La infiltrada a la Corte Suprema
El Espectador revela cómo durante largos meses el DAS se enteró desde asuntos familiares hasta los más duros debates de la Sala Plena.
Primero fue el empresario italiano Giorgio Sale, cuya captura en noviembre de 2006 despertó la inquietud del Gobierno por saber qué tan cercano era de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues más de una vez compartieron agasajos. Después fue el empresario huilense Ascencio Reyes Serrano porque aparecía como dadivoso promotor de homenajes a los jerarcas de la justicia sin que resultara claro ni su interés personal ni sus abultadas cuentas bancarias.
En el ocaso de 2007, el DAS ya intercambiaba información con la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) sobre los capitales de los magistrados y sus cuentas bancarias, celulares y propiedades quedaban bien documentados. Pero a pesar de las pesquisas y la filtración de documentos a los medios de comunicación para ganar en el pulso que sostenían Gobierno y Corte, no aparecían suficientes elementos para encontrar el talón de Aquiles del alto tribunal.
Entonces se desplegó una estrategia más temeraria: penetrar la Corte. Primero lo hicieron dos agentes de inteligencia entre los conductores y escoltas de los magistrados y después se logró el objetivo mayor. Con dinero, productos de primera necesidad y cupos escolares, un empleado de bajo rango aceptó colocar un diminuto micrófono en el salón donde sesiona la Sala Plena. Lo hizo y, desde ese día, el DAS invadió la vida privada y pública de los magistrados de la Corte.
El agente del DAS que con la apariencia de estudiante de derecho logró sobornar al empleado de la Corte ya confesó ante la Fiscalía su osadía. Sus compañeros que hicieron lo propio con escoltas y conductores también aceptaron su responsabilidad. Lo que era un secreto a voces y los magistrados sospechaban, ahora está judicializado. El Espectador conoció las principales grabaciones obtenidas por el DAS de forma ilegal en la Corte, las cuales reflejan hasta dónde llegó la filtración.
Además, en los reportes de seguimientos y escuchas ilegales a los jerarcas de la justicia, queda en evidencia que penetraron también a sus familias, que identificaron sus rutinas y gustos personales, que interceptaron sus correos y que hasta las bolsas de basura de sus residencias fueron examinadas. Fue tan audaz la operación del DAS contra los magistrados, que reportaron hasta sus conversaciones sobre los desacuerdos y desavenencias por las cargas laborales.
Las discusiones sobre la manida controversia de las tutelas contra las providencias judiciales, los avances en las investigaciones de la parapolítica y la farcpolítica, los debates internos por la necesidad de preservar el derecho de todos los medios de comunicación para conocer sus decisiones y evitar los reclamos de los periodistas “chiviados”, y hasta los pormenores de una reunión con el cardenal Pedro Rubiano, de todo se enteraba el DAS sin mayores apremios o riesgos.
Lo más absurdo es que con frecuencia los magistrados exteriorizaban sus sospechas de que los organismos de inteligencia del Estado merodeaban las instalaciones del alto tribunal o escuchaban sus conversaciones, y del otro lado los agentes del DAS lo dejaban consignado en sus informes. Con los mismos resaltados con que reseñaban las expresiones de los magistrados advirtiendo que iban a llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de la verdad, así fuera con el presidente Uribe.
La filtración fue real y ya existen en el proceso de la Fiscalía al menos siete testimonios de esta acción ilícita. Y un cúmulo de grabaciones y reportes de muchas horas de 2008 y 2009 en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en medio de sus labores cotidianas, fueron dejando el testimonio de una dura confrontación contra el Gobierno del presidente Uribe, con un telón de fondo que hoy explica la pugna: los escándalos de la parapolítica y la yidispolítica.
Un fiscal para investigar al ministro Sabas Pretelt
El 27 de mayo de 2008 hubo Sala Plena en la Corte. El DAS la escuchó toda y el tema crucial fue el impedimento del fiscal Mario Iguarán para investigar al ex ministro Sabas Pretelt. La grabación fue aportada en su integridad y en el reporte resumido quedó la esencia de la controversia.
Por ejemplo, el magistrado Alfredo Gómez opinó que la mejor opción era que asumiera el Vicefiscal, pero que la Corte debía dar un mensaje de estar muy pendiente del proceso. A su vez, el magistrado Jaime Arrubla agregó que había que hacerle el nombramiento del Vicefiscal.
Además, se le oyó decir que el sistema era tan perverso como dejar que el presidente Uribe mandara una terna en la que no iba a desaprovechar para incluir a tres amigos y acomodar todo a su manera. Días antes, el 9 de mayo, según un reporte del DAS, se le escuchó afirmar al magistrado Yesid Ramírez que no le cabía duda de que el Presidente tenía que ver con las amenazas de muerte en su contra.
En otra Sala del 17 de julio de 2008, el tema de fondo fue una reunión con el presidente Uribe. Después del reporte del entonces presidente Francisco Ricaurte, se armó el debate. Unos magistrados dispuestos a no quedar encasillados como opositores del Gobierno y otros preocupados por los términos de una reforma a la justicia. Del otro lado, el DAS se enteró de primera mano cómo estaban las opiniones de una Corte alterada por la confrontación con el Poder Ejecutivo.
De los temores a la tutela a los reclamos de Uribe
La sala del 10 de julio de 2008 fue candente. Y el DAS se enteró de que la primera discusión fue la tutela contra sentencias judiciales por un escenario concreto: una voz de alerta frente a eventuales fallos del Consejo de la Judicatura en el tema de la parapolítica. Y se le oyó decir a un magistrado que precisamente por esa misma vía se había salvado el Ministro de Protección Social. Otro más expresó su temor de que también se cayera la sentencia contra Yidis Medina. El tema quedó saldado en un consenso para no adoptar decisiones precipitadas, sino con buena temperatura.
Ese mismo día, el magistrado Francisco Ricaurte contó los detalles de su reunión con el Presidente en presencia del cardenal Pedro Rubiano. Y les contó a sus colegas que el presidente Uribe mostró su desacuerdo con el fallo contra Yidis Medina, porque esa era una manera de deslegitimar su gobierno. Además, recordó que él era quien decidía a quién debía extraditar o no. Pidió considerar como asunto de Estado la búsqueda de una solución para los desmovilizados paramilitares y tuvo tiempo para que hablaran del asunto del narcotraficante Giorgio Sale, sugiriendo a los magistrados que se investigaran.
Hablaron de la denuncia del Presidente contra el magistrado César Julio Valencia, donde la conciliación era remota y el magistrado Ricaurte contó a sus colegas que le había insistido en la incomodidad que causaban sus agravios, pues ese no era el lenguaje para dirimir sus asuntos con el poder judicial. Aunque en la reunión se anunció que habría un próximo encuentro para superar apremios, al momento de pedir comentarios, el magistrado Yesid Ramírez reportó a sus colegas que sabía de los montajes que le estaban haciendo, de cómo le buscaban vínculos con la guerrilla, preguntándoles a todos: Si no es el DAS, ¿quién está detrás de estas maniobras para perjudicarme y hacerlo con la Corte?
La intimidad invadida de algunos magistrados
Los reportes del DAS sobre el magistrado Iván Velásquez demuestran que fue objeto de un acoso inclemente. El 4 de junio de 2008 sabían que había viajado a Medellín para entrevistarse con el paramilitar H.H. para buscar pruebas de la parapolítica. Y que a veces no estaba de acuerdo con que tuviera que concentrarse en buscar evidencias contra el Jefe del Estado. Investigaron a su esposa, escucharon a sus hijos e interceptaron sus teléfonos. Y le oyeron decir que ya sabía que la fuga de información de la Corte se originaba adentro.
A otro magistrado que rastreó el DAS hasta la saciedad fue a Sigifredo Espinosa. Por eso en los reportes del organismo quedó reflejada su confrontación con el Gobierno. Un día de agosto de 2008, por ejemplo, en su celular le oyeron decir: “Así se me vaya todo el período de mis cuatro años que me hacen falta, voy a averiguar todo con respecto a la fuga de información, porque estoy seguro de que el DAS está detrás de todo esto, porque así como el Presidente está haciendo esto, pues va a tener sus escándalos y mientras que el doctor Iván Velásquez sea la piedra en el zapato para él, ahí lo vamos a tener”.
Un día recibió una llamada del fiscal que llevaba el caso del senador Mario Uribe y le contestó su interlocutor que en adelante iban a conversar por ese medio, porque era un número privado. Lo siguieron hasta sus sitios de diversión y averiguaron por conflictos en su familia. Algo parecido a lo que ocurrió con el magistrado César Julio Valencia, de quien el DAS llegó a reportar que había sido operado de una enfermedad cardiovascular y que a raíz de la intervención estaba muy irritable. La intimidad de los magistrados quedó hecha trizas y hasta sus conversaciones informales o los reclamos guardados de los auxiliares quedaron grabados.
Y todos en el fondo sabían que eran agentes del DAS quienes merodeaban sus casas, sus familias, sus oficinas, sus sitios de recreo, su Sala Plena.
La Sala Penal: “Una estación de Policía”
Los reportes debidamente fechados sobre los magistrados de la Corte Suprema, rotulados como “información disponible”, incluyeron de todo. Desde peticiones de la esposa de Iván Velásquez al magistrado para que se retirara y se fueran a una embajada, hasta comentarios del magistrado Francisco Ricaurte de que el presidente Uribe utilizaba medios de comunicación para indagar a los magistrados sobre lo que él quería saber.
Reclamos de los magistrados auxiliares porque le estaban sacando información de sus correos, comentarios del magistrado Augusto Ibáñez sobre el caso Tasmania y el senador Mario Uribe, propuestas para demandar al Jefe del Estado, comentarios sueltos sobre el proceso contra la senadora Piedad Córdoba y el ex congresista Wilson Borja, e incluso burlas invitándose a almorzar con la seguridad de que también con ellos iban los del DAS.
Una renuncia del magistrado Iván Velásquez que no fue aceptada, los comentarios de otro jurista diciendo que al Presidente le iban a dar de su misma medicina, la evidencia de que el DAS sabía de antemano que Augusto Ibáñez iba a ocupar la Presidencia de la Corte, las amenazas telefónicas, los reclamos de las esposas, las instrucciones al jefe de prensa, las reacciones a las publicaciones de los medios, los reportes de entrevistas en el exterior.
Un día le oyeron a un magistrado decir que el Presidente era un falso y que toda la Corte estaba contra él. Otro que al hermano del ministro Valencia Cossio le iban a aplicar todo el rigor de la ley y uno más que era tan tensa la situación en el interior de la Sala Penal que los investigadores sólo llegaron a utilizar memorias USB. Cuando necesitaban información, una persona activaba un código y tenía que quedar registrado quién abría los archivos.
Las rivalidades internas de la Corte, sus discusiones fuertes, los secretos de la parapolítica, las medidas cautelares de la Corte Interamericana, el debate por la extradición de David Murcia, los comentarios del magistrado Javier Zapata advirtiendo cómo supuestos reparadores de redes telefónicas rondaban su casa y hasta el vaticinio del magistrado Augusto Ibáñez: lo que quiere el Gobierno es acabar con la Corte Suprema y convertir la Sala Penal en una estación de Policía.
Caso Paseo buscaba neutralizar parapolítica
El interés del DAS por el empresario huilense Ascencio Reyes Serrano y sus supuestos vínculos con narcotraficantes buscaba neutralizar a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por las decisiones que estaban tomando en materia de parapolítica. Así lo manifestó en diligencia de interrogatorio ante la Fiscalía, el pasado 19 de abril, el ex coordinador del Grupo de Operaciones Nacionales e Internacionales (Goni) Germán Albeiro Ospina Arango. El ex funcionario (en la actualidad detenido) afirmó que ese fue el origen del denominado Caso Paseo, que se inició en marzo o abril de 2008 cuando el subdirector de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, le pidió los resultados de las investigaciones del vuelo chárter pagado por Reyes que llevó a funcionarios de varias entidades del Estado y a magistrados de la Corte Suprema a la ciudad de Neiva (en junio de 2006) para un homenaje al entonces presidente de esa corporación, Yesid Ramírez Bastidas. Ospina Arango relató que en el desarrollo de esa labor hubo “mucha presión y tensión” debido a que la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, presionaba a Lagos porque “desde Presidencia” estaban requiriendo resultados inmediatos sobre la relación de Ascencio Reyes con los magistrados. Para ese momento sobre Reyes se tenían sospechas de supuestos vínculos con un extraditado narcotraficante.
Por otro lado, Ospina Arango manifestó que utilizando a un miembro de la escolta de la senadora Piedad Córdoba (que pertenecía al DAS) se obtuvo información sobre sus desplazamientos y las actividades que desarrollaba habitualmente buscando vínculos con el gobierno venezolano. Ratificó además que los correos de la congresista fueron intervenidos. Ese mismo modelo había sido utilizado para espiar las actividades de la ex esposa del senador Gustavo Petro, según Ospina, por orden del ex director del organismo, Andrés Peñate. El infiltrado en ese caso fue el detective Santiago Morales, quien murió en octubre de 2009, luego de ser herido de gravedad por uno de sus compañeros. Precisamente sobre Morales, Ospina dijo que estaba entregando información sobre algunas irregularidades que se registraron en el manejo de recursos que la Embajada de EE.UU. le daba al DAS. Para terminar, Ospina dijo que cuando la Fiscalía comenzó a allanar el organismo de seguridad fue destruida y ocultada información contenida en documentos y computadores.
Lagos coordinaba las labores de espionaje
En su interrogatorio el ex director del Goni, Germán Albeiro Ospina, sostiene que quien coordinaba las actividades de espionaje en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la senadora Piedad Córdoba era el ex jefe de Contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos. Ospina manifestó que Lagos le ordenó preparar documentos sobre el caso Paseo que luego fueron entregados a los medios de comunicación “por orden de Presidencia” y que buscaban desacreditar a la Corte por su cercanía con el cuestionado Ascencio Reyes. Ospina sostuvo, además, que era Lagos quien le entregaba información de las actividades económicas de los magistrados, proveniente de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda. Incluso, el ex director del Goni aseguró que Lagos puso bajo su mando tres grupos externos (Falcón, Fénix y Cóndor) para concentrar la información que cada uno había recopilado por su lado, en casos como el de Piedad Córdoba.
Las controversias de Ascencio Reyes
Después de haber nacido en el seno de un humilde hogar en inmediaciones de Rivera, Huila, Ascencio Reyes recibió el soporte de una familia adinerada de Neiva, que lo catapultó hasta convertirse en un respetado, pero controvertido empresario que se movía como pez en el agua en altos círculos sociales del país. Reyes, quien organizó el homenaje al ex presidente de la Corte Suprema, magistrado Yesid Ramírez, entró al ojo del huracán cuando fue relacionado por extraños manejos en una sociedad que tuvo con un extraditado narcotraficante. De Reyes se recuerda que financió, a través de su empresa Viajes y Turismo Basan & Cía. Ltda., buena parte del viaje que hicieron a Neiva la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en junio de 2006, y que dio origen al denominado Caso Paseo.