La “licuadora judicial”
El nido de… en que se ha convertido el Consejo Superior de la Judicatura, exceptuando a dos o tres togados decentes que resisten el lodazal de corrupción que existe allí, concentra los males que han hundido a todas las cortes en un hoyo profundo.
Henry Villarraga, a quien el Congreso le regaló el inmerecido cargo de “magistrado”, es el súmmum de lo que acontece en esta crisis. Por eso, la palabra impedimento no cabe en su vocabulario ni en su conducta. El individuo se atrevió a posar de víctima de persecución, porque el representante de la Comisión de “Absoluciones” Constantino Rodríguez (que archivó la investigación por el carrusel de las pensiones contra él y sus colegas Angelino Lizcano y Julia Emma Garzón), fue denunciado penalmente por el fiscal Montealegre, debido a que actuó en contravía del cúmulo de pruebas recaudadas. Pero vayamos a los hechos:
1. El 27 de abril de 2012, María Mercedes López, magistrada de la misma sala, denunció ante la Fiscalía que en unas actas en las que se debe registrar sólo lo que se discute allí aparecían nombramientos que nunca se habían puesto en la mesa.
2. La Fiscalía designó, para revisar el caso, a Martha Lucía Zamora. Esta compulsó copias a la Comisión de Acusación, la competente para investigar a los magistrados y conservó el de la secretaria de la sala Yira Lucía Olarte, abogada que asiste a las sesiones y que da fe, con su firma, de lo que se suscribe en las actas.
3. La fiscal encontró graves indicios de la responsabilidad de Olarte; la llamó a juicio en enero de 2013, mientras que el representante Rodríguez declaraba por los mismos sucesos, auto inhibitorio en beneficio de Villarraga, Lizcano y Garzón.
4. Cuando Zamora estaba a punto de demostrar la culpa de Olarte, el jefe de esta aceptó, en su despacho, una queja contra la fiscal aunque ésta fuera la investigadora de su secretaria.
5. A la denunciante María Mercedes López le aparecieron en la Comisión de Absoluciones del laxo Constantino tres denuncias, una de ellas de la secretaria Olarte y otra, del padre de Olarte.
6. El afán de Villarraga para sacar a Zamora del camino quedó registrado en los computadores de sus escribientes, desde donde se proyectaron diversas notificaciones a la fiscal con distintos contenidos: “providencia de 6 de junio proferida por la sala mediante la cual se le formula pliego de cargos (…) con ponencia del magistrado Henry Villarraga (…)”; “providencia del 18 de junio proferida por la sala (…) mediante la cual se le formula pliego de cargos con ponencia del honorable [sic] magistrado Henry Villlarraga (…)”; telegrama en que se le anuncia investigación por tres faltas “gravísimas y dolosas”. Raro que sin discusión en sala, que nunca se presentó como lo aceptó una de las implicadas en el carrusel, Julia Emma Garzón, se diera por aceptada la ponencia contra Zamora.
7. Según comunicación escrita a Zamora, Villarraga firmó un auto el mismo 6 de junio, según el cual “no se ha proferido decisión alguna (…)”, en el proceso contra ella.
8. El 18 de junio, día en que finalmente Villarraga ordenó notificar a Zamora, él pidió embargar a su denunciante, la magistrada López. Abelardo de la Espriella, a quien Villarraga ha absuelto en dos complicados casos disciplinarios, es su abogado.
9. El defensor de la secretaria Yira Olarte es Wilson Caballero Ariza, del bufete de Abelardo de la Espriella. ¿Por qué me acuerdo de los abogados que el gobierno Uribe le puso a Yidis Medina cuando esta se negaba a revelar la venta de su voto?
Como llamó ingeniosamente Daniel Samper Pizano a fenómenos como este, aquí ya no hay justicia, sino una potente “licuadora judicial”.
http://www.elespectador.com/opinion/columna-430091-licuadora-judicial