La Drummond pega de nuevo
El derrame de carbón en la bahía de Santa Marta que la Drummond nunca reportó y sólo admitió frente a evidencias inocultables, ha debido rebosar la copa del estado colombiano.
Pero no: tras una breve suspensión de su uso del puerto, la empresa pudo continuar sus exportaciones polucionando abusivamente las aguas y la ruta del ferrocarril que trae el carbón desde sus minas. Los pulmones de los habitantes de Ciénaga, de La Jagua y de otros municipios, donde cuenta con concesiones sobre cinco depósitos, muestran elevados índices de sílice y carbonilla que producen asma por igual entre trabajadores y habitantes.
En 2001 fueron asesinados el presidente y el vicepresidente del sindicato de la Drummond por protestar contra alimentos en descomposición. A los pocos meses fue también asesinado el nuevo presidente del sindicato, imposibilitando la defensa de los intereses de los trabajadores al día de hoy. Recientemente, un juez penal dio 38 años de prisión a un contratista de la Drummond, Jaime Blanco Maya, por el asesinato de los primeros dos. El juez pidió a la fiscalía que investigue a la cúpula de la Drummond por concierto para delinquir. El Espectador reportó recientemente amenazas de muerte contra Aníbal Pérez, de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond Puerto, para que callara sus denuncias de enfermedades pulmonares causadas por el descuido en el transporte y embarque de carbón por Ciénaga.
El contrato de la Drummond con el gobierno colombiano es leonino y ha debido ser denunciado hace muchos años, porque está sembrado de ilegalidades e inequidades. Es la empresa la que lleva la contabilidad de ingresos y gastos, fija los precios del carbón a su favor, sobre los que se (auto)liquidan las regalías, que frecuentemente resultan negativas, o sea que el Estado les sale a deber. La certificación de sus embarques la financia la misma Drummond. Según Álvaro Pardo, de Colombia Punto Medio, “todas las cifras del contrato son presuntivas… sobre estas cifras se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos”.
Recientemente se hicieron pagar $60.000 millones por un incumplimiento del Gobierno en Ferrovías, pero cuando el incumplimiento es por parte de la trasnacional, el estado colombiano no tiene derecho a demandar ante tribunales internacionales. La Contraloría estableció que los costos de transporte por ferrocarril estaban inflados, por lo cual el país había dejado de percibir otros $60.000 millones.
En el año 2011 la Drummond vendió un 20% de su operación colombiana a Itochu, una empresa japonesa que comercializa carbón en Asia, por US$1.500 millones. De lo anterior se deduce que los activos en el país valen US$7.600 millones, según el New York Times. Vaya a ver sus declaraciones ante la DIAN para deducir la diferencia entre lo que declaran con lo que en verdad se han valorizado sus inversiones en el país. Los impuestos que ha dejado de pagar al fisco nacional serían del orden de billones de pesos.
La concesión vence en 2019, pero ya la empresa hizo la solicitud para prorrogar ante la autoridad minera otros 30 años de sobreexplotación y desertificación de un departamento que fuera despensa alimentaria del país.
La pregunta que surge es si el Estado colombiano representa a sus ciudadanos y los defiende del mal uso que se les da a las concesiones sobre sus recursos mineros no renovables o, más bien, representa a empresas abusivas que siguen nocivos comportamientos contra la población y el medio ambiente.
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