La impunidad de los delincuentes económicos de las clases dominantes
Mientras que al delincuente contra la propiedad suele considerárselo un marginado y como un problema individual frente al orden social, el delincuente económico, por el contrario, ni es marginado ni se enfrenta individualmente con el sistema, al que, por otra parte, pertenece, pues en efecto, los delincuentes pertenecientes a grupos socioeconómicos superiores no son ni mucho menos marginados sino aceptados o tolerados
¿Qué es mayor delito: Asaltar un Banco o fundar un Banco?
(Bertold Brecht, La ópera de dos centavos)
I. « Mientras que al delincuente contra la propiedad suele considerárselo un marginado y como un problema individual frente al orden social, el delincuente económico, por el contrario, ni es marginado ni se enfrenta individualmente con el sistema, al que, por otra parte, pertenece, pues en efecto, los delincuentes pertenecientes a grupos socioeconómicos superiores no son ni mucho menos marginados sino aceptados o tolerados » (López- Rey y Arrojo, Criminalidad y abuso de poder, Edit. Tecnos, Madrid. Sin fecha).
“Como se ha visto, esto no quiere de ninguna manera decir que las conductas transgresoras se concentran efectivamente en la clase proletaria y en los delitos contra la propiedad. Incluso la criminología liberal demuestra, por el contrario, con las investigaciones acerca de la cifra negra sobre la criminalidad de cuello blanco y sobre la criminalidad política, que el comportamiento “criminal” existe en todas las clases sociales, que la nocividad social de las formas de criminalidad propias de la clase dominante y ampliamente inmune, es mucho más grave que la de toda la criminalidad efectivamente perseguida. Por otra parte, el sistema de inmunidades y de criminalización selectiva corresponde al estado de las relaciones de poder entre las clases, de manera de ofrecer por un lado un salvoconducto más o menos amplio a las prácticas ilegales de los grupos dominantes cuando atacan los intereses y los derechos de las clases subalternas o de las naciones más débiles y, por el otro…con un estrechamiento más o menos riguroso de la esfera de acción política de los movimientos de emancipación social” (Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal, Edit. Siglo XXI, México, 1986).
Hay que comenzar, entonces, por despertar la «alarma social » frente a la criminalidad consistente en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, dado que buena parte de la opinión pública está condicionada de manera tal que reacciona contra el que roba, comete una agresión o un homicidio, pero considera que está en el «orden normal de las cosas » o que «corresponde a las leyes del mercado», actividades delictuosas que condenan a millones de seres humanos al hambre, a la enfermedad y a la muerte.
Entre esas actividades delictuosas, además de las que son formalmente legales o están en el límite entre la legalidad y el delito, se pueden mencionar los delitos económicos que comportan, directa o indirectamente, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, como son: la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, las infracciones al régimen cambiario, etc.
Además, hay actividades que realizan grandes sociedades transnacionales en el dominio privado que son formalmente legales, pero que se pueden desarrollar en una zona gris donde es difícil distinguir si se trata de la utilización legítima de una estrategia en el mercado o del abuso del poder económico para controlar los precios, monopolizar el acceso a las materias primas, establecer precios abusivos de monopolio u oligopolio de ciertos productos, como hacen las transnacionales farmacéuticas con los medicamentos, etc..
Por otra parte, las que aparecen como opciones de política económica adoptadas libremente por ciertos gobiernos, además de corresponder al interés exclusivo de las élites económicas, son el fruto de la presión y de la corrupción utilizadas por entidades económicas y financieras internacionales.
En efecto, se podrían dar múltiples ejemplos de casos en que las políticas económicas ultraliberales, no son otra cosa que el medio de obtener enormes ganancias de manera ilícita, recibiendo sobornos y/o participaciones en negocios, y de hacer beneficiar de dichas políticas a los grupos económicos que rodean al poder político, todo ello en perjuicio del país y contra los derechos fundamentales de la población. Las privatizaciones y «desregulaciones », muchas veces se llevan a cabo en tales condiciones.
Lo mismo ocurre con las operaciones que dieron origen a la actual desmesurada deuda externa de los países del Sur. Muchas de dichas operaciones contienen cláusulas ilícitas, vicios del consentimiento, intereses usurarios, comisiones y otros costos desproporcionados.
Algunas operaciones fueron simplemente simuladas. En ellas aparecían como deudores empresas privadas o individuos de ciertos países periféricos y como acreedores grandes Bancos de los países desarrollados, es decir que se asociaron para delinquir personas privadas de los países periféricos y grandes Bancos transnacionales. Más tarde esas deudas fueron «estatizadas » (en los países periféricos se privatizan las empresas y recursos nacionales y se «estatizan » las deudas de los particulares). Y ahora los pueblos están pagando deudas contraídas por particulares incluso, entre ellas, deudas simuladas.
II. LOS PARAÍSOS FINANCIEROS. Uno de los delitos económicos de más envergadura por su monto es la utilización de los paraísos financieros por las grandes empresas y los multimillonarios.
Este tema retomó ahora actualidad a raíz de la revelación de que Jerôme Cahuzac, ministro delegado de presupuesto del presidente francés Hollande, tiene depósitos de un monto por ahora indeterminado, en paraísos fiscales.
Hollande, que sostiene, lo mismo que sus ministros, que ignoraba todo al respecto hasta la reciente confesión del mismo Cahuzac, anunció medidas para moralizar la vida política, medidas que Eva Joly calificó de “pis de gato”. Mientras se hace un gran show mediático con la declaración patrimonial de ministros y parlamentarios, se mantiene la incertidumbre sobre una cuestión clave: un control realmente independiente sobre los conflictos de intereses entre la función pública y los negocios privados.
Eva Joly, que fue hasta 2002 jueza de instrucción en Francia a cargo de la investigación de grandes “affaires” y renunció a causa de las presiones políticas que recibió destinadas a trabar su acción, escribió: “…yo pensaba que estábamos ante una criminalidad superficial, marginal, accidental, una especie de falta de moral individual. Hoy tengo la certidumbre de que la criminalidad financiera está incrustada en la economía y que ensombrece nuestro porvenir”. Esta constatación de Eva Joly es valedera para todos los países del mundo.
El control de los paraísos financieros, la famosa “lista negra“(ahora de diferentes tonalidades) de paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE hace más de diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán, etc.etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos financieros, que son intocados e intocables. Además, la “lista negra” o “gris” es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según un autor, el profesor Michael Krätke, se estima que los más ricos tienen alrededor de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un monto de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año.
Es una buena parte del dinero que falta para reactivar la economía, aumentar el poder de compra de los más pobres y en general para mejorar la situación de las 3000 millones de personas que viven en el mundo con menos de 2,5 dólares por día.
Como señaló Eva Joly, más que controlar a los paraísos fiscales habría que controlar directamente las finanzas de las grandes empresas, los grupos financieros y los bancos que los utilizan.
III. SIMBIOSIS ENTRE EL PODER POLITICO Y EL PODER ECONÓMICO. La derecha francesa, ante el “affaire” Cahuzac (la oposición en todas partes es “moralizadora”…hasta que llega al gobierno) propone como modelo a Estados Unidos, donde, de conformidad con la Constitución, los candidatos a ministros del Presidente pasan por un examen de antecedentes en el Senado antes de ser nombrados.
Pero olvidan que tal examen no obsta a que exista una verdadera simbiosis entre el poder político y el poder económico, púdicamente llamada “conflicto de intereses”.
En efecto, si bien en todos los países existen estrechas relaciones entre el poder político y el poder económico, el caso paradigmático de esta relación es el de los Estados Unidos, donde más que de relación puede hablarse, sobre todo durante la gestión de Bush, de fusión o confusión entre el poder político y el poder económico.
Para verificar esto basta analizar los curricula del ex Presidente Bush, del ex Vicepresidente Cheney y de los ministros, secretarios o consejeros y podrá comprobarse la confluencia entre los intereses privados que éstos representan y la política, tanto interior como exterior, del Gobierno. El “Center for Responsive Politics” tiene en su sitio web un documento (The Bush Administration. Corporate Connections, http://www.opensecrets.org/bush/cabinet.asp) en el que proporciona el detalle de los vínculos de Bush, de Cheney y de los miembros del gabinete del ex Presidente con grandes corporaciones transnacionales y llega a la conclusión de que los funcionarios que no tenían una estrecha relación con sociedades transnacionales constituían una excepción. Cheney, siendo Vicepresidente, ganó fortunas durante la guerra de Irak a través de la empresa Halliburton que obtuvo –sin licitación- contratos del Gobierno por miles de millones de dólares. Hasta proveía las raciones para los soldados que “combatían por la democracia y la libertad”. Según un informe de la comisión política demócrata del Senado estadounidense, Kellog Brown & Root (KBR), subsidiaria de Halliburton, facturaba 20.000 comidas por día y servía 10.000, incluyendo alimentos congelados vencidos después de un año.
El Gobierno de Obama, si bien no tiene en ese sentido las características grotescas de la administración Bush, no escapa a la regla general: su equipo económico viene del riñón de Wall Street. Y no parece decidido a disminuir los ingentes beneficios de la industria de armamentos recortando el presupuesto militar. Lo que es coherente con el hecho de que “heredó” de Bush al Ministro de Defensa Robert Gates, patrón del Pentágono, la cara gubernamental del complejo militar industrial. Jeff Connaughton, un ex colaborador del vicepresidente Joe Biden, que trabajó durante muchos años en las “entrañas del monstruo”, publicó un libro en setiembre de 2012: “The Payoff: Why Wall Street Always Wins (La recompensa: por qué Wall Street siempre gana) que puede resumirse en una frase del mismo autor: “Obama fingió reformar Wall Street”.
En realidad los dirigentes políticos y los dirigentes económicos son intercambiables y a veces son los mismos: pasan del directorio de las grandes corporaciones a funciones de gobierno y viceversa. Es lo que se ha dado en llamar “la puerta giratoria”.
Esta “rotación” de los mismos personajes entre las altas finanzas y las funciones políticas dirigentes exhibe ahora en Europa numerosos ejemplos: Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs Internacional y como tal trabajó para disimular una parte de la deuda soberana de Grecia; Lucas Papademos, primer ministro de Grecia hasta mayo de 2012, como presidente del Banco Central Helénico participó en la disimulación de la deuda griega con el asesoramiento de Mario Draghi; Mario Monti, hasta hace poco Primer Ministro de Italia fue consejero internacional de Goldman Sachs y Luis de Guindos, Ministro de Economía de España, es un ex de Lehman Brothers.
IV. LA CORRUPCIÓN es un fenómeno mundial, en el que las grandes sociedades transnacionales ocupan un lugar importante como corruptores activos. La corrupción es un delito que requiere dos autores: el que corrompe (corrupción activa) y el que se deja corromper (corrupción pasiva).Tiene graves consecuencias económicas y sociales y es un justo motivo de preocupación para quienes se interesan por una gestión honesta de la administración de los Estados y por que haya un control democrático de dicha gestión.
Hace unos años, cuando se debatió en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el tema de la corrupción, los representantes de los países ricos intentaron atribuir el fenómeno exclusivamente a los países del Sur, pero éstos se opusieron a tal enfoque y la Comisión adoptó finalmente una resolución indicando que la corrupción constituía un fenómeno mundial.
Hay formas de corrupción que no se contemplan en las definiciones habituales ni se tratan en las conferencias internacionales, que también distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas en la adopción de decisiones de política económica y social, como son (tanto en los países pobres como en los países ricos) el financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de ONGs, de medios de comunicación de masas, etc.
La promoción de la lucha contra la corrupción no es siempre inocente y a veces obedece también a intereses particulares bien definidos.
En la lucha sin cuartel por los mercados nacionales e internacionales (de servicios, de armamentos, de bienes de consumo industrial y civil, etc.) hay empresas que están en posición ventajosa (por su poderío económico, porque su oferta es mejor en precio y/o calidad, porque el espionaje industrial y comercial les permite tener mejor información para negociar los contratos [la red anglosajona de espionaje Echelon] o porque simplemente cuentan con el respaldo [económico, político y militar] de algunas grandes potencias).
Las empresas que no cuentan con estas ventajas, para poder competir con ciertas posibilidades de éxito, tienen que recurrir con más frecuencia a la corrupción de los funcionarios públicos y de los dirigentes de empresas privadas que representan a la contraparte en sus negociaciones comerciales.
La corrupción puede neutralizar así esas ventajas comparativas que hemos mencionado, de que gozan grandes empresas transnacionales.
De ahí que sobre todo las grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, estén interesadas en imponer internacionalmente medidas anticorrupción (aunque no es para nada seguro que se propongan respetarlas ellas mismas) para seguir beneficiándose de las aludidas ventajas comparativas (véase Bernard Cassen, Arrière-pensées dans la lutte anticorruption, en Le Monde Diplomatique, mayo 2001, pág. 8).
Es sintomático que se interesen particularmente en la lucha contra la corrupción el Banco Mundial y una ONG dedicada específicamente al tema: Transparency International.
El papel del Banco Mundial en la economía planetaria y qué intereses sirve son temas suficientemente conocidos y no vale la pena extenderse.
En cuanto a Transparency International, citamos a continuación fragmentos de una nota aparecida en la página 23 de Le Monde Diplomatique de noviembre del 2000 (nuestra la traducción):
“Transparency International fue fundada en 1993 por el Sr. Peter Eigen, un ex funcionario del Banco Mundial…Clasifica a los países en función de la corrupción existente en las administraciones y en los hombres políticos. La organización se ha fijado como regla no denunciar por su nombre a las empresas corruptoras. Sus ataques se dirigen exclusivamente contra los Estados. Es la principal debilidad de su acción porque ciertas sociedades transnacionales no tienen raíces nacionales y T.I. las elimina de entrada de sus estudios.
…El presupuesto de la organización en 1999 fue de 2 millones y medio de dólares. Un tercio proviene de donaciones de grandes fundaciones internacionales, otro tercio proviene de organismos para el desarrollo y de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el último tercio es cubierto por grandes empresas… (como IBM y General Electric)… “.
General Electric, uno de los “sponsors” de T.I., fue condenada en 1997 a una multa de 25 millones de dólares por actos de corrupción en Egipto (de la misma fuente).
En un cable de Interpress Service del 18 de octubre de 2005 se decía :
“El Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional vuelve a mostrar este año la comprometida situación del Sur, que cuenta con una pequeña ayudita de los bancos del Norte industrial.
“La fuga total de capitales anual de África es de unos 150.000 millones de dólares, mientras que el total del flujo de asistencia que recibe el continente asciende a 25.000 millones”, dijo a IPS Chandrashekhar Krishnan, director ejecutivo de la filial de Transparencia en Gran Bretaña.
“Esa fuga de capitales representa, básicamente, la ruta de los bienes estatales en manos de políticos corruptos”, agregó Krishnan. “Ese dinero es depositado en instituciones financieras de Londres, de Zurich, de Nueva York.”
“Sugiero que los gobiernos occidentales hagan mucho más para asegurarse de que sus sistemas financieros no sean utilizados para lavar dinero”, recomendó.
Pero el hecho de que los bancos de Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos reciban dinero sucio no queda marcado en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International » (IPS, 18/10/2005).
Pero con independencia de las intenciones de algunos promotores de las campañas contra la corrupción, ésta es una lacra real que es preciso denunciar y combatir y cuyas causas profundas y mecanismos es necesario desentrañar.
La corrupción de los funcionarios públicos es un delito en muchos países, por lo menos formalmente.
Pero en los países más ricos, aunque existe cierto rigor para sancionar a los propios funcionarios públicos incursos en corrupción pasiva, no se castiga a los propios nacionales que corrompen a funcionarios extranjeros, es decir que incurren en corrupción activa.
Una excepción a esto último son los Estados Unidos, donde se sancionó en 1977 una ley sobre las prácticas de corrupción en el exterior, bajo el impacto de los casos de sobornos pagados por las empresas Lockheed, Northrop y Gulf Oil. Pero las legislaciones europeas son mucho más “liberales” y no castigan el soborno a funcionarios extranjeros. Más aún, en Alemania, en Suiza y en Bélgica, entre otros países europeos, el fisco autoriza a deducir de los impuestos tal clase de gastos, es decir que la corrupción de funcionarios extranjeros está de hecho legalizada.
En los últimos años se han aprobado convenios internacionales contra la corrupción:
La Convención Interamericana de 1996, la Convención de la OCDE de 1997, vigente desde 1999, la Convención Penal Europea sobre la corrupción, aprobada por el Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, en vigor desde el 1º de julio de 2002, que es la más completa y la Convención civil europea contra la corrupción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2003.
Pero a pesar de dichos convenios y aunque se advierten ligeros progresos, la corrupción siguen gozando de buena salud. Por ejemplo la Comisión Europea, especie de órgano ejecutivo de la Unión Europea, trabaja en estrecha colaboración con las grandes sociedades transnacionales europeas (la Mesa Redonda de los Industriales Europeos – ERT).
La Convención de la OCDE no es directamente aplicable en los Estados signatarios y requiere una legislación interna de aplicación. No incluye a las filiales instaladas en países no miembros de la OCDE de empresas que tienen su sede principal en los Estados miembros, es decir se acepta la ficción jurídica de la autonomía de la filial, sin «levantar el velo » de la realidad económica de que dichas filiales forman un todo con la sociedad matriz. Eso permite continuar empleando prácticas de corrupción a través de las filiales instaladas en países no miembros de la OCDE. Este sistema lo usan habitualmente las sociedades transnacionales estadounidenses para eludir la legislación de Estados Unidos contra la corrupción y, por cierto, lo utilizan también las sociedades transnacionales basadas en otros países.
V. LA IMPUNIDAD DE LOS GRANDES BENEFICIARIOS DE LOS DELITOS ECONOMICOS ES UNA CONSTANTE A ESCALA MUNDIAL COMO CONSECUENCIA DE LA MANERA EN QUE FUNCIONAN EN LA PRÁCTICA LOS PODERES POLITICOS Y LAS INSTITUCIONES POLITICAS, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
Si bien la influencia del poder económico sobre el poder político es una realidad desde que el poder económico existe, en los últimos decenios se advierte un neto avance del poder económico a expensas del poder político, que ya está cuestionando hasta los aspectos formales de la llamada democracia representativa y el papel de las instituciones políticas, tanto nacionales como internacionales, como mediadores -o presuntos mediadores- entre intereses diferentes o contradictorios.
La democracia representativa tal como existe actualmente es una democracia elitista porque en ella todos son formalmente iguales ante la ley pero desiguales de hecho frente al derecho de propiedad de los instrumentos y medios de producción. Una ínfima minoría es propietaria de estos últimos, lo que genera las cada vez más profundas desigualdades económicas, sociales, culturales e incluso políticas entre la minoría propietaria y las mayorías explotadas.
Dicho de otra manera, la corrupción y otros delitos económicos son inherentes al sistema capitalista.
VI. EL CASO ARGENTINO. El Gobierno argentino ocupa un lugar destacado en el ranking mundial en materia de comisión de delitos económicos (malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, corrupción, enriquecimiento ilícito, transferencias multimillonarias a paraísos fiscales, etc.) en su propio beneficio y de los empresarios amigos o testaferros y en perjuicio del patrimonio nacional y de la población laboriosa.
No obstante las garantías que le ofrece el sistema vigente de democracia representativa (en los hechos representativa de las elites económicas y no de la población en general), el actual Gobierno argentino quiere reasegurar aún más su impunidad con su proyecto para « democratizar » la justicia que consiste en convertir a ésta en un apéndice del actual Poder Ejecutivo y de los sucesivos Gobiernos que surjan de futuras elecciones: el mismo voto ciudadano mayoritario que consagre a un Presidente decidirá la mayoría en el Consejo de la Magistratura (artículo 3 bis del Proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura). No habrá ni siquiera la apariencia de un contrapeso del Poder Judicial frente a los otros poderes.
Ya se ha dicho : el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Pero en Argentina el kichnerismo no inventó la corrupción, pues ésta tiene una tradición bastante larga, como sostiene Carlos Gabetta en su reciente libro « La encrucijada argentina. República o país mafioso ». Escribe Gabetta : « La República Argentina no es tal. Vivimos en un sistema tan degradado social e institucionalmente que corremos el riesgo de instalarnos por largo tiempo en una vida de corrupción económica, política, institucional y social sin límites, de violencia creciente e impunidad total. Desde que se recuperó la democracia hemos atravesado varias crisis económicas y sociales; la más grave, gravísima, en 2001. De cada crisis el país ha salido, si así puede decirse, más deteriorado política, institucional y socialmente, en una deriva imparable hacia la aceptación y práctica general del comportamiento mafioso. ¿Hacia un destino de Gran País Bananero ?».
«Desde que se recuperó la democracia », escribe Gabetta. Ahora Menem es, para todos o casi todos, una mala palabra. Sin embargo fue elegido no una, sino dos veces Presidente de la República: en 1989 con el 47,49% de los votos y después de una gestión absolutamente contraria a los intereses nacionales fue reelegido en 1995 con el 49,94% de los votos.
De modo que parece existir en Argentina una crisis social y política profunda que blinda a los gobiernos corruptos, antinacionales y antipopulares contra la sanción de un voto popular.
Crisis insuperable mientras subsista la hegemonía económica, política, ideológica y cultural de las clases dominantes.
LA IMPUNIDAD DE LOS DELINCUENTES ECONÓMICOS DE LAS CLASES DOMINANTES. por Alejandro Teitelbaum
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