La hecatombe autoritaria

Todo es posible de arreglar, de modificar, de transformar para hacer creíble que Álvaro Uribe Vélez es el mecías, el único y verdadero político. A puerta cerrada, en el círculo de sus áulicos, expresó, lo que ya se venía rumorando el camino posible de una segunda reelección o tercer período de mandato. Partiendo de la dictadura de los sondeos de opinión, de la sin razón que se hace razón o de los sentimientos más que de los argumentos, que es el lugar en que se decide en estos últimos 5 años, Uribe lanza la apreciación de la hecatombe.

Una palabra con varios sentidos. El del terror discursivo para lograr el beneplácito de la población que alberga profundas sensaciones de inseguridad ante esas palabras, si llega otro al poder, y ese otro es disiente, es opuesto, todo será caos. No es suficiente la política de seguridad como política de Estado si no hay quién la encarne, y ese e carne y hueso es él Uribe. “Si yo no soy, no hay nadie”. Todo lo logrado –sensación de seguridad para los sectores medios, seguridad para los altos, respuestas populistas a la miseria- se vendrá a pique. Nadie más podría asegurar la continuidad de la política de seguridad – violaciones de derechos humanos judicializaciones, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales- como algo válido, legítimo por la seguridad del Estado. Nadie más podría asegurar al futuro hacia el 2019 la consolidación del corporativismo ligado a agronegocios de palma, de teka, de caña y estrategias de seguridad rural y urbana con la reconciliación forzosa de víctimas y victimarios. Sólo él puede asegurarlo, y puede hacerlo, porque solo él, maneja las técnicas, los procedimientos como un prohombre, el iluminado, alma única, por supuesto, como la de todos. Pero es un mensaje claro a los aspirantes a sucederlo sino se juntan, si no se unen, él único que une es él.

Los antecedentes de la expresión son un nuevo salto que evade las discusiones sustanciales, los problemas que lo vienen salpicando una y otra vez en su segundo período de gobierno. 40 integrantes del parlamento vinculados a una investigación sobre parapolítica, entre ellos, su primo Mario Uribe; las sonadas coincidencias de sus fincas y propiedades familiares en entornos de criminalidad paramilitar y de traficantes de drogas; el pasado oscuro dicho en círculos que han disfrutado de los beneficios de los negocios ilegales y de las actividades criminales; la perdida de la alcaldía de Bogotá, luego de una semana de graves señalamientos a la oposición política, que se dirigió no solo contra el nuevo alcalde de la capital Samuel Moreno sino al ex magistrado Carlos Gaviria quién en sesudos escritos, que retoman la tradición del Derecho, se han referido al delito político como distinto del delito común; o la decisión reciente del Consejo Superior de la Judicatura de excluir de un posible nombramiento en el Consejo de Estado a Iván Velásquez , responsable de la investigación por parapolítica.

Todo parece mostrar un miedo en el establecimiento. El proceso de institucionalización paramilitar no ha resultado con la efectividad esperada para los criminales y sus beneficiarios, existe el temor de la intervención de la Corte Penal Internacional, y el que la presión de la bancada demócrata, haga salir verdades que salpiquen círculos que hasta ahora quieren mantenerse sin mancha. A pesar de haberse celebrado unas recientes elecciones, en las que se quiere resaltar el éxito de la desmovilización paramilitar, en realidad cambio de táctica, pues en lo local y regional, en muchos lugares cambiaron de traje pero mantienen el poder militar, político y el control social, la mismas reflejan la debilidad de la bancada uribistas, sus pugnas internas, 40 enfrentamientos por la fuerza, con asonadas por las alcaldías, son similares a los ajustes de cuentas entre estas mismas estructuras desmovilizadas en distintas regiones del país. Igualmente, el Tratado de Libre Comercio anunciado para ser firmado antes de finalizar el año quedó en el congelador, mientras la tabla de salvación es la ampliación de las ventajas arancelarias con USA, mantener las buenas relaciones con Venezuela, y abrir algún espacio con la Unión Europea, que no es prioridad. Por eso el uso de la palabra hecatombe, brinda la tranquilidad deseada pues ante un panorama de presente poco prospero, Uribe se ofrece como cordero inmolado por la salvación del país.

Todo es más de lo mismo, augurar un futuro en manos del terrorismo para propiciar el miedo colectivo. Generado un pánico mediático actuar en los consejos comunitarios como el “buen pastor” que cuida sus borregos lógicos. Luego, repartir alguna prebenda aquí o allá. Posar simpáticamente en los medios con palabras que suenan como el canto de sirena. Si sale algo mal del libreto, cuando algo sale a flote del paramilitarismo y sus vínculos con él, llamar a la radio y vocifererar contra sus contradictores. Más tarde acariciar a los empobrecidos. En las noches o al medio día hablar fuerte de negocios y seguridad con los empresarios, mostrar los resultados de la política con las caravanas turísticas, alguno que otro golpe a las guerrillas, aprovechar el crecimiento económico ilegal e ilegal – que inicia su baja-, ordenar la realidad estadística conforme a sus intereses ….unas gotas florales y yoga… y así, poco a poco, la hecatombe se resolverá con él el pro hombre, esa es la dictadura de la opinión, ESTA ES LA HECATOMBE AUTORITARIA.
Adjunto artículos

De hecatombe y de reelecciones

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Caricaturas de Vladdo en Revista Semana

Caricaturas de Caballero en Revista Semana

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De hecatombes y reelecciones

Ha quedado claro lo que muchos temíamos incluso desde cuando hace unos cuatro años se propusiera “cambiar un articulito” de la Constitución para permitir la reelección inmediata con el nombre propio de Álvaro Uribe Vélez.
Editorial

Ha quedado claro lo que muchos temíamos incluso desde cuando hace unos cuatro años se propusiera “cambiar un articulito” de la Constitución para permitir la reelección inmediata con el nombre propio de Álvaro Uribe Vélez. Tras tímidas y nebulosas insinuaciones públicas en el sentido de que no veía conveniente su perpetuación en el poder, el Presidente de la República, en reunión privada con su bancada, ha reiterado esta semana su desprecio por el arreglo institucional al anunciar que, de no ver asegurada dicha perpetuación, como mínimo en cuerpo ajeno, está dispuesto a aspirar a una segunda reelección inmediata para salvarnos de “una hecatombe”, esto es, que el país decidiera cambiar el rumbo que él ha destinado para Colombia, per secula seculorum.

La notificación, paradójicamente, llega en momentos en que el país observa con asombro —y no poco temor— los efectos de la concentración del poder gubernamental que generó la reelección inmediata y la consecuente ruptura de los balances institucionales cuidadosamente diseñados por los constituyentes de 1991. La intervención desesperada del Presidente en la elección de Bogotá para tratar de detener el triunfo del hoy alcalde, su negativa a recibirlo una vez elegido, su disputa descalificadora con la Corte Suprema hace unas semanas, sus injuriosos intentos de ligar a contradictores políticos, sindicalistas, periodistas y demás con las Farc, son apenas los más recientes síntomas de cómo mientras más poder amasa, menos poder está dispuesto a ceder.

Es cierto que la popularidad del presidente Álvaro Uribe y de su gestión sigue siendo muy alta y que se mantiene inamovible a pesar de los escándalos y las disputas que han sido la constante en este primer año de su segundo período. También lo es que su gestión en asuntos como la seguridad y el buen estado de la economía y la inversión es destacada y diferencial de sus antecesores. Incluso, lo es que la mayoría de los colombianos volverían encantados a elegirlo hoy por un período más. Pero la organización y el funcionamiento de un Estado no pueden estar sujetos a las coyunturas pasajeras, ni la Constitución depender de las encuestas de popularidad del momento.

Es precisamente para esos instantes de euforia, cuando los pueblos y sus gobernantes tienden a creer que las normas fundamentales de una sociedad se pueden ir corriendo hasta el límite de los excesos, que se ha diseñado toda la institucionalidad que protege el sistema democrático de los abusos. Los pesos y contrapesos, el equilibrio de poderes en las tres ramas del poder público, la independencia de los organismos de control y el banco central, así como también la imposibilidad de que un gobernante se perpetúe en el poder suplantando al Estado, no son simples caprichos del legislador, sino el resultado de la experiencia de muchos siglos de sinsabores en el mundo entero.

Ya decía algún politólogo en los debates de hace cuatro años —que ahora serán los mismos pero acentuados— que en la historia de todas las reelecciones que se han sucedido en Colombia la única coincidencia es que “o han fracasado o se han convertido en dictaduras oprobiosas”. Siendo este un país en el que la historia mucho tiende a repetirse, es hora de que los colombianos iniciemos por fin una cruzada en defensa de la institucionalidad y dejemos de seguir creyendo que un Estado se hace más fuerte conforme va modificando sus reglas al vaivén de los espejismos del momento. La cuestión no es ya —en realidad nunca debió serlo— de apoyo u oposición al presidente Uribe y su gobierno. De lo que se trata es de defender el arreglo institucional de largo plazo que nos rige y convoca como una Nación moderna, libre y soberana. Debimos hacerlo desde que se prendieron las primeras alarmas, pero ahora que ya ensordecen resulta impostergable

Se nos quedó
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Vuelve y juega. el mismo cuentico de siempre.
Ramiro Bejarano Guzmán

Vuelve y juega. el mismo cuentico de siempre. Uribe no quiere que lo reelijan, pero sí sus amigos. Como en la pasada ocasión, también en esta oportunidad terminará estando de acuerdo, no importa que el costo de esa trampa sea ultrajar otra vez el Estado de derecho.

Lo que es indignante no es sólo que el primer mandatario de nuevo esté en campaña electoral, sino que haya dejado conocer su solución de quedarse en el poder, a través de una amenaza y un castigo. La lógica presidencial consiste en que si pasa algo catastrófico en lo que resta de su propio gobierno, en vez de asumir su culpa y dejarle el lugar a otra persona, nos sancionará quedándose otro período y quién sabe cuántos más. En otras palabras, si ocurre la hecatombe, el remedio será un cataclismo.

El país está anestesiado con el embrujo totalitario; para muestra, la actitud obsecuente de los parlamentarios uribistas que de viva voz fueron notificados de que la próxima elección presidencial será a sangre y fuego, sin que nadie se atreviera a controvertir la aventura. Es insólito, por decir lo menos, que ninguno de los congresistas que oyeron tan lamentable sentencia presidencial se hubiera atrevido siquiera a preguntarle qué es lo que entiende por hecatombe o al menos plantearle la inconveniencia de reformar otra vez la Carta Política, para ajustarla a sus necesidades personales. Con su silencio, estos padres de la patria se arrodillaron ante el mesías y se volvieron cómplices ante la historia.

¿ Cuál podrá ser la razón para que Uribe en vez de retirarse a sus cuarteles de invierno y ejercer de ex presidente, insista en hacerlo como presidente? Son muchas, pero sólo refiero dos, aclarando que todas se relacionan con el bienestar personal del interesado, ninguna con el bien de Colombia.

La primera, la ambición desbordada de creerse un ser providencial, el hombre de la “inteligencia superior” que tanto alaba el verbo cínico de José Obdulio, el siniestro primo de Pablo Escobar, de quien ojalá algún día sepamos cuáles fueron sus andanzas en la campaña contra Samuel Moreno y quiénes sus secuaces. La segunda, la necesidad de garantizarles a muchos de sus amigos financiadores del paramilitarismo, que no serán molestados judicialmente y que podrán seguir viviendo tranquilos, aunque tengan podridas sus conciencias. Por eso hoy algunos uribistas pura sangre están celebrando y de fiesta, porque aunque perdieron con Peñalosa, ya Uribe les aplicó su bálsamo tiránico que todo les alivia.

Detrás de toda esa patraña reeleccionista está el tristemente célebre Luis Guillermo Giraldo, sosteniendo la inmoral tesis de que mientras sea el pueblo quien reelija al Presidente, eso es democrático. Monstruosa mentira. Cuando Uribe se lance por tercera vez apabullará a cualquier contrincante, porque tendrá a sus pies al Congreso, a los empresarios, a los medios, a más periodistas, a la Iglesia, a buena parte de las Cortes, a la Fiscalía, y a todos los oportunistas de siempre. Entonces como ahora será el más grande latifundista del derecho a denigrar y a insultar, el que aplicó el altanero e ignorante Comisionado de Paz para agredir a Carlos Gaviria, sólo porque se atrevió a opinar diferente sobre el delito político.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre, esto es una dictadura, como en los tiempos de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana o en los de Fujimori en el Perú.

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Adenda N° 1.- Vivir para verlo. El sinuoso ex fiscal Alfonso Valdivieso, el que con un expediente judicial amañado casi acaba con la carrera política de Serpa, reapareció a su lado echando codo como un vulgar lagarto para que pudieran verlo en la tarima del victorioso nuevo gobernador de Santander.

Adenda N° 2.- Qué pena con el presidente Gaviria, pero con su receta de levantar las restricciones a los funcionarios para que intervengan abiertamente en política, porque todos politiquean, también habría que quitar los semáforos.

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CINCO AÑOS Y TRES MESES DESPUÉS, MÁS DE LO MISMO
Otros 1.007 días de campaña electoral

Desde que Uribe llegó al poder en 2002 prácticamente no hay mes en el que el tema electoral haya estado ausente. Comicios, referendo, recolección de firmas, irrupción de la reelección, cambios en el mapa político, controversias con claro móvil proselitista y candidatos permanentes en ciernes, han dominado el panorama. Ahora, pasada la contienda por gobernaciones y alcaldías, el Jefe de Estado, con su anuncio de una posible segunda reelección, llevó al país a seguir en la misma tónica, dejando de lado otros temas más importantes.

Análisis

¿TIENE LÓGICA que en un país en el que el gobierno vigente tiene aún 1.007 días de mandato, ya se esté hablando no sólo de campaña presidencial sino incluso de la posibilidad de que el ya reelecto mandatario pueda aspirar a un tercer periodo?
Esa pregunta tendría respuesta negativa en muchos lugares del mundo, sin embargo en Colombia la cuestión es a otro precio. En realidad lo ha sido desde el 7 de agosto de 2002 cuando el presidente Álvaro Uribe asumió la Jefatura de Estado y, de inmediato, se prendieron dos campañas electorales.

De un lado, el mapa político dejado por los comicios presidenciales presionó un tempranero arranque de la contienda para las elecciones regionales y locales que estaban programadas para octubre de 2003, es decir para un año y tres meses después.

A la par de ello, en sus primeras semanas en el poder el gobierno Uribe también anunció que impulsaría una campaña para citar a un “referendo contra la corrupción y la politiquería”, al que incluso ya desde entonces varios bloques de la coalición mayoritaria fiel a la Casa de Nariño querían ‘colgarle’ un artículo para viabilizar la anulación de la prohibición constitucional de la reelección presidencial inmediata.

Así pues, al tiempo que el presidente Uribe empezaba a implementar su particular estilo de gobierno y sentaba las bases para arrancar la Política de Seguridad Democrática, el país ya estaba de nuevo en precampaña electoral, tanto de cara a la escogencia de los gobernadores, alcaldes, ediles, concejales y diputados, como frente a lo que debería ser el cuestionario del referendo anunciado y si en el mismo se incluía la posibilidad de abrirle paso a la posibilidad de que un Jefe de Estado pudiera repetir en el cargo de manera inmediata.

Vinieron, entonces, las festividades de fin de año y despuntó el 2003 en medio de un afán de los precandidatos y candidatos para lanzarse a las calles en busca del favor ciudadano, todo ello en medio de un ambiente de polarización nacional tan extremo que no admitía posiciones intermedias sino que obligaba a matricular a todos dirigentes políticos en la orilla uribista o, en su defecto, en la antiuribista.

A medida que fue avanzando el año, la precampaña fue quedando atrás y después de las consultas y congresos partidistas para definir candidatos se entró -a comienzos de junio- en la campaña electoral plena.

Paradójicamente los temas de índole regional, que debían inclinar la balanza en cuanto a los aspirantes a cargos departamentales y municipales, terminaron mezclados en la plaza pública y la contienda proselitista con la pugna en torno a los beneficios y desventajas del temario del referendo constitucional al que el Presidente venía haciéndole fuerza en todos los rincones del país, a través de los ya instituidos consejos comunales de gobierno.

Tras una campaña no exenta de fuerte controversia política entre uribistas y oposición, mediando la presión de la guerrilla y los paramilitares a los candidatos así como en medio de una evidente ignorancia de la ciudadanía frente a los nuevos mecanismos de la reforma política, por fin llegó el fin de semana de cita en las urnas, el 25 y 26 de octubre. El primer día se destinó a votar el referendo y el segundo a la escogencia de los cargos regionales y locales.

Al final del domingo ya había dos cosas claras. La primera que el referendo resultó un fracaso porque sólo 1 de las 18 preguntas fue aprobada, mientras que las restantes, o no alcanzaron el umbral necesario para recibir el visto bueno, o recibieron una gran cantidad de votos en contra. Y la segunda, que pese a la fuerza del uribismo, la oposición, en cabeza del Polo Democrático y el liberalismo oficialista, así como los aspirantes independientes se quedaron con las principales gobernaciones y alcaldías, incluyendo ni más ni menos que la capital del país, ya que el dirigente de izquierda y sindicalista Luis Eduardo Garzón se impuso en las urnas.

Como es apenas obvio, las primeras semanas de aquel noviembre de 2003 sirvieron para los respectivos análisis post-electorales así como para una dura polémica protagonizada por el entonces ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, quien llegó a considerar que había un error de interpretación en las autoridades electorales y, por lo tanto, más de una pregunta del referendo debía ser aprobada.
La controversia no duró mucho, e incluso en medio de ella el primer intento de una reforma constitucional, vía Congreso, para viabilizar la posible reelección del presidente Uribe fracasó, debido a las fisuras en la coalición gobiernista.

Vuelve y juega

No pocos analistas pidieron, entonces, que el gobierno Uribe, que llevaba más de un año y dos meses en campaña, debía concentrarse inmediatamente en implementar sus respectivos programas y planes, dejando de lado su inclinación a emular en las urnas con sus contradictores.

Sin embargo, la ‘tregua electoral’ no duró mucho, ya que apenas arrancó el 2004 de nuevo algunos sectores uribistas empezaron a impulsar la reelección presidencial, y la idea que empezó a tomar carrera fue la de iniciar una campaña de recolección de firmas que permitiera llevar la iniciativa popular al Congreso. Incluso se crearon comités promotores y se delinearon las bases de la campaña destinada a recoger 1,3 millones de firmas en menos de un mes y llevarlas ante la Registraduría para comenzar el proceso.

De inmediato, el ambiente político se volvió a prender y el país político tomó partido frente a los reeleccionistas y los no reeleccionistas, prometiendo los unos y los otros que se lanzarían a las calles y a la plaza pública seguros de que la opinión respaldaría sus respectivas posiciones. Vallas, camisetas y otros elementos propios de las campañas empezaron a multiplicarse en cuestión de semanas.

En el entretanto, la posición del Jefe de Estado era bastante ambigua y aunque se le pedía que tomara una decisión al respecto, prefería esquivar el tema y dejar que éste avanzara en medio de la incertidumbre.

Aunque el Plan A era la idea de un referendo, poco a poco los líderes uribistas empezaron a cabilar una segunda estrategia en el primer trimestre de 2004, basada en el cambio de “un articulito”. La idea era llevar al Congreso un proyecto de acto legislativo que derogara la prohibición de la reelección presidencial en Colombia, incorporando para ello cambios en los artículos 197, 127 y 204.

En pocas semanas la segunda estrategia se impuso y, apenas empezó la legislatura, el proyecto de acto legislativo fue llevado al Congreso, bajo la seguridad de que las mayorías uribistas garantizaban la aprobación de la reforma antes de terminar el año.

Al transcurrir los debates, liberales y Polo denunciaron que el Gobierno estaba comprando apoyos parlamentarios para la reelección presidencial y que cada proyecto, programa, discurso, ayuda oficial o acción de Uribe Vélez tenía en el fondo un móvil electoral para asegurar su continuidad en el cargo.

En el entretanto, los analistas coincidían en que el gobierno Uribe corría el riesgo de no tener tiempo para concentrarse en la implementación de su programa, e incluso la mayoría de los índices de gestión en materia de orden público, lucha antidrogas, economía, inversión social, desarrollo institucional e imagen internacional se terminaron politizando, ya que mientras la oposición acusaba a la Casa de Nariño de sobredimensionar los resultados de los principales programas, ésta replicaba que el Polo y los liberales negaban los avances logrados por la administración.

A la par de toda esa situación, las definiciones al interior de los principales partidos se encontraban en vilo. Se suponía que para ese momento debían empezar a moverse los llamados a pujar en la contienda presidencial de 2006 pero la irrupción de la idea de la reelección de Uribe congeló todo el mapa político, no sólo a nivel nacional sino también regional e incluso local.

…Y vino el sí

En medio de todo ese marco controversial, el proyecto de acto legislativo fue avanzando en el Congreso y superó los cuatro debates respectivos antes de junio de 16 y también logró hacer lo propio en los cuatro restantes en el segundo semestre. Incluso, al finalizar noviembre el Senado le dio el sí a la reforma constitucional para habilitar la posibilidad de la reelección presidencial inmediata, generando un revolcón de fondo no sólo en el andamiaje institucional sino en todas las proyecciones políticas que se tenían de cara a los dirigentes que hacían ‘fila india’ para competir por la sucesión en la Casa de Nariño en 2006.

Como era apenas obvio, la aprobación legislativa de la reforma, lejos de amainar el ambiente electoral en el que el país estaba inmerso desde el mismo momento en que Uribe llegó al poder, terminó por arrancar una tempranera campaña presidencial, sobre todo en las filas de la oposición en donde se inició la pugna por escoger a quiénes deberían medirse en las urnas al Jefe de Estado que aspiraría a repetir en el cargo.

Ello ocurrió pese a que la reforma aún no estaba vigente por cuanto debía ir a estudio de exequibilidad en la Corte Constitucional y allí podría caerse, según las denuncias de la oposición así como los conceptos de expertos juristas en torno a que el acto legislativo estaba lleno de vicios de forma y de fondo.

Vino entonces el 2005. Aunque se estaba a un año y cuatro meses de la cita en las urnas para escoger al nuevo mandatario, la campaña al Congreso ya empezaba a calentar motores, en tanto que más de un presidenciable uribista guardaba la esperanza de que la Corte Constitucional declarara inexequible el acto legislativo y, por lo tanto, se volviera a abrir la competencia por la sucesión en la Jefatura del Estado.

Por espacio de 10 meses el país esperó ansiosamente el fallo. En ese lapso estuvieron a la orden del día los rumores sobre politización de la Corte, presiones a los magistrados por parte de sus partidos de origen, componendas de los uribistas y la oposición para ‘torcer’ el fallo e incluso versiones alarmistas sobre adopción de medidas de facto si el Alto Tribunal no autorizaba al Primer Mandatario a repetir en el cargo.

Pasaron los meses, el país estuvo en una especie de ‘stand by’ hasta que por fin hubo humo blanco. A comienzos de octubre de 2005 la Corte determinó que el acto legislativo que dio vía libre a la posibilidad de reelección presidencial era exequible.

Los magistrados apenas si introdujeron algunos condicionamientos con el fin de hacer más equitativa la competencia entre un Presidente-candidato y los otros aspirantes a desplazarlo de la Casa de Nariño.

Faltaban, entonces, apenas cinco meses para la elección de senadores y representantes a la Cámara y siete para la primera vuelta presidencial. La campaña electoral estaba por todas partes y, de nuevo, los analistas insistían en que a Uribe se le iba el tiempo de su mandato concentrado en temas electorales y se distraía de lo verdaderamente importante, a tal punto que a gran parte de las noticias relacionadas con el Jefe de Estado siempre se le buscaba un móvil electoral, así no lo tuviera. Amén todo ello estaban las continuas y cada vez más encendidas controversias con la oposición.

A las urnas

Así las cosas, sin saber cómo se fue todo el tiempo, los colombianos estaban de nuevo metidos de cabeza en la competencia electoral. Tras una pequeña ‘tregua’ por las festividades de Navidad y Año Nuevo, el 2006 arrancó con bríos, sobre todo de cara a la escogencia del Congreso, en donde poco a poco la sombra de la parapolítica empezó a tomar espacio, a tal punto que varios partidos uribistas se vieron obligados a purgar sus respectivas listas de aspirantes con nexos sospechosos.

Pasados los comicios parlamentarios, el presidente Uribe decidió lanzarse a las actividades proselitistas en busca de asegurar su reelección, aunque ya para entonces las encuestas le daban más del 60% de posibilidades de repetir en el cargo.

Fue una campaña relámpago pero no por ello tranquila. Los candidatos de la oposición, Horacio Serpa y Carlos Gaviria Díaz, cargaron con todo contra el Presidente-candidato, criticándole sobre todo el accidentado proceso de desmovilización paramilitar, el ya para entonces creciente escándalo de la parapolítica, los peros gubernamentales al acuerdo humanitario con las Farc y la excesiva priorización del Ejecutivo en los temas de la Política de Seguridad Democrática, dejando en segundo plano lo relativo a la inversión social y un eventual proceso de paz con la subversión.

Llegó la hora de las urnas y aunque el Polo tuvo una votación significativa (2,6 millones de votos) y el liberalismo retrocedió (1,3 millones de votos), Uribe se impuso fácilmente con una votación que superó los 7 millones de sufragios.

Se pensó, entonces, que tras un cuatrienio en el que la coyuntura electoral siempre se ‘chupó’ buena parte de la agenda gubernamental, concretada la reelección ahora sí Uribe se concentraría en su labor de gobierno sin ninguna otra prevención, salvo, al final del periodo, la preocupación por asegurar un sucesor que continuara su gestión. El debate electoral apenas si se limitaba a vislumbrar escenarios hipotéticos sobre la puja entre los presidenciable uribistas por ganarse el ‘guiño’ del Mandatario.

Vuelve y juega

El segundo mandato de Uribe empezó en medio de la turbulencia, debido no sólo a los escándalos en las Fuerzas Militares, sino a la explosión del escándalo de la parapolítica que, como en una cadena de fichas de dominó, empezó a tocar congresistas de la coalición de gobierno y llevarlos a la cárcel, tras comparecer ante la Corte Suprema de Justicia.

Prácticamente todo el segundo semestre se fue en la controversia alrededor de la parapolítica y las reacciones de la Casa de Nariño para tratar de esquivar un escándalo que cada vez se le acercaba más, incluso llevando a la cárcel al director del DAS, Jorge Noguera, al tiempo que generaba duros y ácidos enfrentamientos entre Uribe y la oposición.

Llegó, entonces, el 2007 y de nuevo la parapolítica tomó impulso, cobijando a más congresistas uribistas y uno que otro liberal. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir rumores en torno a que la posibilidad de una segunda reelección no estaba del todo descartada, pese a que el propio Jefe de Estado, recién reelecto, había indicado que después de 2010 se tomaría un descanso y luego iría a postularse como alcalde de un municipio pequeño y emproblemado.

Inicialmente los rumores fueron considerados sin piso e incluso como ‘cortinas de humo’ para distraer el escándalo de la parapolítica. Además, el país ya estaba metido de lleno en la campaña para los comicios regionales y locales que estaban programados para el 28 de octubre.

Como si fuera poco, el propio Uribe había insistido en que no quería “perpetuarse” en el poder y que prefería generar nuevos liderazgos que continuaran la Política de Seguridad Democrática. Es más, hasta le hizo un ‘guiño’ indirecto al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Por lo mismo la propuesta, en septiembre pasado, del partido de La U en torno a que convocaría un referendo para viabilizar una segunda reelección fue tomada como una jugada electoral de cara a los comicios regionales que, incluso, eran considerados por todos los analistas como el ‘campanazo’ tempranero para los presidenciables hacia 2010, según le fuera a sus respectivos partidos.

En medio de ese escenario se dieron las elecciones del pasado domingo, en donde el uribismo tuvo un desempeño mediano, ya que si bien los partidos de la coalición (sobre todo el conservatismo) se fortalecieron en muchas plazas, el Polo volvió a ganar en Bogotá, asestando un duro y directo golpe a Uribe, quien incluso intervino en la recta final de la campaña a favor de Enrique Peñalosa, con un efecto contraproducente.

Y así, cuando se esperaba que Uribe se concentrara ahora sí en su tarea de gobierno, puesto que el próximo evento electoral está fechado para marzo de 2010 -comicios a Congreso-, el miércoles el propio Jefe de Estado volvió a meter de lleno al país en la puja proselitista al anunciar que él pensaría en una segunda reelección en “caso de hecatombe”. ¿¡…!?

Más allá de todas las controversias que se han generado en los últimos tres días; de la negativa de la coalición uribista a la nueva intención de Uribe; por encima de la reacción adversa de la oposición; sin conocerse a ciencia cierta qué piensa ahora el Jefe de Estado; y dejando de lado el alud de encuestas que ya comenzó, lo cierto es que, a hoy, faltando 1.007 días para que termine este gobierno, el mismo que apenas lleva un año y tres meses de gestión, Colombia está, de nuevo, como en los últimos cinco años y tres meses, imbuido en el tema de las urnas y difícilmente se saldrá del mismo hasta mayo de 2010. ¿Tiene lógica tal situación?