La mala memoria zuluaga-uribista
El uribismo que -siempre hay que reiterarlo— no tiene nada de centro ni de democrático sino que representa a la extrema derecha que le gusta “el olor a sangre”, de acuerdo con lo que dice su hacker predilecto, tiene mala, muy mala memoria.
Su candidato Óscar Iván Zuluaga tacha al santismo de cometer dos pecados esenciales: la “mermelada” con que unta a los congresistas de la coalición y la impunidad que generaría el proceso de negociación con las Farc. Pero se olvida que su jefe practicó, y con cuánto descaro, idénticos métodos, con el agravante de que, en sus intentos, se llevaba de calle a quien se atravesara: partidos, jueces, periodistas, sindicalistas, lo que fuera. Habrá, entonces, que recordárselos:
La “mermelada” uribista llegó a la Dirección de Estupefacientes y a los bienes incautados a la mafia, que se les entregaron a los conservadores. El Ministerio de Agricultura, Incoder e íntegro el sector oficial que maneja las políticas del campo, a otros conservadores, cuyo ejemplar más notable fue Andrés Felipe Arias, “el uribito” y su Agro Ingreso Seguro. Pedazos del sector salud, a congresistas de todos los pelambres, como los de Santander, condenados por sus vínculos con los paramilitares. El sector de la construcción y las obras públicas, a senadores asociados con empresarios tradicionales y con neoempresarios, como los Nule. Y la “mermelada” más importante, aquella que sirvió para que una mayoría parlamentaria aprobara la reelección presidencial. De tal magnitud fue esa operación que el ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega fue destituido e inhabilitado por 12 años, no por un procurador enemigo sino por el mismísimo Alejandro Ordóñez, quien, presionado por las evidencias, tuvo que sancionarlo después de que lo había absuelto. Por si fuera poco, un delegado de Ordóñez ante la Corte Suprema solicitó recientemente a ésta condenar por el delito de cohecho al ministro de Salud de Uribe, Diego Palacio, y a su secretario general, Alberto Velásquez. El procurador delegado le pidió a la Sala Penal “hacer justicia mediante sentencia condenatoria, para prevención general de los poderosos, y para que nunca más se den otros Yidis y Teodolindos que todavía abundan en el Estado”.
El uribismo habla de impunidad en el proceso de paz y tiende un manto de conveniente olvido sobre su proyecto de ley de “alternatividad penal” para los paramilitares, autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en un acto que escandalizó hasta a la ONU en 2003. El mundo entero quedó boquiabierto por el espectáculo de televisión que el Gobierno le montó, en directo, a la supuesta desmovilización del bloque Cacique Nutibara, de Castaño y alias Don Berna, quien tan cercano resultó a ciertos personajes de la Casa de Nariño. La vergonzosa propuesta uribista, que fue hondamente modificada gracias a la Corte Constitucional, contemplaba “la suspensión condicional de la ejecución de la pena para miembros de grupos armados organizados al margen de la ley cuando se encuentre comprometida la paz nacional”.
Las voces aquí y en el exterior se alzaron contra la intención de favorecer a los paramilitares porque implicaba un perdón total de conductas que atentaban gravemente contra el derecho internacional humanitario, antes, siquiera, de haberse dado inicio a un proceso formal.
Así que el señor Zuluaga no tiene mucho que atacar sin atacarse personalmente, puesto que fue parte de la administración aludida. Santos no es santo de la devoción de muchos, y me incluyo entre estos, pero al menos propone una negociación con los opositores reales del Estado, no con los aliados históricos de la ultraderecha que triunfó en primera vuelta, a pesar de su trayectoria.
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