La lucha de una comunidad indígena ‘condenada a muerte’

En la Minga Nacional por La Vida, la Asociación de Cabildos Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del departamento del Chocó – OREWA exige, además de educación y salud, además del pliego nacional, el cumplimiento de la Sentencia de Tutela N.84 del 8 de junio de 2017, que ordenó a la Alcaldía de Quibdó en un tiempo de 15 días expirado hace ya demasiado la reubicación temporal de la comunidad de El Veinte. La Tutela ordenaba a la alcaldía, además, adelantar acciones administrativas y financieras para lograr su reubicación definitiva. Nada se ha cumplido, como confirma el procurador judicial y administrativo de Quibdó, Nelson Mario Mejía Ospina, quien cree que puede que nada ocurra ya en la administración del alcalde Isaías Chalá, que ganó tiempo con la respuesta en segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, que le otorgó a la Alcaldía un plazo de 18 meses para el cumplimiento de la Sentencia. “Esta es una crónica de una muerte anunciada, las condiciones inestables del terreno, las constantes lluvias provocan deslizamientos en la zona, y en cualquier momento puede ocurrir una tragedia que puede matar no a uno sino a todos los habitantes de la comunidad de El Veinte”, augura el Procurador Mejía, accionista de esta Tutela.

Con la lluvia, el humo de dos fogones de leña cubiertos bajo plásticos se vuelve más intenso. Varias mujeres con niños en brazos y algunos hombres que se protegen del agua tienen que sacar la cabeza para aliviar el ardor que les produce el humo en sus ojos. Debajo de uno de los cambuches improvisados se encuentran Claudia María Velázquez y otras mujeres quienes cocinan el almuerzo del día: arroz y sopa de lentejas para alimentar a alrededor de 21 familias en ese tramo, conocido también como Careperro.

Existe un alto riesgo de muerte de los 234 habitantes del resguardo indígena y la destrucción de sus viviendas por riesgos geológicos y movimientos de masas en la zona”

Velázquez cuenta que ha sacado adelante a sus ocho hijos y a una nieta a punta de primitivos y de café. “En ese terreno donde estamos es donde la Alcaldía nos va a construir las casas para reubicarnos”, señala hacia el monte con una pepena en su mano y con cara de felicidad. “Ya hemos limpiado bastante monte aquí, estamos adelantando el trabajo de la Alcaldía para que nos reubique rápido”, agrega con esperanza la mujer. Sin embargo, el terreno que ella y los suyos anhelan no hace parte de las comunidades indígenas, sino que pertenece a una señora de nombre Teresa Díaz y no ha sido adquirido todavía por la administración municipal; es un proceso que se encuentra en negociación, como lo explicó a este medio un funcionario de la entidad.

Una tragedia que se puede evitar

Para Helfer Andrade Casama, representante legal de la OREWA, cada minuto que pasa es una agonía para los 234 habitantes del resguardo indígena El Veinte. Durante la Minga Por La Vida, el líder indígena ha acompañado a las comunidades indígenas en los puntos de concentración sobre las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Andrade confirma que la Minga se mantiene y que, hasta el momento, no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno –aunque hace unos días se instaló la mesa departamental de negociación en Tadó. “Queremos presionar la reubicación de nuestra comunidad El Veinte, esto no es un capricho o porque ellas quieran, tenemos un fallo de tutela muy bien soportado y queremos que se cumpla”.

La Sentencia de Tutela N.84 se basa en diferentes informes elaborados a raíz del deslizamiento de tierra ocurrido el 9 de junio de 2016 en el que murieron 15 personas, entre ellos un indígena embera chamí, y otras dos personas heridas.

La tragedia, que tuvo cobertura mediática nacional e internacional, ocurrió a solo 250 metros del resguardo El Veinte, cuando contratistas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) realizaban labores de remoción de tierra en una de las montañas.

El contratista de INVIAS, Carlos Eduardo Rodríguez Pineda, entregó en octubre del año pasado un informe de análisis de riesgo que confirma los altos niveles de vulnerabilidad física de las viviendas y de las personas del resguardo debido a una falla geológica que pone en un riesgo inminente sus vidas. Para evitar una nueva tragedia, Rodríguez propuso tres alternativas: la construcción de un muro de contención, la reubicación de la comunidad indígena o la implementación de un sistema de alertas tempranas. Un año después de la entrega de este análisis, ninguna de dichas recomendaciones ha sido implementada por alguna de las autoridades responsables.

De igual manera, un informe del Comité Técnico del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Quibdó, con fecha del 22 de diciembre de 2016, confirmó lo que dijo Rodríguez: “Existe un alto riesgo de muerte de los 234 habitantes del resguardo indígena y la destrucción de sus viviendas por riesgos geológicos y movimientos de masas en la zona”. De allí que la Alcaldía debía presentar dos proyectos de reubicación, por un valor de 800 millones de pesos ($800.000.000) a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) el pasado mes de agosto, como lo dice un oficio enviado en mayo al juez del caso. Ninguno de estos dos proyectos fueron presentados por la Alcaldía al OCAD y, mientras tanto, los estudios de suelo del terreno de propiedad de la señora Teresa Díaz (en La Equis), apenas están siendo gestionados por la administración municipal.

Desplazados por la violencia

Elcita Perea y su esposo Mocho, quien se acostumbró a que lo llamaran así desde que perdió una pierna cuando le cayó un árbol encima, se trasladaron del municipio de Río Iró hace 35 años a vivir sobre un tramo de la carretera en área rural del Carmen de Atrato. Al principio, cuidaban una finca donde ocurrió el accidente que le puso sobrenombre a este campesino afro, pero después el dueño les permitió construir su casa en un pequeño solar, al lado de la vía. Esta pequeña casa hecha en madera está muy bien conservada; tiene un comedor principal que sirve como restaurante a viajeros y vecinos, una habitación, un baño y una cocina con dos fogones de gas y un fogón de leña sobre un mesón de barro.

Mientras los esposos preparan almuerzos de pescado frito con patacones, Mocho se queja de que después de tantos años no cuentan con energía eléctrica. “Aquí pasamos mucho trabajo con todo, tenemos una planta pequeña que es la que nos da la energía, pero quisiéramos tener una conexión eléctrica”. Piensa que la Minga indígena es justa y que ya es hora que el Gobierno les responda a estas comunidades hermanas.

Elcita Perea, su esposo e hijos fueron víctimas de la violencia que azotó la zona desde 1996 con la llegada de paramilitares, y que se agudizó con la presencia del ELN y del Ejército Nacional durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango. Los constantes enfrentamientos alrededor de la vía Quibdó-Medellín, las minas antipersonales, la quema de buses, los paros armados y las persecuciones en contra de las comunidades campesinas pusieron en un alto riesgo la vida de civiles atrapados en el fuego cruzado. Por esta razón, en el año 2001, esta familia afrodescendiente, al igual que otras indígenas, se vieron obligadas a desplazarse al municipio del Carmen de Atrato; un año después, Perea y su familia regresaron a su vivienda sin importar el riesgo que podían correr.

Una Guardia Indígena de mujeres

El primer bloqueo indígena en la vía Quibdó-Medellín, después de pasar los retenes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, está ubicado en La Equis y es custodiado por mujeres indígenas que no superan los 25 años de edad. En su mayoría, son primas hermanas o guardan algún grado de parentesco entre ellas. En esta Minga por la Vida decidieron prestar su servicio a la Guardia Indígena. “Es un acto que se hace con voluntad, de corazón, porque las mujeres también tenemos derecho a estar aquí defendiendo nuestros derechos”, explica Aleida Velázquez Carupia, lideresa de la comunidad embera chamí de El Veinte.

Claudia Domicó, madre de cinco hijos, es otra joven lideresa que lucha por los derechos de las mujeres indígenas y de sus familias. Su participación en la Mesa de Concertación Indígena y en proyectos de equidad de género le han dado la voz y experiencia para guiar a las mujeres y hombres de su comunidad.

En esta Minga por la Vida Domicó le exige al Gobierno la construcción de un colegio, ya que el actual centro educativo indígena agroecológico Tobias Queragama, ubicado en el área rural del Carmen de Atrato, no cuenta con suficientes espacios ni dotación adecuada para que se den las clases. También exige la construcción de un centro de salud, en donde sean atendidos los 51 niños y niñas y 183 jóvenes y adultos que tiene la comunidad embera chamí El Veinte y las demás comunidades aledañas.

Otras mujeres de la Guardia Indígena son Hilda Milena Velázquez Charpía, de 23 años, madre de una bebé de 8 meses, y Katerine Yulieth Palomeque Mosquera, de 14 años, quien es mitad afrodescendiente y mitad indígena. La joven Palomeque vive con su abuela y sus dos hermanas de 9 y 10 años en la comunidad El Veinte. Su madre que también es mestiza, la visita de vez en cuando, pero es por su abuela Avelina Guaguarave González que desea convertirse en enfermera para ayudar a su comunidad.

La Minga se mantiene

Los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) esperan en Tutunendo, cerca de La Equis, una orden para intervenir en la manifestación indígena. Su presencia preocupa a padres de familia que participan en la Minga como Jairo Velázquez, quien teme que sus hijos puedan salir heridos en algún enfrentamiento con la Fuerza Pública, como ya le ha ocurrido a medio centenar de indígenas en otros puntos del país. “No puedo dormir bien, me preocupan mis hijos, y tantos niños pequeños aquí; los adultos nos defendemos como sea, pero los niños no, el ESMAD no tiene consideración con nadie”.

El hombre que espera sentado dentro de su pequeño cambuche a que cese la lluvia, abraza a su hija de 3 años de edad y a su hijo de 7 mientras que su mujer le grita desde el otro lado de la carretera que ya pueden pasar a almorzar. La Minga se mantiene.