La Fiscalía dispone capturar más campesinos, indígenas y gentes del común inocentes del departamento del Cauca
LA FISCALIA DISPONE CAPTURAR MAS CAMPESINOS, INDIGENAS Y GENTES DEL
COMUN INOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
El aparato estatal colombiano funciona a las mil maravillas. Pero no para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como es su deber constitucional, sino para castigar con mano de hierro a las clases populares.
Esta verdad de apuño se hace evidente en el Proceso 2010-2892 (Farcpolítica en el Cauca) adelantado por la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán, activado desde el año anterior, y al cual se vienen vinculando campesinos, indígenas y gentes de los empobrecidos pueblos del Cauca, desde el año anterior.
De acuerdo con una solicitud de la citada fiscalía, conocida el día de ayer 19 de marzo, el ente acusador está en la tarea de recoger información personal y la ubicación de dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y de dirigentes campesinos de la región, con el propósito concretar su individualización e identificación para proceder a sus capturas.
En este caso, como en otros, el procedimiento es elemental, las Fuerzas Militares señalan a los futuros judicializados en sus informes de inteligencia; la Fiscalía solicita las capturas; los jueces de instancia las ordenan y los jueces de segunda instancia confirman por acción o por omisión los esperpentos jurídicos de los primeros.
Recordemos que a muchos de los judicializados se les ha realizado audiencias en Brigadas Militares. Claro está que, generalmente, los funcionarios judiciales no ejecutan estas conductas de manera aislada o ingenua, sino en concierto unos y otros como parte de la estrategia diseñada para golpear a los de abajo. Con mucha frecuencia, antes y después de las audiencias, se ha visto a la Fiscal del caso y a
jueces de control de garantías, reunidos con oficiales militares.
Pero más gravoso aún, resulta la conducta de las Altas Cortes, que rampantemente eluden su responsabilidad. Mediante Auto de 25 de febrero de 2012, el Consejo de Estado decide remitir para que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, resuelva en Primera Instancia, una Acción de Tutela presentada desde el 11 de julio de 2012 por Diego Fernando Motato, uno de los privados de la libertad en la Tercera Brigada Cali.
El Consejo de Estado tenía la obligación constitucional de fallar en segunda instancia la tutela de su conocimiento. No obstante que la Acción de Tutela tiene un plazo perentorio de veinte días para resolver en segunda instancia, el Consejo de Estado luego de ocho meses no solo no resolvió la impugnación, sino que decidió remitirla a
otra jurisdicción, desconociendo la doctrina constitucional al respecto.
Para completar el cuadro, el Instituto Nacional Penitenciario hace lo que le corresponde. Desde el día viernes 15 de marzo de 2013 hasta la fecha, Diego Fernando Motato fue trasladado de la Penitenciaría Villa Hermosa de Cali, a la de Alta seguridad San Isidro de Popayán Cauca, supuestamente para la celebración de unas audiencias en ésta ciudad. Durante todos estos días el detenido ha estado recluido en las llamadas celdas primarias, conocidas como “jaulas”, donde ha recibidotratos inhumanos y degradantes. Desde hace cinco días no cuenta con cobijas ni colchón, tocándole dormir en el piso de cemento, que como todos sabemos esta región es de clima frio y sobre todo en las noches.
Este es un trato degradante que viola derechos humanos como su integridad personal y moral. Alguien mediamente suspicaz podría deducir que estas judicializaciones
no tienen como fin último condenar, puesto que los funcionarios no tienen los elementos materiales probatorios para el efecto, pero si tienen el perverso propósito de castigar. Sobre todo a quienes trabajan por la justicia social.
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Popayán y Cali, 20 de marzo de 2013