jefe de ‘los Urabeños’), según el Centro, “implantaron iniciativas productivas en las que se ve el plan criminal de legalizar el expolio y evadir la reparación”.
‘HH’ y el destierro en Urabá y el Valle
Según Ever Veloza, ‘HH’, hubo despojo a favor de gremios legales del Valle. La misión real del bloque Bananero, dijo, era recuperar el 100% de la economía del Urabá, región considerada “la punta de oro de Latinoamérica”.
El escalafón de ‘Doblecero’
El desaparecido Car- los Mauricio García, alias ‘Doblecero’, habló del ranking de los más despojadores: ‘Macaco’ tendría 50.000 hectáreas, ‘Don Berna’, 45.000; Salvatore Mancuso, 25.000; Ramiro Vanoy, 24.000, y alias ‘Monoleche’, 20.000.
Mancuso y el testaferrato
El extraditado jefe ‘para’ Salvatore Mancuso habló del testaferrato como estrategia de élites económicas usada para evadir impuestos y ocultar la identidad de los despojadores y de predios.
Funcionarios, con ‘Jorge 40’
“Finca que le gustaba, finca que era de él”. Así describen los ‘paras’ de ‘Jorge 40′ los despojos en Cesar y Magdalena, en los que participaron funcionarios. ’40’ no entregó 3.000 hectáreas que prometió.
Narcos en el Chocó
El caso de las tierras colectivas de Curvaradó y Jiguamiandó es, según el Centro de Memoria, el más emblemático de la estrategia criminal del despojo. “Además de facilitar que se apoderaran de tierras, era funcional a los fines de invertir recursos de extorsiones y del negocio de las drogas de la casa Castaño y de la mafia”, dice.
La narcotización de las Auc
1994
Se inició la expansión de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Por orden de la casa Castaño llegaron a todo el país, gracias al apoyo de élites políticas, sociales, económicas y mafiosas. Vicente Castaño lideró la apropiación de predios a precios irrisorios por medio del terror. Se pusieron en marcha proyectos agroindus- triales y forestales.
1994-1997
Se conformaron las Convivir, grupos de seguridad privados, en Urabá y el resto del país. Contaron con el apoyo de personalidades locales y nacionales, entre ellas Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, y Álvaro Uribe, el entonces gobernador. Se fortaleció la alianza con servidores públicos.
1997
Se robustecieron las Auc por alianzas de la casa Castaño con carteles como los del norte del Valle, que antes pagaban impuesto a los ‘paras’. Capos comenzaron a comandar estructuras. Narcos como ‘Macaco’, ‘Julián Bolívar’ y los ‘Mellizos’ pasaron a ser jefes. Otros aliados no desmovilizados fueron Diego Montoya y ‘Rasguño’.
2001
Políticos, en Santa Fe de Ralito, hacen acuerdo con las Auc,
lo que catapultó la empresa criminal del paramilitarismo.
Se consolida alianza entre dirigentes políticos regionales, funcionarios, ganaderos y terratenientes de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena y los líderes paramilitares de las Auc.
2004
Carlos Castaño renunció a la comandancia militar y política de las Auc porque se oponía a que narcoparamilitares hicieran parte de los acuerdos del Gobierno. Por su asesinato están condenados Vicente Castaño y su escolta ‘Monoleche’. La desmovilización de ‘Gordolindo’ y del ‘Tuso’ Sierra fueron las más polémicas.
REDACCIÓN JUSTICIA
http://www.eltiempo.com/justicia/la-memoria-historica-de-25-anos-del-robo-de-tierras_12318613-4