La JIFE sobrepasa su mandato y no respeta soberanía de algunos países
El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE), publicado este jueves, critica duramente a Argentina, Brasil y México por la despenalización de la posesión de drogas para el consumo personal, advirtiendo que tal enfoque “puede ser mal interpretado”.
En su informe la JIFE expresa preocupación por el “movimiento creciente en favor de la despenalización de la posesión de drogas fiscalizadas” y hace un llamado para que esta tendencia sea combatida “decididamente” por los gobiernos de Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos. No todos están de acuerdo con estas conclusiones.
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Según el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), “las críticas de la JIFE sobrepasan su mandato y constituyen una intromisión en la toma soberana de decisiones de los países”. TNI y WOLA son organizaciones no gubernamentales con conocimiento tanto del sistema de control de drogas de las Naciones Unidas como de la política de drogas en América Latina.
En agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucional el imponer castigos por la posesión de cannabis para el uso personal. El año pasado, México, a través de un decreto de ley, descriminalizó la posesión de drogas para el uso personal. En 2006 Brasil incorporó una descriminalización parcial, remplazando las sentencias de prisión por tratamientos y medidas educativas.
“Hay muchos consumidores y vendedores de menor escala hacinados en las prisiones latinoamericanas. Esto no es sólo inhumano, también significa que los aparatos de justicia están desviando sus limitados recursos y su atención de los narcotraficantes hacia otra parte”, dijo Pien Metaal, investigadora del Programa sobre Drogas y Democracia del TNI. “Parte del problema de la sobrepoblación carcelaria surge de la desproporción de las sentencias para los ofensores no violentos”.
Las experiencias hasta la fecha no han desembocado en un incremento significativo de la adicción. En 2001 Portugal descriminalizó la posesión de drogas para el uso personal, y a partir de ese momento se ha registrado un descenso en el uso de heroína y algunas de sus consecuencias más graves como el contagio del virus del Sida.
Creada en 1968, la JIFE monitorea la implementación de las convenciones internacionales de control de drogas de la ONU, establecidas en 1961 y 1971. Monitorea también el sistema de control de precursores, establecido por la Convención de 1988.
Según el TNI y WOLA, la JIFE está actuando más allá de su mandato al criticar las políticas sobre drogas de algunos países.
“En el caso de Argentina es una arrogancia de la JIFE cuestionar una decisión de su máxima autoridad judicial. La JIFE no tiene ni el mandato ni el conocimiento suficiente para discutir tal decisión”, dijo Martin Jelsma, Coordinador del Programa sobre Drogas y Democracia del TNI.
La JIFE justifica su llamado a combatir ‘decididamente’ la tendencia hacia la descriminalización ‘recordándoles’ a los gobiernos las normativas de la Convención de 1988. “Pero, aparentemente es la JIFE la que debe hacer memoria, tanto de los límites de su rol como de los alcances reales del tratado”, dice John Walsh, Titular de Programa de WOLA.
“La JIFE interpreta mal la Convención de 1988 al asegurar que existe la absoluta obligación de criminalizar la posesión de drogas para el uso personal. En realidad, la Convención muestra flexibilidad en este punto”.
La JIFE menciona que la Convención de 1988 llama a los países a “tipificar como delitos […] la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal…”. Pero, el informe excluye una frase que es crucial para la interpretación de la Convención. El Artículo 3, párrafo 2, establece que las medidas de castigo legal por la posesión para el consumo personal están sujetas, en cada país, a “los principios constitucionales y […] conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico”.
Por lo tanto, la suscripción a la Convención de 1988 obliga a un país a criminalizar la posesión para el consumo personal solo cuando ésto no entra en conflicto con sus principios constitucionales y legales.
Tal como el año pasado, la JIFE utiliza su informe anual para reprender a Bolivia por su permisividad en los usos tradicionales de la hoja de coca, como su masticación. En 2008 Bolivia dejó establecido en su Constitución que la hoja de coca es parte de su patrimonio cultural.
“La JIFE se muestra desconectada de la realidad al exigir que Bolivia deje de usar la hoja coca, planta erróneamente prohibida en las Convenciones”, dijo Pien Metaal del TNI.
“Las controversias alrededor del Artículo 3 de la Convención de 1988 y el trato erróneo que se le da a la hoja de coca en la Convención de 1961 son dos ejemplos de por qué el sistema de los tratados de control de drogas, incluyendo el rol que juega la JIFE, necesita ser revisado”.