La Fiscalía se niega a seguir investigando el caso del Palacio de Justicia
El pasado 28 de agosto, Noticias Caracol presentó ante la opinión pública un informe periodístico en el cual el equipo de investigadores de la Fiscalía y de Medicina Legal, niegan las desapariciones forzadas cometidas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En el mencionado informe, los fiscales del caso señalaron que la entrega de seis restos humanos a los familiares a las víctimas que se han producido en los últimos años, permitirían afirmar que “no hay desaparecidos en el caso Palacio de Justicia” y anunciaron la suspensión de facto de la investigación señalando que ahora será competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP.
Al respecto nos permitimos señalar que:
1. La Fiscalía no cuenta con fundamento fáctico ni jurídico para estas afirmaciones que niegan la ocurrencia de la desaparición forzada y que contradicen decisiones judiciales de orden administrativo, penal y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2014. Desconocen igualmente, el reconocimiento público de responsabilidad que hizo en noviembre de 2015 el entonces presidente de la República Juan Manuel Santos en nombre del Estado colombiano.
2. Al asumir como propios los argumentos de los victimarios que han negado las desapariciones forzadas, también desconoce evidencias como los videos en que se ve a las víctimas salir con vida del Palacio de Justicia a manos de agentes del Ejército Nacional, testimonios, transcripciones radiofónicas, documentos y el resto del acervo probatorio en que se basaron las decisiones internas y la sentencia de la Corte Interamericana.
3. La Fiscalía insiste en presentar como “errores”, lo que fueron “graves alteraciones a la escena del crimen” y maniobras “para asegurar la impunidad” como estableció el tribunal internacional.
4. A la fecha se han encontrado restos óseos de las víctimas Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Ana Rosa Castiblanco y Lucy Amparo Oviedo, quienes en su mayoría fueron inhumados cambiando u ocultando su identidad deliberadamente. Ninguna de estas entregas ha estado acompañada de una explicación sobre lo ocurrido y por lo mismo, no puede entenderse, como señala la Fiscalía, que de estos hallazgos se deduzca que no existió desaparición forzada.
5. Desde la emisión de la sentencia de la Corte IDH, la Fiscalía no ha desarrollado una investigación seria y diligente, absteniéndose de vincular otros responsables, desarrollar otras líneas de investigación y tomar decisiones de fondo, un cuadro que en su conjunto constituye denegación de justicia para los familiares de las víctimas.
6. Al negarse a tomar decisiones de fondo, en razón de la existencia de la JEP, sin que haya un caso abierto en este tribunal, la Fiscalía está renunciando a su deber de investigar, algo sumamente grave que ratifica la falta de voluntad demostrada hasta hoy de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía le está negando el derecho a la justicia a las víctimas del Palacio.
7. Las audiencias de la Corte IDH que se desarrollarán en Colombia el próximo 6 de septiembre, deben ser la oportunidad para un balance serio y riguroso sobre el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en medidas como el acceso a la justicia -incluyendo este grave retroceso por parte de la Fiscalía-, la búsqueda sería de las víctimas y el derecho a la salud de sus familiares. La audiencia no puede ni debe convertirse en escenario de negacionismo y revictimización.
Bogotá, 30 de agosto de 2019
Imagen: Archivo.