La Ley de Restitución de Tierras y la transformación del sector rural en Colombia
Este informe analiza la nueva Ley de Restitución de Tierras, descrita por Santos como una parte esencial de la ‘verdadera revolución’ colombiana, en el marco histórico de la política agraria en Colombia.
Durante las tres últimas décadas, la liberalización económica respaldada por el paramilitarismo en Colombia ha incrementado la demanda de tierras y, por consecuencia, ha llevado a la especulación con ellas, resultando en el mayor ciclo de acaparamiento de tierras que ha sufrido la historia del país. Según los datos de la agencia gubernamental Acción Social unos 6,8 millones de hectáreas cambiaron de dueño entre los años 1980 y 2010, transfiriendo las áreas donde antes pequeños campesinos cultivaban alimentos a empresas agroindustriales, mineras y petrolíferas.
Ante este panorama, la recién aprobada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue declarada por el Gobierno de Santos como el mecanismo para que las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado pudieran recibir por fin una indemnización y restitución por los delitos cometidos contra ellas. Esta iniciativa no solo ha sido acogida con satisfacción por la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la Unión Europea, sino que también ha sido bienvenida por las élites de los sectores de la palma aceitera, el azúcar de caña y la industria ganadera en Colombia, precisamente los mismos grupos que se beneficiaron del acaparamiento de tierras.
En este informe, analizamos la nueva Ley de Restitución de Tierras, descrita por Santos como una parte esencial de la ‘verdadera revolución’ colombiana en el marco histórico de la política agraria en Colombia. Este análisis saca a la luz el programa económico que se esconde tras la Ley de Tierras. Los autores aseveran que la nueva Ley es un cínico intento de aprovecharse del apoyo popular a la reforma agraria y de las víctimas del desplazamiento forzado y, de esta manera: asegurar derechos de propiedad con fines empresariales; establecer la permanencia de industrias que se han beneficiado de los desplazamientos; modificar la naturaleza de la economía rural colombiana para favorecer los proyectos agroindustriales; y allanar el camino para futuras inversiones en recursos y terrenos en Colombia.
La Ley funciona de tal forma que no afecta a las compañías que se beneficiaron de los ciclos anteriores de desplazamientos. Por ejemplo, si las víctimas que desean regresar a sus tierras se encuentren con una empresa en su territorio, se verán obligadas a formar parte del nuevo modelo económico impuesto, que se basa en la extracción de recursos y la agroindustria. La impunidad de los que han causado el desplazamiento va a la par con cada vez más obstáculos para que los desplazados accedan a la justicia, especialmente en el caso de los campesinos que quieran reclamar sus tierras.
Asimismo, en el contexto de una política económica más amplia, es probable que en las zonas donde hay restitución a los dueños originales, esta acabe en el traspaso de la propiedad de las tierras a grandes compañías y corporaciones por las presiones económicas y políticas. Como han señalado funcionarios colombianos, la Ley de Restitución no es un artículo legislativo único, sino que forma parte de un conjunto de políticas más amplio que busca ‘modernizar’ la Colombia rural. Esta modernización viene acompañada de una estrategia cívico-militar, cuyo principal objetivo es “mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva, mediante la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional”.
Es probable que esta Ley se convierta en un medio para establecer títulos de propiedad a la vez que se transfieren tierras; de campesinos que no pueden subsistir como agricultores tradicionales a grandes compañías que cuentan con el capital necesario para explotar las tierras. Las palabras de Alejandro Reyes, director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, en este sentido son dicientes, cuando señaló como objetivo principal de la nueva Ley la reducción de los riesgos que han mantenido alejados a los inversores.
Moritz Tenthoff y Ross Eventon
Traducción: Patricia Cerdá Fuertes
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Leer Informe ->http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/a_veritable_revolution_briefing-es.pdf]