La “Fuga” o desaparición del Mayor César Alfonso Maldonado
Nuestra Comisión de Justicia y Paz, reproduce el comunicado público elaborado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con relación a la “fuga” o desaparición del Mayor César Alfonso Maldonado de una instalación militar, luego de ser condenado como autor intelectual en el atentado contra Wilson Borja.
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), organización no gubernamental de derechos humanos, con relación a la fuga o desaparición del Mayor César Alfonso Maldonado de las instalaciones del batallón militar donde se encontraba recluido y respecto a los pronunciamientos públicos de su abogada defensora Gloria Duarte y de sus familiares, se permite expresar ante la opinión pública que:
1. El Colectivo de Abogados actúa como PARTE CIVIL del representante a la Cámara Wilson Borja, víctima de un atentado criminal el 15 de diciembre de 2000, proceso en el cual resultó condenado como autor intelectual el Mayor del Ejército César Alfonso Maldonado Vidales, sentencia que fue confirmada el pasado 27 de octubre por el Tribunal Superior de Bogotá.
2. El Colectivo de Abogados también representa a los familiares de los sindicalistas Ramón Alirio Pérez (sobreviviente), Nelson Ortega y Gerardo Liévano, víctimas de torturas y homicidio en hechos ocurridos en Bucaramanga (Santander) en 1992, proceso al cual también se encuentra vinculado el señor Maldonado.
3. En diversas ocasiones el señor Maldonado ha realizado acusaciones temerarias y sin fundamento alguno en contra de los miembros del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, a quienes ha señalado de pertenecer a organizaciones guerrilleras, de representar “al demonio” y de enviar amenazas en contra de su vida e integridad física.
4. Todos estos señalamientos se enmarcan dentro del ambiente de estigmatización que afrontamos los defensores de derechos humanos en Colombia, y que en el caso de los ataques contra el CCAJAR han sido emitidos por el propio presidente Álvaro Uribe Vélez en diversas ocasiones y por su director de Estupefacientes, Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien en su informe de gestión correspondiente al año 2003 acusa al Colectivo de ser una reconocida organización defensora de la guerrilla por el hecho de haber coadyuvado la acción jurídica que ordenó la suspensión de las fumigaciones aéreas como política antidrogas, o quizás como un acto anticipado y defensivo frente a las acciones jurídicas que el CCAJAR adelanta en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, en el marco de las cuales las familias de las víctimas pedirán su vinculación al proceso mediante indagatoria.
5. El Colectivo de Abogados rechaza las temerarias acusaciones de familiares y la abogada defensora del mayor Maldonado en las que pretenden hacer recaer en cabeza nuestra la presunta desaparición de este oficial. Solicitamos públicamente rectificación a dichos señalamientos, toda vez que no tienen sustento alguno y ponen en peligro una vez más nuestra labor en defensa de los derechos humanos. De igual manera, solicitamos al señor Defensor del Pueblo, doctor Volmar Pérez Ortiz, una explicación por el hecho que uno de sus defensores públicos lance tan graves ataques contra el Colectivo como el realizado por la doctora Gloria Duarte en las últimas horas.
6. El Colectivo de Abogados ha reclamado que los funcionarios de la fuerza pública privados de la libertad por graves violaciones a los derechos humanos no deben tener como sitio de reclusión las instalaciones militares porque no son lugares seguros para esos fines. Suele ocurrir que los militares “detenidos” no permanecen en celdas, sino que gozan de mayor libertad de movimiento dentro de ellas. Además, la historia ha demostrado que a estos “detenidos” se les ha facilitado la fuga, como por ejemplo, en los casos de la masacre de Los Uvos, de la desaparición del industrial Benjamín Koudary, entre otros. Recluir a los militares en estas condiciones es asegurar la impunidad porque las fugas se hacen inminentes, y con ellas, se impide la eficacia de las decisiones judiciales, y por tanto, la materialización de la justicia (algunos de los fugados hacen parte de las comandancias paramilitares). Solicitamos que este caso permita por fin, una decisión gubernamental de prohibir que las instalaciones militares sean destinadas como lugares provisionales o permanentes de reclusión.
7. Exigimos se realice una seria y profunda investigación por parte de las autoridades competentes en relación a la fuga o “desaparición” del Mayor Cesar Maldonado Vidales, se sancione ejemplarmente a los responsables y se tomen las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan.
COLECTIVO DE ABOGADOS “José Alvear Restrepo”
Noviembre 5 de 2004
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz