La falsa disyuntiva del gobierno por Cecilia Orozco Tascón
La condición más baja de los miembros de todas las cortes ha quedado al descubierto con la reforma a la justicia que acabó de reventar la respetabilidad que todavía existía en los altos tribunales.
Sus ambiciones económicas y vanidades personales han salido a flote por el acicate que los políticos, deseosos de arrodillar a sus jueces, les pusieron a las puertas de sus despachos con la ampliación de su período de 8 a 12 años: pura compraventa. Es, claro, el triunfo de Álvaro Uribe y del círculo que conformó para derrotar a la Rama Judicial. Ahora, esa vieja aspiración que él no pudo concretar porque se topó con otra Corte Suprema, esa sí digna, con una Sala Penal compuesta por juristas valientes y con una Corte Constitucional autónoma, se hará realidad, quién lo dijera, en la era del gobernante que el exmandatario califica de enemigo.
En la Suprema, en donde ya no están los tres presidentes (Yesid Ramírez, César Julio Valencia y Augusto Ibáñez, a días de su retiro) que se interpusieron al plan de aniquilamiento que orquestó la Presidencia a través del DAS, ni la mitad de los magistrados de la época de las condenas a los yidispolíticos y parapolíticos, obtienen reconocimiento los togados tramitadores ante el Congreso, del regalo envenenado que les están concediendo. Los demás, los que no han ido a suplicar el favor directamente, permanecen en silencio, convencidos de que pueden pasar desapercibidos aunque estén aferrados a sus sillas. No les falta razón a los que han dicho que cesarán los procesos en esta Sala Penal de la que se anticipa que entrará en receso, dejando una que otra orden de captura en suspenso.
En la Corte Constitucional los tiempos no parecen ser mejores. La afortunada elección del rector de la Universidad Externado significó, simultáneamente, la creación de un vacío enorme en el máximo tribunal. Hace algunas horas se publicó la lista de preseleccionados a reemplazar a Juan Carlos Henao, hombre de mente libre, en el Consejo de Estado que debe presentar la terna. Entre los escogidos están dos abogadas: Gina Magnolia Riaño, que obtuvo la mayor votación, entró a la vida pública de la mano del exsenador conservador Ciro Ramírez, condenado a 7 años de cárcel por parapolítica. E Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada cercanísima a Alejandro Ordóñez, es la que estigmatiza a las mujeres que ejercen su derecho a la autodeterminación. Sería irónico que llegara a la magistratura constitucional el personaje que ha usado el poder de la Procuraduría para perseguir a las beneficiarias de una sentencia de esta Corte.
En el Consejo de Estado la división es evidente. Mientras su presidente Gustavo Gómez parece trabajar acompasadamente con el gobierno, seis magistrados que se identifican con el uribismo bloquean las decisiones públicas de su representante. Esto explica que Gómez decida hoy apoyar la reforma a la justicia y mañana firme un comunicado en que argumenta lo contrario. Por su lado, el gobierno se ha dejado meter en la falsa disyuntiva de sostener, a costa de la moralidad, el impresentable cambio constitucional de blindaje a congresistas y togados o de, presuntamente, ser derrotado por el expresidente Uribe que preferiría lo contrario. Un único interrogante para resolver el dilema: ¿Quién tuvo y tiene interés en doblegar la justicia y en que los parlamentarios “votaran antes de ir a la cárcel”? La Casa de Nariño se deshonra defendiendo a ultranza unas modificaciones a la Carta que incrementarán el poder de sus antiguos amigos de la derecha delictiva, los mismos que le bajarán la cabeza.
Ministro Esguerra: después de lo aprobado en la plenaria del Senado y de lo que le enrostraron a usted los senadores Duque y Benedetti, ¿sigue pensando que debo rectificar mi columna anterior?
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