La Justicia y Paz PARA militar
Hoy 1 de junio, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes revivió el estatus político para las autodefensas con la aprobación del artículo 61 y 64 de la ley de “justicia y paz”, así como una rebaja de penas del 10 por ciento. Ahora, el haber sido parte de la estrategia militar encubierta es concebida como una organización alzada en armas, se distorsiona el derecho de rebelión, entre otros, las actuaciones de los grupos de “civiles armados” dentro de la estrategia regular del Estado con financiación de traficantes de drogas, son interpretadas como sedición y rebelión, por lo que podrán recibir amnistías, indultos y otros beneficios, lo que ya existen en la práctica.
Del camino de facto de la impunidad en que se encuentran los más de 30 mil crímenes de Lesa Humanidad cometidos en desarrollo de la estrategia paramilitar se ha dado un nuevo paso a la formalidad legal es el círculo completo del nuevo mecanismo de la impunidad. La realidad de la destrucción de la dignidad humana a través de torturas, de desapariciones, de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos con la estrategia militar de “civiles” armados sustentada en la impunidad ha ido pasando a la formalización de la misma. La ley mal llamada de “justicia y paz” ha vaciado los contenidos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación integral que la conciencia de la humanidad ha ido construyendo y afirmando como soporte de los principios de humanidad.
Ese vaciamiento en lo formal pretende hacer que la memoria sea el olvido, la verdad sea la mentira, la justicia sea la injusticia, la reparación sea la destrucción.
La caricatura de justicia es el cinismo a su máxima expresión. No hay vergüenza, en el gobierno nadie se sonroja, el estado de esquizofrenia es tal, que se creen sus propias mentiras, intentan engañar al país y a la comunidad internacional pues ellos se creen sus propios engaños. Usan de la formalidad del Derecho para encubrir lo torcido, es decir, no solo a los que ejecutaron el crimen, sino a quienes los instigaron, los planearon, los que se apropiaron de bienes, de propiedades, de territorios. Usan la institucionalización del paramilitarismo, la reingeniería – la removilización, para pacificar, imponiendo su proyecto de sociedad, su proyecto político, social y económico de mercado.
Se juega con el juzgamiento y la condena; con los adornos de reparación de las víctimas y las penas alternativas privativa de la libertad –fincas de recreo- y con las supuestas disposiciones del gobierno al aparato de investigación de los responsables de Crímenes –caso Don Berna-. Y en ese juego, a las víctimas, a los testigos, a los denunciantes y a los acompañantes se les condena públicamente como guerrilleros, se les procesa judicialmente o se les estigmatiza; se les excluye de cualquier posibilidad de afirmación social de la verdad a través de los medios; a las víctimas de la apropiación de sus tierras o territorios se les impone una nueva esclavitud, proyectos agroindustriales o exclusión total. Los victimarios son los grandes señores, ocultan los intereses y las responsabilidades de quiénes los formaron y organizaron, los políticos, los industriales, los terratenientes a quién protegieron militarmente y a quiénes hoy protegen a cambio de la favorabilidad judicial, a través de un congreso elegido el 35 % por los paramilitares, según, expresó Mancuso, comandante paramilitar.
Adjunto, Editorial del diario El Tiempo, un signo de los profundos interrogantes que les asisten a sectores de poder y de influencia. Una mirada que cuestiona, y no es propiamente de las víctimas o de las ONG, algo ruboriza y escandaliza frente al juego fantástico de la entrega de “Adolfo Paz” y la desmovilización masiva que se anuncia, con un proyecto de ley de “justicia y paz” que adoba las nuevas formas del facismo. Y la presentación de Gustavo Petro sobre Paramilitarismo y Política, particularmente en Sucre….
Mayo 31 de 2005
EDITORIAL
¿Colorín colorado?
Lo sucedido con el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’, es poco menos que fantástico. En escasos tres días, el personaje pasó de prófugo, violador del cese de hostilidades, a desmovilizado, y el proceso de negociación con lo que queda de las Auc en Ralito saltó del estancamiento y la crisis a lo que el Comisionado ha llamado la “recta final” de las desmovilizaciones.
El martes, la Presidencia informó que, por orden del Primer Mandatario, desde la noche anterior un vasto operativo policial en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito buscaba capturar a ‘Don Berna’ por su presunta participación en el asesinato del diputado cordobés Orlando Benítez y dos acompañantes en Valencia (Córdoba). Con uno de sus principales protagonistas huyendo y en capacidad de producir hechos como la parálisis del transporte en Medellín, se consideró que el proceso estaba al borde de la ruptura. Entre reuniones del Comisionado con los jefes paramilitares, especulaciones de hasta dónde sería capaz de llegar ‘Don Berna’ y sobre si la Policía podría capturarlo, transcurrieron el miércoles y el jueves.
El viernes, el hombre, que se había esfumado, se entregó. Y la crisis dio paso a una serie de anuncios que dan nuevo aire al proceso de negociación bandera de este gobierno.
‘Don Berna’ quedó desmovilizado, amparado por la Ley 782, recluido en una finca de su zona de influencia, en la vereda Piedras, de Valencia, y, como varios de sus colegas, a la espera de la ley de justicia y paz, que debe salir del Congreso antes de 20 días. Los tres bloques que lidera –‘Héroes de Granada’ (oriente antioqueño), ‘Héroes de Tolová’ (sur de Córdoba) y ‘Pacífico’ (Valle y Cauca)– iniciarán su desmovilización. Ya se anunció que el segundo se empezará a concentrar en Alto de Rusia, en la serranía de Abibe. Y los otros peces gordos de las autodefensas, ‘Javier Montañez’ o ‘Macaco’, jefe del ‘Bloque Central Bolívar’, y Vicente Castaño o el ‘Profe’, legendario poder en la sombra, anunciaron también su desmovilización.
El Gobierno se felicitó del efecto de la aplicación de lo que el Comisionado llamó “el principio de la autoridad”, y declaró positivo el balance de lo sucedido. Con un categórico “a palabras necias, oídos sordos”, rechazó la mera insinuación de que pudo tratarse de un show para salvar el proceso. Si todo sale como se espera, para fin de año no habrá Auc armadas, y los grandes jefes, desmovilizados, estarán cumpliendo sus breves penas alternativas en algún lugar aún por definir. Sin embargo, este no es el fin de la historia.
No es un secreto que, con contadas excepciones, en Ralito quedan concentrados los hombres de las autodefensas más próximos al narcotráfico. En esta tanda de desmovilizaciones, además de los jefes visibles, entrarían personajes como los mellizos Mejía (al menos uno, jefe del bloque ‘Vencedores de Arauca’, aliado del ‘Bloque Central Bolívar’); ‘Gordolindo’, del ‘Pacífico’, subalterno de ‘Don Berna’; ‘Pablo Sevillano’, del bloque ‘Libertadores del Sur’, también parte del ‘Central Bolívar’, al que se atribuye buena parte del narcotráfico en Nariño, y ‘Cadena’, de Sucre. Sin hablar del papel de ‘Macaco’, Castaño y ‘Don Berna’.
¿Está seguro el Gobierno de que los Estados Unidos van a asistir impasibles a estas desmovilizaciones? ¿Se dieron garantías a ‘Don Berna’ y a los otros de que no serán extraditados? ¿A cambio de qué, si de entrega de rutas, caletas y contactos ni se habla en la mesa? ¿Qué pasará con otras figuras de las Auc, como ‘Jorge 40’, o los divididos restos del Bloque Centauros, de los Llanos?
Persisten, por otra parte, las dudas de fondo en torno al proceso y, en particular, a la ley de justicia y paz, que no por haber pasado a segundo plano noticioso es menos importante. Ya la ONG Human Rights Watch previno que si a ‘Don Berna’ se le conceden los beneficios que esta contempla, el proceso perderá credibilidad. ¿Qué va a pasar con la famosa ‘Oficina’ de Envigado y su inmenso poder en el bajo mundo de Medellín? ¿También se desmoviliza? ¿Se va a poder hacer política en las zonas bajo control de los ‘paras’, o quienes lo intenten sin permiso de los ‘señores’ correrán la suerte del diputado Benítez?
Demasiadas preguntas aún sin respuesta. Uno de los principales obstáculos para continuar la negociación era pactar las condiciones de desmovilización de quienes quedan en Santa Fe de Ralito. Por lo visto, a caballo de esta crisis, eso es justamente lo que se dio. Pero aún es pronto para cantar ‘colorín colorado’.
editorial@eltiempo.com.co
Paramilitarismo y política en Sucre
Debate del representante Gustavo Petro Urrego
Plenaria de la Cámara de Representantes
18 de mayo de 2005
Gracias, señor presidente. Recomiendo, en primer lugar, a la Presidencia no interrumpir mi intervención. Sé que va a ser dura. Segundo, pedirle a los ciudadanos que nos están escuchando o viendo que si tienen niños al lado va a haber unas imágenes muy fuertes al final de mi intervención, de videos; en tercer lugar, expreso a la mesa mi preocupación porque ya se está suspendiendo la señal en algunos municipios de Sucre, especialmente el de Sanpués. No sabemos la causa, pero sería terrible que la ciudadanía de Sucre no pudiera observar este debate.
(Intervienen desde la Mesa Directiva: Señor ministro, a ver si nos puede dar una información sobre los hechos que está denunciando el doctor Petro en el departamento de Sucre). Sigue Petro.
Están transmitiendo en el canal institucional un partido de fútbol en Sanpués.
Este debate es sobre las relaciones entre la clase política y el paramilitarismo. Sé que este tipo de datos que voy a presentar aquí son desesperanzadores para la ciudadanía. Eso me afecta, incluso, porque los ciudadanos quisieran informaciones positivas. Pero quiero decirles -sobre todo a los ciudadanos que viven bajo dictadura en Colombia: bajo dictaduras locales, bajo el poder mafioso, que son varios millones- que estoy absolutamente convencido de que la batalla pacífica por la democracia va a triunfar en Colombia, a pesar de todo; que vamos a ganar y que vamos a hacer que el Estado Social de Derecho y la plena garantía de los derechos ciudadanos y las libertades esté en todo el territorio nacional.
Esa es la verdadera base de una política de seguridad democrática. No tiene sentido un proceso de paz ni una política de seguridad si se construyen sobre la base de negar los derechos y las libertades de los ciudadanos en cualquier territorio de la nación. Un proceso de paz sólo puede consistir en el restablecimiento de la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos y no de los actores armados.
En este sentido, quiero mostrar el caso de Sucre como un caso típico: no como la excepción, no como si lo que pasa en Sucre no pasa en el resto del país… Es una investigación minuciosa que nos puede mostrar en qué consiste el poder mafioso y las dictaduras locales, por qué los constituyentes se equivocaron cuando creyeron que a través de la Asamblea del ’91 se estaba construyendo un pacto nacional que iba a ser la entrada a la paz verdadera del país y olvidaron que el poder real en Colombia no está en Bogotá, no está en el poder nacional, que la nación es una fracción y que el poder real es el poder local; y mientras la Constitución planteaba un programa democrático para todos los ciudadanos, el poder local real iba pasando a manos de las mafias, y las mafias vieron en la Constitución un enemigo absoluto.
El gran conflicto hoy en el país es el conflicto entre el Estado de derecho y los poderes mafiosos locales.
Los poderes mafiosos locales son una articulación entre élites económicas, dirigentes políticos y delincuentes convertidos en comandantes manejando ejércitos privados. Esa fusión mafiosa tiene un objetivo: controlar por la vía del terror, del estilo de la muerte, a la sociedad sobre la cual se asienta. Eliminan todas las diferencias de todo tipo, políticas, religiosas… Y ese control social totalitario, dictatorial, tiene también otro objetivo: el enriquecimiento ilícito, la depredación, la captación de los recursos públicos, de los recursos naturales, las tierras, la cocaína…
Ese es el poder mafioso que está avanzando en Colombia y que en el gobierno de Uribe ha avanzado espectacularmente, y de poder local poco a poco se ha venido articulando, y la mesa de Santa Fe de Ralito permitió una unificación de esos poderes locales mafiosos de cara a conquistar el país y derrotar definitivamente la democracia en Colombia.
No voy a hacer afirmaciones de carácter personal, sino afirmaciones sustentadas en diversas evidencia: (1) El proceso ya archivado en la Procuraduría sobre la masacre de Chengue. (2) Informes de resultados operacionales de las fuerzas militares de Colombia, específicamente de la Armada, en el departamento de Sucre. (3) Videos y grabaciones.
Entonces, empecemos.
Antecedentes del paramilitarismo en Sucre
Datan de 1997. Obviamente Sucre estaba al lado de una región ya controlada por paramilitares, como era el departamento de Córdoba. Pero hay una reunión, según declaración de un testigo paramilitar a la justicia colombiana. Ese testigo se llama Jairo Antonio Castillo Peralta, exescolta de Joaquín García, ganadero de Sucre, un personaje que ahora analizaremos.
Castillo Peralta confiesa que estuvo presente, siendo escolta, de una reunión que se realizó en una finca denominada Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín; que en esa finca se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el señor Rudolf Panther, ciudadano alemán, tesorero de los paramilitares en ese momento, en Sucre, asesinado después, el senador Álvaro García Romero, el señor Salamón Feris Chadid, alias 08, el señor Salvador Arana Sus, el señor Eduardo Cobos, administrador de la finca El Palmar, hoy (en ese entonces no se conocía) alias Diego Vecino, el señor Joaquín García, el propietario de la finca Miguel Nule Amín, un mayor Barrero, un mayor Parra de la Sijin y el comandante de la Policía de Sucre Enciso Barón.
Parece que en esa reunión, según el testigo paramilitar, decidieron conformar grupos paramilitares autónomos en la región de Sucre. ¿El de Castillo Peralta es un testimonio que se debe desechar? Más adelante veremos si lo debemos rechazar o no.
Después de esa presunta reunión, en el año ’97 vienen las elecciones territoriales. En Sucre se enfrentan dos candidatos poderosos: Julio Morris Taboada -candidato apoyado por Álvaro García Romero y Salvador Arana, que es el tesorero de esa campaña y después fue el gerente de Asalud de esa administración- y el señor Edgar Martínez Romero.
El día de las elecciones, después del conteo, el ganador es Edgar Martínez Romero. Y suceden varias cosas. Vamos a leer aquí el pedazo de un testimonio de Castillo Peralta, exescolta de Joaquín, sobre qué pasa el día de las elecciones. Aquí se informa, en este documento de la Procuraduría, que una vez se pierden las elecciones, el señor Álvaro José García Romero (es la parte de la declaración) entró en una especie de cólera esa noche, fue a la Registraduría, cometió algunos actos violentos, el DAS le retiró la escolta normal, el señor Joaquín García, al verlo sin escolta, le mandó sus propios escoltas, y ahí fue el señor Castillo Peralta a escoltar al señor Álvaro García y a partir de ahí se enteró de varias reuniones que hubo después de las elecciones. Dice el testimonio:
Álvaro se había portado con una patanería en la Registraduría y le habían quitado la protección. Yo le presté la seguridad por ese día hasta que le mandaran la protección. Como así fue que en la casa de Álvaro García desayuné, que queda en el barrio Venecia, y ahí de una vez se reunió Álvaro y Joaquín; y como Joaquín le había prestado dinero a Álvaro, para apoyar a Morris (…), entonces le dijo Álvaro a Joaquín García que la única manera de salvar a Morris era matando a esa muchacha de San Onofre que tenía el electorado clasificado, antes de llegar a la Registraduría.
Inmediatamente Joaquín García llamó a Salomón Feris Chalid y le dijo que habían diez terneros a la mano, que eran diez millones de pesos, para que se pusiera en contacto con el grupo de San Onofre, manejado por Danilo, y que hicieran el trabajo de matar a esa muchacha, y que podían pasar por el edificio Cristalina, tercer piso, al apartamento de Joaquín García, que queda en el barrio Lafor, donde queda la sede de Celcaribe, frente al restaurante Casa Grande; que hicieran esa vuelta, que él les tenía los diez millones y que él respondía por Álvaro; que porque ese trabajo lo necesitábamos urgente.
No recuerdo exactamente si fue al otro día o a los dos días que efectivamente mataron a la muchacha. Lo único que sí sé es que el trabajo le quedó bueno y bien triunfado porque días después el mismo Joaquín García me llamó, que fuera a la casa de él, y cuando llegué a su casa estaban Álvaro García, Salvador Arana, Alberto Acuña, y me dijeron: “Cuidado de lo que pasó le vaya decir a alguno”, y Álvaro me dijo: “Sé que no tienes casa, cuenta con ella, te la voy a regalar.” Y todavía la estoy esperando.
La muchacha se llamaba Georgina Narváez. Era jurado de votación en un corregimiento de San Onofre, perteneciente al grupo del candidato ganador, el señor Edgar Martínez. Fue asesinada el 19 de noviembre de 1997. Y lo que sucedió en ese corregimiento es que se cambiaron los datos electorales, y a partir de ese cambio de los datos electorales, en donde ella era testigo de que se habían cambiado fraudulentamente -por eso la mataron- apareció como ganador posteriormente, en los escrutinios, el señor Morris.
Todavía hay más denuncias del señor José Antonio Castillo Peralta, escolta de este grupo. Él dice que después, ya “ganadas” las elecciones por el señor Morris, se hizo una reunión en el restaurante Carbón de Palo de Sincelejo. Ahí, según él, asistieron los hermanos Pedraza (todos jefes paramilitares de la zona), el señor Salvador Arana Sus, Joaquín García, los alcaldes de Guaranda, Samuel Valencia, y del municipio de Sucre, Miguel Navarro, saliente en ese momento, y el entrante, Ángel Villarreal.
Siguieron hablando de conformar un grupo, esta vez en la zona de La Mojana y bajo Cauca, debidamente equipado militarmente. Y hablaron de cómo financiarlo. Aquí, en la declaración que rinde este testigo, esta vez ante la Fiscalía, el señor Castillo Peralta menciona todos nombres del grupo paramilitar y cómo se iba a financiar. Voy a leer el pedazo referente a la financiación:
Llegaron a hablar de los impuestos del municipio. Arana dice que por qué vamos a pagar por este municipio 60 millones de pesos. Propone llegar a un acuerdo para conformar un grupo de confianza, un grupo bueno, que sea manejado por nuestras manos. Los jefes del grupo le dijeron que era una buena idea y que era mejor continuar en un grupo manejado por ellos mismos. Acordaron dar 60 millones para dotar a quince muchachos bien dotados, con uniformes, morrales y fusiles, para conformar un grupo de autodefensa.
Hasta a mí me propusieron si podía manejarles la parte militar. Yo les dije que no porque yo era muy conocido en la región y que no quería problemas. Eso me lo propuso el doctor Arana. Entonces Joaquín García le preguntó a Arana que de dónde iban a sacar la plata. Arana le contestó que como el alcalde estaba ahí, y era “nuestro”, él les iba a colaborar con eso. Ahí fue que empezaron los contratos y a mandar plata. Constancia de eso tengo la copia de un cheque por valor de 17’281.393 pesos perteneciente a la cuenta del ingeniero Octavio Pérez y la esposa del ingeniero, que fue el que giró el cheque. Me dio el cheque y yo lo cobré. Entonces llegaron los señores Pedraza al parqueadero y se llevaron la plata y ahora, en la actualidad, está operando el mismo grupo en La Mojana.
Esta es la primera evidencia, para saber si este testigo es un loco al que no hay que prestarle cuidado… Y tenemos copia del cheque (la exhibe). Efectivamente, ese cheque que observan ustedes en sus pantallas fue girado por el municipio de Sucre, por 17’281.393 pesos, y el receptor -como consta en el Banco- es un señor Castillo Peralta. Efectivamente, ese día recibió un dinero que sale de un contrato (veamos el contrato) para construir unas obras públicas en el municipio de Sucre, por 23’248.257 pesos. Es el anticipo del 50 por ciento del contrato “Terraplen Sucre, Sucre”, y todos los impuestos, gastos de ley, de legalización, publicación, póliza de transporte, etc., suman 5’966.854 pesos, y queda disponible para el contratista la cifra de 17’281.393 pesos, que -como consta en el recibo del Bancoop de ese entonces- fue entregado al señor testigo Castillo Peralta, miembro del paramilitarismo, que lo entregó a los hermanos Pedraza para comprar fusiles y otros elementos militares para dotar al grupo paramilitar de La Mojana.
Estos son los antecedentes.
¿Qué pasó con estos grupos después del año ’98?
Ya hemos visto que tuvieron algún uso, y no en el combate contra la guerrilla… Y aquí tengo que aclarar algo: en este estudio -y esta es una visión personal- se muestra cómo se van implicando diferentes dueños de fincas tradicionales del departamento de Sucre y políticos con el paramilitarismo.
Hay una realidad entre los dueños de las fincas, y es que habían sido amenazados, secuestrados o extorsionados por la guerrilla. Este es un dato que debemos tener en cuenta para completar la verdad del análisis del poder mafioso. Y de una manera u otra la élite económica de la región, ante la amenaza de la guerrilla, le vende el alma al diablo, y decide iniciar un proceso de construcción de unos grupos que terminaron siendo peores que la enfermedad.
¿Y por qué digo que peores que la enfermedad? Veamos el tema de la masacre de Macayepo y vamos a mirar los mapas, antes que nada, para poder darnos cuenta de lo que estoy hablando. (Se muestran los mapas).
Estamos hablando de la región limítrofe entre Sucre y Bolívar. Aquí está Sincelejo. Esta carretera va hacia San Onofre, que es un municipio clave en esta investigación, y la toman muchos colombianos porque va hacia Cartagena… Aquí está el mar, el golfo de Morrosquillo, con sus playas hermosas, y uno de las principales salidas de cocaína hacia fuera. De la carretera hacia el mar obviamente son las grandes haciendas planas y de la carretera hacia el sur son los denominados Montes de María, región montañosa. Macapeyo está acá: es decir, de San Onofre un poco hacia el sur, ya en los Montes de María. Éstos eran considerados zonas de guerrillera, mientras que el paramilitarismo estaba en la costa exportando cocaína.
Macayepo es una de las primeras masacres. No es la primera. Aquí está Macayepo y aquí está Chengue.
Vamos a ver qué pasa en Macayepo: quince campesinos son asesinados por un miembros de un grupo paramilitar a garrote, piedra y machete. No se les dispara. Se les destruyen las cabezas con piedras y se les descuartiza con machetes. La fecha exacta es el 16 de octubre de 2000. Y aquí viene una segunda evidencia, que ya no sale del testigo paramilitar Castillo Peralta, sino que es de fuente diferente: es una grabación. Vamos a intentar pasarla y escucharla. Es una conversación entre el senador de la República Álvaro García Romero y el señor Joaquín García, que ya hemos mencionado antes.
Esta grabación fue presentada públicamente en Colombia. No es un invento ni una chiva. Fue publicada por la revista Semana el 31 de mayo de 2002.
Transcripción de la grabación registrada el 6 de octubre de 2000 a las 18:55 p.m.
ÁLVARO GARCÍA: …eso sí, puedo hacer lo siguiente Joaco: yo me puedo ir mañana a las ocho de la mañana a la Brigada y puedo pedirle al Gobernador que me colabore para eso…
JOAQUÍN GARCÍA: La idea es… Yo no sé si Nule ha hablado contigo. Lo que pasa es que Nule quiere es meter la tropa a la finca y esa no es la idea. La idea es meter la tropa en la parte de atrás, que es por donde se sacan el ganado, que es por El Aguacate, por el lado de Pajonalito, por esos sectores… ¿Me entiendes?
AG: Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en diez días…
JG: Bueno, la verdad es que lo que interesa es que la tropa la metan para allá no que la estén metiendo dos días y la saquen para acá afuera…
AG: Esa propuesta la puede hacer el gobernador, oyes…
JG: Ojalá me ayudes tú en eso, viejo, porque es que…
AG: Eso dalo por un hecho… ¿Tú ya hablaste con el coronel?
JG: La situación allá es grave… Me comuniqué con los amigos estos míos y me dicen que… ellos siempre con la disculpa de los manes esos verdes… Yo no sé ese man verde, ¿será que no hay forma de tocarlo como para que se abra?
AG: Ese man sale dentro de un mes…
JG: Yo no estoy diciendo que den un nombre para ver a quién se pone ahí… No para que ayude… Mira, no necesitamos un tipo que nos ayude pero que no joda, o sea, que se haga el loco para ver si esta gente funciona, porque ellos dizque van para Macayepo mañana…
AG: Tú sabes que yo se lo he dicho…
JG: Sí. Lo que pasa es que tú sabes también que estos tipos hay que estar viendo cómo se controlan y que se metan para allá arriba, hermano…
AG: Eso es lo que te digo. El hijo de Valdías me dijo que al papá le entregaron hoy 35, los tiene en la casa y tenía 40 más y mañana voy a pesar un ganado…
JG:¿Tú hablaste fue con Aníbal?
AG: Con el hijo, el hijo es el que ha venido hablando conmigo…
JG: Por eso Aníbal…
AG: Aníbal sí…
JG: Y Aníbal ya le comentó al padre…
AG: Ya le comentó al padre, y acaba de hablar conmigo, y el padre esperaba la llamada tuya anoche, me acaba de decir Aníbal.
JG: Ya, ah, pero como tú no me dijiste nada…
AG: Pero es que Aníbal me dijo la cosa, pero como yo no estaba apurado, porque yo pensaba que esto estaba organizado… ¿Me comprendes?
JG: Sí.
AG: Entonces yo esta vaina la tenía como en tapón…
JG: Bueno, Álvaro, no hay problema yo hago eso…
La grabación, además de nombrar a las personas conocidas, habla del traslado de unas tropas hacia el lado del Pajonalito y El Aguacatal. Pajonalito es el sitio donde se descubrieron las fosas comunes y está en la vía (Aguacatal también) hacia San Onofre-Macayepo, ya subiendo hacia los Montes de María.
(Hasta aquí la transcripción de la grabación).
Estas grabaciones lo que están diciendo es que hay un “man verde” que está impidiendo mover las tropas hacia Macayepo. El “man verde”, por la fecha en que se hace la grabación, es el coronel Rodolfo Palomino. El coronel de la Policía Rodolfo Palomino había detenido el avance del paramilitarismo en Sucre. Y precisamente para la fecha de la grabación, el 6 de octubre de 2000, diez días antes de la matanza de Macayepo, pidió un cambio y fue trasladado y reemplazado por el coronel Norman Arango. El “man verde” que Joaquín le pide cambiar a Álvaro, el senador, es el coronel de la Policía de Sucre, y efectivamente logra el cambio.
Cuando lo entrevistan públicamente, al senador Álvaro José, él reconoce que esa grabación corresponde a una conversación tenida entre él y Joaquín García. Lo dijo ante los medios de comunicación… En la revista Semana, el 31 de mayo del 2002, más de un año después de los hechos, le preguntan cuál es la fecha de la conversación y él dice: “Exactamente esa conversación fue, le voy a decir hace cuánto tiempo… cerca de dos años.” Es decir, en el año 2000, año en que ocurrió la masacre de Macayepo. Pero después él se rectifica, porque sabe lo que significa esa grabación, diez días antes de la masacre, cuando Joaquín está diciendo precisamente que sus amigos van para Macayepo y que el “man verde” se los está impidiendo… Entonces, el senador Álvaro le dice a la revista Semana “con toda seguridad yo la tuve (la conversación con Joaquín García), pero fue un año después, en octubre de 2001”, cuando le dijo a Caracol Radio, durante la entrevista del 5 de junio: “Esto significaría que la grabación no tuvo relación con la masacre.”
La grabación fue hecha diez días antes de la matanza de Macayepo, o como dice el senador García, fue hecha un año después y por tanto nada tenía que ver con las frases relacionadas con la masacre.
Y aquí está una declaración de un oficial de la Policía, el teniente Sergio Tovar Pulido, hecha el 1 de agosto de 2001, en el proceso 960 de la Unidad de Derechos Humanos. Él es el comandante de la Sijin del departamento de Sucre y está aquí presente. Ya no es oficial de la Policía. Norman lo persiguió hasta lograr sacarlo de la institución.
El teniente Sergio Tovar dice, en su declaración a la Fiscalía:
Recuerdo la cita magnetofónica que el capitán Caballero (se refiere al capitán de la Policía Caballero) me entregó en el mes de octubre del año 2000…” (no en el año 2001, como dice el senador Álvaro José García) “…la cual había sido obtenida a través del control del espacio electromagnético por la Sipol, entidad que el capitán dirigía, y según el capitán, esta voz pertenece al parecer al senador Álvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macayepo, a comienzos del mes de octubre. Dicha cinta la anexo a la presente diligencia.
Entre otras cosas, dice: “Como esta prueba me fue entregada por el capitán, en el mes de octubre, recién pasados los hechos de Macayepo, se le dio una copia a la doctora Elba Beatriz Silva, quien estuvo en Sucre adelantando esta investigación.” La doctora Elba Beatriz Silva es la actual directora de la sección de Derechos Humanos de la Fiscalía General, que estuvo en Sucre en ese entonces.
El teniente hace otra afirmación terrible para esta investigación: “Recuerdo también que el capitán me mencionó que una de las personas patrocinadoras es el actual gobernador del departamento de Sucre, señor Salvador Arana Sus. Este ciudadano, según el capitán, patrocinó un homicidio colectivo en un barrio Camilo Torres de Sincelejo, donde fueron asesinadas cinco personas en el mes de septiembre del año 2000.”
¿Cómo puede correlacionarse una información de un testigo paramilitar con unas declaraciones de oficiales de la Policía con unas grabaciones, y pensar que ahí no pasa nada? ¿Qué hizo Elba Beatriz, de la Fiscalía, con la grabación? ¿Qué pasó con la investigación?
Sigamos adelante. Porque después, unos días después, unos meses después, el 17 de enero de 2001, por la misma vía, sobre los Montes de María, acercándose a Bolívar, sucede otra masacre: la de Chengue.
17 de enero de 2001: son las fiestas de Corraleja en Sincelejo, han cambiado al jefe de la Policía, está Norman Arango como comandante de la Policía de Sucre.
El 17 de enero de 2001 los paramilitares sacaron de sus casas a los pobladores del corregimiento de Chengue, en los Montes de María, y los obligaron a reunirse en el parque, donde asesinaron a 25 personas con golpes y con armas corto-punzantes, a quienes acusaron de cooperar con la guerrilla. Dos personas más fueron obligadas a acompañar a los paramilitares en su huída de Chengue y sus cadáveres fueron hallados dos horas después.
¿Dónde queda Chengue? En los límites entre Sucre y Bolívar. Este es el camino… Este es el territorio… ¿Cómo sucede esta matanza? Según las confesiones de otros paramilitares (el señor Valdiris, aquí tenemos la confesión) y varias informaciones de la Policía de San Onofre, el 16 de enero los paramilitares salen de la finca El Palmar, pegada a Sucre, cerca del mar. Ahí el administrador es Edgar Cobos, hoy alias Diego Vecino en Santa Fe de Ralito. De ahí salen varios camiones llenos de paramilitares, pasan por el municipio de San Onofre a las siete y media de la noche, se encuentran con la Policía de San Onofre, porque están haciendo una especie de retén en la carretera, se gritan entre sí, se dan cuenta quiénes son unos y otros (sigamos con el mapa, por favor) y los camiones siguen por la carretera con dirección hacia Sincelejo.
Hay alertas tempranas de la Defensoría, que cree que va a haber una matanza en esta región de Chalán hacia Ovejas. Pero los camiones no van hacia allá, sino se separan, vuelven hacia Pajonalito, los paramilitares se quedan en El Aguacatal, salen caminando hacia Macayepo y se dirigen hacia Chengue -caminando- a donde llegan a las once y media de la noche. Esperan hasta las cuatro de la madrugada y hacen la matanza el 17 de enero.
¿Qué sucede con la investigación de la Procuraduría? En los libros de la Policía se borran las informaciones del paso de los paramilitares a las siete y media, en San Onofre, y se escribe como hora las once y media de la noche. Y efectivamente a esa hora hay comunicaciones probadas entre la Policía y la Armada, la Infantería de Marina, localizada en esta región. A las once y media la Policía informa a la Armada y los comandantes de la Armada ordenan instalar retenes en la región. Los paramilitares ya estaban en Chengue y en la madrugada hicieron la matanza.
Lo interesante de la investigación de la Procuraduría es que mientras está demostrado que los paramilitares salen a las siete y media, pasan por Onofre, se encuentran con la Policía, salen hacia Macayepo y después hacia Chengue, y sólo la Policía informa hacia la media noche a la Armada, los únicos que han sido sancionados por la masacre de Chengue son los de la Armada. No hubo sanción para los jefes de la Policía de San Onofre, ni para el comandante de la Policía de Sucre, señor Norman Arango, que a esa hora estaba bebiendo, en las fiestas de Corraleja en Sincelejo, y no tomó medidas para cuidar a la población; no se toman medidas sobre el senador, no se toman medidas sobre Joaquín García, no se toman medidas sobre ninguno de los acusados en las declaraciones que reúne la Procuraduría y que he ido mencionando poco a poco; no se sanciona ni siquiera a un cabo de la Policía en San Onofre, cuando vieron pasar a los paramilitares a las siete y media de la noche, y los únicos sancionados son un general y unos coroneles de la Armada, que fueron los únicos que intentaron actuar contra la matanza de Chengue.
¿Por qué la Procuraduría atacó a los militares, que no tuvieron la culpa, y dejó por fuera de cualquier tipo de sanción o de investigación toda esta serie de declaraciones cuyos apartes les estoy leyendo? ¿Por qué, si estaba probado que el senador García había cambiado la Policía tras unas afirmaciones del señor Joaquín García, para entrar paramilitares hacia Macayepo, por qué después de que se dan cuenta de que hay testigos paramilitares que confiesan no sólo la hora del paso sino que han estado en reuniones donde políticos y paramilitares organizan el paramilitarismo, por qué después de que en esas investigaciones aparece con nombre propio el asesinato de una señora jurado de una mesa de votación, por qué después de tantas informaciones los únicos que son sancionados son las personas que nunca son mencionadas en la investigación, esto es, los comandantes de la Armada, que para la fecha de los hechos son los únicos que se mueven?
Yo tengo una apreciación, y es que nadie más es sancionado porque si se hubieran sancionado otros, los que habría que sancionar son miembros del Congreso de la República, y no los militares; que entre otras cosas, sancionar a un militar es bien recibido por las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional y se podía tapar la realidad de lo que estaba pasando en el departamento de Sucre.
Antonio Valdiris es la persona que nos comenta que efectivamente los paramilitares pasaron a las siete y media. ¿Quién es Antonio Valdiris Tirado? Es un paramilitar; un paramilitar que confiesa ante la Fiscalía, el 9 de febrero de 2001, y dice:
A las siete de la noche llegaron tres camiones, nos embarcamos y salimos hacia San Onofre; pasamos por todo el centro y encontramos a la Policía en las afueras de San Onofre, como que viene para Sincelejo; le empezamos a gritar palabras, para que nos dispararan, para que nosotros les quitáramos los fusiles, pero no pasó nada. Dentramos a una finca. Esa finca se llama… no recuerdo el nombre, recogimos al resto de la gente, dentramos hacia Macayepo, hasta la entrada del pueblo…
Y luego comenta cómo hicieron la masacre. Es la confesión de un paramilitar diciendo que pasaron a las siete. Si pasaron a las siete y media y la Policía sólo informó a la Armada que pasaron a las once y media, ¿por qué no hay sanción contra la Policía? ¿Por qué se sanciona a quienes fueron informados ya cuando los paramilitares estaban en Chengue?
Pero aquí hay otros testimonios. José Feliciano Yepes, paramilitar también, una persona interesante porque el 20 de enero (día de Corralejas en Sincelejo) de 2001 rinde testimonio ante la Fiscalía General y en ese testimonio dice lo siguiente: “En la finca El Palmar, ubicada en la vía del Rincón de Mar, San Onofre, nos recogieron en un camión y nos desplazamos…” Y vuelve y relata cómo entran a Chengue; y vuelve e informa del paso a las siete y media de la noche… Además, cuando le preguntan que diga la ubicación de la finca El Palmar (donde se encuentran personas enterradas) dice lo siguiente:
Después de La Pesebrera, bajando unos cien metros, en donde se presta la guardia, en un árbol grande de comején, al pie de ese árbol hay unas personas enterradas; y a mano izquierda siguiendo hacia delante, como a trescientos metros, después de una puerta, hay más personas enterradas. Los paramilitares que se encargan de enterrar a las personas son los alias Macayepo, El Flaco, Mateo y El Paisa, y los otros que están detenidos, El Diablo y Félix…
Pregunta: Diga al Despacho cómo es la forma en que le siegan las vidas a las personas que entierran en dicha finca.
De dos formas. Una es los cogen, los amarran de pies y manos y les dan un tiro en la cabeza. Después los pican con machete, descuartizados. Y la otra forma es los atan de pies y manos y los degollan y después los pican y los descuartizan.
En el año 2001 la Fiscalía sabía dónde estaban las fosas comunes. Sabían dónde estaban las fosas comunes en la hacienda El Palmar. Lo había declarado José Feliciano Yepes.
Y lo que dice -aquí nombra una serie de miembros de la fuerza pública cómplices- sobre Valdivis y sobre Yepes y sobre Castillo Peralta la justicia colombiana, en manos de los fiscales con nombre propio regionales, es que como son pararamilitares y asesinos no hay que tener en cuenta su declaración. Por eso es que los políticos están libres. Claro: no funciona la misma tesis con Popeye y Santofimio. Porque Popeye también es un asesino y peor que éstos, pero a Popeye sí le hacen caso y apresan a Santofimio… A éstos se les dice -cuando sindican a políticos- que como son paramilitares y asesinos entonces no son válidas las declaraciones. Y dicen, porque fueron a mirar si había fosas y buscaron en los sitios que no eran, que eso corrobora que son testigos que no son válidos…
¿Qué dicen hoy cuando las fosas se están encontrando? ¿Qué pasa con las sindicaciones de éstos que denunciaron las fosas, a los cuales los fiscales les decían que estaban diciendo mentiras cuando acusaron a los políticos? ¿Son no creíbles, cuando las fosas han aparecido, cuando era cierto que estaban en Pajonalito y cuando es absolutamente cierto que estaban en la hacienda El Palmar y que ahí hay decenas de cadáveres (hasta ahora sesenta, y hablan algunos de quinientos y otros de tres mil)?
¿Qué pasó con la fiscal Yolanda Patermina, la fiscal que estaba adelantando el proceso en los primeros días, después de la matanza de Chengue? Fue asesinada el 29 de agosto de 2001. Y hay un problema en estas declaraciones: el declarante Castillo Peralta había avisado que la iban a matar. El señor Castillo Peralta, del que después dicen que es un loco, por haber acusado al senador y al gobernador, y del que dicen que no es confiable, ese señor había anunciado previamente (y se lo dijo de frente a ella) que a esa señora la iban a matar. Y aquí, en esta declaración ante la Fiscalía, donde aparece la firma de Yolanda Patermina Negrete, el declarante dice: “Así, doctoras, que a ustedes les quiero sugerir que se cuiden, porque no se les haga extraño que les hagan algo.” Y la mataron.
Después, este testigo dice quién la mató, o quién ordenó su asesinato: y es un político. Y dice este testigo quién es el que le dio la razón de que la iban a matar… y el testigo, el que mandan, el mensajero, lo matan. Y a este testigo, a Castillo Peralta, le pasan hechos extraños: lo intentan matar también. Le pegan varios tiros. Le tratan de cambiar las declaraciones que ha dado, acusando a los políticos. Ocurre, por ejemplo, que estando rindiendo declaración ante la Fiscalía, en Bogotá, llega un fax proveniente de la Procuraduría de Sucre, supuestamente suscrito por él mismo, diciendo todo lo contrario de lo que está declarando…
Pero además le pasan otras cosas extrañas: el Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el que tenía que investigar, por competencia, al gobernador y al senador, el señor Andrés Ramírez Moncayo, que después fue vicefiscal, que después fue fiscal, que después salió por el escándalo de las toallas y que hoy, a pesar del escándalo de las toallas, es magistrado ad hoc de la Corte Suprema de Justicia, ejerce presiones sobre el testigo Castillo Peralta diciéndole que no declare contra el gobernador Salvador Arana Sus. Y aquí está la declaración del testigo denunciando el papel del fiscal, ante la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole que no declare.
La pregunta es qué le pasa a la Fiscalía, entonces, ante estos procesos. Y hay una respuesta: la secretaria general actual de la Fiscalía General de la Nación es la sobrina del senador Álvaro José García Romero, la señora Judith Morantes García.
Yo me pregunto: un proceso de estos, desde el año 2001, en que se acusa a un senador (y puede no ser cierto, yo no voy a ser el juez), con unos instrumentos de investigación públicos, de la justicia colombiana, ¿cómo es que el fiscal general, el señor Camilo Osorio, sabiendo que está sindicado el senador de paramilitarismo, ni más ni menos, de asesinatos, de concierto para delinquir, de mafia, nombra a la sobrina como secretaria general de la Fiscalía? Explíquenme: ¿en qué país vivo?
Y su fiscal ante la Corte Suprema, el que tiene el deber de investigar, trata de inducir al testigo principal para que no declare…
Ahora van ustedes a observar un video -este es el final de la exposición-, que es otro testimonio: es un video del primer o uno de los primeros consejos comunitarios del presidente Álvaro Uribe Vélez. Es el 1 de febrero de 2003.
Transcribimos a continuación extractos del audio del video debido a que la grabación no permite comprender completamente el discurso:
Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde de El Roble suspendido; suspendido por una sola razón injusta: porque en el primer encuentro o conversatorio que tuvimos en el (…) yo fui capaz de denunciar al primer gobernador del departamento de Sucre y (…) me la cobraron; la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están mostrando dos cosas, y se van a conseguir: ya hubo la suspensión y ahora viene la destitución; y después de la destitución viene mi muerte; porque el año pasado hubo una confabulación con el director del DAS y los políticos del departamento de Sucre, y fueron a sacarme de la casa para matarme, (…) después de que el director del DAS había elaborado un informe macabro de inteligencia, donde decía que yo pertenecía a la guerrilla, que le estaba suministrando drogas, víveres a la guerrilla del ELN en el municipio del Roble, cuando los presuntos medicamentos eran los que se daban -en un programa que tenemos en Roble- a los ancianos, a las personas de la tercera edad. Y los víveres, para la misma gente. Vean todo lo que me inventaron, y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar.
Señor presidente: le voy a pedir una cosa; que usted (…) medie para que los procesos míos los saquen de aquí, porque también hay otra cosa (…) gobernador del departamento de Sucre, al cual vencí yo en proceso jurídico (…) Y le voy a decir cuál es la alianza macabra que existe, la conexión que existe: gobernación (…) Morris Arana, Tatiana Moreno, exprocuradora de aquí, el viceprocurador general de la Nación (…) se llama Carlos Arturo (…) ¿Por qué lo sé?
Interrumpe el presidente Uribe al alcalde:
A ver, señor alcalde… Hemos permitido el desorden por la gravedad del tema. Pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo. Con el mayor gusto, y es nuestro deber, la denuncia que usted ha formulado le voy a pedir la doctora Ani Vásquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía…
Retoma la palabra el alcalde del Roble:
Cuando la doctora Tatiana Moreno era procuradora, era amiga de parranda del doctor Morris. Eso lo sabe todo el mundo. El doctor Carlos Arturo Tabayó, entre otras cosas, se especializó con ella, la trajo y luego se la llevó. Pero la conexión (…) es solamente llamarla y decirle: “Tatiana…” Y eso se está haciendo.
Sigue la exposición de Petro:
El señor Norman Arango es diplomático colombiano nombrado por el presidente Uribe. El gobernador Arana también es diplomático colombiano nombrado por el presidente Uribe, en Chile. Eso después de las denuncias de Tito, el alcalde del Roble. El ministro nos responde que no tienen información de lo de Sucre en su despacho. Mire: ¿Y para qué sirven los consejos comunitarios?
¿Cómo es posible que un presidente de la República -me pregunto yo, ministro- después de que recibe una denuncia de un señor que dice que lo van a asesinar y nombra a Arana, a Norman Arango, a la Procuraduría regional, con algún enlace en la nacional, cómo es que nombra a esas personas como diplomáticos? Ya sé que nombró al hijo de Santofimio, pero …
Porque a Tito lo mataron después de ese Consejo Comunitario. Dice RCN Radio, 11 de abril de 2003:
El alcalde del municipio de El Roble, Eduardo Díaz Salgado, fue hallado muerto ayer en una zona rural de la región, luego de haber sido secuestrado el pasado sábado. El cuerpo de Díaz Salgado fue encontrado con varios disparos en una zona despoblada de la carretera entre Sanpués y Sincelejo. El funcionario fue retenido por desconocidos cuando salía de su domicilio el sábado pasado, denunció su esposa.
Es la crónica de una muerte anunciada delante del presidente de la República, y él dice quiénes. ¡Él dice quiénes! Y esos quiénes son los que han venido denunciando desde el año 2001 en la Fiscalía. ¡Por Dios! Es que no sale ningún nombre que no sea los que venimos repitiendo aquí de diversas fuentes. Claro: a cada fuente se le puede decir que es un loco y decir que no sirve… O comprarlo, con billete, como ha venido pasando. ¡Claro que sí!
Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República, que dice los nombres, puso los nombres, y los nombres concuerdan con otros testimonios… ¡Fue asesinado! Era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político, en toda la costa atlántica. ¡El único! Y lo mataron. Y el presidente ¿qué hizo? Nombró como diplomáticos a quienes él acusó y los mandó fuera del país. En vez de hacer lo que debía hacer. ¿Qué es eso, señor ministro del Interior? ¡Explíquemelo! ¿Eso se llama decencia, eso se llama inteligencia? ¿Es cinismo? ¿Qué es?
Porque estas cosas siguen. Tatiana Moreno, la procuradora regional, es la misma jefe de la oficina desde donde salen los faxes a la Fiscalía tratando falsamente de desmentir el testimonio de Castillo Peralta. Aquí está un formato, éste, es un formato de la Procuraduría, en donde está la rectificación del testimonio de Castillo Peralta, diciendo que todo lo que ha dicho antes es mentiras y no tiene firma. Y está con el sello y membrete de la Procuraduría Regional. ¿Quién la hizo? ¿Cómo es que llega por fax a la Fiscalía justamente cuando el testigo está rindiendo declaración en la Fiscalía, por fax desde la Procuraduría Regional, cuando él está hablando con la fiscal Paternita? ¿Cuál es el papel de Tatiana Moreno? ¿Lo que decía el alcalde del Roble, que vivía en reuniones con los alcaldes de San Onofre y era amiga del señor Arana?
Finalmente llegan los militares, y allanan los señores de la Armada, los informes operativos de la Infantería de Marina. Y aquí están, los tengo. Todos estos son los resultados operacionales realizados contra las AUC en Bolívar y Sucre, de la Infantería de Marina. No lo digo yo, lo dicen ellos, y a nadie se le podría ocurrir que hay una mafia entre Petro y los militares para hacer este debate… ¿Y qué pasa en estos operativos de allanamiento? Que allanan las haciendas -El Palmar, La Tingua, las Melenas- que se ha ido descubriendo son las bases del paramilitarismo… ¿Y qué encuentran? En una casi cogen al señor Mercado Pelufo, alias Cadena, paramilitar, pero no es el jefe: el jefe es Diego Vecino, o quizás quienes fundaron el paramilitarismo en Sucre.
¿Qué encuentran? Aquí están los informes. Encuentran una relación de donantes o extorsionados. La ha mencionado la prensa… Y hacen un análisis sobre lo que está pasando en el departamento de Sucre. Y van mencionando los nombres de quienes consideran son los aliados del paramilitarismo: Jorge Blanco Fuentes, actual alcalde de San Onofre, es quien al parecer entregó los diferentes documentos encontrados en el vehículo de alias Cadena, como son: “Estado de cartera municipios de Bolívar y Sucre”, “Nóminas”, “Empleados”, “Supernumerarios”, toda la nómina de los paramilitares, aquí está…
Entre otras, José Feliciano Yepes, el que habló de las fosas, y las fosas se encontraron… Ministro: ¿Dónde está José Feliciano Yepes? Es el testigo de la Fiscalía, ha declarado, se ha confesado, es una confesión: ustedes, que le tienen tanto miedo a la confesión obligada de los paramilitares… ¡Yo entiendo ya por qué! Entiendo por qué en el proyecto de justicia y paz no quieren que los beneficios de los paramilitares sean entregados a cambio de su declaración formal, su confesión. Ya entiendo, aquí se nota lo que pasa.
¿Dónde está José Feliciano Yepes? Aquí se entregó, aquí declaró, aquí testimonió… Era un testigo de la Fiscalía… Y yo le quiero decir dónde está hoy, ministro. Está en una cárcel de Caracas. Era uno de los paramilitares que entraron a Caracas a matar no sé a quién, pero los detuvieron. Y el director del DAS o algún funcionario del DAS dijo que no había antecedentes penales de ninguno de los capturados en Caracas. Esa es la seriedad de nuestro Estado.
¿Cómo es que un testigo aquí, con cédula, con huella, cogido en Caracas, reincidiendo en el paramilitarismo, el DAS dice que no tiene antecedentes. ¿Me lo pueden explicar? ¿Querían engañar a Chávez, o qué? ¿O decirle a RCN que siga diciendo “presuntos”?
¿Presuntos? José Feliciano Yepes no es un “presunto”: ¡Es partícipe de la matanza de Chengue! ¡Confeso! ¡Testigo de la Fiscalía! Y aparece reincidiendo en Caracas. ¿Cómo es eso? Con su cédula estaba en Caracas, preso. Y todavía le siguen diciendo al mundo que “unos muchachitos presos” y que ese es uno de los engaños. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Usted debería decírmelo, ministro del Interior: ¿Por qué el DAS dice que no tiene antecedentes si es uno de los autores de la masacre de Chengue? ¡Está probado! Y desde el año 2001, no de ahora.
Bueno, estos documentos hablan de ellos, ¡de todos!
Luis Ángel Peña, personero de San Onofre, fue de los miembros que intercedió ante las tropas para evitar la captura de la señora Mor y de Carmen Ayala Bertel, compañera sentimental de alias Cadena.
Nelson Stanp Berrío, de San Onofre, Sucre, presidente de la Asamblea Departamental. Posee vínculos directos con el sujeto alias Cadena, quien los apoya en la parte política y les ofrece estos cargos a cambio de realizar las actividades que él ordene, al igual que el señor Luis Ángel Peña, en el desarrollo de esta operación trató de intervenir con el fin de impedir que se capturara a la señora María del Carmen Bertel, compañera sentimental del sujeto alias Cadena.
Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, exalcalde de San Onofre, junto con los señores Nelson Estan Berrío y Luis Ángel Peña, trató de intervenir en el desarrollo de la operación, con el fin de impedir que se capturara a la señora María del Carmen Bertel, compañera ya sabemos de quién…
Y más y más políticos del departamento de Sucre y del municipio de San Onofre.
Y en esa finca El Palmar, ese administrador, ¿quién era? Este sujeto que aquí les voy a mostrar: Edwar Cobos Téllez, el administrador de la finca El Palmar, en donde están las fosas que se están descubriendo, que desde el ’97 ya era el fundador del grupo paramilitar.
Alias Diego Vecino: está en Santa Fe de Ralito, jefe directo de alias Cadena y responsable de los embarques de droga que salen del Golfo de Morrosquillo, Tolú, El Rincón y Verrugas. Su hermano es funcionario público: John Cobos Téllez, secretario general de la Corporación de los Valles de Sinú y San Jorge, CVS, tiene bajo su dirección el programa de Reforestación con desmovilizados del paramilitarismo, amigo del presidente Álvaro Uribe Vélez. El programa de reforestación y de palma africana lo va a presentar el doctor Zárrate. Vamos a dar una información interesante sobre el programa de palma africana que tanto se defiende desde el gobierno y su vínculo con el paramilitarismo.
Aquí termina mi intervención con un video. El video es sobre la matanza de Chengue.
(Presentación del video)
Esa es la realidad de nuestro pueblo. Por muy amarga que sea, estoy convencido de que la batalla pacífica por la democracia la vamos a ganar.
Gracias.
BOGOTA, D.C Junio 1 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ