La elección de Petro es un paso hacia la paz en Colombia. Pero no llegará fácilmente
Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Por más de 30 años ha investigado el conflicto armado y político de Colombia. Autora de una veintena de libros.
A Colombia le llegó el turno para la paz. La elección de Gustavo Petro como presidente es, sin duda, un respaldo de la ciudadanía a la necesidad de reactivar el Acuerdo para la terminación del conflicto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscrito en 2016. Sin embargo, esta paz, que ha sido tan esquiva durante 60 años y abandonada a su suerte durante el gobierno de Iván Duque que termina el próximo 7 de agosto, no llegará fácilmente.
Durante los últimos cuatro años, el desgano de Duque frente al llamado proceso de paz fue superado por la inactividad del Estado que él dirige para sentar las bases de la convivencia. Además de no desarrollar puntos tan importantes como una reforma agraria, que hubiera permitido a parte de los 8.3 millones de desplazados regresar a sus tierras, el desarrollo social no llegó a las zonas dejadas por los más de 13,000 guerrilleros desmovilizados.
Para agravar esta situación, a marzo de 2022 se contabilizaron 1,327 líderes sociales y exguerrilleros reinsertados asesinados tras la firma del Acuerdo en Colombia. Además, hace una semana, una investigación de Blu Radio dio a conocer que buena parte del dinero que debía destinarse a 170 municipios azotados durante décadas por el conflicto, y que fueron priorizados dentro del Acuerdo de Paz para llevar a sus pobladores programas de desarrollo integral, habrían sido destinados a pagar sobornos a los funcionarios encargados de adjudicar los contratos para las obras. De acuerdo con este reportaje, la Contraloría General de la República calcula las coimas en por lo menos 500,000 millones de pesos colombianos (125 millones de dólares, aproximadamente). El exconsejero presidencial Emilio Archila, quien aseguró haber detectado y denunciado los faltantes, ha sido citado por la Fiscalía, para que cuente lo que sabe sobre las posibles irregularidades.
Este escándalo, que parece ser la punta del Iceberg de un gran entramado de corrupción, será investigado una vez se inicie el nuevo gobierno y podría terminar con la luna de miel que, contra todos los pronósticos, se vive en Colombia después de la elección de Petro, gracias a los acercamientos de alto nivel que ha logrado con sus antiguos contradictores. Muchos de quienes ahora posan y dialogan con el mandatario electo —como el expresidente Álvaro Uribe y los dirigentes del Partido Conservador— estuvieron directamente vinculados con el gobierno que termina y contribuyeron a la intención de hacer trizas la paz. Si Petro pierde las mayorías en el Congreso —que logró consolidar por esas alianzas trabajadas durante las últimas semanas—, desarrollar su plan de gobierno no le será tan fácil.
La tarea es, pues, ardua y exigirá una labor de persuasión enorme. Los primeros pasos han sido dados con los nombramientos de varios ministros. Entre ellos está el de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, un curtido promotor de la paz desde hace más de 30 años, quien intentará recuperar la confianza perdida de una comunidad internacional que vio cómo millonarias donaciones para el posconflicto se han esfumado por la corrupción, sin que la paz se aclimate en los territorios más abandonados y violentos del país.
A su lado estará la ministra de Cultura, la dramaturga y gran luchadora por la paz Patricia Ariza, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica (UP), partido que perdió a casi toda su dirigencia y militancia. Su nombramiento es un homenaje a por lo menos 5,000 miembros de la UP, aniquilados por sus ideas políticas.
Petro ha prometido revivir el proceso de paz, respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz —tribunal surgido del Acuerdo para la terminación del conflicto— y aplicar las recomendaciones que el pasado 28 de junio presentó la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, que forman parte del Informe Final, un compendio de más de 10,000 páginas que exhibe la crueldad de la guerra, con un lenguaje tan crudo como lo fueron las múltiples violaciones a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Solo cumplir con esta veintena de propuestas, que tocan temas tan sensibles como impunidad, extradición y hasta la confidencialidad de los archivos de Inteligencia militar, va a reabrir heridas y puede dar al traste con el pacto nacional.
El presidente electo, además, tendrá que trabajar en un tema que es transversal a todos los factores de violencia: el narcotráfico. En la mayoría de los 170 municipios priorizados para buscar la convivencia —y en los que las FARC tenían mucha fuerza— viejos y nuevos actores, como las disidencias de esa organización, otros movimientos revolucionarios, los paramilitares, y grupos delincuenciales vinculados con la producción y el tráfico de estupefacientes, han copado los espacios dejados por la antigua guerrilla y, a menos que acepten dialogar y abandonar su vida criminal, cualquier esfuerzo de pacificación será inútil.
Por lo pronto, varios de ellos, como los jefes del Ejército de Liberación Nacional y siete excomandantes paramilitares —que sembraron el terror en los campos colombianos y luego se desmovilizaron y fueron condenados por la justicia— han anunciado su disposición para entrar en el Gran Acuerdo Nacional y contribuir a aclimatar soluciones a los graves problemas que afectan la paz en Colombia.
El momento de la paz ha llegado y, al activarlo, Colombia respirará un nuevo aire. Pero no será fácil. Es claro que después de más de seis décadas de conflicto armado interno, cuatro años no serán suficientes para que Colombia llegue a la meta de la paz. Pero empezar, cuanto antes, a caminar por esa senda es imprescindible, para reparar a millones de víctimas, desescalar los factores que han alimentado la guerra y, por fin, llevar tranquilidad y bienestar a los territorios.