La Ley de Impunidad – Reunión de ONG y Ministerio de Asuntos Exteriores de España
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, se reunió el 19 de julio de 2005 con las organizaciones Intermón, Amnistía Internacional, Brigadas de Paz, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Taula por los Derechos Humanos en Colombia, Asociación Libre de Abogados, Mujeres de Negro y Escola Cultura de Pau y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, esta última con la representación en España de uno de sus miembros honorarios, el español Juan José Tamayo, teólogo, escritor y académico.
La reunión promovida desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero tenía como uno de sus objetivos discutir acerca de la Ley de Impunidad, llamada por el gobierno de Colombia como “Ley de Justicia y Paz”, al tiempo de llamar la atención al gobierno español sobre la situación permanente de violación a los derechos humanos en Colombia, exigiendo el no apoyo del gobierno de Zapatero a la Ley de Impunidad y al proceso de “removilización” paramilitar.
Juan José Tamayo, miembro honorario de nuestra Comisión de Justicia y Paz, ha participado de varios encuentros internacionales en Colombia, en los que ha podido conocer de cerca las experiencias de la Comunidad de Vida y Trabajo la Balsita – Dabeiba, y las comunidades del bajo Atrato chocoano Consejo Comunitario del Jiguamiandó y familias de Curvaradó, de las familias de los Consejos Comunitarios del Cacarica asociadas en CAVIDA, la Comunidad Civil de Vida y Paz del Alto Ariari en el Meta, entre otras tantas experiencias comunitarias que construyen alternativas de paz en medio del conflicto armado interno, desde experiencias concretas de zonas humanitarias.
Adjunto la reseña de prensa de la reunión y comunicado de Amnistía Internacional
“Colombia/España.- Moratinos se reúne con organizaciones no gubernamentales para tratar la Ley de Justicia y Paz
El ministro de Exteriores asegura que la defensa de los DDHH permanecerá como referencia en las relaciones bilaterales de España
MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) –
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reunió hoy con nueve organizaciones no gubernamentales vinculadas a Colombia para intercambiar puntos de vista sobre la polémica Ley de Justicia y Paz del Gobierno colombiano, según informó un comunicado del Ministerio.
El ministro Moratinos reconoció el esfuerzo e intenso trabajo de las organizaciones no gubernamentales presentes en la reunión y subrayó que la defensa de los Derechos Humanos permanecerá como referencia en las relaciones bilaterales de España.
Las organizaciones expresaron sus críticas a la Ley de Justicia y Paz del Gobierno de Uribe y manifestaron su punto de vista sobre las carencias de la norma. En este sentido, el ministro destacó la firme voluntad del Gobierno español de luchar contra la impunidad y de ser correa de transmisión de las preocupaciones de estas agrupaciones.
La reunión, convocada a iniciativa del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro de Exteriores, se celebró en la sede del Ministerio en la Plaza del Marqués de Salamanca de Madrid. A la misma asistió también la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín.
Las organizaciones presentes eran Intermón, Amnistía Internacional, Brigadas de Paz, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Comisión de Justicia y Paz de Colombia, Taula por los Derechos Humanos en Colombia, Asociación Libre de Abogados, Mujeres de Negro y Escola Cultura de Pau.
Según explicó el comunicado, el encuentro se enmarca dentro de uno de los ejes horizontales básicos de la política exterior del Gobierno español: “el respeto y la defensa de los Derechos Humanos”.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Colombia: el Gobierno español ignora las consecuencias de su política
exterior en los derechos humanos
Reunión de ONG y el Ministro de Asuntos Exteriores
Madrid.- Después de una reunión celebrada ayer entre varias ONG y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, Amnistía Internacional lamenta que la posición del Gobierno español continúe siendo ambigua sobre si apoya o no la Ley de “Justicia y Paz” de Colombia.
Amnistía Internacional insiste en que la Ley de “Justicia y Paz” garantiza la impunidad de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos y afirma que sin justicia no es posible un final definitivo para la crisis de derechos humanos colombiana que dura más de 40 años. “Sin una investigación imparcial y el procesamiento de los culpables será imposible alcanzar la paz”.
Por un lado, Leyre Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación, afirmó que “España ni apoya ni financia la desmovilización” y por otro el Ministro transmitió a las ONG que “el Presidente español insistió al Presidente Uribe sobre la necesidad de un mecanismo de vigilancia a la aplicación de la ley y por eso sugirió que la Unión Europea crease una comisión para llevar adelante el proceso con todas las garantías. El Presidente Uribe lo aceptó. España quiere convencer a sus socios europeos respecto de esta Comisión de
Vigilancia”.
Amnistía Internacional ha enviado recientemente al Presidente Zapatero más de 25.000 correos electrónicos con una petición muy clara: que no apoye ni política ni económicamente la Ley de “Justicia y Paz”. Sin embargo la iniciativa del mecanismo de vigilancia de seguimiento de la aplicación de esta Ley, constituye una legitimación de la misma.
“Es preocupante el desconocimiento del Gobierno español sobre las consecuencias que tiene apoyar este instrumento jurídico para las víctimas de un conflicto que en los últimos 20 años se ha cobrado la vida de más de 70.000 personas y ha provocado el desplazamiento de tres millones y medio de civiles”, ha declarado Amnistía Internacional.
La organización insiste al Gobierno español que no apoye ninguna desmovilización de grupos armados ilegales hasta que el gobierno colombiano haya impuesto garantías que aseguren que todos los miembros de estos grupos responsables de abusos contra los derechos humanos y los que los han apoyado militar y económicamente, comparecen ante la justicia. Estas garantías son parte de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano con la verdad, la justicia y la reparación y no están reconocidas en la Ley de “Justicia y Paz”.
Desmovilización sí, pero de verdad
Miguel Ángel Moratinos afirmó ayer: “desmovilizar no es malo, es una buena señal para todo el mundo”. Por ello Amnistía Internacional ha pedido repetidas veces a los sucesivos gobiernos colombianos que desmantelen los grupos paramilitares y rompan los vínculos que existen entre ellos y las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales. Sin embargo desde que las Autodefensas Unidas de Colombia declararon un alto el fuego unilateral el 1
de diciembre 2002, son más de 2.200 los homicidios y desapariciones que Amnistía Internacional tiene documentados por paramilitares.
Hay pruebas recogidas por la organización que demuestran que las estructuras paramilitares permanecen intactas tras la “desmovilización”, los paramilitares siguen cometiendo violaciones de derechos humanos en las zonas donde supuestamente se han desmovilizado, muchos se están “reciclando” en calidad de informadores a sueldo del ejército, y continúa la connivencia entre los paramilitares y algunos sectores de las fuerzas de seguridad.
“La desmovilización no tendrá éxito si el dominio político, económico y criminal que ejercen los paramilitares en muchas partes del país no se desmantela y sustituye por el Estado de Derecho. La Ley de Justicia y Paz no tiene ese objetivo. Es una ley que garantiza la impunidad de los paramilitares o guerrilleros implicados en violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no hace nada para
que sean sometidos a investigaciones judiciales completas e imparciales y no contribuye a la rendición de cuentas”.
Para Amnistía Internacional, la única forma de conseguir una desmovilización real es obligar a los paramilitares a cooperar plenamente con las autoridades judiciales y revelar información sobre los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, los bienes que han adquirido gracias a sus actividades ilegales y el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales y privados en las violaciones de derechos humanos”.